POLITICA
Caso $LIBRA: cuando no investigar también es una decisión

La capacidad de investigar y sancionar casos de corrupción se pone verdaderamente a prueba cuando estos delitos alcanzan el corazón del poder político. Hoy el Ministerio Público Fiscal enfrenta una disyuntiva crítica: avanzar con decisión en la investigación del caso $LIBRA o dejarla derivar en una dinámica de dilaciones que conspiran contra el esclarecimiento de los hechos.
Las evidencias disponibles son de una contundencia que interpela directamente a las más altas esferas del poder. En este contexto, la inacción no es neutral: es una decisión. Y como tal, proyecta consecuencias concretas en términos de impunidad y deterioro de la confianza pública en el sistema de justicia. La responsabilidad de actuar recae, en última instancia, en el fiscal interviniente.
En los últimos años se ha consolidado en la sociedad una percepción inquietante: la corrupción como fenómeno naturalizado. Bajo esa lógica, crece el escepticismo respecto de la voluntad de los tribunales federales —en particular, los de Comodoro Py— para avanzar sobre los máximos responsables políticos, especialmente cuando se encuentran en la cúspide del poder.
Algo similar ocurre con el poder económico. Decisiones judiciales que reconvierten posibles sobornos en aportes de campaña, favoreciendo a actores empresariales relevantes, evidencian un sesgo preocupante en la interpretación de la ley. Lo mismo puede advertirse en resoluciones recientes vinculadas al endeudamiento con el FMI bajo hipótesis de fraude contra la administración pública. Allí se configura una zona gris donde la respuesta judicial pierde claridad.
Sin embargo, dentro del propio Ministerio Público existen fiscales y funcionarios comprometidos con la persecución del crimen económico, la corrupción y las redes mafiosas. Su labor demuestra que otra respuesta institucional es posible.
El contraste es evidente. El modelo de fiscal que posterga decisiones, ralentiza expedientes y evita acusar se vuelve incompatible con los desafíos que plantea el crimen organizado en la región. En distintos países de América Latina, investigar al poder no solo implica costos profesionales, sino riesgos personales extremos. En Guatemala, fiscales vinculados a investigaciones impulsadas por la CICIG han debido exiliarse tras avanzar sobre redes político-económicas. En Perú, fiscales que intervinieron en causas de alto impacto como Lava Jato han sido objeto de persecución y hostigamiento. En Paraguay, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci —vinculado a investigaciones sobre narcotráfico y sus conexiones con el poder político— mostró de manera brutal hasta dónde pueden escalar esos riesgos.
Frente a ese escenario, la comparación resulta inevitable. Mientras en otros contextos quienes investigan al poder enfrentan amenazas directas a su vida o su libertad, en la Argentina el principal obstáculo muchas veces parece ser la propia inercia institucional: expedientes que se ralentizan, decisiones que se postergan, investigaciones que no se impulsan.
En la Argentina, la pasividad frente a la corrupción transmite un mensaje claro y preocupante. Un poder judicial que no investiga cuando está en condiciones de hacerlo no solo incumple su función, sino que debilita su propia legitimidad. La independencia judicial no se mide únicamente por la capacidad de resistir presiones, sino también por la decisión de actuar cuando el contexto resulta adverso al poder.
La función fiscal no es un ejercicio burocrático ni una carrera administrativa desprovista de tensiones. Es, en esencia, una tarea de confrontación con el poder cuando el poder vulnera la ley. Y exige una determinada convicción: sostener investigaciones bajo presión, resistir campañas de desgaste y asumir los costos personales que implica hacer cumplir la legalidad.
Esa es la ética que demanda el Estado de derecho. Quien no esté dispuesto a asumirla debería dar un paso al costado. La inacción desde una posición institucional clave no es inocua: también produce consecuencias.
Aunque ese vacío suele ser parcialmente cubierto por la sociedad civil y el periodismo de investigación —que han expuesto algunas de las tramas más complejas de corrupción—, la construcción de un Ministerio Público fuerte, con orientación estratégica en materia de política criminal, sigue siendo un desafío central.
El caso $LIBRA, en este sentido, marca un punto de inflexión. No solo por lo que se investiga, sino por lo que está en juego: la capacidad del sistema judicial de demostrar que, aun frente a la instancia máxima del poder, prevalece la aplicación oportuna de la ley penal.
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El autor es director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)
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POLITICA
Fuerte reclamo de Jorge Macri a Axel Kicillof de pago de $27.000 millones por la atención de bonaerenses en situación de calle en CABA

Jorge Macri le exigió a Axel Kicillof el pago de $27.000 millones por la atención de los bonaerenses en la Ciudad. El reclamo se basa en un cambio legal que determinó que las provincias son responsables de las personas en situación vulnerable y en riesgo. El mandatario porteño le envió un fuerte mensaje al gobernador bonaerense: “Es hora de que se hagan cargo”. El reclamo se basa en un cambio legal que determinó que las provincias son responsables de las personas en situación vulnerable y en riesgo.
Jorge Macri hizo el anuncio a través de su cuenta de X, en un fuerte mensaje dirigido a Kicillof: “Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo”.
El reclamo formal lo hicieron los ministros de Desarrollo Humano de CABA, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo Piragine, a su par de Economía bonaerense, Pablo López, con la referencia: “Reclamo por deudas que en materia de asistencia social mantiene la Provincia de Buenos Aires con la Ciudad”. La exigencia es “en relación a la deuda histórica que la provincia de Buenos Aires mantiene en materia de asistencia social con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El documento destacó que “en el marco de la política pública de la Ciudad orientada a la atención y acompañamiento de personas en situación de calle, la Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS) que funcionan las 24 horas del día durante los 365 días del año y brindan atención integral (alimentación, servicios de higiene. atención psicológica, etc.)”.
La nota mencionó que “a través de la ley 27.654, se establecen los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle” y que la norma “fue modificada a través del Decreto 373/2025 del Gobierno Nacional, donde se detalla que las provincias son responsables inmediatas de la atención de personas en situación de calle y en riesgo de sus jurisdicciones”.
Mencionaron que “de la población total asistida en estos CIS, al menos 2327 personas son residentes de la Provincia de Buenos Aires”: “La prestación integral de la asistencia referida implica un costo mensual por persona de $51.163.135, lo que representa para esta jurisdicción un costo total de $527.066.151.450, considerando el período transcurrido desde la entrada en vigencia del Decreto 373/2025″.
Destacaron que “la erogación mencionada se solventa con recursos de la Ciudad, provenientes del esfuerzo de los porteños y genera un ahorro para la Provincia de Buenos Aires», lo que advirtieron que “implica un perjuicio para los residentes de la Ciudad ya que, dichos recursos se podrían destinar a reforzar el presupuesto de otras áreas del Gobierno de la Ciudad”.
Concluyeron: “Por todo lo expuesto, se insta al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires a disponer la inmediata transferencia de los recursos necesarios para saldar el monto actualizado de los costos, incluidos los que se generen en adelante, sin perjuicio de la deuda correspondiente a períodos anteriores».
Jorge Macri, Axel Kicillof
POLITICA
Israel le agradeció a Milei la decisión de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

En otra señal de las estrechas relaciones entre ambos gobiernos, la Cancillería de Israel le agradeció al presidente Javier Milei la decisión de declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, comunicada ayer por la Casa Rosada.
“Agradezco al presidente de Argentina, Javier Milei, su decisión, en la víspera de la fiesta de la libertad, de declarar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista”, escribió en sus redes sociales el canciller israelí Gideon Sa’ar. “Esta decisión se suma a su declaración de Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas y sitúa a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista Iraní y sus proxys”, completó.
Ayer, y en medio de la escalada en la guerra de Medio Oriente, el gobierno de Milei anunció que la Guardia Revolucionaria de Irán será incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
“Con esta decisión, el presidente Millei −uno de los líderes más destacados de nuestra generación− demuestra una vez más claridad moral y un compromiso inquebrantable con los valores de la libertad y la lucha contra sus enemigos», destacó Sa’ar.
Antes, el canciller de Benjamin Netanyahu había recordado que «Argentina también fue blanco de la violencia asesina del régimen Iraní, en los graves atentados terroristas contra la Embajada de Israel en 1992 y contra el centro comunitario judío (AMIA) en 1994″.
La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores de los pasdarán.
Su poder económico también es fuerte, ya que un tercio de la economía del país depende de compañías que controla la Guardia Revolucionaria. Es el principal enemigo de Israel y Estados Unidos en la guerra que ya lleva un mes de existencia para evitar el desarrollo de armas nucleares de parte de la República Islámica.
Su incorporación al RePET implica no solo que son declarados una organización terrorista, sino que también establece consecuencias para la Guardia Revolucionaria.
Tras su incorporación, se puede disponer el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, lo que incluye cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro recurso económico que esté bajo su control. Esto significa que la organización pierde la disponibilidad sobre sus fondos en la Argentina.
También prohíbe la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional. Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.
La decisión del Gobierno argentino ocurre mientras se intensifican los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. El presidente Javier Milei se plantó en América Latina como uno de los aliados de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sus dos principales socios internacionales. Incluso habló sobre la guerra en uno de sus discursos y afirmó: “Vamos a ganar”.
Además, se declaró el mandatario “más sionista del mundo” y proclamó a Irán públicamente como “enemigo”. Allí mencionó el vínculo de la república islámica con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.
Esto último tiene relación fundamental con la decisión de la gestión libertaria. A principios de marzo Irán designó como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994. Ahmad Vahidi tiene un pedido de captura de Interpol desde 2007 después de gestiones realizadas desde la Argentina para dar con los acusados iraníes por el ataque en el que murieron 85 personas.
Vahidi había sido ministro de Defensa de Irán desde septiembre de 2009 hasta agosto de 2013, y ministro del Interior desde agosto de 2021 hasta agosto de 2024. También ascendió en las filas de las fuerzas terroristas Al-Quds, una unidad de élite dentro de la Guardia Revolucionaria que comandó de 1988 a 1998. En esta fuerza participó de actividades terroristas a nivel mundial.
El grupo de los acusados y reclamados por el Estado argentino ante la Justicia internacional lo completan el expresidente de Irán, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani; los exministros Ali Fallahijan y Ali Akbar Veleyati; el excomandante Moshen Rezai; el exjefe de Seguridad Exterior, Imad Fayez Moughnieh; el exconsejero cultural de la embajada, Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari.
la escalada en la guerra de Medio Oriente,Irán,pic.twitter.com/ds0Jx5mXIm,April 1, 2026,Israel,proclamó a Irán públicamente como “enemigo”,un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994,Irán,Guerra en Medio Oriente,Javier Milei,Conforme a,,Visibilidad. La Iglesia respalda el reclamo de las instituciones jaqueadas por la crisis del sector de discapacidad,,»Ruidazo» y clases públicas. Dirigentes de izquierda y estudiantes protestan enfrente de la casa de Adorni en Caballito,,Reclaman por un plan social. Protesta piquetera frente al country en el que Adorni tiene una de sus propiedades,Irán,,»Es falso». La reacción de Irán tras los dichos de Trump sobre el pedido del alto el fuego,,Sin apariciones públicas. Mojtaba Khamenei envió un fuerte mensaje de apoyo a Hezbollah en medio de los ataques,,Parte de guerra, día 33. Conflicto en Medio Oriente: todo lo que hay que saber
POLITICA
Vigilia por Malvinas: el peronismo prepara una foto de un frente opositor a Milei que incluye a tres gobernadores

Referentes de distintos sectores del peronismo se reunirán este miércoles por la noche en Tierra del Fuego para conmemorar la vigilia del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El gobernador fueguino Gustavo Melella encabezará el evento e invitó a sus pares de La Rioja, Ricardo Quintela y Buenos Aires, Axel Kicillof; quienes arribarán en horas de la tarde al territorio patagónico.
Se espera que la vigilia también sirva para componer una foto que sustente el armado opositor nacional de cara al 2027. Un espacio que por el momento comparte conversaciones cruzadas, diagnósticos diversos y agrupa nombres ya conocidos: Miguel Pichetto, Sergio Massa, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Guillermo Moreno.
Los sectores del Partido Justicialista buscaban señales de cohesión en torno al acto del 2 de abril en Río Grande. La vicepresidenta Victoria Villarruel no participará de la vigilia, aunque sí del acto oficial el jueves 2 de abril en Usuahia, como ocurrió en otras oportunidades. La decisión de no estar en la vigilia descomprimió al interior del peronismo, ya que la figura de la vicepresidenta —hoy fuera del esquema de Milei— es considerada por algunos referentes peronistas.

En tanto que la presencia de Axel Kicillof es leída como el punto de partida de su propia construcción federal, con recorridas por fuera de la provincia de Buenos Aires. Si bien en su entorno admiten que eso sucederá luego del Mundial 2026, que empieza el 11 de junio y termina el 19 de julio, este miércoles por la noche el mandatario bonaerense estará en el centro de la escena. De hecho, ya encabezó un primer acto por fuera del territorio que gobierna: lanzó su espacio -el Movimiento Derecho al Futuro- en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado MDF Ciudad, cuyo armado es del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.
Como adelantó Infobae, días atrás, cuando Kicillof confirmó su presencia en Tierra del Fuego, también criticó la gestión de Javier Milei. “El Gobierno le está haciendo mucho daño a la soberanía nacional. Votamos en contra de la posición de países africanos que siempre han acompañado los reclamos de Argentina con respecto a las Islas Malvinas. Cada decisión que toma Milei tiene un costo altísimo”. El bonaerense irá escoltado funcionarios cercanos como el ministro de Seguridad, Javier Alonso o el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
En la vigilia de Río Grande, antesala del acto oficial previsto en Ushuaia, la lista de invitados incluye a la diputada Victoria Tolosa Paz, promotora de un armado peronista federal, las legisladoras cercanas a Massa Cecilia Moreau y Sabrina Selva, el sindicalista Hugo Moyano (hijo) alineado con Kicillof y Hugo Yasky; también del MDF. Además habrá presencia cristinista con la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora y Natalia Zaracho, vinculada a Juan Grabois.

La amplitud en la convocatoria refuerza la imagen de recomposición entre espacios que, en los últimos meses, buscaron superar tensiones pasadas, como lo evidenció el acercamiento del gobernador Ricardo Quintela a Cristina Kirchner tras diferencias en la conducción del PJ.
La foto de hoy podría empezar a ordenar el espacio que vive atravesado por la interna entre el kirchnerismo y Kicillof, que tiene intenciones de ser candidato en 2027. Cómo ordenar el escenario es parte de esa discusión. Sectores del peronismo consideran que Cristina Kirchner podría impulsar una candidatura alternativa a la de Kicillof, como la del exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien ha elevado su perfil nacional en las últimas semanas. La vigilia empieza a las 20 horas
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