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POLITICA

El Gobierno evalúa llevar a la Corte la pelea por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

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Estudiantes caminan alrededor de la facultad de Derecho de la UBA (EFE)

Al Gobierno se le están acabando las opciones para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el año pasado por parte de la oposición. La Cámara Contencioso Administrativo Federal publicó este martes un fallo que ordena al Poder Ejecutivo Nacional a aplicar esa normativa de manera inmediata, remarcando que la medida no representaba un impacto fiscal sustancial y que el Estado debía priorizar el derecho constitucional a la educación pública universitaria.

Con la decisión judicial firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, el Gobierno debe decidir cuál será el próximo paso: implementar las partidas presupuestarias y los desembolsos que prevé la Ley o apelar a la última instancia posible antes, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Dar marcha atrás no es una opción”, aseguró a Infobae una fuente gubernamental que tiene una incidencia total en la decisión final. La postura predominante en el Gobierno es, por estas horas, apelar a la última instancia posible, el máximo tribunal, para ganar tiempo mientras intentan avanzar en el Congreso con su proyecto de ley universitario, el cual implica menor inversión presupuestaria que el que rige actualmente.

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Los equipos legales de la Presidencia de la Nación, la Procuración del Tesoro y, principalmente, el del Ministerio de Capital Humano, están evaluando la factibilidad de realizar este movimiento. El responsable de la interlocución con las universidades es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien responde a la ministra Sandra Pettovello. Este tema en particular es uno que tiene interrelación total con la política fiscal que ejecuta el ministro de Economía, Luis Caputo.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, recordó que “el PEN debe cumplir con la ley” y que la omisión podría constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”. Añadió que aunque el Estado recurra a la Corte Suprema, la propia jurisprudencia del alto tribunal sostiene que las medidas cautelares no son sentencias definitivas y, por lo tanto, escapan a su competencia.

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En la Casa Rosada cayó particularmente mal que tanto Fernández y Morán ponderaran el argumento que habían utilizado los jueces de primera instancia acerca de que un gasto de 0,23% del PBI no es un impacto significativo. “Ahora se ve que la Justicia se dedica a decir cuánto es mucho y cuánto es poco”, se quejaba esta mañana una fuente que participa de las reuniones de Gabinete.

Desde la transferencia de las competencias educativas a las provincias realizada décadas atrás, Nación solo tiene potestad en el financiamiento de la educación universitaria. En el marco de la política de recorte del gasto público encabezado por el presidente Javier Milei, los rectores de las Universidades Nacionales, asociaciones estudiantiles y los sindicatos docentes y no docentes han estado reclamando mayores partidas desde principios de 2024.

Un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicado el viernes pasado marca que las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026. La gran mayoría del presupuesto que se destina para las casas de estudio corresponde para el pago de personal.

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Los salarios universitarios acumulan un incremento del 158% desde la asunción de Milei, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. “Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023″, informan.

Estudiantes de economía toman clases al aire libre a modo de protesta (AP)

Por el otro lado, el Gobierno alega a que los fondos disponibles durante los últimos años eran suficientes y que eran las mismas casas de estudios las que debían optimizar sus gastos. En el oficialismo habían anunciado propuestas de auditorías sobre las Universidades Nacionales a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), pero hasta diciembre del año pasado, la cúpula del organismo permanecía prácticamente acéfala. Es que, de los siete auditores generales que deben conformar el cuerpo principal del organismo, solo hay uno con mandato vigente. Se trata de Juan Manuel Olmos, su presidente.

La decisión judicial ratificada por la Cámara impone la ejecución de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que estipulan la actualización salarial de docentes y no docentes entre el 1 de diciembre de 2023 y la fecha de sanción, en septiembre de 2025. También dispone que se repongan todos los programas de becas para estudiantes universitarios. El fallo descarta que la aplicación de la ley pueda afectar los fondos públicos de modo relevante. En palabras de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, el impacto fiscal de la cautelar “es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público”, enfatizando que está en juego “un derecho central de la Constitución como la educación superior pública”.

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La controversia judicial comenzó cuando el juez federal Enrique Cormick -a instancias de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y más de 40 universidades públicas- ordenó que se aplique la ley y calificó de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” al Decreto 759/2025. Este decreto, firmado por el Ejecutivo, había suspendido la ejecución de la norma argumentando que primero debían determinarse fuentes de financiamiento específicas, lo que según el Estado correspondía al ámbito exclusivo del Congreso.

El Poder Ejecutivo calificó en reiteradas ocasiones de “arbitraria” la decisión judicial y sostuvo que no podía aplicar la ley sin definir previamente las partidas presupuestarias y sus fuentes de financiamiento, advirtiendo supuestos riesgos sobre el equilibrio fiscal. Para la Cámara, estos planteos resultan “poco serios”. El tribunal enfatizó que la previsión legal ya era imperativa y que las cautelares ordenadas no pueden considerarse sentencias definitivas encubiertas.

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Fentanilo contaminado: ordenaron nuevos allanamientos para calcular embargos millonarios en la causa por 111 muertes

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El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó nuevos allanamientos en los laboratorios vinculados a la producción del fentanilo contaminado de HLB Pharma, en una causa que ya investiga la muerte de 111 pacientes. Los procedimientos se realizaron en las plantas productoras Ramallo SA, ubicada en esa localidad bonaerense, y HLB Pharma Group SA, que operaba en el municipio de San Isidro. Según pudo reconstruir de manera exclusiva Infobae, la medida judicial —llevada adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina— tuvo como objetivo identificar cada una de las máquinas y avanzar en su valuación para “precisar el embargo” que el magistrado impondrá a los 14 imputados que tiene la causa.

La medida será definida luego de las nuevas declaraciones indagatorias que comenzarán a tomarse a partir de abril. En una primera etapa, los sospechosos habían sido interrogados por 20 muertes, pero la magnitud de la tragedia sanitaria llevó a sumar 91 víctimas fatales más, además de 49 sobrevivientes con secuelas y nuevas pruebas incorporadas al expediente.

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En todos los casos, Kreplak los consideró “prima facie” responsables de los delitos de “adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas con resultado de muerte, en al menos 20 casos”, una figura penal que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Las imágenes exclusivas que reproduce este medio fueron grabadas por las cámaras de seguridad ubicadas en el ingreso de las dos plantas de producción. Allí se observa a la comisión judicial en el ingreso y salida de los laboratorios responsables de elaborar el medicamente adulterado con bacterias resistentes a antibióticos.

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Según consta en el expediente, el principal señalado es el empresario Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Ramallo. Entre los otros 13 procesados figuran su madre, Nilda Furfaro, integrante del directorio, y su hermano, Diego García, también directivo de los laboratorios.

La nómina incluye además a directores técnicos y responsables del control de calidad, es decir, los encargados de supervisar los medicamentos producidos en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El juez federal ya dispuso un embargo récord de un billón de pesos sobre García Furfaro como garantía ante eventuales responsabilidades civiles y penales.

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En su primera resolución, de 401 fojas, Kreplak analizó el rol de cada integrante de la cadena de producción y control del medicamento adulterado, que estaba contaminado con bacterias multirresistentes. Según los peritajes del Cuerpo Médico Forense, estos microorganismos provocaron la muerte de pacientes o aceleraron su fallecimiento tras la administración del potente anestésico.

Los embargos millonarios

El magistrado también dispuso los siguientes embargos:

  • Diego Hernán García: $500.000.000.000
  • Nilda Furfaro: $500.000.000.000
  • Javier Martín Tchukrán: $500.000.000.000
  • Damián Roberto García: $500.000.000.000
  • Carolina Ansaldi: $100.000.000.000
  • José Antonio Maiorano: $100.000.000.000
  • Adriana Iúdica: $100.000.000.000
  • Wilson Daniel Pons: $50.000.000.000
  • María Victoria García: $50.000.000.000
  • Edgardo Gerardo Antonio Sclafani: $50.000.000.000
  • Eduardo Darchuk: $50.000.000.000
  • Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar: $10.000.000.000
  • Rocío del Cielo Garay: $10.000.000.000

Tras las nuevas indagatorias, Kreplak deberá definir si mantiene, aumenta o reduce estas cifras en los próximos procesamientos.

El mayor desastre sanitario reciente

La tragedia ya es señalada como el mayor desastre sanitario de la historia argentina reciente, y se la ubica en el mismo nivel de impacto que episodios como el Tragedia de Once y el incendio del boliche Tragedia de Cromañón.

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La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 e investiga la presunta muerte de 111 pacientes y la afectación de otros 49 sobrevivientes por la aplicación de ampollas de fentanilo contaminadas.

El caso se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta sanitaria y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.

Ariel García Furfaro, sentado a la derecha, fue embargado en un billón de pesos

La investigación incluyó estudios del Instituto Malbrán, que detectaron en las ampollas la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica.

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Hasta el momento, el análisis de las historias clínicas realizado por el Cuerpo Médico Forense determinó que, en al menos 111 casos, existió una infección asociada al fentanilo adulterado. Además, se comprobó que la exposición a estas bacterias incrementó significativamente el riesgo de muerte, especialmente en pacientes con cuadros clínicos complejos.

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Así es por dentro la casa de Adorni en un country de Exaltación de la Cruz: el detalle que revelan los planos

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La casa ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, aún no fue escriturada a nombre de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según documentación oficial a la que accedió TN, el inmueble continúa registrado a nombre de su antiguo propietario, Juan Ernesto Cosentino. La información surge de un documento oficial del municipio de Exaltación de la Cruz al que accedió este medio y que en breve será enviado a la fiscalía de Gerardo Pollicita.

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De acuerdo con lo informado por la comuna, en la base de contribuyentes no figuran ni Adorni ni su esposa, Julieta Bettina Angeletti. El informe agrega que, pese a que las expensas del country aparecen a nombre de Angeletti, la propiedad no fue escriturada.

El dato se incorporará a la causa que tramita en Comodoro Py y que tiene como objetivo reconstruir la evolución patrimonial del vocero presidencial y verificar la información presentada ante distintos organismos. En ese expediente, Pollicita solicitó diversas medidas de prueba, entre ellas oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.

Leé también: El temor de Milei por el caso Adorni, el nuevo poder de Santiago Caputo y el festejo de Chiqui Tapia

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La investigación se desarrolla en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso de la causa en el fiscal. En el expediente, la fiscalía sostuvo que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario.

En ese contexto, Pollicita citó a declarar como testigo a Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que certificó la compra del departamento de Caballito de Adorni. La audiencia está prevista para el miércoles 8 de abril en los tribunales de Comodoro Py. La profesional también habría intervenido en la escritura de la propiedad del country Indio Cuá, presuntamente adquirida en noviembre de 2025.

Qué investiga la Justicia

La citación se relaciona con la investigación sobre la compra del inmueble ubicado en Caballito, una operación realizada el 18 de noviembre de 2025. Según la documentación, el departamento fue declarado por un valor de 230 mil dólares y quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretar la compra.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada. (Foto: NA)

De acuerdo con los registros inmobiliarios, la vivienda tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y a Claudia Sbabo. Ambas no solo figuraron como vendedoras del departamento, sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la operación. Cada una aportó el 50% del préstamo, que quedó asentado en partes iguales a su nombre.

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La intervención de la escribana Nechevenko fue clave en esa transacción. Por ese motivo, la fiscalía le solicitó la documentación vinculada con todas las operaciones en las que participó, con el objetivo de reunir información antes de su declaración testimonial.

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La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete. Según planteó en su presentación, el patrimonio de Adorni habría registrado un incremento del 500% en un período fiscal y existirían omisiones en la información presentada ante organismos oficiales.

Entre los puntos señalados en la denuncia se mencionaron activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos, además de la incorporación de 24.500 dólares en efectivo que, según se indicó, habrían tenido origen en préstamos familiares. También se incluyeron cuestionamientos sobre la declaración patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción.

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En ese documento, Adorni informó la titularidad de la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad en La Plata, sin consignar bienes ubicados en countries. A partir de allí surgieron dudas sobre el lote en el country Indio Cuá, donde las expensas figuran a nombre de Angeletti, lo que motivó consultas de los investigadores sobre la relación entre los bienes declarados y los movimientos patrimoniales recientes.

Por ahora, según fuentes vinculadas con la investigación, no está previsto citar a las mujeres que otorgaron el préstamo para la compra del departamento.

Manuel Adorni, exaltacion de la cruz, Gerardo Pollicita

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Evelyn Regner, diputada del Parlamento Europeo: “Reducir la dependencia de China es importante”

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En un mes, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea entrará en vigencia de manera provisional. Se trata de un convenio que, según estimaciones de los países que integran ambos bloques regionales, creará un mercado abierto que representará a más de 700 millones de personas, el 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global. En cuanto a la Argentina, se prevé que el bloque europeo elimine los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgue acceso preferencial para otro 7,5%.

En una entrevista con Infobae, la eurodiputada por Austria Evelyn Regner, titular de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con el Mercosur, destacó la importancia de consolidar la vinculación comercial y política entre ambos bloques, sobre todo, para limitar la influencia de China. “China está omnipresente, incluso sin ningún acuerdo comercial”, remarcó.

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La legisladora, que se encuentra en el país junto a una delegación europea que representa a diversos partidos políticos, planteó esta mirada ante el canciller Pablo Quirno, y un grupo de diputados nacionales encabezados por Martín Menem. La agenda de los parlamentarios de la UE incluyó, además, una visita a Salta para reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz y recorrer la sede de dos empresas dedicadas a la extracción de litio, un sector que Europa mira con atención.

Regner representa a Austria en el Parlamento Europeo. Durante tres días, encabezó una delegación en la Argentina

—¿Qué balance hace de las reuniones que mantuvo en Argentina?

—El tema principal fue el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Nos reunimos con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y con autoridades del Congreso para evaluar cómo avanza la entrada en vigor provisoria del acuerdo y los pasos que siguen en Europa, donde aún resta la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la posterior votación en el Parlamento Europeo. Este es un momento muy delicado. El ministro fue muy franco y respondió con precisión a todas las preguntas.

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—¿Cuál es el impacto concreto de la puesta en vigencia provisoria del acuerdo a partir de mayo?

El impacto, por supuesto, se va a ver primero en el comercio. Las empresas tienen que empezar a comerciar, y esto va a mostrar que funciona al mundo, ¿sí? Tanto para Europa como para Argentina. Lo que no es parte de esta aplicación en mayo son las implicaciones políticas. Todo lo que es cooperación en seguridad y narcotráfico va a tener que esperar, pero tenemos una delegación que se está ocupando de analizar todo este tema para luego poder votar esa parte. Yo creo que lo que va a pasar es que esto va a mostrar, incluso a los que son detractores del acuerdo, como el sector agrícola, que no es tan grave, que sus preocupaciones no son fundadas. Esto pasó con Canadá, por ejemplo, donde hubo muchas protestas, pero después eso no se condijo con la realidad. La realidad mostró otra cosa cuando se aplicó el acuerdo con Canadá. Hay un aspecto que es el de los indicadores geográficos, y que estén protegidos es parte muy importante del acuerdo.

Según Evelyn Regner, la vigencia total del acuerdo entre el Mercosur y la UE podría demandar dos años

– Varios países se opusieron al acuerdo, Irlanda, Hungría, Austria o Francia, ¿las protestas podrían replicarse cuando comience a funcionar?

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Una respuesta personal. Los agricultores protestan siempre. Pero esto es una historia europea, no tiene nada que ver con Argentina en este momento. Ahora mismo estamos antes de nuestras negociaciones sobre el presupuesto para el marco plurianual del próximo año y, sin duda, hay agricultores manifestándose en las calles. Así que se trata más bien de un problema interno de nuestra política agrícola dentro de la Unión Europea.

A nivel general, con respecto a las preguntas que se hicieron dentro de todo el espectro que nosotros representamos, los ecológicos, los de más centro derecha, etcétera, se habló con Quirno y los miembros de la Cámara de Diputados sobre, por ejemplo, la aplicación de los convenios de la OIT, el respeto por el Acuerdo de París y otros temas que son muy importantes para la UE. (El Canciller) fue muy firme al decir que van a aplicar el Acuerdo de París y mencionó que en el acuerdo con el Mercosur se van a aplicar los convenios de la OIT.

– ¿Hay algún plazo estipulado para la aprobación definitiva?

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No hay un plazo estipulado, pero tenemos que seguir las leyes europeas y tenemos que esperar a que decida el Tribunal de Justicia, que no tiene tiempo estipulado. Sí podemos hacer ciertas comparaciones, por ejemplo, cuando se abordó el tema del acuerdo de Singapur, que llevó entre uno y dos años. Esos son más o menos los tiempos que se manejan, pero no lo podemos saber. Y esto lo lamento. Es lamentable que se demore el tema de la cooperación política, porque es muy importante cooperar en términos políticos de sostenibilidad, de lucha contra la pobreza, contra la pobreza infantil y otros temas de ese tipo.

En Argentina, los diputados europeos se reunieron con Pablo Quirno, Martín Menem y visitaron una empresa de explotación de Litio en Salta

– ¿Cómo imagina que el acuerdo modificará la inserción de la región en las cadenas globales de valor y la competencia con China?

Eso es algo importante. Nuestro enfoque en la Unión Europea es que necesitamos socios globales, tanto en el ámbito económico como en el político. Los países del Mercosur muchas veces han mirado hacia Estados Unidos y Estados Unidos ha tenido una cierta visión con respecto a ellos. Sabemos que ha considerado a América Latina, en décadas anteriores, como su “patio trasero”.

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Sobre China, es muy importante que contemos con esta estrecha cooperación entre dos grandes bloques, el Mercosur por un lado y la Unión Europea por otro, porque China está omnipresente, incluso sin ningún acuerdo comercial. Necesitamos pilares políticos sólidos porque ellos están ahí comprándolo todo, comprando terrenos y construyendo puentes, y haciendo caminos a través del país y construyendo infraestructuras. Es importante para Argentina, pero también lo es para nosotros en la Unión Europea. Lo necesitamos absolutamente. De lo contrario, todos dependemos mucho más de China. Y reducir la dependencia de China es importante. Lo mismo pasa con el Petróleo que viene del Golfo. Depender nunca es bueno.

– ¿Cómo analiza el conflicto en Medio Oriente en términos de seguridad regional, presión inflacionaria y energía, y qué rol puede ocupar Argentina en esta reconfiguración?

Solamente un miembro de la izquierda de nuestro grupo planteó esa pregunta. Por ahora no viene siendo parte de nuestras conversaciones. Pero por supuesto, no podemos negarlo, ¿no? Tenemos Irán, tenemos los bombardeos, tenemos lo que sucede en Palestina, Putin y Ucrania, pero queda claro que el mundo está en llamas, y qué mejor que tener pilares estables y democráticos, y qué mejor que tener un acuerdo con nuestros socios comerciales en un contexto geopolítico tan incierto. Por otra parte, nosotros somos un sistema basado en reglas, no como China; nosotros somos muy adeptos a las reglas y a los principios.

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– ¿Qué lugar ocupa la Argentina en la estrategia de inversiones de la Unión Europea y qué sectores prestan atención?

Bueno, hay muchísimos sectores. Tengamos en cuenta que en Alemania hasta los verdes están a favor del acuerdo. El sector agrícola, por supuesto; el sector de los bioquímicos. En términos de cooperación, estamos buscando cómo cooperar con respecto al litio y las baterías. Y sé que hay muchas empresas medianas y pequeñas también interesadas.

Evelyn Regner,Eurodiputada,Unión Europea,Parlamento Europeo,política,Europa,legisladora,banderas,integración

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