POLITICA
En medio de las revelaciones patrimoniales, Manuel Adorni deja su conferencia en duda y va a Olivos
“Tiene agenda en Olivos. Así que no se sabe todavía”. La frase resonó este martes cerca del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando consultó si se mantenía la convocatoria a conferencia de prensa del ministro coordinador para mañana miércoles, tal como se había informado en la Casa Rosada días atrás.
Adorni tuvo actividad en la sede de gobierno durante esta jornada. Allí recibió al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. Pero al caer la tarde sus colaboradores no confirmaban la conferencia prevista para mañana. Sólo afirmaban que el jefe de Gabinete tendrá agenda este miércoles en la quinta de Olivos.
En medio de los cuestionamientos por la compra de propiedades y viajes privados y públicos, sí está confirmado que Adorni participará el jueves del acto de conmemoración de los 44 años del comienzo de la guerra de Malvinas, en Plaza San Martín. Allí volverá a mostrarse con el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei.
En la Casa Rosada, las opiniones sobre la conferencia de Adorni inicialmente prevista para mañana se dividieron. Algunos funcionarios deslizaron que era mejor no hacerla -en medio de las nuevas revelaciones patrimoniales– y estaban quienes aseguraban que la presentación, en rigor, nunca estuvo completamente confirmada.
Adorni dio una conferencia la semana pasada, en la que se refirió a las polémicas que lo salpican, pero declinó de dar explicaciones amparándose en que hay una investigación judicial en curso. El funcionario quedó en el centro de la polémica y de una investigación judicial, en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
El último movimiento en ese expediente se dio este martes, cuando Pollicita pidió la declaración testimonial de la escribana que intervino en la escritura del departamento de Adorni en Caballito. Fue luego de que revelara que dos mujeres que aparecían como titulares del departamento figuran también como las prestamistas de una hipoteca de 200.000 dólares para Adorni y su mujer, Bettina Angeletti.
Fue el último capítulo de una escalada de polémicas que comenzó la primera semana de marzo, cuando se conoció que Angeletti integró el vuelo presidencial a Nueva York.
Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni reveló un vuelo privado de la familia Adorni a Punta del Este, mientras que pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito.
En la Casa Rosada se muestran convencidos de que una vez que Adorni presente su nueva declaración patrimonial “va a quedar todo aclarado”. No explican por qué no adelanta esa presentación ni ofrecen comprobantes de los gastos bajo sospecha. Ante la repregunta de este medio sobre por qué no se presenta la declaración jurada, cerca del funcionario insistieron: “Porque el plazo vence el 31 de mayo”.
La posible cancelación de la conferencia de Adorni se da en un contexto donde las mediciones sobre su imagen fueron afectadas en las últimas tres semanas. Según el registro en las redes que publica el Monitor Digital, en la última semana hubo un total de 2.331.000 menciones sobre Adorni, con un 87% de negatividad.
Las redes son una arena en la que se manejan los libertarios. Y allí la consultora Ad Hoc registró más de 2.3 millones de menciones al jefe de Gabinete en los últimos 20 días. En su último informe consignaron que “el pico de conversación fue el 12 de marzo, con 285 mil menciones”.
Para explicar la magnitud de la repercusión del caso Adorni, apuntaron a que “el caso YPF (en relación al fallo de la justicia estadounidense en favor de Argentina) generó el último viernes 297 mil menciones”. A lo que agregan que el tema YPF “tuvo un pico alto el viernes y muestra una tendencia a la baja, a diferencia del caso Adorni”.
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POLITICA
Neuquén: el gobierno provincial no aportó personal policial e impidió la ejecución de un desalojo mapuche con sentencia firme
El desalojo de una comunidad mapuche que ocupa una propiedad privada en inmediaciones de Villa la Angostura quedó trunco, debido a que el gobierno de Neuquén no aportó el personal policial para ejecutar la medida, a pesar de haberlo acordado con la Justicia.
A fines de 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino definió que el desalojo debía concretarse el lunes 30 de marzo.
Para ello, solicitó al gobierno de Rolando Figueroa la participación de la fuerza provincial para concretarla y coordinó con la querella el aporte logístico para implementarlo.
La Justicia envió desde Neuquén a varios oficiales que participarían del operativo, para garantizar el cumplimiento de las garantías procesales. Sin embargo, cuando iban a trasladarse al predio para concretarla, la Policía de Neuquén informó que sólo contaba con unos pocos efectivos.
El líder de la comunidad acusada de usurpación, Lucas Melo, reconoció que estuvo reunido con el gobernador Figueroa días atrás, quien le anticipó que el desalojo no se iba a concretar.
El conflicto comenzó en 2011, cuando una comunidad mapuche ingresó a la propiedad ubicada en el paraje El Pedregoso y tomó posesión de las tierras y de edificaciones. Lo hizo escudada bajo una supuesta reivindicación territorial.
Desde ese momento hasta la actualidad, más de 15 jueces confirmaron la irrupción ilegal de la comunidad y avalaron el desalojo. El gobierno provincial, en cambio, desatendió la manda judicial y quitó la colaboración de la fuerza pública para llevarlo a cabo.
El caso agotó todas las instancias posibles. La propietaria del inmueble aún no logra recuperar la posesión de las tierras, ubicadas a 35 kilómetros de Villa la Angostura.
María Cristina Broers es dueña legítima del lote pastoril desde 1973 y, hasta el momento de la usurpación, edificó propiedades e incluso un muelle sobre la costa del lago Nahuel Huapi.
Sin embargo, el 27 de diciembre de 2011, integrantes de la familia Melo de Villa la Angostura irrumpieron en la propiedad, argumentando pertenecer a una comunidad mapuche que nunca fue reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Luego se acoplaron integrantes de otra comunidad, la lof Quintriqueo.
La damnificada, acompañada por un escribano, elaboró un acta para dejar constancia del ingreso de los intrusos, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.
Las familias Melo y Quintriqueo defienden la reivindicación territorial argumentando la preexistencia de sus familiares en esas tierras desde 1928, aunque el dato nunca pudo ser documentado.
Dijeron que el lote pastoril “nunca fue ocupado y nosotros, siendo descendientes de una familia pionera, estamos cansados de andar con nuestros animales de un lado a otro por no tener un lugar fijo donde tenerlos, además creemos tener el suficiente derecho ganado por nuestros mayores”.
La defensa de la propietaria asegura que “la ocupación de parte de los despojantes es absolutamente ilícita y contraria a derecho” y sostiene que “aún en el hipotético caso de que los hechos hubieran acontecido tal como lo indica la comunidad, eso no habilita a sus descendientes ni a ninguna otra persona a sortear todos los recaudos legales y avanzar en una ocupación absolutamente ilícita”.
“Papelón histórico”
La defensa de la damnificada consideró que el desalojo frustrado “es un papelón histórico”. Cuando los oficiales de justicia, la damnificada y la defensa acudieron al predio, acompañados por unos pocos polícias, Melo reconoció que se reunió el viernes pasado con el gobernador Figueroa quien le confirmó que el desalojo no se iba a concretar.
Su declaración quedó reflejada en un acta, que lleva la rúbrica de los ocho oficiales de Justicia que viajaron desde Neuquén para concretar el desalojo, el abogado de la querella Ignacio Gigena y otros actores.
“Es una clara intromisión del poder ejecutivo sobre una manda judicial firme desde hace un año, y que tenía fecha confirmada para ejecutarla desde hace cuatro meses”, reclamaron desde la querella.
Otros casos
No es el único caso que tiene sentencia firme de desalojo. El conflicto que protagoniza la comunidad Paicil Antriao, también de Villa la Angostura, tiene sentencia de desalojo y una orden judicial para ejecutarlo aunque el municipio de la localidad – querellante en ese expediente- no logra acompañamiento policial para llevarlo a cabo.
Se trata de la usurpación de un camping que está ubicado en la costa del lago Correntoso, a pocos kilómetros de la villa turística. Como ese existen otros expedientes similares, en los que el gobierno provincial garantiza la permanencia de los intrusos y dilata la expulsión de los usurpadores, como el que involucra al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili.
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POLITICA
A 44 años de la guerra de Malvinas. El Gobierno refuerza lazos con Gran Bretaña, pero sin avances en el reclamo de soberanía
Este jueves, a las 10 de la mañana, el presidente Javier Milei estará, por tercer año consecutivo, en la Plaza San Martín del barrio de Retiro, para homenajear junto a miembros de su gabinete, veteranos de guerra y miembros de las Fuerzas Armadas a los soldados argentinos caídos en la guerra por las Islas Malvinas, de cuyo inicio se cumplirán ese día 44 años.
Al igual que en los dos aniversarios anteriores, y según fuentes oficiales, el presidente Milei renovará en su discurso el reclamo de soberanía sobre las islas, mientras intenta sostener el revitalizado vínculo comercial y político con Gran Bretaña. Vínculo que durante su gobierno ha dado pasos hacia la distensión, aunque sin avances en el punto central: el reclamo diplomático argentino para recuperar las islas, donde se desarrolló el conflicto bélico, entre abril y junio de 1982, y en el que murieron 649 soldados argentinos.
En medio de un contexto convulsionado por la guerra en Medio Oriente, y a pesar de la alianza de ambos gobiernos con la administración Trump (algunos cortocircuitos entre Londres y Washington aparecieron luego del ataque a Irán) algunas señales recientes de acercamiento del gobierno británico con vecinos de la región como Brasil, Uruguay y Chile son miradas de reojo desde el Gobierno, que insiste en la necesidad de flexibilizar el veto británico a la compra de material de defensa, vital para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Los pobladores de Malvinas (kelpers) siguen desconfiando del gobierno argentino, y creen que les aplica una “guerra económica” por medio de las restricciones a los vuelos desde y hacia las islas y otras operaciones comerciales, según un artículo publicado días atrás por el periódico Daily Express.
En diciembre pasado, Milei le expresó al también británico The Telegraph que estaban abiertas las conversaciones con Gran Bretaña para levantar el embargo británico, que le impide a Argentina comprar armamento que contenga algún componente de ese país. Una información que Gran Bretaña no confirmó, mientras sostiene que lleva adelante una política de “revisión caso por caso” de las licencias de exportación de bienes de uso militar, más flexible que en años anteriores.
Hubo ya una excepción, negociada con Estados Unidos, para la compra de los 24 aviones caza F-16 a Dinamarca, por un valor superior a los U$S 300 millones. En esa entrevista, Milei también dijo que la soberanía argentina sobre Malvinas “no es negociable” y dio por hecho que visitaría Gran Bretaña en los meses siguientes.
Mientras sostiene la necesidad de ampliar los vínculos diplomáticos –el canciller Pablo Quirno afirmó a en diciembre pasado que el Mercosur debería acordar un tratado de libre comercio con Gran Bretaña- el intercambio no se detiene.
La semana pasada visitó Buenos Aires la ministra británica para el cambio climático, Katie White, y el próximo mes podría llegar otro miembro del gabinete del primer ministro Keir Starmer. En Londres, la embajadora Mariana Plaza (confirmada en el cargo a pesar de que el excanciller Gerardo Werthein impulsó el pliego del experimentado Luis María Kreckler) llevó adelante la semana pasada un evento de cooperación en materia educativa con autoridades del programa de becas Chevening, financiado por el Reino Unido.
El intercambio comercial bilateral subió levemente en los últimos años, y sigue siendo superavitario para la Argentina. Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), en febrero pasado Argentina exportó $40,6 millones e importó $32,1 millones desde Reino Unido con un balance de $6,43 millones. Entre febrero 2025 y febrero 2026, las exportaciones argentinas se incrementaron poco más del 9 por ciento, y las importaciones un 16 por ciento.
Pero no todo es armonía en el vínculo. El pasado jueves, el canciller brasileño Mauro Vieira y su par británica, Yvette Cooper, firmaron un acuerdo de “alianza estratégica” en base al “diálogo político y cooperación internacional, comercio e inversión; seguridad y defensa; transición justa y desarrollo sostenible; y relaciones entre personas”, según expresó Itamaraty en un comunicado luego de la reunión. Según el sitio especializado en Defensa Escenario Mundial, esa alianza –y las avanzadas tratativas de Gran Bretaña con Uruguay para venderle barcos de patrullaje- “aíslan la postura regional de Argentina por Malvinas”.
Desde el Gobierno niegan que estos acercamientos representen una amenaza concreta. Y confían en contar con el apoyo del continente en el reclamo anual de soberanía nacional en Malvinas, que cada junio se vota en el comité de Descolonización de la ONU. Tampoco descartan que la promesa de Milei de visitar a Starmer en “abril o mayo” se cumpla, más allá de las complicaciones locales del Gobierno y las tensiones que afronta el gobierno británico por la vinculación el designado embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, con el caso de Jeffrey Epstein.
soldados argentinos caídos,abiertas las conversaciones,para la compra,Jaime Rosemberg,Conforme a
El Gobierno nacional acordó con Chubut el pago de más de $48.000 millones en concepto de deuda previsional vinculada a los aportes de la caja no transferida a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El entendimiento se firmó este martes en el Ministerio de Capital Humano y pone fin, al menos de manera transitoria, a un conflicto que se encontraba judicializado ante la Corte Suprema.
El convenio establece que la Anses transferirá los fondos a la provincia en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $4000 millones, a partir de mayo. Se trata de un adelanto de financiamiento previsional correspondiente a 2026, mientras avanzan auditorías sobre el sistema.
La firma del acuerdo implicó además la suspensión de los procesos judiciales en curso vinculados a este reclamo, según confirmaron fuentes oficiales. La deuda había sido motivo de una demanda presentada por la provincia ante la Corte Suprema de Justicia.
El entendimiento fue rubricado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; y el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia.
Un reclamo que llegó a la Corte
La deuda previsional entre Nación y Chubut se arrastraba desde hace años y se originó por la deuda de aportes correspondientes a la caja jubilatoria provincial, que no fue transferida al sistema nacional. Según había planteado la provincia, el incumplimiento de esos pagos generó un fuerte desequilibrio en el sistema.
En diciembre, Torres había confirmado que avanzaría con una presentación ante la Corte Suprema para exigir el pago de más de $51.000 millones. El reclamo se dio en un contexto de tensión financiera en la provincia, que incluso tuvo dificultades para afrontar salarios y aguinaldos.
De acuerdo con el comunicado oficial, las transferencias se realizarán en simultáneo con auditorías que buscan verificar la situación del sistema previsional chubutense. El esquema prevé un flujo constante de fondos durante todo el año.
Desde el Gobierno nacional señalaron que se trata de un mecanismo de financiamiento previsional que permite avanzar en la regularización de las obligaciones sin afectar el equilibrio fiscal, en línea con acuerdos alcanzados con otras provincias.
Además, el convenio incluye la suspensión de “todo trámite judicial” ante la Corte por reclamos vinculados a este entendimiento, lo que implica una pausa en la disputa legal mientras se ejecuta el pago.
La posición de la provincia
Torres calificó el acuerdo como “un acto de justicia”. “Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”, señaló.
El gobernador afirmó que el resultado es producto de “un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial” y remarcó que desde el inicio de su gestión impulsó el reclamo ante Nación.
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“Estamos hablando de más de $48.000 millones que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden: a nuestra caja previsional”, agregó el mandatario.
El acuerdo representa un alivio para las cuentas provinciales y abre una nueva etapa en la relación financiera entre Nación y Chubut.
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