POLITICA
Amenazante reacción de Irán a la decisión de Argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria
El régimen teocrático de Irán reaccionó con su habitual retórica confrontativa a la decisión del Gobierno argentino de declarar “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica en un contexto internacional marcado por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Teherán y por una creciente polarización geopolítica.
A través de un comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores -que fue difundido por su embajada en Uruguay-, el gobierno iraní condenó la medida adoptada por la administración de Javier Milei y la calificó como una acción “ilegal e injustificada”. En el texto, difundido en las últimas horas, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.
El documento no se limita a una condena formal; también introduce una advertencia directa al Estado argentino: “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señala el comunicado, en una formulación que forma parte del repertorio diplomático habitual del régimen cuando responde a sanciones o medidas internacionales.
La reacción se produjo luego de que la Casa Rosada formalizara la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas.
En el comunicado oficial argentino, el Gobierno fundamentó la decisión en base a antecedentes judiciales y de inteligencia. Allí se sostiene que “las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que los atentados fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní”, en referencia a los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.
Esos atentados —los más graves en la historia argentina— dejaron más de 100 muertos y centenares de heridos, y derivaron en pedidos de captura internacional contra ex funcionarios iraníes. Esa línea de investigación ha sido sostenida por la Justicia argentina durante décadas y constituye el núcleo de la acusación estatal contra Irán.
El comunicado iraní, sin embargo, evita cualquier referencia a esos hechos. No menciona la AMIA ni la Embajada de Israel, ni responde a los señalamientos judiciales. El silencio sobre ese punto resulta consistente con la posición histórica del régimen, que ha negado sistemáticamente cualquier responsabilidad en esos ataques.
En cambio, el texto desplaza el eje hacia una lectura geopolítica. Allí sostiene que la decisión argentina fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos” y la vincula directamente con el contexto internacional: afirma que se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán.
La referencia no es menor. La medida del Gobierno argentino ocurre en momentos en que Estados Unidos e Israel llevan adelante una ofensiva militar contra objetivos iraníes, con ataques sobre infraestructura estratégica y contra mandos de la estructura militar del régimen. Ese escenario amplifica el impacto político de la decisión argentina y explica el encuadre que propone Teherán.
En esa línea, el comunicado iraní sostiene que la decisión “viola los principios fundamentales del derecho internacional” y constituye “una intervención en los asuntos internos” de Irán. Se trata de un argumento recurrente en la diplomacia iraní, que combina la invocación a la soberanía con la denuncia de injerencia extranjera.
El texto también escala el tono político al señalar que el presidente argentino y su canciller, al acompañar a Estados Unidos e Israel, “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”. La formulación responde a la lógica ideológica del régimen, que estructura su política exterior en términos de confrontación con Occidente.
En paralelo, el comunicado reivindica a la Guardia Revolucionaria. La define como “defensora de la seguridad nacional” y asegura que es “la fuerza más efectiva contra el terrorismo de ISIS”, en una narrativa que omite las acusaciones internacionales sobre su rol en operaciones encubiertas y en el apoyo a organizaciones armadas en distintos escenarios.
Esa caracterización contrasta con el creciente aislamiento internacional de la Guardia Revolucionaria. Estados Unidos ya la ha designado como organización terrorista y otros países han avanzado en sanciones y restricciones, en base a informes que la vinculan con actividades de financiamiento, entrenamiento y apoyo a grupos como Hezbollah.
En el caso argentino, la decisión se inscribe en una política más amplia. El Gobierno ya había incluido en el RePET a Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds —el brazo externo de la Guardia Revolucionaria— en una estrategia orientada a reforzar su alineamiento con Estados Unidos e Israel y a endurecer su posición frente al terrorismo internacional.
Pero el trasfondo local resulta determinante. La persistencia de las causas por los atentados de los años 90 sigue condicionando la política exterior argentina. La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado oficial no solo tiene implicancias operativas, sino también simbólicas: reafirma la posición del Estado argentino sobre la responsabilidad iraní en esos ataques.
La respuesta de Teherán, en ese contexto, vuelve a exhibir un patrón conocido. El régimen rechaza las acusaciones, evita responder sobre los hechos que originan las medidas y recurre a una narrativa que combina denuncia de injerencia, victimización y confrontación ideológica.
El cruce entre ambos gobiernos expone, así, dos posiciones irreconciliables. Por un lado, la Argentina sostiene su decisión en base a fallos judiciales, investigaciones y antecedentes históricos. Por el otro, Irán niega esas acusaciones, defiende a su principal estructura militar y responde con advertencias diplomáticas.
La tensión no es nueva, pero se profundiza en un escenario internacional marcado por la guerra. Y anticipa un deterioro mayor en la relación bilateral, en un momento en que la política exterior argentina ha decidido, de manera explícita, alinearse con los actores que confrontan directamente con el régimen iraní.
Defense,Middle East
La crisis diplomática entre Argentina e Irán escaló en las últimas horas con una decisión de máxima gravedad: el Gobierno de Javier Milei declaró “persona non grata” al encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires y le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas.
La medida fue oficializada por la Cancillería a través de un comunicado difundido por el canciller Pablo Quirno —y luego replicado por el propio presidente Javier Milei—, en el que se informa que “la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán […] y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.
El texto precisa que la decisión se adopta “de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, el mecanismo jurídico que permite a un Estado expulsar a un representante extranjero sin necesidad de mayores explicaciones formales.
La decisión se produce como respuesta directa al comunicado difundido el día anterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que había marcado un fuerte punto de tensión en el vínculo bilateral. En ese documento, el régimen teocrático sostuvo que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.
Además, el texto iraní cuestionó la legitimidad de la medida al afirmar que “no solo viola los principios fundamentales del derecho internacional […] sino que constituye un error estratégico”, y avanzó un paso más al advertir que “esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.
En su argumentación, Teherán atribuyó la decisión a factores externos. Señaló que fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos” y sostuvo que se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán, en referencia al actual escenario de ofensiva militar en Medio Oriente.
El comunicado iraní también incluyó una definición política sobre la conducción argentina. Allí se afirma que el presidente y el canciller “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”, en una formulación que escaló el tono del conflicto.
Frente a ese posicionamiento, la Cancillería argentina respondió esta mañana con un texto que no solo oficializa la expulsión, sino que también fija una posición política y jurídica más amplia.
El comunicado señala que la decisión se adopta “en respuesta al comunicado difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.
Y agrega un punto central en la argumentación oficial: esas declaraciones “constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.
El texto también vincula este episodio con el histórico conflicto judicial entre ambos países. En ese sentido, advierte que la situación “se suma a la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA”.
La Cancillería va más allá y remarca que Irán mantiene “un reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables”, en referencia a los pedidos de captura que pesan sobre ex funcionarios del régimen por su presunta participación en los atentados terroristas de los años 90.
En otro tramo, el comunicado introduce un elemento adicional de gravedad al señalar que “resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”.
El cierre del texto refuerza el posicionamiento político del Gobierno: “La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.
Y concluye con una definición que sintetiza la línea oficial: “La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional”.
La secuencia de hechos muestra una escalada en apenas 48 horas. Primero, la decisión argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, basada en antecedentes judiciales vinculados a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Luego, la respuesta iraní, con un comunicado que combinó descalificaciones, acusaciones y advertencias diplomáticas. Finalmente, la reacción argentina con la expulsión del principal representante diplomático iraní en el país.
En paralelo, el contexto internacional agrega un factor de tensión adicional. La crisis se desarrolla en medio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, un escenario que condiciona las posiciones diplomáticas y en el que el Gobierno argentino ha decidido alinearse de manera explícita con Washington y Jerusalén.
En ese marco, la Guardia Revolucionaria —estructura central del sistema de poder iraní— se convierte en el eje del conflicto. Mientras la Argentina la señala como una organización vinculada al terrorismo internacional, el régimen iraní la reivindica como “defensora de la seguridad nacional” y “la fuerza más efectiva contra el terrorismo”.
El contraste entre ambas posiciones es total. Y la expulsión del encargado de negocios iraní termina de consolidar un deterioro acelerado del vínculo bilateral, en un escenario donde la confrontación ya no es solo discursiva, sino también diplomática y operativa.
En ese contexto, la reacción iraní —y la posterior respuesta argentina— dejan en evidencia un endurecimiento de posiciones que trasciende lo bilateral y se proyecta sobre el tablero geopolítico global.
El intercambio de comunicados en las últimas 48 horas muestra dos narrativas opuestas. Por un lado, la Argentina fundamenta sus decisiones en antecedentes judiciales y en la necesidad de combatir el terrorismo. Por el otro, el régimen iraní niega esas acusaciones, denuncia injerencia externa y responde con una retórica confrontativa.
La expulsión del encargado de negocios iraní sintetiza esa tensión. Y anticipa un deterioro aún mayor en la relación entre ambos países, en un momento en que la política exterior argentina ha decidido avanzar sin ambigüedades en una estrategia de confrontación con el régimen de Teherán.
Mohsen Soltani Tehrani,Irán,diplomacia,expulsión,gobierno,relaciones internacionales,encargado de negocios,Oriente Medio
POLITICA
Diputados de Unión por la Patria proponen una “reparación histórica” económica para los veteranos de Malvinas
Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley de “Reparación Histórica Malvinas”, que propone otorgar un beneficio económico excepcional a exsoldados conscriptos que participaron en combate durante la guerra de 1982, así como a civiles que cumplieron funciones de apoyo en el Teatro de Operaciones.
“Malvinas es memoria y también una deuda que la democracia tiene que saldar. Por eso, junto a @AldoAdolfoLeiva presentamos este proyecto de Reparación Histórica que reconoce a quienes, siendo muy jóvenes, fueron enviados a la guerra y cargaron durante décadas con el abandono, el dolor y el silencio”, enfatizó la diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, quien presentó el proyecto junto a su colega Aldo Leiva, veterano de Malvinas.
El proyecto fue acompañado por una veintena de diputados de Unión por la Patria.
“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia”, indicaron.
Según propone el proyecto, el monto debe equivaler a 104 haberes mínimos jubilatorios, a pagarse en 24 cuotas actualizadas por movilidad, exento del Impuesto a las Ganancias. En caso de fallecimiento, el beneficio podrá ser percibido por familiares directos bajo un esquema de prioridades y distribución.
La iniciativa establece además que quienes accedan al beneficio deberán renunciar a reclamos judiciales o administrativos vinculados a pensiones previas y dispone que la implementación estará a cargo de Anses, con certificación del Ministerio de Defensa. El objetivo es ampliar el universo de reconocimiento, incluyendo también a las familias de los excombatientes, muchas de las cuales cargaron con las consecuencias del conflicto.
En sus fundamentos, el proyecto señala que se trata de una deuda pendiente de la democracia con quienes combatieron siendo muy jóvenes y luego enfrentaron años de abandono estatal, secuelas físicas y psicológicas, y dificultades de reinserción social. También destaca que, si bien hubo avances desde 2004 en materia de reconocimiento, aún persiste la necesidad de una reparación integral que salde el desamparo de las primeras décadas y honre el sacrificio de los veteranos y sus familias.
Malvinas,Cámara de Diputados,Conforme a,Malvinas,,Día del Veterano. Milei reafirmó el reclamo de soberanía sobre las Malvinas en un acto en el que se abrazó con Adorni,,»Intereses extracontinentales”. El mensaje de Victoria Villarruel por Malvinas a 44 años de la guerra,,La imagen inédita del buque heroico que sobrevivió a la Guerra de Malvinas pero tuvo un triste final
POLITICA
El Gobierno declaró persona no grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán y lo instó a abandonar el país en 48 horas
Cancillería declaró persona no grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán y lo instó a abandonar el país en un plazo de 48 horas. La Casa Rosada elevó la tensión con Teherán y le exigió a Mohsen Soltani Tehrani que deje la Argentina.
“La decisión fue adoptada en respuesta al comunicado iraní que contiene acusaciones falsas e improcedentes contra la República Argentina”, afirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las credenciales del diplomático habían sido aceptadas en diciembre de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández.
El comunicado fue publicado por el canciller Pablo Quirno y reuiteado por el presidente Javier Milei. Destacó que “la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.
La decisión de la cartera que conduce Pablo Quirno llegó como respuesta a un comunicado difundido este miércoles por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contenía “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.
El conflicto con el régimen iraní, de por sí tenso, escaló aún más luego de que la Argentina declarara esta semana como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica. Se trata del poderoso cuerpo militar que responde directamente al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, que hoy controla gran parte de los hilos del país.
“Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, sentenció el régimen islámico en un comunicado difundido a través de su embajada en Uruguay.
Allí, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó la “acción ilegal” e “inapropiada” del Gobierno libertario, “que parece haberse tomado bajo la influencia del régimen ocupante y genocida sionista y de Estados Unidos.
En ese sentido, el régimen sostuvo que la declaración argentina es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní“, y advirtió que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con Estados Unidos e Israel en el conflicto en Medio Oriente.
Como respuesta, la Cancillería que comanda Quirno aseguró que “dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos del país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento juridico nacional”.
Para el Gobierno, ese agraviante se suma a la “persistente negativa” de Irán de cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA, junto con su “reiterado incumplimiento” de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables.
Además, el comunicado argentino destacó como “particularmente grave” la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina.
Por eso, el Gobierno enfatizó que “no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.
Y agregó: “La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, asi como con el pleno respeto del derecho internacional”.
Noticia que está siendo actualizada.-
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