POLITICA
La Corte se mostró unida y propuso reformas para “eliminar la discrecionalidad” en la selección de jueces
Con un acto multitudinario ante lo más representativo del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia se mostró unida al anunciar una propuesta de nuevo reglamento para elegir jueces, y reclamó reducir la discrecionalidad de los procedimientos para devolver la confianza del ciudadano en la Justicia.
Con más de 400 personas reunidas en la Sala de Audiencias del cuarto piso del Palacio de Justicia, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presidieron el acto desde un estrado elevado.
Estuvieron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su segundo, Santiago Viola; el procurador general Eduardo Casal; los vocales del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, y ministros de la Suprema Corte bonaerense.
Además, fueron de la partida los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, entre otros.
El salón, dominado por una oscura boiserie, estuvo colmado por magistrados, abogados y representantes del Consejo de la Magistratura como Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola, Fernanda Vázquez, Eduardo Vischi y Alberto Lugones.
Rosatti, que no firmó la acordada donde se propuso este nuevo reglamento de selección de jueces, pero que luego participó de la presentación, abrió el acto para recordar que el mecanismo de selección actual de magistrados prevé la participación de los tres poderes del Estado.
Rosenkrantz, que venía trabajando en esta propuesta desde hace meses, la describió en detalle. Dijo: “Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”.
El juez dijo que con esta propuesta se proponen “estimular al Consejo de la Magistratura”, que viene debatiendo 15 proyectos desde hace más de un año, sin aprobar ninguno.
Defendió que la propuesta venga de la Corte, como organizadora del Poder Judicial. Así como Rosatti recordó su paso por la Convención Constituyente de 1994, cuando se creó el Consejo de la Magistratura actual, Rosenkrantz rememoró su rol como asesor del expresidente radical Raúl Alfonsín en esa reforma, con las ideas que trabajó el jurista Carlos Nino.
“La conclusión a la que arribamos en la Corte es que el sistema puede y debe mejorar mucho”, reclamó Rosenkrantz y dijo que es necesario reconocer que “la administración de justicia requiere saberes técnicos” y “jueces expertos en derecho”.
Por eso, explicó que se harán dos evaluaciones: una general de derecho mediante un banco de preguntas seleccionadas con inteligencia artificial (IA) y corregidas de manera automática; y una segunda parte donde se redactará una sentencia. Además, se valorará el desempeño universitario y académico de los magistrados, sus publicaciones en revistas indexadas, con evaluación de sus pares.
La estrategia, según dijo Rosenkrantz, es “eliminar la discrecionalidad” en cuento al desempeño universitario, que es un indicador del estudio del derecho. El proyecto pretende superar estos déficits.
“La evaluación escrita tendrá garantías reales de objetividad: un multiple choice de corrección informática y redacción de sentencias”, dijo y propuso exámenes anónimos, con codificación digital, donde los que elaboren las consignas no son los que las corrigen. No serán a libro abierto, como ahora.
Rosenkrantz fundamentalmente se detuvo en las entrevistas personales, que dijo son “una fuente de queja de los aspirantes serios, para evitar la alteración del orden de mérito sin parámetros claros ni límites cuantitativos”.
“La entrevista sirve para la identidad del candidato, pero no es para reescribir el orden de mérito construido con criterios objetivos y transparencia”, señaló y propuso como regla los “concursos anticipados”, antes de que se produzca la vacante.
“La discrecionalidad desplaza al mérito y lo hace de manera opaca, sin dejar rastros”, dijo y señaló que la iniciativa está guiada por “la convicción de que la democracia necesita jueces de los que nos podamos sentir orgullosos. Los ciudadanos deben creer de nuevo en los jueces”, aseguró.
El magistrado pidió que el Consejo de la Magistratura trate este proyecto sin modificarlo en lo sustancial, y que lo apruebe pronto. Aplausos cerrados coronaron su discurso.
El juez Lorenzetti, por su parte, remarcó que esta es una propuesta “hecha en conjunto desde la Corte” para todo el país, no solo para la justicia federal y nacional, sino las justicias provinciales, donde dijo que hay una tendencia a designar jueces aliados a los oficialismos locales.
“El problema del déficit estructural no es solo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino en los procesos de muchas provincias, con un deslizamiento hacia una partidización cada vez más intensa de jueces y juezas”, dijo Lorenzetti sin eufemismos.
Lorenzetti consideró que hay “un puente que se transita demasiado seguido entre los Poderes Ejecutivos y los Poderes Judiciales”.
“Hay que llamar la atención sobre este proceso y ponernos a trabajar y regularizar para disminuir la discrecionalidad”, dijo y reclamó “evitar que la selección de jueces y juezas sea arbitraria y un concurso que responda a intereses que nadie tiene claro cuáles son, que varían en los cambios políticos del momento. Es importante que seamos sinceros en el diagnóstico: sabemos lo que sucede”.
“Dejemos de lado la participación de personas que poco tienen que ver con el Poder Judicial y que muchas veces inciden. Y eso hay que decirlo: es la queja generalizada de jueces y juezas”, sostuvo, en alusión a manejos opacos que determinan la selección de jueces que responden luego a factores de poder.
“Este mensaje de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es para toda la Nación”, remarcó Lorenzetti y pidió celeridad en los concursos del Consejo de la Magistratura y en la designación de los candidatos por parte de los restantes poderes.
Lorenzetti insistió en limitar la entrevista de selección como mecanismo para acomodar postulantes. “Hay que acotar el margen de discrecionalidad, porque tenemos que tener parámetros objetivos. Es difícil explicar los cambios en las listas de concursantes solo basados en una entrevista. Es más seguro contar con los antecedentes”, explicó.
En la misma línea, dijo que la propuesta de la Corte busca que la ciudadanía vuelva a discutir y defender la independencia de los poderes judiciales y los ministerios públicos.
“El poder nunca se autorestringe. Necesitamos un Poder Judicial fuerte que proteja a los ciudadanos y establezca límites. Eso se hace con jueces imparciales. Y este es un mensaje de la Corte como cabeza de un poder del Estado, para la población, para proteger su derecho a una justicia independiente con jueces y juezas imparciales”, concluyó.
Hernán Cappiello,Conforme a
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AFA: la Justicia investiga si Pablo Toviggino escondía la plata que le enviaba a la empresa de Faroni en un cajón de medias
La Justicia investiga si Pablo Toviggino escondía la plata que le enviaba a la empresa TourProdEnter, encargada de administrar recursos de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior y presidida por Javier Faroni, en un cajón de medias.
Una supuesta conversación por chat entre el tesorero de la AFA y su ex mano derecha, el abogado Juan Pablo Beacon, aportaría una nueva evidencia para la investigación.
El intercambio por WhatsApp muestra cómo ambos coordinan la entrega de 300.000 dólares. En la conversación, Beacon avisa que enviará el dinero y el tesorero de la AFA responde: “El veneno cerrado en el primer cajón”.
El chat entre Toviggino y Beacon
La supuesta conversación entre Toviggino y Beacon comienza a las 11:58 de la mañana. TN reproduce el texto analizado por la Justicia:
Beacon escribió: “Hermano… A las 14 te llevo todo. Veneno?”. Minutos después, Toviggino respondió: “Hermano, dale, sí. El veneno cerrado en el primer cajón. Supuestamente llevaban más hoy”.
A las 12:04, Beacon confirmó el monto y envió una captura para comprobar el contacto: “Traen 300.000 dólares”.
“Bueno hermano, ahí vamos”, contestó el tesorero. El abogado preguntó: “¿Estamos bien con eso?“. ”Sí, sí, perfecto. Van a quedar US$1.670.000 entonces», replicó.
Ante ello, le respondió: “Bien, hermano, excelente. Porque ahí tengo que pagar 150 y 10, así que perfecto”.
Pasadas las 14.30, Beacon volvió a ponerse en contacto con Toviggino y le mandó una imagen de un hombre cerrando el cajón de un mueble. “Está uñando. Ya sé cuánto pesa. Bolso”, expresó y remarcó: “Entró todo”.
“Entonces hoy los gurkas 300?”, consultó Toviggino y Beacon le contestó: “Si… cumplieron. Dicen que pasan el lunes. Es más probable que ‘Julito’ deje de falopearse, pero bueno, los espero”.
“Jajajaja muy buena esaaaa hermano”, cerró el tesorero.
Qué se investiga en la causa
Según el análisis de la documentación incorporada a la causa, esta conversación constituye parte de la prueba directa que vincularía a Toviggino con la recepción de dinero en efectivo proveniente de fondos que habían salido de TourProdEnter y habían sido girados previamente a empresas consideradas fantasma.
La mecánica que investiga la Justicia señala que el dinero administrado en el exterior por TourProdEnter era transferido a compañías radicadas en Estados Unidos. Entre ellas figura Dicetel, que según la documentación habría recibido más de 4,8 millones de dólares.
Posteriormente, de acuerdo con la hipótesis bajo análisis, una financiera en la Argentina preparaba entregas en efectivo.
Leé también: Los argumentos del juez para procesar y embargar a Tapia y Toviggino
Todo este material forma parte de una investigación judicial que intenta reconstruir la ruta de fondos que la AFA tenía en el exterior. La causa está a cargo de la fiscal Cecilia Incardona y del juez Luis Armella.
En el expediente ya fueron incorporados chats, audios, planillas manuscritas, facturas y comprobantes de transferencias. Parte de esa documentación fue revelada en informes periodísticos que indicaron que TourProdEnter habría enviado unos 50 millones de dólares a cinco empresas presuntamente fantasma.
La investigación busca reconstruir el recorrido de alrededor de 260 millones de dólares que la AFA recibió en el exterior por sponsors, partidos amistosos y la plataforma AFA Play.
Según la hipótesis que analiza la Justicia, una parte de esos recursos habría sido desviada hacia compañías radicadas en Estados Unidos. Luego, parte del dinero habría regresado al país en efectivo.
AFA, Pablo Toviggino, Javier Faroni
POLITICA
Adorni compró el departamento en Caballito por USD 230 mil y le prestaron casi el 90% dos jubiladas
El jefe de Gabinete Manuel Adorni formalizó la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito el 18 de noviembre de 2025, una operación que alcanzó los USD 230.000. La transacción, documentada en la escritura de compraventa, quedó asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según surge de un informe de dominio obtenido por La Nación mediante un trámite regular.
La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, era propiedad de dos mujeres que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Antes, el inmueble pertenecía al exfutbolista Hugo Alberto Morales. Las vendedoras, identificadas como Beatriz Viegas, jubilada de 72 años domiciliada en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, figuraron no solo como titulares del bien sino también como acreedoras de un préstamo hipotecario utilizado para concretar la compra. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que ambas aportaron el 50% cada una de un crédito total de USD 200.000, es decir, casi el 90% del monto total de la operación.
La estructura financiera de la operación fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por USD 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.
En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. Pese a estos movimientos, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no había informado la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba en el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. El requerimiento, confirmado por fuentes judiciales, incluye oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros con el objetivo de identificar activos no declarados tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez Lijo.
La denuncia original fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló que el patrimonio de Adorni habría experimentado un aumento del 500% en un solo período fiscal. La legisladora detalló discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, en particular la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a $16.000.000, además de la incorporación de USD 24.500 en efectivo cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares.
En el caso específico de la vivienda de Caballito, el informe de dominio revela que la adquisición fue posible gracias a un crédito hipotecario concedido por las dos jubiladas vendedoras, quienes, de acuerdo con el registro, quedaron como acreedoras del total del préstamo.
Los investigadores también buscan determinar la titularidad y el origen de los fondos utilizados en la operación, así como eventuales vínculos entre los actores involucrados.
Según los reportes internos del propio country, las expensas del lote 380 comenzaron a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugeriría la existencia de un vínculo dominial o posesorio no declarado en las declaraciones juradas públicas. La fiscalía señaló que, revisados los documentos presentados ante la Oficina Anticorrupción, Adorni solo declaró el 50% de un departamento en Capital Federal, de 115 metros cuadrados, y el 100% de una unidad en La Plata, de 105 metros cuadrados. No se registran lotes o construcciones a su nombre en Exaltación de la Cruz ni en countries.
La fiscalía fundamentó las nuevas medidas en la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” de Adorni y su entorno directo. Por el momento, el juez Lijo no dictó ninguna resolución sobre las medidas propuestas. Se aguarda que, en las próximas semanas, el expediente sume información clave para determinar si hubo omisiones en las declaraciones patrimoniales o si el origen de los fondos empleados en la compraventa del departamento de Caballito y la vivienda en el country puede ser plenamente justificado.
La Confederación General del Trabajo (CGT) endureció su postura frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que la disputa judicial “va a terminar en la Corte Suprema”, luego del fallo que suspendió de manera provisoria parte de la ley 27.802.
Uno de los titulares de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó el origen de la ley y anticipó el recorrido judicial del conflicto. “El Gobierno quiso imponer esta reforma como lo hizo con el DNU 70. De forma unilateral, sin consenso y avanzando sobre derechos”, escribió en su cuenta de la red social X.
En ese sentido, sostuvo que “no solo esta cautelar, sino muchas otras que vienen saliendo, marcan ese límite”. “Esta instancia va a terminar en la Corte”, afirmó.
La reacción sindical se conoció después de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hizo lugar a una medida cautelar y frenó la aplicación de distintos artículos, en el marco de un planteo colectivo presentado por la central obrera en representación de trabajadores de todo el país, y que el Ministerio de Capital Humano confirmó que apelará la decisión para sostener la reforma, a la que considera clave para la generación de empleo formal.
En contrapartida, Jerónimo planteó que el contexto actual impide la implementación de los cambios impulsados por el Ejecutivo. “Hoy está claro: no están dadas las condiciones para aplicar la reforma laboral. Esta ley no va a prosperar”, señaló en la misma publicación.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y la central obrera, mientras continúa la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
Qué resolvió la Justicia y cómo sigue el caso
El fallo del fuero laboral dispuso la suspensión provisoria de 82 artículos de la ley 27.802 al hacer lugar a una medida cautelar innovativa presentada por la CGT, en el marco de una acción colectiva que cuestiona la constitucionalidad de la reforma.
En su análisis preliminar, el juez consideró que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino la verificación de una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto.
Del lado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que apelará el fallo para intentar revertir la cautelar y restituir la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el proceso principal.
Leé también: Un juez suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral tras un reclamo de la CGT
En un comunicado, el ministerio sostuvo que existen sectores que “pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”, y reafirmó su compromiso con la ley de Modernización Laboral.
En esa línea, el diputado Lisandro Almirón calificó la decisión judicial como un “avasallamiento a la democracia”, y confirmó el camino que el Ejecutivo apelará “hasta las últimas instancias”.
reforma laboral, CGT
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