POLITICA
Milei reforzó el alineamiento con EE.UU. y designó como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán
Mientras los gestos son —ni más ni menos— gestos, las acciones representan medidas concretas. La relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos parece haber dejado atrás el primer estadio para entrar de lleno al segundo, en donde Washington desea ver decisiones reales en cuanto al posicionamiento y alineamiento de sus aliados para con las políticas de Donald Trump.
Es en este contexto que se enmarcó la decisión del Gobierno nacional de incorporar al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), el poderoso cuerpo militar que responde directamente al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y hoy controla gran parte de los hilos del país.
La decisión cuenta con una coordinación del Ministerio de Seguridad junto con la Cancillería argentina, aunque no se podría haber impulsado sin la decisión política que baja desde Casa Rosada sobre cada movimiento que acerque a la Argentina a la posición internacional de la Casa Blanca.
Tras el inicio de la guerra y la muerte de su antiguo líder, al frente de la Guardia Revolucionaria hoy está Ahmad Vahidi, acusado por la Justicia argentina de haber sido el ideólogo y autor intelectual del atentado a la AMIA en 1994. La decisión de incorporarlos al listado de grupos terroristas también representa un guiño para el otro aliado internacional de Milei, Israel.
Estados Unidos considera al CGRI como un grupo terrorista desde 2019, lo que le permite embargar cuentas, anular visas a distintas personas consideradas como miembro de la asociación o aumentar la cooperación en inteligencia con otros países. Lo mismo busca hacer la Argentina con esta decisión, sobre todo este último punto.
Como referencia, Paraguay ya había hecho lo mismo en abril del año pasado, lo que le valió el reclamo y la condena por parte de Irán. Santiago Peña es otro de los presidentes de la región que más cerca de Trump busca estar. Es otro de los que forma parte, por ejemplo, del Board of Peace. La Unión Europea ya lo había incorporado a su listado en 2006.
El rol de la Guardia Revolucionaria
Pese a que Estados Unidos golpeó fuertemente la infraestructura militar y mató a oficiales de alto rango de las fuerzas iraníes, la Guardia Revolucionaria ha mostrado capacidad para seguir operando, fortaleciendo su control dentro del territorio.
“La Guardia Revolucionaria está tomando el control en Irán”, titulaba hace una semana uno de los principales artículos publicados por la revista británica The Economist. Allí se enumera que, al menos, 190.000 paramilitares componen la fuerza en la actualidad y que han penetrado en las áreas de mayor influencia dentro de la estructura política de los ayatollah.
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Este grupo fue creado al comienzo de la Revolución Islámica en 1979 para preservar la integridad del líder supremo y siempre han funcionado de manera independiente y paralela al ejército convencional de Irán. Para muchos analistas, es la fuerza que logró sostener este modelo a lo largo de los años.
Desde allí han salido los principales vínculos con los denominados grupos “proxys” iraníes, esas pequeñas sedes que Teherán proveyó de armas y financiamiento para mantener su influencia en toda la región. Entre ellos se pueden ubicar al Hezbollah, grupos shiitas en Siria o los Hutíes en Yemen, entre otros.
Dentro del CGRI se ubican las Fuerzas Quds, el brazo armado iraní que opera directamente en el exterior y que ya habían sido incluidas en el listado de grupos terroristas por parte de la Argentina en enero de este año, acusadas de estar también detrás del atentado a la mutual judía en los 90’.
Irán, Donald Trump, Javier Milei
POLITICA
Neuquén: el gobierno provincial no aportó personal policial e impidió la ejecución de un desalojo mapuche con sentencia firme
El desalojo de una comunidad mapuche que ocupa una propiedad privada en inmediaciones de Villa la Angostura quedó trunco, debido a que el gobierno de Neuquén no aportó el personal policial para ejecutar la medida, a pesar de haberlo acordado con la Justicia.
A fines de 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino definió que el desalojo debía concretarse el lunes 30 de marzo.
Para ello, solicitó al gobierno de Rolando Figueroa la participación de la fuerza provincial para concretarla y coordinó con la querella el aporte logístico para implementarlo.
La Justicia envió desde Neuquén a varios oficiales que participarían del operativo, para garantizar el cumplimiento de las garantías procesales. Sin embargo, cuando iban a trasladarse al predio para concretarla, la Policía de Neuquén informó que sólo contaba con unos pocos efectivos.
El líder de la comunidad acusada de usurpación, Lucas Melo, reconoció que estuvo reunido con el gobernador Figueroa días atrás, quien le anticipó que el desalojo no se iba a concretar.
El conflicto comenzó en 2011, cuando una comunidad mapuche ingresó a la propiedad ubicada en el paraje El Pedregoso y tomó posesión de las tierras y de edificaciones. Lo hizo escudada bajo una supuesta reivindicación territorial.
Desde ese momento hasta la actualidad, más de 15 jueces confirmaron la irrupción ilegal de la comunidad y avalaron el desalojo. El gobierno provincial, en cambio, desatendió la manda judicial y quitó la colaboración de la fuerza pública para llevarlo a cabo.
El caso agotó todas las instancias posibles. La propietaria del inmueble aún no logra recuperar la posesión de las tierras, ubicadas a 35 kilómetros de Villa la Angostura.
María Cristina Broers es dueña legítima del lote pastoril desde 1973 y, hasta el momento de la usurpación, edificó propiedades e incluso un muelle sobre la costa del lago Nahuel Huapi.
Sin embargo, el 27 de diciembre de 2011, integrantes de la familia Melo de Villa la Angostura irrumpieron en la propiedad, argumentando pertenecer a una comunidad mapuche que nunca fue reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Luego se acoplaron integrantes de otra comunidad, la lof Quintriqueo.
La damnificada, acompañada por un escribano, elaboró un acta para dejar constancia del ingreso de los intrusos, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.
Las familias Melo y Quintriqueo defienden la reivindicación territorial argumentando la preexistencia de sus familiares en esas tierras desde 1928, aunque el dato nunca pudo ser documentado.
Dijeron que el lote pastoril “nunca fue ocupado y nosotros, siendo descendientes de una familia pionera, estamos cansados de andar con nuestros animales de un lado a otro por no tener un lugar fijo donde tenerlos, además creemos tener el suficiente derecho ganado por nuestros mayores”.
La defensa de la propietaria asegura que “la ocupación de parte de los despojantes es absolutamente ilícita y contraria a derecho” y sostiene que “aún en el hipotético caso de que los hechos hubieran acontecido tal como lo indica la comunidad, eso no habilita a sus descendientes ni a ninguna otra persona a sortear todos los recaudos legales y avanzar en una ocupación absolutamente ilícita”.
“Papelón histórico”
La defensa de la damnificada consideró que el desalojo frustrado “es un papelón histórico”. Cuando los oficiales de justicia, la damnificada y la defensa acudieron al predio, acompañados por unos pocos polícias, Melo reconoció que se reunió el viernes pasado con el gobernador Figueroa quien le confirmó que el desalojo no se iba a concretar.
Su declaración quedó reflejada en un acta, que lleva la rúbrica de los ocho oficiales de Justicia que viajaron desde Neuquén para concretar el desalojo, el abogado de la querella Ignacio Gigena y otros actores.
“Es una clara intromisión del poder ejecutivo sobre una manda judicial firme desde hace un año, y que tenía fecha confirmada para ejecutarla desde hace cuatro meses”, reclamaron desde la querella.
Otros casos
No es el único caso que tiene sentencia firme de desalojo. El conflicto que protagoniza la comunidad Paicil Antriao, también de Villa la Angostura, tiene sentencia de desalojo y una orden judicial para ejecutarlo aunque el municipio de la localidad – querellante en ese expediente- no logra acompañamiento policial para llevarlo a cabo.
Se trata de la usurpación de un camping que está ubicado en la costa del lago Correntoso, a pocos kilómetros de la villa turística. Como ese existen otros expedientes similares, en los que el gobierno provincial garantiza la permanencia de los intrusos y dilata la expulsión de los usurpadores, como el que involucra al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili.
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POLITICA
A 44 años de la guerra de Malvinas. El Gobierno refuerza lazos con Gran Bretaña, pero sin avances en el reclamo de soberanía
Este jueves, a las 10 de la mañana, el presidente Javier Milei estará, por tercer año consecutivo, en la Plaza San Martín del barrio de Retiro, para homenajear junto a miembros de su gabinete, veteranos de guerra y miembros de las Fuerzas Armadas a los soldados argentinos caídos en la guerra por las Islas Malvinas, de cuyo inicio se cumplirán ese día 44 años.
Al igual que en los dos aniversarios anteriores, y según fuentes oficiales, el presidente Milei renovará en su discurso el reclamo de soberanía sobre las islas, mientras intenta sostener el revitalizado vínculo comercial y político con Gran Bretaña. Vínculo que durante su gobierno ha dado pasos hacia la distensión, aunque sin avances en el punto central: el reclamo diplomático argentino para recuperar las islas, donde se desarrolló el conflicto bélico, entre abril y junio de 1982, y en el que murieron 649 soldados argentinos.
En medio de un contexto convulsionado por la guerra en Medio Oriente, y a pesar de la alianza de ambos gobiernos con la administración Trump (algunos cortocircuitos entre Londres y Washington aparecieron luego del ataque a Irán) algunas señales recientes de acercamiento del gobierno británico con vecinos de la región como Brasil, Uruguay y Chile son miradas de reojo desde el Gobierno, que insiste en la necesidad de flexibilizar el veto británico a la compra de material de defensa, vital para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Los pobladores de Malvinas (kelpers) siguen desconfiando del gobierno argentino, y creen que les aplica una “guerra económica” por medio de las restricciones a los vuelos desde y hacia las islas y otras operaciones comerciales, según un artículo publicado días atrás por el periódico Daily Express.
En diciembre pasado, Milei le expresó al también británico The Telegraph que estaban abiertas las conversaciones con Gran Bretaña para levantar el embargo británico, que le impide a Argentina comprar armamento que contenga algún componente de ese país. Una información que Gran Bretaña no confirmó, mientras sostiene que lleva adelante una política de “revisión caso por caso” de las licencias de exportación de bienes de uso militar, más flexible que en años anteriores.
Hubo ya una excepción, negociada con Estados Unidos, para la compra de los 24 aviones caza F-16 a Dinamarca, por un valor superior a los U$S 300 millones. En esa entrevista, Milei también dijo que la soberanía argentina sobre Malvinas “no es negociable” y dio por hecho que visitaría Gran Bretaña en los meses siguientes.
Mientras sostiene la necesidad de ampliar los vínculos diplomáticos –el canciller Pablo Quirno afirmó a en diciembre pasado que el Mercosur debería acordar un tratado de libre comercio con Gran Bretaña- el intercambio no se detiene.
La semana pasada visitó Buenos Aires la ministra británica para el cambio climático, Katie White, y el próximo mes podría llegar otro miembro del gabinete del primer ministro Keir Starmer. En Londres, la embajadora Mariana Plaza (confirmada en el cargo a pesar de que el excanciller Gerardo Werthein impulsó el pliego del experimentado Luis María Kreckler) llevó adelante la semana pasada un evento de cooperación en materia educativa con autoridades del programa de becas Chevening, financiado por el Reino Unido.
El intercambio comercial bilateral subió levemente en los últimos años, y sigue siendo superavitario para la Argentina. Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), en febrero pasado Argentina exportó $40,6 millones e importó $32,1 millones desde Reino Unido con un balance de $6,43 millones. Entre febrero 2025 y febrero 2026, las exportaciones argentinas se incrementaron poco más del 9 por ciento, y las importaciones un 16 por ciento.
Pero no todo es armonía en el vínculo. El pasado jueves, el canciller brasileño Mauro Vieira y su par británica, Yvette Cooper, firmaron un acuerdo de “alianza estratégica” en base al “diálogo político y cooperación internacional, comercio e inversión; seguridad y defensa; transición justa y desarrollo sostenible; y relaciones entre personas”, según expresó Itamaraty en un comunicado luego de la reunión. Según el sitio especializado en Defensa Escenario Mundial, esa alianza –y las avanzadas tratativas de Gran Bretaña con Uruguay para venderle barcos de patrullaje- “aíslan la postura regional de Argentina por Malvinas”.
Desde el Gobierno niegan que estos acercamientos representen una amenaza concreta. Y confían en contar con el apoyo del continente en el reclamo anual de soberanía nacional en Malvinas, que cada junio se vota en el comité de Descolonización de la ONU. Tampoco descartan que la promesa de Milei de visitar a Starmer en “abril o mayo” se cumpla, más allá de las complicaciones locales del Gobierno y las tensiones que afronta el gobierno británico por la vinculación el designado embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, con el caso de Jeffrey Epstein.
soldados argentinos caídos,abiertas las conversaciones,para la compra,Jaime Rosemberg,Conforme a
El Gobierno nacional acordó con Chubut el pago de más de $48.000 millones en concepto de deuda previsional vinculada a los aportes de la caja no transferida a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El entendimiento se firmó este martes en el Ministerio de Capital Humano y pone fin, al menos de manera transitoria, a un conflicto que se encontraba judicializado ante la Corte Suprema.
El convenio establece que la Anses transferirá los fondos a la provincia en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $4000 millones, a partir de mayo. Se trata de un adelanto de financiamiento previsional correspondiente a 2026, mientras avanzan auditorías sobre el sistema.
La firma del acuerdo implicó además la suspensión de los procesos judiciales en curso vinculados a este reclamo, según confirmaron fuentes oficiales. La deuda había sido motivo de una demanda presentada por la provincia ante la Corte Suprema de Justicia.
El entendimiento fue rubricado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; y el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia.
Un reclamo que llegó a la Corte
La deuda previsional entre Nación y Chubut se arrastraba desde hace años y se originó por la deuda de aportes correspondientes a la caja jubilatoria provincial, que no fue transferida al sistema nacional. Según había planteado la provincia, el incumplimiento de esos pagos generó un fuerte desequilibrio en el sistema.
En diciembre, Torres había confirmado que avanzaría con una presentación ante la Corte Suprema para exigir el pago de más de $51.000 millones. El reclamo se dio en un contexto de tensión financiera en la provincia, que incluso tuvo dificultades para afrontar salarios y aguinaldos.
De acuerdo con el comunicado oficial, las transferencias se realizarán en simultáneo con auditorías que buscan verificar la situación del sistema previsional chubutense. El esquema prevé un flujo constante de fondos durante todo el año.
Desde el Gobierno nacional señalaron que se trata de un mecanismo de financiamiento previsional que permite avanzar en la regularización de las obligaciones sin afectar el equilibrio fiscal, en línea con acuerdos alcanzados con otras provincias.
Además, el convenio incluye la suspensión de “todo trámite judicial” ante la Corte por reclamos vinculados a este entendimiento, lo que implica una pausa en la disputa legal mientras se ejecuta el pago.
La posición de la provincia
Torres calificó el acuerdo como “un acto de justicia”. “Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”, señaló.
El gobernador afirmó que el resultado es producto de “un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial” y remarcó que desde el inicio de su gestión impulsó el reclamo ante Nación.
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“Estamos hablando de más de $48.000 millones que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden: a nuestra caja previsional”, agregó el mandatario.
El acuerdo representa un alivio para las cuentas provinciales y abre una nueva etapa en la relación financiera entre Nación y Chubut.
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