Durante el tercer mes de 2026, las transferencias automáticas de recursos del Estado Nacional hacia las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) experimentaron una nueva retracción en términos reales. De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los envíos totales alcanzaron los $5.050.838 millones, lo que representa una caída del 4,3% al descontar el efecto de la inflación.

El reporte destaca que esta baja se produce a pesar de un incremento nominal del 26,4% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se enviaron $3.995.000 millones. La persistencia del proceso inflacionario —estimado en un 3% para marzo en el análisis— terminó por licuar el poder adquisitivo de los fondos transferidos.

Causas de la caída: el impacto de Ganancias e IVA

La contracción de los recursos distribuidos por coparticipación neta, que excluye leyes especiales y compensaciones, fue aún más profunda que la del consolidado total, alcanzando un descenso real del 7,4 por ciento. El informe atribuye este fenómeno principalmente al desempeño de los dos pilares del sistema tributario argentino: el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en conjunto representan aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta.

En el caso del Impuesto a las Ganancias, la recaudación registró una disminución real interanual del 12,7 por ciento. A su vez, el informe explica que en este resultado “influyó el cambio de administración tributaria originado en la modificación del esquema de anticipos de las empresas”.

El nuevo esquema, implementado desde el año pasado, contempla 9 anticipos del 11,11% en lugar de los 10 tradicionales. Esto provocó que en marzo de 2026 no se registraran ingresos por anticipos de aquellas empresas que cerraron su balance en diciembre, a diferencia de lo ocurrido en marzo de 2025.

Por otro lado, el IVA mostró una variación negativa del 4% en términos reales. Aunque se trata de una cifra deficitaria, representa una desaceleración de la caída respecto a los meses previos: “en marzo se redujo la baja interanual real significativa que se dio en los primero dos meses del año, cuando, principalmente por el IVA DGA (Aduanas) la recaudación total de IVA cayó 12% y 13% respectivamente”. En conjunto, la recaudación de ambos tributos encadenó su tercer mes consecutivo de reducción real, con una baja del 7,2% en marzo.

Los ganadores y perdedores

El análisis por provincias revela una marcada disparidad en el impacto de la caída de recursos. Salta, que recibió $195.244 millones, se destacó como la única jurisdicción del país que logró una variación positiva en sus ingresos reales, con un leve incremento del 0,4 por ciento. En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue la más perjudicada, con un descenso real de sus recursos del 7,2% (recibió $108.760 millones).

Esta brecha de 7,6 puntos porcentuales entre la jurisdicción que más subió y la que más bajó se explica, según el informe, por la composición de los envíos. Mientras que la coparticipación neta cayó, los fondos destinados a leyes especiales y compensaciones aumentaron un 36% real interanual.

Jurisdicciones como Salta, Buenos Aires y Catamarca tuvieron un mejor desempeño relativo gracias a que poseen una mayor participación en estos componentes que crecieron. En contraste, “en CABA, Tucumán y La Rioja, el mayor descenso relativo se explica por una menor participación en leyes especiales y compensaciones”, explica el informe.

Entre los distritos con mayor peso en el reparto, la provincia de Buenos Aires recibió $1.183.104 millones, lo que representó un descenso del 1,8%, mientras que Santa Fe y Córdoba registraron caídas más pronunciadas del 6,0% y 6,1% respectivamente.

Otros casos relevantes por la magnitud de su retroceso fueron Tucumán, con una baja del 6,3%, y Entre Ríos, que percibió $228.369 millones con una variación negativa del 5,7% real. Por su parte, Catamarca logró amortiguar la caída con una baja del 2,7%, ubicándose entre las menos afectadas de marzo junto a provincias como Neuquén y Chubut, ambas con un descenso del 3,9%.

Balance del primer trimestre y perspectiva histórica

Al analizar el acumulado de los primeros tres meses del año, las transferencias automáticas totales sumaron $16.342.000 millones, frente a los $13.169.000 millones del primer trimestre de 2025. En términos reales, esto representa una contracción del 6,4% para el consolidado de todas las jurisdicciones.

En este periodo, todas las provincias sin excepción muestran números negativos. Salta, que en marzo tuvo una leve mejora, acumula una caída real del 2,8% en el trimestre. CABA lidera las pérdidas acumuladas con una baja del 8,1%, seguida de Córdoba (-7,5%) y Santa Fe (-7,4%).

Desde una perspectiva histórica de 17 años, los montos transferidos en el primer trimestre de 2026 reflejan la complejidad del escenario actual. Si se toma el monto por coparticipación neta, el periodo enero-marzo de este año se ubicaría en el undécimo puesto entre los últimos 17 años. Al considerar las transferencias totales (incluyendo leyes especiales y compensaciones), el trimestre se posiciona en el octavo lugar del ranking histórico desde 2010.

Finalmente, el informe señala que al analizar el promedio de los últimos doce meses para suavizar la volatilidad mensual, la tendencia sigue siendo descendente. En marzo de 2026, la variación real del acumulado móvil de un año arrojaría una caída del 3,2%, confirmando un retroceso que se inició tras el pico de recuperación registrado en agosto de 2025.

Barcelona, 5 abr (.).- El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, liderará de nuevo la candidatura de UGT en las próximas elecciones sindicales en Seat, previstas para 2027, pero avanza que serán «las últimas» a las que se presentará.

En declaraciones a EFE, Carnero (Barcelona, 1968), que también es presidente de la UGT catalana, ha explicado que ya trabaja «en la renovación de los órganos de dirección de la UGT» en Seat, aunque no avanza nombres sobre las personas que pueden comandar esta sección sindical en un futuro.

Carnero, que entró en la compañía en 1987, es presidente del comité de empresa de Seat desde el año 2001, por lo que a partir de 2027, si revalida de nuevo la mayoría absoluta que tiene la UGT en Seat, afrontará su «séptimo mandato» al frente del comité.

«Serán mis últimas elecciones», comenta Carnero, que añade que «por edad» ya aspira luego a jubilarse.

Carnero asegura que se propone blindar tanto ahora como de cara al futuro el sistema de «cogestión» que existe en Seat, en el cual los sindicatos «son parte» de la toma de «decisiones importantes» en la empresa.

La importancia del nuevo convenio

Más allá de las elecciones, Carnero subraya que lo más importante ahora es la negociación del próximo convenio colectivo, ya que el actual vence a finales de este año.

Seat está pendiente de que le asigne una segunda plataforma eléctrica para la planta de Martorell (Barcelona).

El calendario previsto en un principio para esta decisión se ha retrasado, y Carnero estima que puede demorarse hasta finales de 2027 o 2028.

En esta línea, subraya que el nuevo convenio debería «amarrar» de alguna forma esa segunda plataforma eléctrica -la llamada SSP- para la planta de Martorell, pero que la demora en la toma de decisiones sobre esa plataforma supone «un hándicap».

«Si no sabes si vas a tener una mesa industrial, un convenio largo, a cinco años, a lo mejor no tiene mucho sentido, sino uno corto, a uno o dos años, hasta saber a qué nos estamos enfrentando», añade.

«Pido al resto de organizaciones (sindicales) que de cara al próximo convenio seamos sensatos, que no vayamos con falsas esperanzas pero tampoco con miedos y temores», asegura Carnero.

Y es que Seat afronta actualmente un contexto de clara contención de costes, aunque la compañía ha garantizado que no habrá despidos en los próximos años en España a pesar de que Volkswagen recortará unos 50.000 empleos hasta 2030 en Alemania.

Asimismo, otro reto del próximo convenio es mantener el plan de salidas voluntarias que se pactó en el actual convenio, el que está en vigor hasta finales de 2026, que beneficia a trabajadores que tengan a partir de 61 años, una medida que ha permitido reducir la plantilla en los últimos años.

Reclama que entren en plantilla unas 650 personas de ETT

Con todo, Carnero explica que desde hace tiempo el comité de empresa denuncia una falta de personal estructural de unas 650 personas en tareas de producción que se están cubriendo gracias a personal de Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

Por ello, los sindicatos reclaman que estos trabajadores entren en plantilla.

Carnero asegura que la empresa también asume que existe falta de personal estructural, pero rebaja esa cifra de puestos.

«Tenemos que aumentar plantilla este año sí o sí», asegura Carnero, que urge a regularizar la situación de personas que trabajan para Seat desde hace años pero que no están aún en plantilla.

Primer español en el consejo de supervisión de VW

Carnero se convirtió en abril de 2021 en el primer español en formar parte del consejo de supervisión del Grupo Volkswagen, el órgano encargado de supervisar la orientación estratégica y las inversiones de la compañía.

El sindicalista, propuesto para este cargo por el sindicato alemán IG Metall, tiene mandato hasta el año 2027, y hace un balance satisfactorio de estos años en ese organismo.

«Estar en el consejo de supervisión te da una visión global a nivel mundial del resto de marcas. Tienes una visión estratégica desde el punto de vista de producto, de finanzas, de desarrollo técnico o de compras», entre otros aspectos, resalta Carnero.

También subraya que este organismo vela tanto por los intereses de los accionistas de Volkswagen como de los trabajadores.

(vídeo)

La economía argentina muestra dos velocidades y direcciones diferentes: crecen el agro, la nueva minería, el sector energético y el sistema financiero, junto con la construcción en menor medida; se mantienen los servicios privados de salud y enseñanza en términos agregados; mientras que retroceden la industria, el comercio en grandes centros de ventas y la administración pública central. Esto genera un aumento del desempleo porque la oferta laboral crece más que la demanda, al tiempo que se observa una disminución generalizada de la pobreza e indigencia.

Muchos analistas proponen cambios en las políticas monetaria y cambiaria, buscando que el Banco Central acelere la compra de reservas y evite la apreciación del peso, para permitir un crecimiento más inclusivo.

En este contexto, Infobae entrevistó a Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Productividad (CEP) Proyecto Arklems+Land y profesor en la UBA y Ucema, para conocer su visión sobre la coyuntura y las perspectivas para lo que resta del año.

— ¿La huida del dinero antes de las elecciones de octubre afectó tanto al ritmo de desinflación como al de actividad? ¿Qué lectura hace y por qué?

— El año pasado, argentinos kirchneristas, mileístas e independientes realizaron una dolarización electoral explosiva de sus pesos por nada menos que USD 42.000 millones, superando las exportaciones del complejo agroindustrial, ante el riesgo político de un posible triunfo opositor kirchnerista. Según el Informe de Política Monetaria (IPOM), documento oficial del Banco Central, fueron USD 17.000 millones por cobertura cambiaria, USD 10.000 millones para consumo pagado con tarjetas y viajes, y otros USD 10.000 millones por migración de depósitos en pesos hacia dólares.

Como resultado, fuera del sistema financiero (en efectivo) quedaron desintermediados nada menos que USD 22.000 millones durante un gobierno libertario, lo que equivale a lo que había ingresado por el blanqueo un año antes. Es importante recordar la sustitución explosiva de monedas tras el triunfo de Alberto Fernández en las PASO de 2019, que alcanzó casi USD 70.000 millones, monto prácticamente igual al total de exportaciones de ese año.

Este derrumbe en la demanda de dinero no resulta gratuito para la economía; en 2019, sin ancla fiscal, dejó al país en el umbral de la hiperinflación en 2023. Argentina fue el único país, salvo Rusia y Hungría, en repetir episodios de hiperinflación sin guerra ni revoluciones. Parafraseando al ministro de Economía y al IPOM: “Dólar is the King”. El activo seguro (“refugio de valor” en español) en Argentina ante crisis es el dólar, sobre todo fuera del sistema financiero.

En 2025, tras la gestión de las autoridades económicas, el Tesoro de Estados Unidos actuó como prestamista de última instancia -a diferencia de Argentina, donde ese rol lo cubre el FMI y no el Banco Central, aunque ese recurso está agotado tras consumir todo el crédito disponible y el resto del capital reputacional argentino-. Ni el “put” de Scott Bessent a través del swap detuvo la corrida; solo el triunfo electoral oficialista en las elecciones intermedias posteriores logró aminorar la dolarización electoral, que en los primeros meses de este año continuó, aunque a menor ritmo.

Esta dolarización desintermediada tiene efectos duraderos este año: genera desaceleración económica, aunque de menor magnitud que en 2019, gracias al ancla fiscal. La remonetización esperada de lo perdido el año anterior es aún lenta. Los efectos de la Ley de Inocencia Fiscal están por verse. Argentina mantiene una escasez de divisas autogenerada por la inestabilidad electoral en la demanda de pesos, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad del nuevo régimen macroeconómico para atraer inversiones más allá del RIGI.

No surge en el horizonte una figura como la de Chacho Álvarez (quien se arrepintió de no votar la Ley de Convertibilidad) ni un Lula (que firmó un pacto de estabilidad fiscal y monetaria con João Henrique Cardozo); por eso se necesita una reforma monetaria irreversible, que resguarde el ahorro y los salarios, para evitar que un giro político financie gasto vía inflación o confisque activos o ingresos.

— El índice de actividad económica de enero marcó récord por segundo mes consecutivo en más de 35 años, con un ritmo anualizado de 4,9%, aunque el crecimiento interanual fue de solo 1,9%. ¿La economía se está reactivando o ralentizando?

— Los récords no deben inferirse solo a partir de tasas de variación. El año pasado vivimos una recuperación económica (llamada “efecto recuperación” en español) positiva. De no haber ocurrido la corrida cambiaria, la recuperación pudo haber sido más veloz -quizá a tasas muy altas-. Sin embargo, la teoría del crecimiento económico, como enseñamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, indica que un ciclo de crecimiento se da únicamente cuando el PBI per cápita supera el máximo anterior al ciclo recesivo.

En Argentina todavía falta recuperar lo perdido en la nueva “década perdida”: solo podremos hablar de crecimiento cuando el PBI por habitante supere el nivel de 2011, año de máxima producción antes del estancamiento actual. Se requieren muchos años de recuperación, con tasas del 4 al 5% anual acumulativo, para restituir la producción perdida por habitante.

— ¿Por qué muchos analistas y sectores urbanos consideran que están peor que hace dos años, advierten más dificultades para llegar a fin de mes y observan aumento de la morosidad crediticia, mientras que otros sectores muestran mejor desempeño? ¿Debe analizarse la economía solo desde la industria manufacturera?

— El salario real aún no recuperó el máximo alcanzado en 2011, al cerrarse el mayor super ciclo de precios de materias primas desde la Generación del 80. La estabilización tras el umbral hiperinflacionario de 2023 abrió un proceso de reconversión productiva que Argentina busca, sin éxito, desde los años 50. Este proceso genera asimetrías.

Cohabitan: un sector de recursos naturales no renovables de alta rentabilidad, esencial para el equilibrio de pagos, fortalecido por el RIGI y beneficiado por exenciones e incentivos forzados por el desorden heredado; inversiones en el Noroeste (litio), Neuquén (Vaca Muerta: gas no convencional y secundariamente petróleo) y la Patagonia, que generaron superávit energético. La agroindustria, con ventajas competitivas para paliar la escasez de divisas, se ve limitada no solo por retenciones sino ahora también por el alza de insumos provocada por la guerra en Irán.

Por otra parte, las pyme soportan una altísima carga tributaria de todas las jurisdicciones y empujan el empleo urbano, sobre todo en el conurbano bonaerense, donde predomina la economía informal de baja productividad. El sector que genera empleo neto en el sector privado productivo es el que lo ha hecho en las dos décadas recientes.

En contraste, el sector manufacturero asociado a la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), con su red de pyme proveedoras -relanzado por el kirchnerismo tras la Convertibilidad-depende de un “tipo de cambio real muy alto”, que en 2023 fue posible en el umbral hiperinflacionario. Este sector ha aprovechado la brecha cambiaria para financiarse y presiona al Estado -mediante el empleo que genera- para obtener subsidios y mayor proteccionismo. Actualmente, la industria enfrenta una doble presión: por la eliminación de la brecha cambiaria y la apertura comercial.

El régimen de promoción seudindustrial de Tierra del Fuego, con bajo valor agregado, es el ejemplo más notorio. Extrae recursos estatales -es decir, de los contribuyentes-por más de USD 1.200 millones anuales, estimación del economista Juan Carlos Hallak, y afecta también al consumidor, cobrando precios hasta tres veces superiores por productos ensamblados, sin transformación productiva ni pago de impuestos a las ganancias ni IVA.

La reconversión productiva exige tiempo. En Australia, insumió tres décadas reconvertir la industria automotriz y reenfocarse en sectores de ventajas competitivas, con consenso político permanente, acceso pleno al crédito externo y un mercado de capitales profundos que financió déficit de cuenta corriente durante años. Argentina, en cambio, carece de capital reputacional. Intentar una reconversión productiva sin consenso opositor ni acceso al crédito externo voluntario es sumamente difícil.

Además, opera lo que denomino como la coalición antiexportadora, donde confluyen la ISI de baja productividad y sindicatos que derivan históricamente en lobby devaluacionista, respaldados por una cultura populista y suficiente poder para obstaculizar la gestión de los gobiernos no peronistas. El problema de competitividad de la industria no agropecuaria no debería resolverse mediante devaluaciones que reducen salarios. Si no se produce una baja más profunda de impuestos en todas las jurisdicciones, estos lobbies encontrarán mayor sustento.

Otro problema crucial es el costo argentino, que exige desregulación real de los proveedores estatales (verdaderos generadores de gasto público y foco de ineficiencia y corrupción), eliminación de subsidios como los de Tierra del Fuego y fin de prebendas sindicales sobre puertos, peajes y aportes obligatorios sobre los salarios.

— Los datos laborales muestran que, como en los inicios del Plan de Convertibilidad en los 90, el desempleo creció porque la oferta laboral creció más que la demanda. ¿Era esperable otro escenario tras dos años de mayor apertura económica y desregulación?

— La reforma laboral acaba de ser aprobada y aún no tuvo efecto. El escenario actual es distinto al de los años 90: crece el empleo informal y no registrado. El desempleo abierto del 7% es un problema, pero está lejos de los dos dígitos de la crisis postequila o del 25% del 2001. Es relevante aclarar que no es posible comparar la tasa de desempleo actual con la de los años kirchneristas, ya que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue manipulada entre 2008 y 2015, y no pudo reconstruirse plenamente con el nuevo Indec desde diciembre de 2015. De hecho, la Encuesta Nacional de Protección Social de la época kirchnerista, que nunca se publicó, arrojaba una tasa de desempleo doble que la EPH.

Hacer una reconversión productiva sin crédito complica la creación de empresas y de productos nuevos, lo que llevaría a un aumento del desempleo abierto. No obstante, es posible que el comercio, los servicios, los sectores comprendidos por el RIGI, la agroindustria y los recientes acuerdos comerciales, tanto con el Mercosur-Unión Europea como el principio firmado con Estados Unidos, aporten cifras positivas de empleo próximamente, una vez institucionalizados.

Mi escepticismo surge porque la crisis de confianza del año pasado implicó la salida de cerca de USD 22.000 millones del sistema financiero y del crédito para este año (lo que antes había sido recuperado con el blanqueo). Si el “refugio de valor” de los argentinos sigue siendo el dólar guardado, no se profundizará el mercado de capitales ni habrá crédito genuino que compense pérdidas laborales y fomente nuevas empresas y empleo. La necesaria reconversión productiva, pendiente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tampoco se concretará.

— ¿El cambio en la legislación laboral bastará para revertir la caída del empleo registrado y reducir el empleo informal? ¿Hace falta, además, un pacto fiscal para bajar impuestos provinciales y tasas municipales?

— La modernización laboral facilita algo la creación de empleo, pero persisten costos laborales asociados al poder sindical no abordados. Es una reforma posible, pero no definitiva. Mientras el riesgo de cambio de régimen macroeconómico siga activo en período electoral, las reactivaciones tienden a ser efímeras.

Invertir en empleo formal implica comprometerse a largo plazo con la formación de capital humano y asumir riesgos estructurales propios de incoherencias macroeconómicas recurrentes, que pueden transformarse en pasivos laborales contundentes y poner en jaque a las empresas. Gracias a la reforma aprobada, ese pasivo contingente se acotó, pero persiste la incertidumbre ante una eventual reversión populista. Existe anomia laboral e institucional. Las desregulaciones y la modernización laboral, aunque parcial, mejoran la flexibilidad empleo-producto sólo si el empresariado percibe que estos cambios son permanentes.

— ¿Qué opinión le merece la política de compras de dólares del Banco Central, aún cuando las reservas no aumentan porque la Tesorería las usa para pagar deudas?

— Argentina terminó 2023 habiendo agotado todo su capital reputacional para solicitar crédito externo voluntario. Sin una reforma monetaria, no se puede refinanciar deuda externa (ni interna, incluso ofreciendo tasas altas en dólares).

Una reforma monetaria implica no solo debatir la moneda de reserva de valor (y soy escéptico al respecto), también implica establecer la prohibición irreversible de que el sistema bancario financie al Estado. Como bien señala el economista Luciano Laspina, seguimos regidos por la Carta Orgánica del Banco Central aprobada durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, muy distante de los estándares de independencia. El único presidente del Banco que concluyó mandato en tiempo y forma fue quien lo inauguró en 1935.

Sin una reforma monetaria profunda, la reforma laboral, previsional o las privatizaciones tendrán escaso impacto económico y social.

— ¿Por qué el Banco Central baja los encajes bancarios y anticipa reducir la tasa de interés? ¿Apunta a dinamizar la actividad, responder a mayor demanda de dinero, o contiene expectativas de inflación?

— El Banco Central responde en función de la coyuntura: la demanda de dólares por atesoramiento se moderó en marzo (no es ciclo electoral), por lo que se pudo reducir encajes y permitir caídas en la tasa de interés, que habían alcanzado niveles máximos debido a la implosión de demanda de dinero del año anterior. Según el Informe de Política Monetaria, se mantiene una política de control de agregados monetarios; teóricamente, la tasa de interés es un resultado y no una herramienta del BCRA.

— ¿De qué modo puede incidir la prolongación de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en la inflación y la actividad local?

— El efecto negativo es indirecto: como ocurrió con la guerra en Ucrania, parte de la sociedad cree que es favorable, dado que, a diferencia de 1974, este nuevo shock en el petróleo nos encuentra con un saldo exportador de energía. Esto es un error. Cada aumento en el precio de productos exportables se traslada a precios internos. Volver a controlar precios no es viable, salvo que se genere una escasez de combustible similar a la de 2023, la mayor desde el Rodrigazo (1975), que facilitó el triunfo electoral de la gestión actual.

YPF se debate entre proteger al consumidor y preservar rentabilidad para sostener inversiones, lo que llevó ya a un aumento (atenuado) del precio en surtidor. Tener una empresa pública petrolera implica, paradójicamente, que no se beneficia plenamente ni al consumidor ni a la inversión. Además, los proyectos de explotación fósil deben ejecutarse y madurar según criterios técnicos; no se puede acelerar su maduración por un shock coyuntural externo, pese al deseo habitual de que “lo externo” ayude frente a la falta de esfuerzo nacional.

La creencia de que episodios externos nos salvan es una característica profundamente arraigada en la cultura nacional desde la década del 40: las condiciones internacionales que beneficiaron ocasionalmente al país no son permanentes ni garantizan mejora estructural.

— Por último, ¿puede compartir sus expectativas macro y microeconómicas para lo que resta del año?

— No hago pronósticos en un país tan afectado por la anomia social e institucional. El FMI exige que este año el Banco Central acumule reservas por USD 17.000 millones; si se hubieran retenido los USD 22.000 millones perdidos en desintermediación, hoy habría reservas netas positivas y quizás acceso al mercado externo con riesgo país semejante al regional. De ahí la relevancia de una verdadera reforma monetaria para consolidar la estabilidad, como se observa en la literatura sobre hiperinflaciones europeas y latinoamericanas.

La emisión de bonos con vencimiento posterior a las elecciones de 2027 triplica el rendimiento de los anteriores; esto evidencia que el mercado ya descuenta el riesgo electoral en el costo de endeudamiento. El Ministerio de Economía y el Banco Central lo reconocen institucionalmente, según el Informe de Política Monetaria; es tiempo de incorporarlo de forma realista a la probabilidad de escenarios y no tratarlo como una sorpresa.

El desarrollo requiere inversión; la inversión necesita ahorro interno, y ninguna inversión extranjera ni crédito llegará si los ahorros nacionales no retornan masivamente y con confianza al sistema financiero.

La institucionalización del acuerdo comercial con Estados Unidos resultaría esencial, como se realizó con el acuerdo Unión Europea–Mercosur, para dar estabilidad y permanencia más allá de gobiernos. Es necesario garantizar el resguardo del ahorro y el salario frente al ciclo electoral y los eventuales cambios de régimen. Una verdadera reforma monetaria, tras una hiperinflación, es condición indispensable para que el resto de las reformas impacte positivamente en la economía y el bienestar de los argentinos.

Fotos: Maximiliano Luna