POLITICA
La Justicia confirmó que el Gobierno debe cumplir con la ley de financiamiento universitario

La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y actualizar los salarios docentes, las becas y los programas de investigación.
El tribunal integrado por Sergio Fernández y Jorge Morán hizo lugar a la demanda iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y varias universidades, y recordó que “no debe perderse de vista que el Congreso de la Nación aprobó la ley 27.795, la cual, además, fue confirmada por dos tercios de los votos, luego de la observación total por el Poder Ejecutivo. Al promulgar la norma, el Poder Ejecutivo suspendió su vigencia con sustento en otra ley del Congreso de la Nación”.
Pese a haber sido promulgada, el Gobierno resolvió suspender su ejecución mediante un decreto, bajo el argumento de que era necesario definir previamente las fuentes de financiamiento en el presupuesto.
Pero, profundizaron los camaristas, ¿podría el Poder Ejecutivo sostener que la aplicación de una ley del Congreso se encuentra suspendida con sustento en otra ley anterior del propio Congreso?.
Para los jueces la respuesta es negativa, ya que “la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control para el Sector Público Nacional no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso de la Nación”.
Tras analizar las pruebas ofrecidas, la Cámara confirmó que “el juez de grado resaltó que no se observaba una afectación al interés público, sino que, por el contrario, la falta de cumplimiento de la ley afectaba el derecho a enseñar y aprender”.
Por su parte, “el Poder Ejecutivo no hizo más que reconocer la existencia y vigencia de una norma legal que dispone la referida pausa y que, como tal, debe ser respetada en virtud del principio de juridicidad”, aseguraron los jueces.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades
El conflicto por el financiamiento universitario se arrastra desde 2024, cuando el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la actualización automática de los presupuestos y la recomposición salarial del sector. Milei vetó la norma, pero ambas cámaras rechazaron ese veto y la ley quedó firme.
Sin embargo, el Gobierno decidió promulgarla sin asignarle recursos presupuestarios para su implementación. En la Casa Rosada sostienen que la norma no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento y argumentan que su aplicación tendría un fuerte impacto fiscal.
La Justicia intervino en la disputa y el juez federal Martín Cormick ordenó suspender el decreto que había dejado sin efecto la aplicación de la ley y dispuso que el Ejecutivo debe cumplir con las actualizaciones salariales y de becas previstas en la norma.
Mientras ese frente judicial seguía abierto, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar el esquema de financiamiento universitario pero aún no fue tratado.
Días atrás, la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamó al Gobierno que cumpla con la ley y advirtió que el presupuesto aprobado para 2026 no contempla los recursos previstos por esa norma.
Las autoridades universitarias remarcaron que “la aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”.
universidad, financiacion, Gobierno
POLITICA
Cuadernos: un empresario reconoció pagos a funcionarios del kirchnerismo, mientras que otros optaron por no declarar

Alberto Tasselli, extitular de la firma Faraday S.A., confirmó este martes en el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas haber realizado seis pagos a funcionarios del kirchnerismo durante 2013. Dijo que lo hizo por temor a represalias y luego de recibir “aprietes”.
“Quisiera confirmar que [Roberto] Baratta me llamó en un momento por teléfono y me solicitó un aporte para la campaña”, relató Tasselli, tras hacer una breve introducción sobre Faraday, la empresa que dirigía al momento de los hechos, que fabricaba transformadores eléctricos.
El empresario sostuvo que los pedidos de Baratta -mano derecha del exministro Julio de Vido– eran “insistentes” y llegaban en forma de “apretada”. Recordó, además, que durante su primer encuentro el exfuncionario le dijo: “Esto es lo que me tenés que dar para la campaña”. Y le mostró “un papelito sobre el escritorio con un 1″.
“Estaba prácticamente obligado a aceptarlo -se defendió-, porque mi único cliente era el Estado. Lo único que yo producía en proporción muy importante eran máquinas de 500 kV. No había quien más pudiera comprarme esos equipos”.
En línea con la declaración que volcó durante la instrucción, Tasselli dijo haber quedado muy “sorprendido” por el pedido en sí y porque se hubiera materializado a través de Baratta, a quien recordaba de reuniones previas, pero no reconocía como un interlocutor válido. “Era una persona que no tenía nada que ver con la licitación”, explicó. “De transformadores no entendía absolutamente nada”, agregó.
Taselli sumó: “Una vez me entrevistó el subsecretario de energía eléctrica del ministerio y no sabía para qué servía un transformador en el sistema eléctrico. Me dejó helado”. En ese momento el secretario de energía era Daniel Cameron, pero no quedó claro si se refería a él o alguien que trabajaba para él.
Al ser consultado por el Tribunal, precisó un total de seis entregas de dinero, todas en pesos, a pesar de que Nelson Lazarte, tras el primer pago, le dijo que no se “hiciera el boludo”, que debía entregar dólares.
Tasselli se convirtió así en el primer empresario arrepentido en declarar y contestar preguntas durante el juicio oral.
Antes que él, este martes fueron indagados los empresarios arrepentidos Angelo Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Benito Roggio y Armando Loson. Todos ellos optaron por no declarar, acentuando el silencio que se impuso como regla general durante las últimas audiencias del juicio que tiene a Cristina Kirchner acusada de ser la cabeza del esquema y destinataria final de todos los pagos.
Calcaterra, director de IECSA y primo del expresidente Mauricio Macri, permaneció apenas minutos frente a los jueces del Tribunal Oral 7, contestando las preguntas de rigor: 68 años, divorciado, arquitecto, respondía el empresario.
“No por el momento”, dijo cuando lo consultaron si iba a prestar declaración, siguiendo la estrategia que predominó en casi todas las defensas.
Un paso igual de raudo por los estrados tuvieron hoy Héctor Sánchez Caballero, también de la firma IECSA; Armando Loson, de Albanesi S.A y Aldo Benito Roggio, del Grupo Roggio.
En el proceso previo al juicio, todos ellos confesaron haber tenido participación en la maniobra y ofrecieron detalles de la trama en sus respectivas colaboraciones con la Justicia: dijeron haber “cedido” ante las presiones de exfuncionarios como Baratta por “temor a represalias” y haber entregado sumas para destrabar los pagos de las distintas obras.
La negativa de los empresarios a contestar preguntas volvió a agitar el malestar en las defensas de Cristina Kirchner, el exministro De Vido, Baratta y otros exfuncionarios, que se oponen a que esos acuerdos “delatores” formen parte del juicio y reclaman a los jueces que, de integrarse, puedan confrontar con preguntas a los arrepentidos.
Pese a que el tribunal ya rechazó el reclamo, cada una de las defensas hoy volvió a plantear sus reparos.
Otros imputados
Tampoco declararon ni contestaron preguntas el empresario Raúl Victor Vertúa y el otro chofer del ministerio de Planificación imputado en la causa, Hernán del Río, a quien se le atribuye una participación en la recepción de los pagos. La defensa del chofer pidió que se leyera en voz alta la declaración que hizo en etapa de instrucción.
“Quiero decirles que quiero colaborar, que estoy asustado -leyó uno de los secretarios del Tribunal- Que a los dos días que apareció mi nombre en la televisión, me han amenazado a dos cuadras de mi casa en una moto, dos muchachos, me dijeron que el silencio es salud, por eso estoy aterrado”.
Quien también declaró al comienzo de la audiencia y negó los cargos fue Carlos José Mundin, presidente del directorio de la empresa constructora B.T.U. S.A.
Mundis reconoció haber tenido reuniones “de trabajo” con Baratta, pero negó la existencia de pagos irregulares. Intentó derribar las anotaciones del chofer Centeno que lo incriminaban, aduciendo que se encontraba en otras ubicaciones de la Ciudad. “Hay por lo menos cuatro anotaciones en donde se supone que yo me encuentro con el señor Baratta que no son reales”, se defendió.
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juicio oral por los Cuadernos de las Coimas,Federico González del Solar,Conforme a
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Citaron a indagatoria a Ariel Vallejo, el financista cercano a Chiqui Tapia, en la causa que investiga presunto lavado de dinero

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria el próximo 5 de mayo, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La investigación apunta a movimientos financieros sospechosos en su empresa, que está vinculada a la AFA y a Chiqui Tapia.
Se trata de la primera indagatoria a Vallejo a cargo del juez federal Luis Armella. El magistrado investiga una presunta red que habría cometido una gran cantidad de delitos.
Según la fiscalía, Vallejo habría montado una estructura operativa a partir de Sur Finanzas, con negocios que incluyen criptomonedas y el propio funcionamiento interno de la firma.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la empresa por trabajar con monotributistas falsos y empresas apócrifas que habrían movido miles de millones de pesos sin capacidad real para hacerlo.
La causa también alcanza a su madre y a otros involucrados, entre ellos Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, acusada de entorpecer la investigación. Sánchez habría intentado ocultar pruebas al entregar una computadora a un técnico informático que —según la fiscalía— podría haber sido utilizada para borrar información relevante.
La indagatoria será clave para determinar el alcance de la presunta red y avanzar con las medidas procesales correspondientes.
Nuevos audios que involucran al dueño de Sur Finanzas
En los últimos días también se conocieron nuevos audios que están bajo análisis judicial y que mencionan directamente a Ariel Vallejo. Las grabaciones, atribuidas a Juan Pablo Beacon y al empresario Fabián Saracco —un hombre cercano al hermano del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino— contienen fuertes cuestionamientos hacia el financista.
Leé también: Escándalo de la AFA: la Justicia investiga chats en donde se mencionan “sobres para árbitros”
En uno de los supuestos audios, Saracco habla sobre un encuentro en Madrid con una autoridad de la Comisión Nacional de Valores, quien le habría anticipado que Sur Finanzas estaba cerca de perder su licencia para operar en la Argentina.
En ese contexto, ambos ponen en duda la estructura de la firma y se preguntan cómo una financiera con pocos años en el mercado y una cartera acotada de clientes pudo convertirse en sponsor de la Selección argentina y de torneos locales. “Cae por su propio peso, hermano. Está claro de que cuando uno no es prolijo, terminan pasando estas cosas”, se escucha decir a quien sería Saracco.
Sin embargo, lo más contundente aparece en otro tramo de la supuesta conversación, donde Beacon asegura que ya existían advertencias previas sobre Vallejo. “Tené cuidado que es un chanta”, afirma que le habían dicho, en referencia al financista.
Las grabaciones también reflejan la preocupación por el avance del escándalo y posibles consecuencias judiciales. En ese contexto, los involucrados hablan de reunirse para definir una estrategia frente a la situación. Los audios, que serían de fines de 2025, sugieren que ya anticipaban el impacto del caso.
Finalmente, otro fragmento suma un cuestionamiento a la “desprolijidad” de Vallejo, en alusión a su estilo de vida. En particular, se menciona que circulaba en una Ferrari negra, lo que -según se menciona en la conversación- podía exponer maniobras irregulares en el manejo de fondos.
Sur Finanzas, Chiqui Tapia
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Citan a declarar al financista de la AFA: Ariel Vallejo deberá presentarse ante el juez Armella el 5 de mayo

El juez federal Luis Armella citó a declarar al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, para el próximo 5 de mayo, en una causa que investiga una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad, que preside Claudio Chiqui Tapia.
Según informaron fuentes judiciales, será la primera vez que Vallejo estará cara a cara con el juez en medio de la investigación, por la que ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades de personas ligadas a esas maniobras, que la Justicia considera sospechosas.
Las citaciones de Armella a declaración indagatoria incluyen a otros integrantes de Sur Finanzas, así como también una inhibición de bienes extendida a todos los investigados. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había denunciado a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.
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