POLITICA
Viudas negras, motochorros y salideras: el Gobierno prepara un proyecto para tipificar nuevos delitos y subir las penas
A los fines de recuperar la iniciativa, el Gobierno iniciará esta semana el tratamiento de diversas reformas y proyectos en ambas cámaras del Congreso. Se trata de un primer paquete de medidas que están planificadas para aprobarse durante este trimestre.
A diferencia de lo que había sido estipulado a comienzos de año, la administración libertaria no presentará en el cortísimo plazo la reforma del Código Penal de la Nación que había sido anunciada por el Gobierno tiempo atrás. Este proyecto normativo tenía 920 artículos y había sido presentado por los entonces ministros Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich luego de más de un año de trabajo junto a una comisión de trabajo liderada por el juez Mariano Borinsky.
Pero la gestión judicial cambió. Ahora la cabeza de esa cartera ministerial es Juan Bautista Mahiques. En su entorno marcan que tiene consideraciones puntuales sobre algunos aspectos de la reforma y que quiere darle su impronta. Ese trabajo puede llevar algunos meses, afirman quienes lo conocen. Aunque en los últimos días surgió la información de que esta iniciativa no tendría subas de penas para delitos de corrupción en la función pública, tres altas fuentes del oficialismo negaron esta versión. “Es absolutamente falso”, afirman.
A los fines de no demorar la implementación de cambios que son considerados como urgentes, Mahiques tiene previsto presentar un proyecto más pequeño que contemple nuevas tipificaciones de delitos y la suba en las penas de otros que ya existen. “Es una primera etapa de la reforma del código penal”, describen.
Infobae pudo acceder a varios de los puntos clave que serán incluidos en el inminente proyecto de ley. Introduce cambios sustanciales en la protección de víctimas, la penalización de delitos migratorios, fraudes financieros y delitos violentos.
El texto oficial prevé la incorporación de un criterio de interpretación “pro-víctima”. Según lo definen los mismos impulsores de la iniciativa, “obliga a los jueces a fallar en favor de quienes sufren delitos y establece la participación obligatoria de la víctima en decisiones clave, como la suspensión del juicio a prueba”. “La participación de la víctima pasa de ser opcional a obligatoria, con rol en decisiones como la suspensión del juicio a prueba, que requiere de su consentimiento”, ejemplifican.
La iniciativa también introduce modificaciones de fondo en materia de delitos migratorios. El proyecto incorporará al Código Penal las figuras ya contempladas en la Ley de Migraciones, como el tráfico ilegal y el fraude migratorio, y suma nuevos tipos penales para castigar el ingreso y la permanencia ilegal de extranjeros. Las penas propuestas van de uno a veinte años de prisión, con agravantes para casos que involucren violencia, engaño o abuso de necesidad.
El Ministerio de Justicia especifica que se sancionará de manera más severa la reincidencia de extranjeros deportados que regresen al país, la asociación ilícita para facilitar el tráfico de personas y el soborno a autoridades migratorias, así como el tráfico con fines de trata de personas.
El capítulo económico de la reforma apunta a combatir las estafas piramidales. El proyecto agrega un artículo específico y eleva las penas a un rango de tres a doce años de prisión, con agravantes si la víctima pierde total o parcialmente el dinero invertido.
Respecto a los delitos contra la propiedad, la propuesta tipifica por primera vez la modalidad conocida como “viuda negra” como robo agravado, con condenas de hasta doce años de prisión. El texto introduce un inciso particular para quienes suministren sustancias a la víctima con el fin de consumar el robo, tanto por engaño como por la fuerza.
También se incluyen figuras específicas para las denominadas “salideras” y “entraderas”, con penas de tres a doce años y agravantes cuando los ataques ocurren en el ingreso o salida de viviendas, bancos o escribanías. El proyecto tipifica la modalidad delictiva “motochorro”, con penas de dos a ocho años y la inhabilitación para conducir por hasta dieciséis años.
En el ámbito penitenciario, la reforma crea un delito específico para la tenencia de armas dentro de establecimientos carcelarios, con sanciones de dos a seis años y agravantes cuando funcionarios facilitan el ingreso de armas. El Ministerio amplía el catálogo de objetos prohibidos y las conductas punibles en estos contextos.
El Gobierno propone aumentar las penas por las picadas callejeras: el mínimo sube a un año, el máximo a seis años, y se duplica el tiempo de inhabilitación para conducir. En casos de homicidio durante estas carreras, las penas pueden alcanzar los ocho años.
En materia de protección animal, el proyecto deroga la Ley de Maltrato Animal e incorpora un título específico en el Código Penal sobre maltrato y crueldad, con penas de seis meses a tres años y agravantes en casos de lesiones o muerte del animal.
La protección de menores ocupa un lugar destacado en la propuesta. Las penas por grooming y abuso sexual infantil se endurecen, con castigos de hasta quince años en casos agravados, y se establece protección especial para menores de trece años y personas con discapacidad. Producir o distribuir representaciones sexuales de menores de dieciocho años será penado con hasta doce años de prisión, y si la víctima es menor de trece, la escala se eleva a un máximo de quince años. La simple tenencia de este tipo de material recibirá penas de tres a seis años, y la distribución, de cuatro a doce años. Además, se prevén sanciones de hasta quince años para quienes organicen espectáculos sexuales con menores.
Otro capítulo relevante introduce sanciones para el incumplimiento de deberes familiares, con penas de seis meses a seis años y agravantes para casos de reiteración o evasión de obligaciones judiciales como el pago de alimentos, incluyendo conductas de insolvencia fraudulenta.
Anniversaries,Domestic Politics,Anniversaries,South America / Central America,Government / Politics
POLITICA
Manuel Adorni inicia su estrategia judicial: ya contrató a un estudio de abogados para defenderse en Comodoro Py
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contrató al abogado penalista Matías Ledesma para comenzar a elaborar su estrategia judicial para defenderse en las dos causas más inmediatas que tiene en Comodoro Py, una por presunto enriquecimiento ilícito y otra que averigua las circunstancias de su viaje a Punta del Este realizado el pasado mes de febrero.
La información fue confirmada desde el entorno del ministro coordinador a Infobae, desde donde no dan pistas de cuál pudo ser la vía de recomendación de esa defensa.
La contratación se materializó en los últimos días y forma parte de un pedido que venían haciendo desde varias partes del Gobierno para que el otrora vocero presidencial comenzara a alinear una estrategia clara respecto a su situación mediática-judicial. Ledesma forma parte del estudio Guillermo Ledesma Abogados, creado por el juez del mismo nombre que integró el tribunal del Juicio a las Juntas.
Uno de los primeros en sugerir públicamente que Adorni debía ser patrocinado legalmente fue el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Consideró que, según su punto de vista penal, no existe delito. Aun así, también dejó una recomendación para el funcionario nacional: pese definirlo como un “enorme expositor, brillante”, le sugirió que lo mejor es delegar la defensa.
“Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”, había dicho en un reportaje radial.
Las dos causas más importantes que involucran al jefe de Gabinete están bajo el paraguas del juez federal Ariel Lijo. Una investiga si hubo algún delito detrás del viaje familiar que realizó a Punta del Este y en el vínculo entre Adorni y el periodista Marcelo Grandio, quien según los primeros testimonios de la causa fue quien pagó ante la empresa de vuelos privados. En paralelo se gestó otra causa sobre el patrimonio de Adorni bajo el encuadre de presunto enriquecimiento ilícito.
Hay una tercera causa por el viaje de Adorni con su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York que está a cargo del juez Daniel Rafecas y delegada en la fiscal Alejandra Mangano. Aun así, en el entorno del ministro coordinador marcan que no hay un riesgo latente al respecto de la misma.
Como última novedad en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, la escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte de Adorni fue citada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que tiene delegado la causa.
La decisión se tomó luego de conocerse el valor por el cual se escrituró el bien, 230 mil dólares y que parte de ese dinero provino de un préstamo de dos mujeres, entre ellas una jubilada que dijo a la prensa no conocer al funcionario. La escribana deberá presentarse el 8 de abril. El valor y la existencia de ese crédito privado consta en los documentos legales del departamento y por eso el fiscal convocó a la profesional que intervino, Adriana Mónica Nechevenko.
Se trata de la primera testigo llamada en esta investigación, el cual se encuadra como una de las 12 medidas de prueba ordenadas para esclarecer el origen de los fondos con el que se financiaron tanto la compra de la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, como de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito.
El derrotero mediático del ministro coordinador comenzó el domingo 8 de marzo cuando se conoció que Adorni estaba en Nueva York junto a su esposa en el marco del viaje oficial que había hecho por la realización del Argentina Week. Días después, versiones periodísticas dieron cuenta de un viaje por vacaciones que había hecho a Uruguay en un avión privado, lo cual fue el disparador de las revisiones sobre su estado patrimonial. En las semanas posteriores se conocieron los nuevos domicilios de la familia Adorni que fueron adquiridos con posterioridad a la publicación de su única declaración jurada desde que es funcionario, conocida en 2024.
En ese transcurso, Adorni mantuvo algunas entrevistas televisivas que a los ojos de mismos funcionarios del Gobierno no fueron satisfactorias para terminar de saldar estos asuntos ante la opinión pública. En paralelo, la Justicia avanzó con celeridad y las revelaciones periodísticas generaron material con mayor rapidez que la estrategia comunicacional del Gobierno. Fue por ese motivo que el jefe de Gabinete tuvo que desistir de hacer una conferencia de prensa el miércoles de esta semana.
En el entorno presidencial coincidieron con Adorni en que debía mejorar su estrategia judicial y mediática para no perjudicar su perspectiva de defensa en tribunales y, al mismo tiempo, la imagen del Gobierno.
Ledesma es socio del estudio de su padre Guillermo Ledesma desde 2003, según informa él mismo en su perfil de LinkedIn. También fue director de Investigación y consultor en el marco del convenio realizado entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Como uno de los siguientes pasos de la investigación, fuentes judiciales indican que Pollicita está buscando pruebas de un viaje que el jefe de Gabinete habría hecho al Caribe, presuntamente a Aruba, a finales de 2024. Los movimientos migratorios de Adorni durante este período, según la documentación oficial de la Dirección Nacional de Migraciones, registra un vuelo de ida a Perú y otro de regreso desde Ecuador en fechas coincidentes con las supuestas vacaciones.
Dado que el fiscal está en la primera etapa de recolección de la evidencia documental, en la defensa de Adorni trabajarían para lo que pueda llegar a ser el primer llamado a indagatoria. El cual no tiene fecha prevista. Asimismo, Adorni tiene que prepararse para comparecer ante el Congreso el próximo 29 de abril con 4.800 preguntas por responder.
Anniversaries,Domestic Politics,Anniversaries,South America / Central America,Government / Politics
POLITICA
La fiscalía pidió indagar a las máximas autoridades de la Cámara Federal de Córdoba por manipular el reparto de causas
CÓRDOBA.- Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, promovieron una investigación penal contra las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidente y vicepresidente del tribunal, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción”.
En su imputación incluyeron también a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores, funcionarios de esa misma cámara.
Según el dictamen de los fiscales, a mediados del 2023 los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Montesi (Sala A) y Sánchez Torres (Sala B), “habrían acordado manipular la integración del Tribunal” con el fin de intervenir los dos en el caso “Bunge”, de evasión tributaria (compuesto por los expedientes “Padilla” de la Sala A y “Humanes” de la Sala B), “privando así de jurisdicción a los jueces que legalmente debían intervenir por subrogancia”.
La presentación de los fiscales describe que el 24 de julio de 2023, la Cámara recibió la causa “Padilla”, proveniente del juzgado federal de Río Cuarto. Los dos jueces “naturales” de la Sala A, Montesi y Eduardo Ávalos, votaron sucesivamente en el caso y Ávalos derivó el expediente a la Secretaría Penal de la Cámara, a cargo de Olmedo, para “dar lugar al tercer voto”. Correspondía entonces completar la sala con la jueza que subrogaba ese mes, Liliana Navarro, a quien debían remitirle las actuaciones para su análisis, pero eso no se hizo.
El expediente regresó a Montesi (la que había vitado primero), quien “lo habría retenido sin justificación, hasta que el turno de subrogar” fuera de Sánchez Torres.
El 5 de diciembre del 2023, la camarista “resolvió integrar la Sala con el vocal Sánchez Torres, derivándole las actuaciones -sin haber hecho modificaciones en su voto- logrando con dicha maniobra consumar el fin perseguido de infringir la normativa aplicable”, dijeron los fiscales. Y afirmaron: “Esta integración ilegítima habría tenido como objetivo garantizar una resolución en mayoría, la cual tuvo como resultado el dictado de la falta de mérito en favor del imputado Raúl Padilla 18 de diciembre del 2023”.
El otro eje de la acusación es por la causa “Humanes”. Allí, según el escrito, Sánchez Torres “habría decidido integrar la Sala con la jueza Montesi en contra del artículo 5 de la ley 27.439”, que establece cómo deben ser reemplazados los jueces. La secretaria Celina Laje Anaya se negó a instrumentar esa acción por considerarla “ilegal”, consignan los fiscales, que dicen que el juez, “por decreto, habría resuelto la integración ilegítima”.
El 16 de abril de 2024, la camarista Navarro cuestionó formalmente esa integración: señaló la “evidente contradicción” con la normativa vigente y pidió que se dejara sin efecto. Recién después de esa advertencia se reconfiguró la conformación del tribunal y, finalmente, el 24 de julio de 2024, se dictó una resolución con una composición distinta.
Para los fiscales Turano (que firma el dictamen como fiscal de la Procuración General de la Nación) y Hairabedian (fiscal federal general), estos episodios son parte de una conducta deliberada.
El dictamen es explícito al afirmar que existió “una maniobra coordinada” que evidenciaba el acuerdo de los jueces Sánchez Torres y Montesi de intervenir juntos en el caso “en contra de lo que correspondía”. En esa línea, sostienen que la reiteración de episodios “descarta la hipótesis de error” y refuerza la idea de una actuación consciente.
Según la acusación, ellos, con sus maniobras, atentaron “contra reglas directamente vinculadas con la garantía del juez natural y la imparcialidad del tribunal”, al “sustraer el caso del juez que debía intervenir y colocar uno de manera amañada”.
En la acusación aparece como segundo hecho que, desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2025, Sánchez Torres “habría abusado de la autoridad que investía desplegando” sobre la secretaria Laje Anaya “actos de maltrato, violencia laboral, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo”.
La acusación sostiene que ese accionar apuntó a castigar a la funcionaria por haberse negado a convalidar el esquema irregular de integración de la sala. La mujer, finalmente, abandonó su puesto.
En septiembre pasado Laje Anaya presentó una denuncia contra Sánchez Torres, Montesi y Olmedo por “abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y acoso”.
En el tercer hecho de la acusación, los fiscales promovieron una investigación contra el secretario de superintendencia, Gustavo Eduardo Flores, por falso testimonio. Entienden que le habría mentido a la fiscalía, bajo juramento, para encubrir las presuntas presiones que Sánchez Torres ejerció sobre Laje.
Los fiscales que promueven la acción penal solicitan avanzar con la investigación para determinar responsabilidades y establecer si las conductas descriptas constituyeron, efectivamente, un apartamiento deliberado de la ley.
Gabriela Origlia,Córdoba,Justicia Federal,Conforme a,Córdoba,,Riña y polémica. Se autoperciben mujeres, se pelearon en el pabellón de la cárcel e hirieron a una guardia,,Operativo. Detectan un camión que transportaba una millonaria carga de pescado sin las condiciones sanitarias adecuadas,,Calamuchita FotoDoc. Del bombardeo a Caracas, un batallón de guerrilleras kurdas y catástrofes ambientales
POLITICA
Denuncian una operación rusa para infiltrar contenidos en medios argentinos y erosionar la imagen de Javier Milei
Una investigación periodística internacional encendió alertas sobre posibles maniobras de injerencia extranjera en la Argentina. A partir del análisis de 76 documentos filtrados, un consorcio de medios reveló que una red vinculada a los servicios de inteligencia rusos habría impulsado una campaña de desinformación para desacreditar al gobierno de Javier Milei y condicionar el debate público.
El trabajo, que incluye a medios como The Continent y openDemocracy junto a otras organizaciones, sostiene que entre junio y octubre de 2024 se habría desplegado una estrategia para influir en medios digitales argentinos mediante la publicación de contenidos críticos. Según los registros, el operativo habría contado con un presupuesto estimado en US$ 283 mil.
Los documentos atribuyen la maniobra a una estructura conocida como “La Compañía”, señalada como una entidad con vínculos con el servicio de inteligencia exterior ruso (SVR) y remanentes del grupo Wagner. Su objetivo, según la investigación, habría sido amplificar tensiones políticas locales, especialmente en un contexto de alta polarización.
De acuerdo con los archivos analizados, se habrían difundido al menos 250 artículos —entre noticias, columnas de opinión y análisis— en más de 20 medios argentinos. Parte de ese contenido incluía críticas a la situación económica, cuestionamientos al ajuste fiscal y referencias a la política exterior del Gobierno, particularmente su posicionamiento respecto a la guerra en Ucrania.
🚨 LOS PERIODISTAS FANTASMA FINANCIADOS POR SERVICIOS RUSOS PARA DIFAMAR AL GOBIERNO DE MILEI
🧵 ABRO HILO pic.twitter.com/EXX4DmcBtC
— Stanley del 56% (@stanleybostero) April 3, 2026
Uno de los aspectos más sensibles del informe es la presunta utilización de identidades falsas y contenido fabricado. En varios casos, los artículos habrían sido publicados sin firma o con autores inexistentes, creados para dar apariencia de legitimidad. También se detectaron perfiles con imágenes generadas por inteligencia artificial o tomadas de bancos de fotos.
La investigación no pudo comprobar de manera concluyente si los pagos consignados en los documentos se concretaron ni quiénes habrían sido los destinatarios finales. Sin embargo, los registros mencionan tarifas que iban desde US$ 350 hasta más de US$ 3.000 por artículo, cifras que llamaron la atención de especialistas por su magnitud en relación al mercado local.
Estos son los medios q escribían en contra de Javier Milei pagados por los rusos, ademas unos ratas, se vendieron x 2 mangos. pic.twitter.com/OXlaTFaBhS
— MacuMazzuca (@MazzucaMacu) April 3, 2026
Consultados por el consorcio periodístico, varios medios y periodistas negaron haber recibido dinero de origen ruso. Algunos señalaron que los contenidos fueron provistos por terceros —descriptos como agencias o consultoras— y publicados sin un control editorial exhaustivo. Otros admitieron pagos, pero por montos significativamente menores a los que figuran en los documentos.
El investigador del CONICET Martín Becerra, en diálogo con Chequeado, advirtió que el contexto de precarización del sector mediático puede facilitar este tipo de operaciones. “La precarización de los medios, el relajamiento excesivo de la curaduría editorial y la consecuente permisibilidad de las empresas periodísticas habilita un entorno favorable a campañas de desinformación”, explicó.
Además de la difusión de artículos, los documentos describen otras actividades atribuidas a la red, como la elaboración de perfiles de dirigentes políticos, análisis de escenarios y hasta planes para influir en procesos electorales. También se mencionan intentos de instalar noticias falsas destinadas a generar conflictos regionales, como supuestos episodios de tensión entre Argentina y Chile.
El Gobierno argentino ya había advertido en 2025 sobre la detección de una presunta red de agentes rusos involucrados en campañas de desinformación. En ese marco, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró haber recibido información sobre operaciones destinadas a influir en medios y periodistas.
Por su parte, dos ciudadanos rusos señalados en informes oficiales como presuntos responsables de estas actividades negaron cualquier vinculación con las maniobras. “Nunca hemos contactado a medios de comunicación, periodistas ni figuras políticas”, afirmaron en una respuesta escrita.
El informe también plantea que este tipo de operaciones no necesariamente buscan favorecer a un actor político en particular, sino generar desconfianza generalizada. “Las campañas de desinformación consisten en crear caos y desorden, erosionando la credibilidad de instituciones, medios y dirigentes”, sostuvo Becerra.
La entrada Denuncian una operación rusa para infiltrar contenidos en medios argentinos y erosionar la imagen de Javier Milei se publicó primero en Nexofin.
campaña de desprestigio,grupo Wagner,La Compañía,The Continent
Medida de ARCA sobre impuesto a las Ganancias alerta a empresas con RIGI
Manuel Adorni inicia su estrategia judicial: ya contrató a un estudio de abogados para defenderse en Comodoro Py
La fiscalía pidió indagar a las máximas autoridades de la Cámara Federal de Córdoba por manipular el reparto de causas
Trump cabinet shakeup expands after Noem exit, Bondi firing — who’s under pressure next?
La indignación de Diego Latorre por la sanción del técnico del Chelsea a Enzo Fernández
Muna Pauls Cherri presentó a su novio y mostró quién es por primera vez: así vive su romance a los 16 años
Dos jubiladas que le habrían prestado dinero a Manuel Adorni negaron conocerlo
Quiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito
El Gobierno reevalúa la estrategia de comunicación por el caso Adorni y mide el impacto en la imagen de Milei
Milei se pone al frente de la defensa de Adorni y lo suma a un acto por Malvinas en una nueva muestra de respaldo
POLITICA2 días agoEl Gobierno reevalúa la estrategia de comunicación por el caso Adorni y mide el impacto en la imagen de Milei
- POLITICA1 día ago
Milei se pone al frente de la defensa de Adorni y lo suma a un acto por Malvinas en una nueva muestra de respaldo
- CHIMENTOS1 día ago
Oriana Sabatini sorprendió al elegir a una famosa como madrina de Gia, su hija con Paulo Dybala
