El jefe de Gabinete Manuel Adorni formalizó la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito el 18 de noviembre de 2025, una operación que alcanzó los USD 230.000. La transacción, documentada en la escritura de compraventa, quedó asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según surge de un informe de dominio obtenido por La Nación mediante un trámite regular.

La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, era propiedad de dos mujeres que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Antes, el inmueble pertenecía al exfutbolista Hugo Alberto Morales. Las vendedoras, identificadas como Beatriz Viegas, jubilada de 72 años domiciliada en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, figuraron no solo como titulares del bien sino también como acreedoras de un préstamo hipotecario utilizado para concretar la compra. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que ambas aportaron el 50% cada una de un crédito total de USD 200.000, es decir, casi el 90% del monto total de la operación.

La estructura financiera de la operación fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por USD 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.

En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. Pese a estos movimientos, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no había informado la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba en el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. El requerimiento, confirmado por fuentes judiciales, incluye oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros con el objetivo de identificar activos no declarados tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez Lijo.

La denuncia original fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló que el patrimonio de Adorni habría experimentado un aumento del 500% en un solo período fiscal. La legisladora detalló discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, en particular la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a $16.000.000, además de la incorporación de USD 24.500 en efectivo cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares.

En el caso específico de la vivienda de Caballito, el informe de dominio revela que la adquisición fue posible gracias a un crédito hipotecario concedido por las dos jubiladas vendedoras, quienes, de acuerdo con el registro, quedaron como acreedoras del total del préstamo.

Los investigadores también buscan determinar la titularidad y el origen de los fondos utilizados en la operación, así como eventuales vínculos entre los actores involucrados.

Según los reportes internos del propio country, las expensas del lote 380 comenzaron a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugeriría la existencia de un vínculo dominial o posesorio no declarado en las declaraciones juradas públicas. La fiscalía señaló que, revisados los documentos presentados ante la Oficina Anticorrupción, Adorni solo declaró el 50% de un departamento en Capital Federal, de 115 metros cuadrados, y el 100% de una unidad en La Plata, de 105 metros cuadrados. No se registran lotes o construcciones a su nombre en Exaltación de la Cruz ni en countries.

La fiscalía fundamentó las nuevas medidas en la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” de Adorni y su entorno directo. Por el momento, el juez Lijo no dictó ninguna resolución sobre las medidas propuestas. Se aguarda que, en las próximas semanas, el expediente sume información clave para determinar si hubo omisiones en las declaraciones patrimoniales o si el origen de los fondos empleados en la compraventa del departamento de Caballito y la vivienda en el country puede ser plenamente justificado.

La Confederación General del Trabajo (CGT) endureció su postura frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que la disputa judicial “va a terminar en la Corte Suprema”, luego del fallo que suspendió de manera provisoria parte de la ley 27.802.

Uno de los titulares de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó el origen de la ley y anticipó el recorrido judicial del conflicto. “El Gobierno quiso imponer esta reforma como lo hizo con el DNU 70. De forma unilateral, sin consenso y avanzando sobre derechos”, escribió en su cuenta de la red social X.

En ese sentido, sostuvo que “no solo esta cautelar, sino muchas otras que vienen saliendo, marcan ese límite”. “Esta instancia va a terminar en la Corte”, afirmó.

La reacción sindical se conoció después de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hizo lugar a una medida cautelar y frenó la aplicación de distintos artículos, en el marco de un planteo colectivo presentado por la central obrera en representación de trabajadores de todo el país, y que el Ministerio de Capital Humano confirmó que apelará la decisión para sostener la reforma, a la que considera clave para la generación de empleo formal.

En contrapartida, Jerónimo planteó que el contexto actual impide la implementación de los cambios impulsados por el Ejecutivo. “Hoy está claro: no están dadas las condiciones para aplicar la reforma laboral. Esta ley no va a prosperar”, señaló en la misma publicación.

El conflicto abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y la central obrera, mientras continúa la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

Qué resolvió la Justicia y cómo sigue el caso

El fallo del fuero laboral dispuso la suspensión provisoria de 82 artículos de la ley 27.802 al hacer lugar a una medida cautelar innovativa presentada por la CGT, en el marco de una acción colectiva que cuestiona la constitucionalidad de la reforma.

En su análisis preliminar, el juez consideró que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino la verificación de una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto.

Del lado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que apelará el fallo para intentar revertir la cautelar y restituir la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el proceso principal.

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En un comunicado, el ministerio sostuvo que existen sectores que “pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”, y reafirmó su compromiso con la ley de Modernización Laboral.

En esa línea, el diputado Lisandro Almirón calificó la decisión judicial como un “avasallamiento a la democracia”, y confirmó el camino que el Ejecutivo apelará “hasta las últimas instancias”.

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