Con un acto multitudinario ante lo más representativo del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia se mostró unida al anunciar una propuesta de nuevo reglamento para elegir jueces, y reclamó reducir la discrecionalidad de los procedimientos para devolver la confianza del ciudadano en la Justicia.

Con más de 400 personas reunidas en la Sala de Audiencias del cuarto piso del Palacio de Justicia, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presidieron el acto desde un estrado elevado.

Estuvieron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su segundo, Santiago Viola; el procurador general Eduardo Casal; los vocales del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, y ministros de la Suprema Corte bonaerense.

Además, fueron de la partida los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, entre otros.

El salón, dominado por una oscura boiserie, estuvo colmado por magistrados, abogados y representantes del Consejo de la Magistratura como Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola, Fernanda Vázquez, Eduardo Vischi y Alberto Lugones.

Rosatti, que no firmó la acordada donde se propuso este nuevo reglamento de selección de jueces, pero que luego participó de la presentación, abrió el acto para recordar que el mecanismo de selección actual de magistrados prevé la participación de los tres poderes del Estado.

Rosenkrantz, que venía trabajando en esta propuesta desde hace meses, la describió en detalle. Dijo: “Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”.

El juez dijo que con esta propuesta se proponen “estimular al Consejo de la Magistratura”, que viene debatiendo 15 proyectos desde hace más de un año, sin aprobar ninguno.

Defendió que la propuesta venga de la Corte, como organizadora del Poder Judicial. Así como Rosatti recordó su paso por la Convención Constituyente de 1994, cuando se creó el Consejo de la Magistratura actual, Rosenkrantz rememoró su rol como asesor del expresidente radical Raúl Alfonsín en esa reforma, con las ideas que trabajó el jurista Carlos Nino.

“La conclusión a la que arribamos en la Corte es que el sistema puede y debe mejorar mucho”, reclamó Rosenkrantz y dijo que es necesario reconocer que “la administración de justicia requiere saberes técnicos” y “jueces expertos en derecho”.

Por eso, explicó que se harán dos evaluaciones: una general de derecho mediante un banco de preguntas seleccionadas con inteligencia artificial (IA) y corregidas de manera automática; y una segunda parte donde se redactará una sentencia. Además, se valorará el desempeño universitario y académico de los magistrados, sus publicaciones en revistas indexadas, con evaluación de sus pares.

La estrategia, según dijo Rosenkrantz, es “eliminar la discrecionalidad” en cuento al desempeño universitario, que es un indicador del estudio del derecho. El proyecto pretende superar estos déficits.

“La evaluación escrita tendrá garantías reales de objetividad: un multiple choice de corrección informática y redacción de sentencias”, dijo y propuso exámenes anónimos, con codificación digital, donde los que elaboren las consignas no son los que las corrigen. No serán a libro abierto, como ahora.

Rosenkrantz fundamentalmente se detuvo en las entrevistas personales, que dijo son “una fuente de queja de los aspirantes serios, para evitar la alteración del orden de mérito sin parámetros claros ni límites cuantitativos”.

“La entrevista sirve para la identidad del candidato, pero no es para reescribir el orden de mérito construido con criterios objetivos y transparencia”, señaló y propuso como regla los “concursos anticipados”, antes de que se produzca la vacante.

“La discrecionalidad desplaza al mérito y lo hace de manera opaca, sin dejar rastros”, dijo y señaló que la iniciativa está guiada por “la convicción de que la democracia necesita jueces de los que nos podamos sentir orgullosos. Los ciudadanos deben creer de nuevo en los jueces”, aseguró.

El magistrado pidió que el Consejo de la Magistratura trate este proyecto sin modificarlo en lo sustancial, y que lo apruebe pronto. Aplausos cerrados coronaron su discurso.

El juez Lorenzetti, por su parte, remarcó que esta es una propuesta “hecha en conjunto desde la Corte” para todo el país, no solo para la justicia federal y nacional, sino las justicias provinciales, donde dijo que hay una tendencia a designar jueces aliados a los oficialismos locales.

“El problema del déficit estructural no es solo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino en los procesos de muchas provincias, con un deslizamiento hacia una partidización cada vez más intensa de jueces y juezas”, dijo Lorenzetti sin eufemismos.

Lorenzetti consideró que hay “un puente que se transita demasiado seguido entre los Poderes Ejecutivos y los Poderes Judiciales”.

“Hay que llamar la atención sobre este proceso y ponernos a trabajar y regularizar para disminuir la discrecionalidad”, dijo y reclamó “evitar que la selección de jueces y juezas sea arbitraria y un concurso que responda a intereses que nadie tiene claro cuáles son, que varían en los cambios políticos del momento. Es importante que seamos sinceros en el diagnóstico: sabemos lo que sucede”.

“Dejemos de lado la participación de personas que poco tienen que ver con el Poder Judicial y que muchas veces inciden. Y eso hay que decirlo: es la queja generalizada de jueces y juezas”, sostuvo, en alusión a manejos opacos que determinan la selección de jueces que responden luego a factores de poder.

“Este mensaje de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es para toda la Nación”, remarcó Lorenzetti y pidió celeridad en los concursos del Consejo de la Magistratura y en la designación de los candidatos por parte de los restantes poderes.

Lorenzetti insistió en limitar la entrevista de selección como mecanismo para acomodar postulantes. “Hay que acotar el margen de discrecionalidad, porque tenemos que tener parámetros objetivos. Es difícil explicar los cambios en las listas de concursantes solo basados en una entrevista. Es más seguro contar con los antecedentes”, explicó.

En la misma línea, dijo que la propuesta de la Corte busca que la ciudadanía vuelva a discutir y defender la independencia de los poderes judiciales y los ministerios públicos.

“El poder nunca se autorestringe. Necesitamos un Poder Judicial fuerte que proteja a los ciudadanos y establezca límites. Eso se hace con jueces imparciales. Y este es un mensaje de la Corte como cabeza de un poder del Estado, para la población, para proteger su derecho a una justicia independiente con jueces y juezas imparciales”, concluyó.