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Legisladores de Unión por la Patria presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca que los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires utilicen cámaras corporales en sus chalecos de trabajo. La propuesta fue impulsada por Claudia Neira y Federico Mochi, quienes aseguraron que la medida apunta a “mejorar la calidad de las intervenciones y generar registros objetivos de las interacciones entre agentes y ciudadanía”.

La iniciativa responde a una preocupación creciente por el cumplimiento de los protocolos policiales en situaciones de alta sensibilidad social y por la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que transparenten el accionar institucional. En la exposición de motivos, se señaló que la adopción de cámaras corporales permitiría contar con registros audiovisuales que pueden ser determinantes para esclarecer hechos y disipar cualquier duda sobre el uso progresivo de la fuerza.

El proyecto establece que la implementación de los dispositivos debe ir acompañada de un período de capacitación para los integrantes de la fuerza y un cronograma de adaptación progresiva, así como evaluaciones periódicas de impacto. Según se informó, el Poder Ejecutivo deberá garantizar, a través del Instituto Superior de Seguridad Pública, la inclusión de contenidos específicos sobre el uso de cámaras en el curso de formación inicial de aspirantes a oficiales.

Los impulsores del proyecto destacaron que se trata de una tecnología que ya está en funcionamiento en otros países y provincias argentinas, y argumentaron que la Ciudad de Buenos Aires tiene los recursos necesarios para avanzar en su implementación. “Es una tecnología que ya funciona en el mundo y otras provincias, y la Ciudad debe incorporar para proteger a vecinos y agentes”, afirmó Neira.

El texto presentado subraya que las cámaras corporales de audio y video no sustituyen la labor judicial, pero sí pueden “transparentar y registrar el accionar policial”, permitiendo contar con pruebas objetivas en caso de denuncias o investigaciones internas. “Frente a la serie de eventos donde se observó el incumplimiento de los protocolos de uso progresivo de la fuerza, las cámaras son una herramienta clave”, remarcó la legisladora.

En cuanto al funcionamiento técnico de los dispositivos, se detalló que las cámaras cuentan con un “modo pre-evento” que graba automáticamente los 60 segundos previos a la activación manual, sumando contexto relevante para la reconstrucción de los hechos. Además, disponen de una modalidad de grabación continua, que se activa manualmente para registrar la totalidad del incidente en el que interviene el agente. Un aspecto relevante es que, al encenderse una de las cámaras, se activan automáticamente las de los agentes cercanos, lo que permite obtener diferentes perspectivas de un mismo hecho.

La propuesta contempla una aplicación progresiva, priorizando inicialmente aquellos contextos considerados de alta sensibilidad social, como barrios populares, manifestaciones públicas y eventos masivos, donde el control sobre el accionar policial es fundamental. El objetivo es avanzar hacia una cobertura total de la fuerza en etapas sucesivas.

Neira remarcó la importancia de establecer regulaciones estrictas en materia de protección de datos personales, para evitar la difusión o el uso no autorizado de las imágenes registradas por las cámaras. “Proponemos una ley que tenga un control de datos para garantizar la protección de datos personales y evitar difusiones o usos no autorizadas de las imágenes”, explicó la diputada.

Según los fundamentos del proyecto, la experiencia en otros países y provincias muestra que estos dispositivos contribuyen a reducir conflictos, facilitar investigaciones y generar confianza tanto entre la ciudadanía como entre los propios agentes.

La iniciativa también responde a cuestionamientos acerca de la falta de avances tecnológicos en la fuerza de seguridad local. “Con los recursos que tiene la Policía de la Ciudad es incomprensible que las cámaras corporales no se hayan comenzado a implementar en los chalecos de los efectivos”, afirmó Neira, quien consideró que la herramienta ya es utilizada en otras jurisdicciones del país.

La Justicia investiga un presunto viaje de Manuel Adorni al Caribe. En diciembre de 2024, el jefe de Gabinete habría volado a Aruba, en un avión de línea, y se quedó 10 días de vacaciones con su familia.

Luego del viaje a Punta del Este, la Justicia pidió los registros de todas las entradas y salidas del país de Adorni y su esposa y el dato surge de ahí.

El presunto viaje presenta algunas contradicciones con declaraciones anteriores del funcionario respecto de no haber tomado vacaciones. Adorni afirmó públicamente que no se tomaba vacaciones desde hacía dos años. Ahora se busca contrastar si los registros oficiales coinciden con los movimientos reportados.

En las últimas horas, la investigación judicial por el viaje de Adorni a Punta del Este en vuelos privados sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen en el que solicitó al juez federal Ariel Lijo que autorice una serie de medidas para profundizar la pesquisa, entre ellas el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria de la aeronave involucrada.

El planteo del fiscal se inscribe en la causa caratulada “Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro”, en la que se investiga el viaje del funcionario y el financiamiento de los vuelos privados. En su presentación, Pollicita sostuvo que las diligencias solicitadas buscan continuar colaborando con la profundización de la investigación y complementar medidas que ya fueron ordenadas por el juzgado.

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Entre los pedidos centrales, el fiscal requirió que se libre un oficio a Migraciones para que remita la totalidad de los registros de egreso y reingreso al país de Manuel Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.

También solicitó información sobre los movimientos migratorios de la esposa del vocero presidencial, Bettina Julieta Angeletti, y de otras personas que hayan integrado los vuelos investigados, con especial foco en los desplazamientos registrados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

El requerimiento incluye datos detallados: fechas, horarios, pasos fronterizos utilizados, medios de transporte y cualquier otra constancia disponible. Además, el fiscal pidió que el organismo realice un cruce de la información para determinar si las personas mencionadas realizaron otros viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas.

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