POLITICA
La Justicia sospecha que Adorni sumó otro viaje: investigan si se fue de vacaciones a Aruba
El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga un nuevo viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta vez al Caribe, a Aruba, mientras prepara nuevas medidas de prueba en la causa que analiza un presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.
Si bien aún no está acreditado en el expediente, los investigadores del caso tienen datos de un viaje de Adorni a fines de 2024 a la isla holandesa del Caribe, con su familia.
Los datos que aportó al Dirección Nacional de Migraciones no registran ese destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos de Aerolíneas Argentinas.
Adorni había dicho, cuando se conoció su viaje a Punta del Este en un vuelo privado: “No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice, irme 4 días con mis nenes”. Fue en una entrevista con Luis Majul, en la que el periodista le preguntó, sobre ese viaje: “¿No es este desproporcionado para para tu para tu patrimonio, no?“. Y él le respondió: “En el tiempo que le he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcional”.
El informe de Migraciones sobre los Adorni es el resultado de una de las 12 medidas de prueba que pidió realizar la fiscalía a comienzos de esta semana cuando recibió la causa contra Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.
El caso lo lleva el fiscal con el juez federal Ariel Lijo, de licencia por estos días.
Mientras espera estas nuevas informaciones, la fiscalía reúne nuevos documentos para interrogar como testigo el miércoles de la semana que viene a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la compra del departamento de Caballito y de la casa en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz.
Adorni adquirió el inmueble de la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, por un monto declarado de 230.000 dólares. Dijo que lo hizo gracias a un préstamo de 200.000 dólares que le hicieron las propias vendedoras, dos mujeres de 64 y 72 años. A cambio, se constituyó una hipoteca sobre el departamento.
Las mujeres son Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.
Nechevenko participó de esta operación y también de la compra de la casa de Indio Cua a nombre de la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, justo un año antes, el 15 de noviembre de 2024.
Antes de tomarle declaración a Nevechenko, el miércoles, el fiscal espera reunir, entre lunes y martes, los documentos disponibles en los registros de la propiedad.
Más allá del interrogatorio, el fiscal prepara una nueva batería de medidas de prueba que se suman a las que ya están en marcha.
Pero el expediente judicial y sus pasos van necesariamente a una velocidad diferente que las consecuencias políticas de las revelaciones sobre Adorni, iniciadas con su viaje a Nueva York en compañía de su esposa y seguidas por sus minivacaciones durante el último Carnaval en Punta del Este, adonde viajó en un avión privado.
El Gobierno confirmó a Adorni en su cargo y busca blindarlo con una agenda nutrida de reuniones con los ministros del Gabinete.
Es que los pasos judiciales que podrían -si se confirman las sospechas- derivar en un pedido de declaración indagatoria son necesariamente más prolongados.
La causa está en una primera etapa de recolección de evidencia documental. Hay un protocolo de investigación de casos de posible enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos que prevé requerir decenas de constancias a diversos organismos públicos, privados, bancos, operadores financieros y bursátiles.
Más allá de esta información, una vez reunida la documentación, será necesario hacer un peritaje contable para determinar si es que hay gastos que no están respaldados por los ingresos del matrimonio Adorni.
Este análisis documental demoraría algunas semanas, por más que se haga imponiendo días de trabajo a los peritos para no prolongar el asunto.
Si este estudio contable lo amerita y respalda las sospechas, entonces el fiscal debería intimar a Adorni a que haga una justificación de sus bienes que no encontrarían sustento en sus ingresos.
En el delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba: es el funcionario acusado el que debe demostrar que su enriquecimiento está respaldado por ingresos legítimos.
Si el fiscal entiende que la presentación del acusado no es suficiente para justificar los bienes por los que fue intimado, entonces podría pedir la indagatoria.
Pero la causa contra Adorni está recién en sus inicios y las evidencias se van sumando semana a semana, mientras el funcionario sigue en su cargo y tiene cita el 29 de abril en el Congreso para rendir su informe anual ante los diputados, que lo esperan con 4800 preguntas. Milei prometió estar allí.
compra de la casa de Indio Cua,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Denuncian una operación rusa para infiltrar contenidos en medios argentinos y erosionar la imagen de Javier Milei
Una investigación periodística internacional encendió alertas sobre posibles maniobras de injerencia extranjera en la Argentina. A partir del análisis de 76 documentos filtrados, un consorcio de medios reveló que una red vinculada a los servicios de inteligencia rusos habría impulsado una campaña de desinformación para desacreditar al gobierno de Javier Milei y condicionar el debate público.
El trabajo, que incluye a medios como The Continent y openDemocracy junto a otras organizaciones, sostiene que entre junio y octubre de 2024 se habría desplegado una estrategia para influir en medios digitales argentinos mediante la publicación de contenidos críticos. Según los registros, el operativo habría contado con un presupuesto estimado en US$ 283 mil.
Los documentos atribuyen la maniobra a una estructura conocida como “La Compañía”, señalada como una entidad con vínculos con el servicio de inteligencia exterior ruso (SVR) y remanentes del grupo Wagner. Su objetivo, según la investigación, habría sido amplificar tensiones políticas locales, especialmente en un contexto de alta polarización.
De acuerdo con los archivos analizados, se habrían difundido al menos 250 artículos —entre noticias, columnas de opinión y análisis— en más de 20 medios argentinos. Parte de ese contenido incluía críticas a la situación económica, cuestionamientos al ajuste fiscal y referencias a la política exterior del Gobierno, particularmente su posicionamiento respecto a la guerra en Ucrania.
🚨 LOS PERIODISTAS FANTASMA FINANCIADOS POR SERVICIOS RUSOS PARA DIFAMAR AL GOBIERNO DE MILEI
🧵 ABRO HILO pic.twitter.com/EXX4DmcBtC
— Stanley del 56% (@stanleybostero) April 3, 2026
Uno de los aspectos más sensibles del informe es la presunta utilización de identidades falsas y contenido fabricado. En varios casos, los artículos habrían sido publicados sin firma o con autores inexistentes, creados para dar apariencia de legitimidad. También se detectaron perfiles con imágenes generadas por inteligencia artificial o tomadas de bancos de fotos.
La investigación no pudo comprobar de manera concluyente si los pagos consignados en los documentos se concretaron ni quiénes habrían sido los destinatarios finales. Sin embargo, los registros mencionan tarifas que iban desde US$ 350 hasta más de US$ 3.000 por artículo, cifras que llamaron la atención de especialistas por su magnitud en relación al mercado local.
Estos son los medios q escribían en contra de Javier Milei pagados por los rusos, ademas unos ratas, se vendieron x 2 mangos. pic.twitter.com/OXlaTFaBhS
— MacuMazzuca (@MazzucaMacu) April 3, 2026
Consultados por el consorcio periodístico, varios medios y periodistas negaron haber recibido dinero de origen ruso. Algunos señalaron que los contenidos fueron provistos por terceros —descriptos como agencias o consultoras— y publicados sin un control editorial exhaustivo. Otros admitieron pagos, pero por montos significativamente menores a los que figuran en los documentos.
El investigador del CONICET Martín Becerra, en diálogo con Chequeado, advirtió que el contexto de precarización del sector mediático puede facilitar este tipo de operaciones. “La precarización de los medios, el relajamiento excesivo de la curaduría editorial y la consecuente permisibilidad de las empresas periodísticas habilita un entorno favorable a campañas de desinformación”, explicó.
Además de la difusión de artículos, los documentos describen otras actividades atribuidas a la red, como la elaboración de perfiles de dirigentes políticos, análisis de escenarios y hasta planes para influir en procesos electorales. También se mencionan intentos de instalar noticias falsas destinadas a generar conflictos regionales, como supuestos episodios de tensión entre Argentina y Chile.
El Gobierno argentino ya había advertido en 2025 sobre la detección de una presunta red de agentes rusos involucrados en campañas de desinformación. En ese marco, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró haber recibido información sobre operaciones destinadas a influir en medios y periodistas.
Por su parte, dos ciudadanos rusos señalados en informes oficiales como presuntos responsables de estas actividades negaron cualquier vinculación con las maniobras. “Nunca hemos contactado a medios de comunicación, periodistas ni figuras políticas”, afirmaron en una respuesta escrita.
El informe también plantea que este tipo de operaciones no necesariamente buscan favorecer a un actor político en particular, sino generar desconfianza generalizada. “Las campañas de desinformación consisten en crear caos y desorden, erosionando la credibilidad de instituciones, medios y dirigentes”, sostuvo Becerra.
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POLITICA
Piden que la Justicia investigue los millonarios créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores de Milei
La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó ayer una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). Reclamó un pesquisa judicial para determinar si hubo irregularidades, que pudieran configurar algún delito, como “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”, en la concesión de esos préstamos.
En la denuncia, Frade advierte que los montos otorgados no se corresponden con los ingresos de sus beneficiarios ni su capacidad para devolver el dinero. “Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, indicó Frade en la denuncia presentada.
Esta semana, empezó a circular en la red social X que distintos funcionarios, legisladores y referentes del oficialismo nacional obtuvieron, tras la llegada de Javier Milei a Casa Rosada, créditos millonarios del Banco Nación.
La información difundida surge del sitio web “¿Cuánto deben?» desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, que permite visualizar la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Algunos de los funcionarios señalados a partir de ese relevamiento mantienen vínculos con el Palacio de Hacienda y el propio BCRA. Entre ellos, figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo -con una deuda inicial de $373.000.000- y Federico Furiase, exdirector del BCRA y secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000.
El director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira (más conocido en redes sociales como Juan Doe) también aparece con un crédito por $112.948.000. A ellos se suman los diputados de LLA, Alejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde, que mantiene deudas que oscilan entre $230.000.000 y $279.000.000. En redes sociales, Campero calificó de “maliciosas” las acusaciones en su contra y aseguró que no se trató de un “crédito discrecional ni excepcional”.
Por su parte, Bongiovani, un exPro, apuntó contra la oposición. “Es curioso que los mismos kirchneristas que decían que el UVA era una estafa ahora dicen que es un privilegio. Incurables”, dijo.
Y agregó: “Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo“.
En plena polémica, el Banco Nación sacó un comunicado donde aclaró que el proceso para acceder a los préstamos es “homogéneo, sin excepciones”. No obstante, desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares.
En el texto de su denuncia, Frade advirtió que “resulta evidente que, desde el punto de vista de lo funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”
Por lo tanto, la diputada de la CC advirtió: “En los supuestos de que la investigación verifique esto, estaríamos frente a la posibilidad de quedar incursos en el tipo penal previsto en el art. 265 de negociaciones incompatibles”. La presentación también pide que se investigue si se incurrió en los delitos de “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”.
Por tal motivo, en el texto remitido a la Justicia, la diputada de la Coalición Cívica solicita que revisen los “legajos crediticios” completos de funcionarios y legisladores y las “actas del Directorio [del BNA] mediante las que se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios” y se de actuación al Cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional para determinar irregularidades en las condiciones de concesión de los préstamos y/o perjuicios que pudieran ocasionarle a la entidad otorgante.
La denuncia penal de Frade se suma a otras medidas impulsadas por dirigentes de la oposición. El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) ya había presentado, el miércoles, un pedido de informe y de acceso a la información pública a la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y el Directorio del BNA para, entre otras cuestiones, determinar cuántos funcionarios mantienen deudos con la entidad financiera, sus montos y los controles que se aplican sobre la cartera crediticia del sector público.
“Si bien el acceso al crédito en entidades públicas no constituye en sí mismo irregularidad alguna, la concurrencia de circunstancias tales como montos elevados, simultaneidad en los otorgamientos y la condición de funcionarios públicos de los beneficiarios toma necesario verificar que el acceso al crédito por parte de los funcionarios públicos no se haya visto influido por su posición institucional, ni por la eventual disponibilidad de información privilegiada sobre variables financieras o condiciones del mercado”, planteó el diputado santafesino en uno de los textos presentados.
otorgamiento de créditos del Banco Nación,Felipe Núñez,Oficina de Respuesta Oficial,Campero calificó de “maliciosas” las acusaciones,April 2, 2026,pic.twitter.com/dstkAhKUMq,April 1, 2026,Banco Nación,Coalición Cívica,Conforme a,Banco Nación,,“Gran remate”. El Banco Nación será sede de la subasta televisada de más de 25.000 animales,,Nuevo plazo fijo. Cómo funciona la inversión que permite ganarle a la inflación todos los meses,,»Malicioso». Uno de los diputados señalados de recibir créditos del Banco Nación desmintió las acusaciones
POLITICA
El Gobierno dispuso una recomensa de $20 millones por información sobre Apablaza, el exguerrillero chileno prófugo de la Justicia
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para las personas que brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonarense de Moreno, y que ahora se encuentra prófugo de la Justicia, y al que Chile busca extraditar hace años.
El país trasandino, a través de diferentes adminstraciones, responsabilizó a Apablaza por “graves delitos vinculados al terrorismo”. El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.
Según se informó de manera oficial, aquellas personas que tengan iformación deberán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.
Esta semana, la justicia argentina había ordenado la detención con fines de extradición del ex guerrillero, que se encontraba asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, cuando la policía fue a su vivienda, no se encontraba allí.
A raíz de esta situación, el gobierno de José Antonio Kast, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, reclamó al presidente Javier Milei que se realicen realicen los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, indicó.
La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.
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