POLITICA
El Congreso busca prohibir los celulares en cárceles tras la extorsión que derivó en la muerte de un soldado en Olivos
El Congreso de la Nación pone bajo la lupa el uso de celulares en las cárceles, esta vez con un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Silvana Giudici, que busca prohibirlos de manera total y con rango legal, en un contexto marcado por el crecimiento de las extorsiones digitales, las bandas que operan desde el interior de los penales y el caso de una extorsión desde penales bonaerenses que derivó en el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino, destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.
La iniciativa propone modificar la Ley 24.660, que regula las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad —incluidos sus derechos, obligaciones y el funcionamiento del régimen penitenciario—, para establecer de manera explícita la prohibición del uso de teléfonos celulares en los establecimientos carcelarios de todo el país. “Los delitos cometidos desde las cárceles deben ser erradicados”, planteó Giudici. Y agregó: “Las estructuras del crimen organizado y también las que se dedican a extorsión o estafas digitales se vieron favorecidas por decisiones que, con la excusa de la pandemia, permitieron el uso de celulares en los penales”.
El proyecto cuenta con el respaldo de más de 50 diputados y apunta a cerrar una brecha que permitió la expansión de delitos complejos con base en las cárceles.
Prohibición total y sanciones más duras
El texto legislativo propone la incorporación del artículo79 bis que establece: “Prohíbase la tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio, de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la transmisión de voz, datos o acceso a redes de comunicación, por parte de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios”.
El mismo artículo dispone: “Queda exceptuado el equipamiento informático instalado y expresamente autorizado por la autoridad penitenciaria competente, en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, bajo condiciones de uso controlado.”
Además, se incorporan nuevas faltas graves dentro del régimen penitenciario, como la posesión, ocultamiento o facilitación de dispositivos electrónicos no autorizados, así como el intento de acceder a internet por fuera de los sistemas controlados.
“Es necesario establecer con claridad que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares como parte de las restricciones propias de la pena”, sostuvo Giudici ante una consulta de este medio.
La única excepción prevista en el proyecto de ley que impulsará el bloque de diputados de La Libertad Avanza es el uso de equipamiento informático autorizado para fines educativos, laborales o de reinserción social, siempre bajo control de las autoridades penitenciarias.
Del control a la expansión del delito
El proyecto también repasa los antecedentes recientes. Hasta 2019, el régimen penitenciario mantenía un criterio restrictivo respecto al uso de celulares. Sin embargo, en 2020, en el marco de la pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández, se habilitó su utilización ante la suspensión de visitas.
Según la autora de la iniciativa, esa decisión derivó en un cambio profundo: “Se alteró el sistema de control y eso generó un crecimiento de estafas, extorsiones, amenazas y delitos organizados desde las cárceles”.
Entre los antecedentes se mencionan desde estafas telefónicas hasta la continuidad de operaciones de bandas criminales desde prisión, incluso en casos vinculados al narcotráfico.
El caso que expuso el problema
El punto de inflexión fue el caso de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.
Gómez atravesaba una etapa de vulnerabilidad emocional lejos de su familia. En ese contexto, inició una conversación a través de una aplicación de citas con un perfil femenino que se identificaba como “Julieta”, de 19 años. Durante varios días intercambió mensajes, audios y fotos sin advertir señales de peligro.
Detrás de ese perfil no había una persona real, sino una organización delictiva que operaba desde los penales bonaerenses de Magdalena y Olmos.
Según se informó oficialmente, la extorsión se inició con la creación de un perfil falso en la aplicación de citas Evermatch, bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. A partir de allí, se estableció un contacto destinado a generar confianza con la víctima, mediante mensajes y el envío de imágenes genéricas que no mostraban rostros.
Una vez consolidado ese vínculo, se activaba el mecanismo central de la estafa: la aparición de una supuesta “madre alterada” y la difusión del denominado “audio del terror”, en el que se acusaba a la víctima de haber mantenido una relación virtual con una menor de 17 años y se la increpaba con insultos y amenazas.
El siguiente paso incluía un llamado telefónico de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien aseguraba que existía una denuncia penal en curso y que era necesario realizar pagos urgentes para evitar consecuencias judiciales graves. Para dotar de verosimilitud al engaño, los estafadores usurparon la identidad de un agente real de la Policía de la Ciudad, identificado como M. N. C., cuya documentación fue utilizada sin su conocimiento.
La escena era completamente falsa, pero estaba diseñada para generar pánico inmediato. Las transferencias de dinero exigidas se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido mediante distintas operaciones para dificultar su rastreo.
Lejos de concluir tras los primeros pagos, la presión continuaba. Las víctimas eran sometidas a nuevas exigencias económicas bajo amenazas reiteradas, con el argumento de que la causa judicial seguía avanzando o que había nuevos costos para “cerrar el problema”.
Según la investigación encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, se trató de una maniobra de extorsión sexual organizada desde el interior de las cárceles, replicada con distintas víctimas.
En el caso de Gómez, la acumulación de deudas y la sensación de no tener salida quedaron reflejadas en la carta que dejó antes de morir, documento que fue central para comprender el alcance del daño provocado por la banda.
La magistrada dispuso peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias, rastreo de líneas telefónicas e intervenciones simultáneas en cárceles y domicilios de la provincia de Buenos Aires. Así, se estableció que el núcleo de la organización funcionaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde internos utilizaban celulares ingresados ilegalmente para coordinar perfiles falsos, grabar audios, realizar llamadas y administrar el dinero.
Para la diputada Giudici, el episodio marca un límite: “Lo que pasó con Rodrigo Gómez demuestra hasta dónde puede llegar el delito organizado desde las cárceles cuando no hay controles efectivos”.
En ese marco, la ex presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) insiste en la necesidad de una solución estructural: “Es necesario acompañar desde el Congreso con una ley nacional que establezca con claridad y jerarquía que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares”.
Silvana Giudici
Una investigación periodística reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió un departamento en el barrio de Caballito por 230 mil dólares mediante una hipoteca no bancaria contraída con las vendedoras del inmueble.
Según el Registro de la Propiedad Inmueble, las acreedoras del crédito de 200.000 dólares son dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Sin embargo, al ser consultadas por Clarín sobre el vínculo con el funcionario, Viegas respondió: “No, la verdad que no”, negando también haberle cedido dinero, mientras que desde el entorno de Sbabo afirmaron: “No, ni idea de esas cosas”.
La operación, realizada en noviembre del año pasado, despertó sospechas en el diputado Esteban Paulón debido al “desfasaje entre los valores de mercado del inmueble y los que pagó el ministro coordinador”.
El legislador señaló que el funcionario abonó aproximadamente 1.155 dólares el metro cuadrado, casi la mitad del valor de mercado tasado entre 300 y 350 mil dólares. Paulón planteó que la situación “parecería una intermediación ya pautada por el breve lapso de tiempo que estas mujeres la tuvieron en su poder antes de venderla a Adorni”, tras haber pertenecido previamente a un exfutbolista.
Este incremento patrimonial se suma a la escrituración de una casa en el country Indio Cuá a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, por la que paga expensas de casi 700 mil pesos.
El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo investigan el caso, considerando que la hipoteca representa el 87% del valor de la vivienda de la calle Miró. Sobre la capacidad financiera del vocero, el diputado denunciante cuestionó que “con su salario no sabemos cómo hará para pagar las cuotas”, en un contexto donde las supuestas prestamistas niegan conocer al titular de la propiedad.
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El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con el objetivo de consolidar y armonizar los datos de quienes reciben prestaciones o servicios sociales en todo el territorio nacional.
La medida se hizo efectiva esta madrugada, mediante la publicación de la resolución 23/2026 del Minsiterio de Capital Humano en el Boletín Oficial. La decisión se apoya en la necesidad de contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a las personas que efectivamente acceden a beneficios sociales, así como las características y atributos específicos de cada caso.
De acuerdo con lo dispuesto, el registro funcionará en el marco del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), bajo la gestión del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que tendrá a su cargo la administración, resguardo y actualización de la base de datos.
El SIIS, creado en septiembre de 2024 por resolución del Ministerio de Capital Humano, actúa como repositorio central de bases de datos para la integración e interoperabilidad de información proveniente de distintas áreas del Estado. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es responsable de la custodia y cruce de datos, así como de la elaboración de estadísticas y la evaluación de políticas públicas basadas en evidencia.
La resolución que dio origen al RIB establece que el gasto para su implementación será cubierto por las partidas presupuestarias del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se dispuso además la intervención de la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archivo correspondiente.
Desde el Gobierno, alegaron que la implementación del RIB permitirá contar con un panorama actualizado y preciso de la cobertura de las políticas sociales, facilitando la gestión de la inversión pública y la evaluación del impacto de las intervenciones.
En la práctica, el RIB integrará y consolida información que antes se encontraba fragmentada en distintas dependencias del Estado. De este modo, se busca evitar duplicidades, superposiciones y vacíos de datos, asegurando la integridad y trazabilidad de la información oficial. Según lo dispuesto, el registro se nutrirá exclusivamente de datos provistos por los organismos competentes y será administrado bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad.
El establecimiento de este registro responde a la necesidad de fortalecer la transparencia y la trazabilidad de las políticas sociales, así como de mejorar la coordinación interinstitucional.
A principios de marzo, la minsitra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que “no existen los planes sociales”; por el contrario sostuvo que se trata de prestaciones de la seguridad social y programas con reglas y objetivos diferentes.
“Técnicamente, no existen los planes sociales. Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social. Las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley, se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos”, dijo la ministra en un video publicado en redes sociales.
“No dependen de cupos, no dependen de intermediarios, no son discrecionales, eso no es un plan, es seguridad social. Los programas sociales son otra cosa, son herramientas política pública focalizada. Tienen objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados. Y si no funcionan, se modifican o se cierran”, aseguró.
“En diciembre de 2023, la Asignación Universal por Hijo (AUH), con su complemento alimentario, cubría apenas el 54% de la canasta básica alimentaria. Hoy, cubre cerca del 100%. Eso no es expandir asistencia. Es recomponer el poder adquisitivo para combatir la indigencia y la pobreza extrema. Corregimos una inconsistencia del sistema. No aumentó la cantidad de programas sociales. No aumentó la cantidad de personas asistida”, agregó.
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POLITICA
El CEO de YPF aseguró que la expropiación de Cristina Kirchner retrasó el “desarrollo de Vaca Muerta”
Tras el fallo favorable para la Argentina en el caso YPF, el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, calificó la expropiación ocurrida durante el gobierno de Cristina Kirchner como “una violación al derecho de propiedad” y afirmó que dicho proceso “atrasó seguramente el desarrollo de Vaca Muerta”.
El directivo señaló que la resolución en los tribunales de Estados Unidos “despeja un problema en la Argentina” y evita complicaciones mayores con los socios, aunque admitió que la incertidumbre previa derivó en el pago de intereses superiores a los debidos.
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Marín destacó que desde su llegada impulsó una gestión alineada con criterios del sector privado, asegurando que “nosotros trabajamos como si fuese nuestra y como una compañía privada”.
Bajo esta nueva lógica, explicó que se cambió el enfoque estratégico para dejar de invertir en lugares donde la petrolera perdía dinero y concentrar los esfuerzos en Vaca Muerta. Al ser consultado sobre la influencia política en la toma de decisiones, el ejecutivo aclaró: “A mí no me dicen nada. Yo hago lo que tenemos que hacer”, remarcando que las definiciones se toman en el directorio con independencia.
Respecto al futuro operativo, el CEO precisó que la empresa cuenta con 10.300 locaciones propias para perforar, lo que representa “USD 220.000 millones de inversiones”. Marín fue enfático al definir el propósito actual de la petrolera estatal, sosteniendo que “YPF no es una compañía que tiene que dar bienestar. Es una compañía que tiene que generar valor para los accionistas”.
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