POLITICA
“Montoneros, una historia visual”: el nuevo libro de María O’Donnell con claves para el debate sobre los setenta
Montoneros, una historia visual es el cuarto libro de María O’Donnell sobre la guerrilla peronista y el más ambicioso: en lugar de centrarse en un episodio, abarca el ciclo completo. O’Donnell inició esta serie en 2015 con Born, el relato del secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, y la continuó con Aramburu (2020) y Born/Quieto (2023). Ahora narra desde el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970 hasta la derrota de la organización a comienzos de los ochenta: una década en la que Montoneros pasó de ser la guerrilla urbana más poderosa de América Latina a extinguirse.
Esta investigación rigurosa, en un contexto de renovado debate político sobre aquel período, sobresale también por su narración visual: el diseñador Fernando Rapa integró texto, fotografías, documentos de época, portadas de revistas, panfletos y fichas de inteligencia, muchos inéditos.
A continuación, un fragmento del Capítulo 4 de Montoneros, una historia visual. Es 1975 y la organización alcanza su máxima capacidad militar a la vez que se distancia de la realidad nacional. El gobierno usa un fallido asalto del recién formado Ejército Montonero para escalar la represión mientras la conducción penaliza a los militantes que hablen bajo tortura.
De una guerrilla a un Ejército Montonero
Jorge Rafael Videla se estrenaba por esos días como jefe del Ejército y La Opinión anticipó: “Las Fuerzas Armadas participarán activamente en la represión del extremismo, sin que eso signifique un despliegue en todo el país como el de Tucumán desde febrero pasado”.
En simultáneo, el Ejército Montonero irrumpió en acción, con todo y uniforme —pantalón, chaqueta y gorra azules— el 5 de octubre. Una unidad de combate asaltó el Regimiento 29 de Infantería del Monte, en Formosa, cerca de la frontera con Paraguay.
Habían secuestrado poco antes un avión de Aerolíneas Argentinas, que volaba desde Buenos Aires a Corrientes, y lo habían desviado al aeropuerto de Formosa, que también controlaban. Trece guerrilleros quedaron a cargo del Boeing 737 y otros veintiséis, en seis autos, se dirigieron al regimiento —donde contaron con la complicidad de un soldado que les abrió el portón— para “recuperar” armamento. Era domingo y los guardias, en su mayoría conscriptos que cumplían el servicio militar obligatorio, repelieron el ataque.
La escena, según el relato de Montoneros: “Nos tirotean. Este tiroteo comienza a los dos o tres minutos de haber iniciado el asalto. A partir de ese momento el fuego es impresionante […] Una verdadera batalla: los soldados —armados o desarmados en algunos casos— desobedecieron la orden de rendición, en todos lados presentaron una fuerte resistencia, y en algunos lugares esa resistencia fue suicida”.
Mataron al oficial Ricardo Massaferro —hijo de un militar que se había alzado con Juan José Valle contra Aramburu—, al sargento Víctor Sanabria y a diez conscriptos de dieciocho y diecinueve años. Murieron doce montoneros; los demás escaparon en el avión a una pista ilegal en Rafaela, Santa Fe. En el cuartel quedaron veinticuatro muertos; en las horas siguientes, tres vecinos de la zona, sin conexión con el ataque, fueron asesinados por el Ejército.
“Victoria del Ejército Montonero”, tituló Evita Montonera con un triunfalismo divorciado de los hechos. A pesar de los muertos y de que sólo habían obtenido cincuenta de los doscientos fusiles que esperaban llevar, evaluaron que la incursión había sido “exitosa”. Sólo criticaron un aspecto de la planificación: no habían tenido en cuenta el “bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona”. Una señal de la disociación creciente entre sus acciones y la percepción de la opinión pública.
Código de disciplina montonero: “Se puede ganar” a la tortura
El ataque al cuartel de Formosa facilitó que los militares obtuvieran vía libre para escalar el experimento represivo en Tucumán, ya sin límite geográfico. Con Isabel Perón de licencia, el presidente interino Ítalo Luder promulgó un decreto para habilitar “las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
Si antes el objetivo principal a “aniquilar” había sido el ERP, ahora los montoneros se sumaban a esa categoría.
Gran parte de los actores políticos aceptaron las nuevas medidas, de carácter cada vez más excepcional. “Los acontecimientos —evaluó [la historiadora Marina] Franco— son inseparables de la escalada represiva gubernamental de los años previos. Sólo el conjunto de esos procesos, sumado a los efectos de las acciones guerrilleras de carácter cada vez más terrorista, pudo permitir que en 1975 los sectores militares pusieran en marcha y de manera abierta sus prácticas clandestinas de represión con relativa libertad de acción”.
La voz del radical Hipólito Solari Yrigoyen se alzó sola para denunciar el uso sistemático de apremios ilegales —picana, simulacros de fusilamiento y otras prácticas ilegales— por parte de los organismos de seguridad. Con la extensión de esos recursos a las fuerzas armadas, Montoneros identificó a la tortura como la principal amenaza a su supervivencia. Al mismo tiempo, sin embargo, relativizó la magnitud del desafío: “Es un combate y se puede ganar”, sentenció.
Un artículo en Evita Montonera argumentó, con una estadística casera, que los militantes podrían soportarla. Estimaron entre ochocientos y mil el número de “compañeros caídos en manos del enemigo”, el noventa y cinco por ciento de los cuales había atravesado “con éxito la tortura sin entregar ningún dato de importancia”. El silencio absoluto se impuso como un deber moral: “No hay salvación individual: el compañero que canta no alivia su situación y se destruye como persona, porque ha traicionado a los suyos”.
El margen de tolerancia que contemplaba el primer código de disciplina interno —veinticuatro horas a partir de la detención se consideraba un tiempo razonable para que se pusieran a resguardo bienes y personas ligadas al militante— dejó de existir oficialmente con la imposición del Código de Justicia Penal Revolucionario, en octubre de 1975. Se propuso un modelo de héroe absoluto, ya que no se establecía un límite de horas de silencio. Durara lo que durara el interrogatorio, durara lo que durara el tormento, quien hablara incurriría en el delito de traición.
A quienes pudieran encontrarse en esa situación, la publicación montonera aconsejó: no quedarse mudos, tener una historia plausible preparada y repetirla sin contradicciones; no creer nada de lo que dijera la policía, aunque sonara verosímil; no usar lenguaje militante; tener un domicilio “limpio” para entregar; “arbitrar los medios” para que los compañeros se enterasen en caso de caída; no llevar encima papeles “innecesarios”; recordar que “al que más sabe, más le dan” y “mostrarse como que ya se ha llegado al límite, exagerando siempre la manifestación de dolor, porque en general la tortura cesa cuando consideran que el detenido no da más”.
El nuevo código —que rigió a todos los integrantes de la organización sin distinción de rango— agregó entre las faltas la “conspiración”, la “deslealtad” y la “insubordinación”: figuras útiles contra críticas y desobediencias. Entre las sanciones enumeraba: pérdida del rango, detención en las cárceles del pueblo, quita de recursos en la clandestinidad, destierro, trabajos forzados, traslados dentro del país, expulsión y el fusilamiento —la pena de muerte a disposición de la cúpula— en casos de delación, mientras la represión recrudecía.
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POLITICA
De “Kicillof no cumple” a “el problema es Milei”: fuerte cruce por las personas en situación de calle en CABA
El debate por las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires volvió al centro de la agenda este miércoles, cuando dirigentes de distintos espacios políticos discutieron en el programa A Dos Voces, por TN.
La polémica se dio tras el reclamo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la transferencia de 27.000 millones de pesos para compensar la asistencia a personas con domicilio en la provincia. En ese marco, funcionarios y legisladores cruzaron acusaciones sobre el cumplimiento de la ley, el rol del Estado y el contexto económico nacional.
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Cruce entre Ciudad y Provincia: acusaciones por incumplimiento de la ley
El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida, apuntó directamente contra la gestión bonaerense al sostener que “Axel Kicillof no cumple con lo que indica la ley”. Según explicó, la normativa vigente obliga a cada jurisdicción a dar respuesta a la problemática de personas en situación de calle, con infraestructura y políticas específicas.
En ese sentido, remarcó: “La ley obliga a que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires tengan una respuesta para la problemática de las personas en la calle. Nosotros en la ciudad lo hacemos; el Gobierno de la provincia no lo hace”.
Y agregó que el aumento de personas en esa situación genera una sobrecarga para la ciudad. “Aumentó el nivel de personas en la calle. Eso hace que nosotros, como Gobierno de la Ciudad, y todos los porteños tengan que esforzarse para poder tener una cobertura más grande”.
Mraida también insistió en que no se trata de una discusión política, sino legal: “Hay una ley que incumple la provincia y cuyo resultado lo sufrimos todos los porteños”.
Al mismo tiempo, defendió el sistema de asistencia porteño, que incluye la línea 108 disponible las 24 horas, y subrayó que la atención se brinda sin distinción de origen: “Tenemos una mirada humana respecto a las personas, pero también porque tenemos que responder ante cualquier reclamo de los vecinos”.
El eje nacional y el impacto económico: del kirchnerismo a Milei
Desde el peronismo bonaerense, el dirigente Jorge Rachid apuntó a la gestión nacional y responsabilizó al presidente Javier Milei por la crisis social. “Acá el problema es Milei, que ha puesto a la Argentina incluso en una guerra”, afirmó, y lanzó duras acusaciones contra el mandatario. Además, sostuvo que “si no hay juicio político a Milei, no hay salida en Argentina”.
La diputada santafesina Gisela Scaglia rechazó esa postura y cuestionó al kirchnerismo: “Pensar que el problema de la Argentina es Milei y desconocer lo que pasó con el kirchnerismo en nuestro país me parece una falta de respeto”. En el cruce, defendió la idea de que el actual escenario político es consecuencia de gestiones anteriores: “Si Milei existe, es también por la responsabilidad que tuvo el kirchnerismo en este país”.
Scaglia también apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner al señalar que “está condenada” y debe responder ante la Justicia, en un intercambio tenso con Rachid, quien replicó que el kirchnerismo “dejó al país sin deuda”.
Por su parte, el senador bonaerense y exjefe de campaña de Milei, Carlos Kikuchi, introdujo una mirada crítica sobre el rumbo económico. Si bien respaldó el orden macroeconómico, advirtió sobre falencias en la política productiva: “La Argentina tiene que ser un país con superávit fiscal (…). En términos macro, el Gobierno está encaminado. Lo que ocurre es que no se está tratando como corresponde la política productiva”.
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Kikuchi alertó sobre cierres de empresas y comercios en distintos rubros y sostuvo que “no hay política productiva”, lo que consideró “el punto débil que tiene el Gobierno”.
En la misma línea, detalló que solo algunos sectores muestran dinamismo: “Hay tres sectores que están funcionando bien, que son el financiero, el energético y la minería”, mientras que otros presentan fuertes caídas, como la construcción, alimentos, textiles y la industria automotriz.
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Uno de los legisladores apuntados de recibir créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación desmintió las acusaciones y las definió como “maliciosas”. Se trata del diputado de la Libertad Avanza Mariano Campero, quien realizó su descargo mediante un posteo en sus redes sociales y aseguró que nunca se benefició con una prestación de la entidad bancaria.
Campero publicó un mensaje en el que marcó cinco puntos con los que se desligó de las acusaciones. Uno de ellos fue que, en el pedido de investigación de la oposición, se habló de una» línea hipotecaria en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA)», a la cual puede acceder cualquier argentino que califique, y declaró: “Tanto el número de crédito, como el banco que lo ha otorgado y la certificación o documentación respaldatoria son públicos. Cualquiera puede verificarlo”.
En su segundo argumento, el tucumano sostuvo que un préstamo hipotecario no es un “privilegio político” y explicó: “Es una deuda que nos permite tener nuestra casa. Y, en este caso, al mismo precio de un alquiler. Pero se paga a 20 o 30 años y con muchísimo esfuerzo. Confundir un crédito hipotecario con un beneficio es intentar desinformar o no conocer cómo funciona el sistema financiero”. Además señaló que, en su caso, no recibió ningún beneficio político, sino que tomó una deuda para darle “una casa a su familia”.
En tercer lugar, el diputado aclaró que cuenta con un crédito hipotecario en UVAs que adquirió en mayo del año pasado en 275 millones de pesos y que, con ese dinero, compró su primera vivienda familiar en la ciudad de Yerba Buena, en Tucumán. “Hoy, debido a que las UVAs actualizan conforme la inflación, esa deuda asciende a 322 millones de pesos”, agregó.
Acto seguido, en el cuarto punto, afirmó que el trámite tras obtener un préstamo hipotecario -la presentación de la documentación, tasación del inmueble y la aprobación- comienza entre ocho meses y un año antes del otorgamiento y aseguró: “El momento en el que se otorgó mi préstamo hipotecario nada tiene que ver con los temas que se discutían en el Congreso por aquel entonces; fue fortuito”.
Por último, Campero apuntó contra el peronismo por “alimentar a la polémica” y “hacer pública” información sobre su patrimonio, y marcó que todos los funcionarios y legisladores deben dar explicaciones sobre sus bienes. La información se divulgó desde el sitio web “¿Cuánto deben?”, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, que se trata de un visualizador que permite seguir la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas, con datos provenientes de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una base pública que registra el nivel de endeudamiento de todos los argentinos en el sistema financiero.
Las acusaciones surgieron este miércoles, cuando diputados opositores pidieron que se investigue la entrega de créditos a funcionarios y legisladores de LLA. El BNA, por su parte, emitió un comunicado en el que indicó que el proceso para acceder a esos préstamos es “homogéneo, sin excepciones”. Sin embargo, desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares.
Además de Campero, la lista de funcionarios y legisladores que habrían recibido créditos del BNA incluye a Juan Pablo Carreira (“Juan Doe” en la red social X), director nacional de Comunicación Digital y hombre a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, que tiene un crédito por $112.948.000 (US$76.417); Emiliano José Mongilardi, director de YPF, tomó $309.507.000 (US$207.766); y los diputados Alejandro Bongiovanni y Lorena Villaverde, ambos de LLA.
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POLITICA
Dirigentes cercanos a Bullrich y Larreta se quedaron con el PRO de Córdoba y Macri pierde poder en una provincia clave
“Durísima derrota judicial a mano de Servini”. Con inusual crudeza, un importante dirigente del PRO graficó, ante la consulta de Infobae, los últimos movimientos en Córdoba, provincia clave y estratégica para la elección presidencial de Mauricio Macri en 2015. En las últimas horas, la Justicia electoral declaró nula la intervención dispuesta desde la oficina nacional de la calle Balcarce, al tiempo que la Justicia provincial ratificó la validez de las elecciones internas que se realizaron el pasado fin de semana, donde se designó al nuevo presidente, que reemplazará al diputado Oscar Agost Carreño, y que encabezó una lista que acompañaron dirigentes cercanos a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.
Se trata de un conflicto que lleva años. “Es un desastre”, reconoció un colaborador cercano al expresidente. La jueza federal María Servini, especializada en materia electoral, declaró la nulidad de las intervenciones y remarcó la falta de fundamentos para una medida de esa magnitud. “La inexistencia de elementos o situaciones concretas que justifiquen la intervención, tornan arbitraria dicha medida”, señaló en el fallo.
Además, subrayó que la intervención “es un remedio para circunstancias graves, que debe aplicarse de forma restrictiva y conforme a la carta orgánica, con el fin de proteger la autonomía distrital frente a la intromisión del gobierno central”.
Tras el fallo, los dirigentes locales avanzaron en la normalización partidaria. “Todavía falta el escrutinio definitivo que se está haciendo hoy o se hace mañana. Con eso se hace el acta de proclamación, eso se publica, se eleva al juzgado y el juzgado tiene que revisar todo y aprobarlo. Es un tramite que lleva quince días, más o menos, y tengo que terminarlo. Pero el tema está cerrado”, sostuvo a Infobae el exdiputado nacional Oscar Agost Carreño, actual presidente del partido en Córdoba y enfrentado de manera directa con Macri y la dirigencia nacional.
Durante la interna, la Junta Electoral resolvió 97 reclamos presentados por el sector alineado con el jefe del PRO y solo admitió uno de ellos, la oficialización de la lista porque la habían presentado veinte minutos fuera de hora.
Sin embargo, el acta de la Junta Electoral indica que la lista Somos PRO, identificada con el expresidente y encabezada por Hernán Cornejo, con aval de la exdiputada y actual concejal Soher El Sukaria, no presentó fiscales ni boletas en toda la provincia. “La ausencia de boletas en las mesas de votación y la falta de fiscales en los centros de sufragio de toda la provincia obedecen exclusivamente a una decisión voluntaria y deliberada de sus responsables, quienes decidieron no participar del proceso electoral”, se indicó.
Por otro lado, Oscar Tamis, exintendente de Oliva, encabezó la lista Córdoba Amarilla, respaldada por Agost Carreño y la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, muy cercana a Bullrich, y que acompañan dirigentes que en su momento apoyaron a Rodríguez Larreta, como el propio Tamis. De no mediar imprevistos, asumirá la conducción partidaria el próximo 19 de abril.
“Toda esta historia, las tres intervenciones, tuvieron un contenido político y no partidario, por eso no prosperan. El único motivo que hubo es manejar las listas o las alianzas. De hecho, no tenían ningún asidero porque la jueza en la última instancia, la Cámara Nacional Electoral, dijo que no son válida, que no había razones válidas. Es más, otras provincias, en las mismas circunstancias, no las intervinieron”, señaló a este medio Rodríguez Machado.
Otro dirigente de la lista opositora a la conducción nacional comparó la situación de Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, con Santa Fe y el rol de Gisela Scaglia como presidenta del partido pero, al mismo tiempo, titular de la bancada Provincias Unidas en Diputados. “Siguiendo el mismo criterio, ¿por qué a ella no la intervinieron?“, se preguntó.
Además de Córdoba, donde la conducción nacional apeló y espera una resolución de la Cámara Nacional Electoral, según supo Infobae, bajo la conducción de Macri se mantienen las intervenciones en Salta, Tucumán, Corrientes, La Rioja y Santa Cruz, todas por diversas irregularidades.
“Lo que a nosotros no nos gusta es que decidan por nosotros, porque inclusive Macri no dice que no hagamos nunca una alianza con LLA, es más, hay acuerdos en el Congreso, en CABA, en Buenos Aires. Estamos en contra de que nos pongan en una negociación nacional, como un paquete más, como moneda de cambio. Nosotros, los cordobeses, vamos a decidir qué miércoles hacemos en el 2027. Los cordobeses con nuestra asamblea”, sostuvo uno de los armadores de la lista opositora.
Y finalizó sobre la nueva conducción provincial del PRO: “Algunos son ‘patricistas’, aunque ella ahora esté afiliada a otro partido. Hay otros que son de Larreta o que lo apoyaron en la interna con Bullrich. Y hay algunos independientes que no son de ninguno de los dos espacios, pero que estaban ya muy cansados de que nos intervengan cada vez que se les ocurría”.
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