POLITICA
El Gobierno abre un debate en el Congreso por el uso de los autos oficiales: las tensiones por uno de los artículos de “Hojarasca”
En el comienzo de un nuevo periodo ordinario, durante el cual pretenden aprobar varias reformas para retomar la agenda de la gestión, el Gobierno abre un inesperado debate en el Congreso sobre el uso de los autos oficiales para diputados y senadores, lo que ya motivó el enojo en algunos bloques e, incluso, entre miembros del propio oficialismo.
La medida en cuestión está incluida en el proyecto de ley “Hojarasca”, que fue enviado recientemente para su tratamiento y redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que venía trabajando en el texto desde el 2024.
El paquete de iniciativas apunta, en general, a derogar cerca de 70 normas que la gestión libertaria considera obsoletas o incluso absurbas, pero que técnicamente siguen vigentes porque nunca se eliminaron.
Sin embargo, uno de los puntos que generó polémica fue la propuesta de dar de baja los beneficios que se les otorgaron a los legisladores nacionales, así como a secretarios y prosecretarios parlamentarios, para la libre circulación y estacionamiento de sus vehículos con credenciales especiales.
Al respecto, en su presentación, el funcionario sostuvo que este es “uno de los ejemplos más claros de privilegio” en la legislación argentina actual, por lo que debería dejar de regir.
Aunque el proyecto ya está en manos de las autoridades de la Cámara de Diputados, el oficialismo optó por postergar su discusión para priorizar, en cambio, la modificación a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.
De todas formas, esta sería la próxima reforma a analizar y se prevé una única reunión de la comisión de Legislación General -donde debe obtener dictamen para avanzar-, a la cual podría asistir el mismo Sturzenegger para defenderla.
Aunque en La Libertad Avanza apuntan a que sea solamente un encuentro de carácter informativo, hay quienes reconocen que el texto podría sufrir en esta etapa algunos cambios, principalmente, en lo que respecta a las obleas de circulación de los vehículos oficiales.
“Son estas pelotudeces de gente que es diputada y llega a la Ciudad de Buenos Aires y, como no tiene agenda, va del hotel al Congreso y del Congreso al hotel, porque solo levanta la mano. Y no logra saber para qué sirve en su laburo. Yo tengo mi oblea. Uso mi auto y me salva poder llegar puntual a las reuniones”, remarcó un integrante de la oposición dialoguista.
Durante estos días, referentes de distintos bloques se expresaron en contra de la iniciativa y se quejaron de que el recorte los afecte solamente a ellos y no a los funcionarios nacionales.
Alguno inculso sostuvo, durante una conversación en uno de los pasillos del recinto, “que primero dejen el chofer Sturzenegger, Cacace y Faríña (Alejandro y Maximiliano, respectivamente, ambos secretarios dentro de la cartera de Desregulación)”.
“No para de hacer desastres, el ministro. Fue el que metió el artículo (de las licencias por enfermedad) en la reforma laboral, yo creo que ya está agotado. Ya fracasó con Mauricio Macri. Ahora va por nuestros autos, ¿para qué? ¿Por qué no se ocupan mejor de todos los problemas que tiene el Gobierno con Manuel Adorni y con los creditos bancarios?“, protestó un legislador que supo ser aliado, pero que hoy está alejado de la Casa Rosada.
En esta misma línea, aunque de manera menos combativa y más pragmática, otros espacios señalan que derogar este beneficio podría ser una mala decisión, ya que entienden que perjudicaría a la actividad democrática, dificultando el trabajo de los parlamentarios.
Para defender esta postura, dan el ejemplo de un diputado del PRO que meses atrás, cuando se estaba debatiendo la reforma laboral, no llegó a tiempo para dar quórum -algo por lo que el oficialismo trabajó arduamente-, ya que no estaba en su vehículo protocolar.
En esa oportunidad, el integrante de la bancada amarilla tuvo que viajar en una moto, que no contaba con la mencionada oblea, y la Policía lo demoró en una de las calles aledañas al Congreso, en el marco de los cortes de tránsito por la manifestación que protagonizaron grupos de izquierda y la oposición ese día.
En La Libertad Avanza, en tanto, reconocen que este artículo en particular de “Hojarasca” generó mucha polémica, pero por el momento no hay intenciones de quitarlo: “Sí, es verdad, está difícil este tema, pero vamos a insistir”, advierten.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno indica que “el término ‘privilegio’ deriva del latín privus (propio) y legalis (ley), es decir, una ley sancionada no para la totalidad de los ciudadanos, sino para ‘uno mismo’”.
Para el Ejecutivo, “hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley establecido por el ya citado artículo 16 de la Constitución Nacional”.
La ley en cuestión, la N° 20.959, otorga desde 1975 a los integrantes del Congreso el derecho a utilizar una “credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento”.
El proyecto sostiene que esta prerrogativa “no puede sostenerse en un contexto donde se pretende fortalecer la transparencia y la equidad en el ejercicio de la función pública”.
POLITICA
Milei recibe al presidente de Chile en la Casa Rosada para profundizar el comercio y reforzar la seguridad
Luego del descanso por Semana Santa, el presidente Javier Milei retoma la agenda política este lunes con una reunión en Casa Rosada con su par de Chile, José Antonio Kast, que llegó a Casa de Gobierno pasadas las 10.00.
El encuentro se da en medio del escape de un exguerrillero chileno que vive hace años en la Argentina pese a contar con un pedido de extradición de la Justicia trasandina.
El jefe de Estado del país vecino llegó a la Argentina este domingo para llevar adelante su primer viaje internacional desde su asunción, el pasado 11 de marzo.
Así, el primer destino elegido por el mandatario chileno fue Buenos Aires, tal como lo había hecho su antecesor, Gabriel Boric, cuando este visitó a Alberto Fernández un mes después de haber llegado al Palacio de la Moneda.
Sin embargo, la elección de la Argentina como primera parada se ampara también en la profunda afinidad ideológica entre Kast y Milei, quien le manifestó su explícito apoyo en las últimas elecciones presidenciales chilenas.
Kast llegó al país acompañado por su canciller, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y Juan Antonio Coloma, secretario general de la Unión Demócrata Independiente, un partido alineado con la dictadura de Augusto Pinochet fundado por el asesinado Jaime Guzmán. A ese grupo se suma el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.
De acuerdo a la agenda oficial de la Presidencia chilena, Kast inició a su agenda en la Argentina con un desayuno formal en la Embajada de Chile, donde participó su comitiva y autoridades argentinas, entre ellas, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
Luego, el mandatario tenía previsto presentarse a las 9:30 ante el Monumento del Libertador José de San Martín, en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro, para depositar una ofrenda floral al prócer argentino. Pero la actividad se suspendió por el mal tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Pasadas las 10 Kast es recibido por Javier Milei en su despacho en la Casa Rosada. Los temas de la reunión privada aún no fueron difundidos por las autoridades nacionales, pero el medio chileno La Tercera aseguró -consignando a la Cancillería local- que “los focos formales de la reunión estarán en comercio y energía, en línea con una agenda que busca fortalecer la relación económica entre ambos países”.
Por fuera de la agenda formal, la reunión bilateral se enmarca también en la búsqueda de Javier Milei de forjar una alianza estratégica con Kast y otros líderes de centroderecha de la región. El objetivo es conformar un bloque de países con programas económicos liberales y socialmente conservadores.
En esa sintonía, ambos mandatarios asistieron a la cumbre de líderes latinoamericanos convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 7 de marzo.
El evento se enmarcó en el lanzamiento del denominado Shield of the Americas (Escudo de las Américas), un proyecto impulsado por el republicano para promover “la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente americano”. De fondo, yace un alineamiento político con Washington que contribuya a frenar el avance de la influencia de China en la región.
Una cara conocida en la Casa Rosada
El líder del Partido Republicano ya visitó la Casa Rosada el pasado diciembre, en un encuentro donde ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta para el trabajo enfocada en la seguridad regional y fronteriza, como así también en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La agenda de seguridad volverá a estar especialmente presente en el nuevo encuentro, producto de la fuga de un exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonaerense de Moreno y que el país limítrofe busca extraditar hace años.
Se trata de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, exmiembro del grupo izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMN) acusado del asesinato del senador derechista chileno Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.
El exguerrillero de 75 años de edad llegó a la Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 -por un pedido formal de Chile- se encuentra en libertad desde 2005. Si bien la Corte Suprema de Justicia concedió la extradición, el gobierno de Néstor Kirchner no lo ejecutó y le concedió ese año el estatus de refugiado político. 
Esa protección fue revocada por la gestión de Mauricio Macri en 2017, pero la expulsión quedó en suspenso durante años por una serie de recursos de apelación e impugnaciones presentadas por Apablaza ante la Justicia. Finalmente, “habría dejado de estar a derecho en ese juicio y se ordenó su inmediata detención”, según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad el pasado viernes.
Sin embargo, cuando efectivos de Interpol allanaron su domicilio la semana pasada, Apablaza se había dado a la fuga. Para dar con su paradero, la cartera que comanda Alejandra Monteoliva dispuso una recompensa de $20 millones para obtener información que facilite su captura.
Javier Milei, Jose Antonio Kast, Casa Rosada
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cese definitivo de los planes sociales. “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social”, destacaron en un comunicado.
A su vez, informaron la creación de un programa de capacitación y empleo: “Es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad”.
La política, firmada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, elimina la intermediación y establece transferencias directas a los beneficiarios, con un plazo de transición de un año y la obligatoriedad de asistir a instancias de formación laboral y educativa. Y alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual.
Desde el gobierno porteño apuntaron a que la medida apunta a dejar atrás el modelo asistencialista para introducir criterios de permanencia basados en residencia, situación socioeconómica y cumplimiento de requisitos formativos, en articulación con el sector privado mediante convenios con empresas y cámaras.
“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, remarcó Macri desde sus redes sociales.
En el proceso de revisión del antiguo sistema, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño detectó y eliminó 1.274 beneficiarios irregulares. El esquema previo implicaba convenios con 85 organizaciones y representaba un gasto de $10 mil millones anuales, según datos oficiales citados por la gestión de la Ciudad.
El nuevo programa reemplaza el pago mensual por un esquema en el que la formación educativa y la capacitación laboral son requisitos ineludibles. La iniciativa incluye acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas del sector servicios, salud, hotelería y mantenimiento —entre ellas, Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa—, así como universidades para facilitar prácticas y empleo.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, subrayó: “Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”. El funcionario remarcó que la experiencia de transformar el sistema de comedores sociales —donde ya implementaron controles digitales mediante DNI— será replicada y perfeccionada en este nuevo esquema de transferencia directa.
Además, una auditoría reciente a cargo del Gobierno porteño detectó la existencia de más de 5.000 raciones irregulares y casos de beneficiarios fallecidos, así como titulares de bienes de alto valor y jubilaciones elevadas dentro del sistema de comedores. Esto derivó en el cierre de 40 comedores y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.
El nuevo programa se sostiene en cuatro pilares fundamentales: la formación obligatoria para todos los beneficiarios, su carácter transitorio con plazo máximo de un año, la articulación con el sector privado para permitir pasantías y prácticas laborales en empresas y el establecimiento de criterios claros de elegibilidad. Los pagos se realizarán de manera directa y quienes no cumplan con las condiciones perderán el beneficio.
La administración porteña sostuvo que este enfoque no solo evita el “negocio de la pobreza” y la intermediación, sino que busca devolver la “dignidad” al transformar el asistencialismo en una herramienta de acceso a la autonomía económica. El resultado es un esquema cuyo eje central es la «inserción laboral real y la transparencia» en la asignación de recursos, con la meta de “dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaban en todos los casos a quienes realmente lo necesitan”.
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El Gobierno oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, como anticipó TN. La inscripción fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y formalizada a través de una resolución conjunta del Ministerio de Seguridad y de la Cancillería.
La resolución conjunta 3/2026 publicada en el Boletín Oficial advirtió que la CGRI “representa una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación”. Está firmada por los ministros, Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).
La advertencia surgió de “informes de carácter reservado elaborados por las áreas competentes de los Ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que justifican la presente resolución conjunta”.
Los detalles de la declaración como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán
La resolución que formalizó la declaración como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán mencionó que “de conformidad con los precitados informes, se advierte la existencia de una amplia evidencia en lo referente a la participación directa de la organización terrorista (CGRI) en el financiamiento y ejecución de atentados terroristas”.
Destacó que la inclusión del (CGRI) en el (RePET) “se presenta como una herramienta necesaria, proporcional y adecuada para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento, en consonancia con los estándares internacionales vigentes y con las obligaciones asumidas por la República Argentina en la materia”.
Explicó que “la complejidad y el alcance del abordaje de las conductas criminales vinculadas con el crimen organizado demandan un esfuerzo a nivel nacional para concebir estrategias de intervención adecuadas que permitan la optimización en la asignación de recursos y contribuyan a la mejora de los resultados de las investigaciones”.
Advirtió que el crimen organizado “constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada».
Destacó que “la colaboración y el intercambio de información facilitan desarrollar una estrategia más efectiva que contemple aspectos vinculados con la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos de crimen organizado”.
El Gobierno mencionó la semana pasada en el anuncio de la medida los atentados a la Embajada de Israel en 1992, “por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, y el de 1994 en la AMIA, “el peor ataque terrorista en suelo argentino”.
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