La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a legisladores oficialistas repercutió en el bloque libertario de la Cámara de Diputados, que en las últimas horas decidió cerrar filas y alinearse con la respuesta del Poder Ejecutivo. La consigna: “No levantar el tema en redes”.

La directiva surgió después de que algunos de los implicados salieran públicamente a explicar su situación ante los señalamientos por haber accedido a préstamos millonarios de la entidad estatal. En el bloque oficialista son varios los diputados que figuran en el sitio web “¿Cuánto deben?“, elaborado por Andrés Snitcofsky con datos del Banco Central.

Dos de ellos −el exradical Mariano Campero y el exmacrista Alejandro Bongiovanni− optaron por dar explicaciones en redes sociales. Otros, como Lorena Villaverde y Santiago Santurio, eligieron el silencio.

“No recibí ningún beneficio político. Asumí una deuda para darle una casa a mi familia”, aseguró Campero. Bongiovanni, por su parte, sostuvo que es “falso” que haya obtenido condiciones preferenciales. Ambos subrayaron que los trámites con el banco se iniciaron meses antes de sus cambios de alineamiento político: Campero accedió al crédito en mayo, tras separarse del bloque radical, y Bongiovanni en enero, cuando se sumó a La Libertad Avanza.

Hasta diciembre, la dieta de los diputados rondaba los 5 millones de pesos netos, cifra que tras los últimos aumentos se ubica cerca de los 6 millones de pesos, con variaciones según antigüedad, título universitario y zona de residencia. En algunos casos, los créditos superan los 300 millones de pesos. Desde el bloque oficialista aseguraron a que “todo está en regla” y que muchos de los legisladores presentaron otros ingresos o codeudores para mejorar su calificación crediticia. Los mismos argumentos ofreció anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista con LN+.

A diferencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo y de las empresas del Estado, los legisladores no están alcanzados por la línea diferencial para empleados estatales, denominada “+Hogares sector público”, que financia hasta el 90% del valor del inmueble. Los diputados deben recurrir a la línea general, que cubre hasta el 75%.

La controversia ya derivó en tres denuncias judiciales: una presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y otra por la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, que fueron sorteados en los juzgados de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti. Luego se conoció que, minutos antes, otra denuncia había ingresado en el juzgado de Ariel Lijo, por lo que Rafecas le envío su expediente. También existe un pedido de informes del legislador socialista Esteban Paulón.

Ante ese escenario, el oficialismo decidió cerrar filas. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, retuiteó un mensaje del presidente Javier Milei, que celebró la entrevista televisiva de su ministro Caputo. “Masterclass de Toto. Maga”, escribió Milei en su cuenta de X.

En esa entrevista, en LN+, Caputo defendió a los funcionarios y legisladores que tomaron los créditos. “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, afirmó en diálogo con el periodista Luis Majul. Incluso aseguró que él mismo alentó a aprovechar la línea hipotecaria: “Le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.

Menem también publicó en redes una foto junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien saludó por su cumpleaños. La imagen incluyó a su primo Eduardo “Lule” Menem. El gesto no pasó desapercibido: Pettovello había quedado en el centro de la controversia después de despedir a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que figuraba como deudor de uno de los créditos otorgados por el Banco Nación.

La decisión abrió un ruido interno en el oficialismo, mientras otros funcionarios defendían públicamente la legalidad de los préstamos. El propio Javier Milei intervino para despejar dudas y negó que la salida del funcionario estuviera vinculada con los créditos. Pettovello no lo contradijo, aunque luego publicó en redes una frase de tono elíptico sobre la pérdida de confianza.

Desde el Gobierno confían ahora en que la polémica pierda fuerza. Esperan que el Banco Nación remita a la Justicia la documentación de los préstamos para despejar cualquier duda y cerrar el frente judicial.

“¿Usted es del área de prensa? ¿Su nombre?“. Las preguntas se repitieron este lunes en la puerta de ingreso a la Casa Rosada. Bajo la llovizna que cubría Buenos Aires, una agente de la Policía Federal y un efectivo de Casa Militar tomaban lista y chequeaban los nombres en la pantalla de su celular. Así, varios periodistas acreditados se enteraron de que no podían pasar.

El Gobierno decidió restringir el acceso a periodistas de medios que publicaron artículos identificados con una campaña de espionaje ruso para desacreditar al gobierno de Javier Milei durante 2024.

“Es una medida preventiva hasta esclarecer los hechos”, dijeron voceros oficiales ante la consulta de . Ante la pregunta específica sobre los medios alcanzados por la decisión, evitaron compartir el listado y apuntaron: “Todos los que están involucrados”.

La medida, según pudo saber , se extendió a la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem. Le comunicaron al Círculo de Periodistas Parlamentarios que suspenden las acreditaciones de los medios La Patriada, el Destape, A24 y Gritos del Sur. Aclararon que no era algo “personal” con los periodistas, sino con los medios.

“En el Senado no va a ocurrir”, le respondieron a desde la Cámara que preside Victoria Villarruel, enfrentada con Milei.

La reacción del Gobierno podría ir más allá: en la Casa Rosada evalúan convocar “en las próximas horas” a los responsables de los medios señalados “para que ”expliquen” lo sucedido, afirmó una fuente oficial.

“Podría haber casos de traición a la patria. Hubo injerencia de un país extranjero sobre la Argentina”, agregó el funcionario.

Según pudo saber , hubo al menos seis casos −entre ellos El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito Financiero− en los que periodistas acreditados no pudieron ingresar este lunes a la Casa Rosada para cubrir las actividades de la administración nacional. Tampoco se les informó por cuánto tiempo se extendería la prohibición para desempeñar su tarea.

La información sobre lo sucedido alrededor del caso se conoció el último viernes, según reveló un consorcio de investigación periodística que accedió a una filtración de documentos e informes de inteligencia rusos.

Tal como contó el último viernes, un consorcio de periodistas de investigación accedió a una filtración de informes de inteligencia rusos en los que se reveló que un grupo de espionaje conocido como “La Compañía” desarrolló una campaña mediática y política para desacreditar al gobierno libertario durante 2024.

La campaña de desprestigio consistió en una serie de maniobras de “guerra híbrida” dirigidas a cuestionar al presidente Milei y a su gobierno con la difusión de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo, apoyar a la oposición por diversos medios y alentar conflictos con países vecinos.

Según el material al que accedió el consorcio de periodistas, la campaña de desacreditación incluyó la realización de encuestas, reuniones y sesiones informativas sobre partidos políticos y sindicatos, perfiles de líderes políticos y “entrevistas con expertos”, incluyendo “políticos (peronistas), politólogos de la oposición y economistas”.

Los trabajos de “La Compañía” en la Argentina también abarcaron análisis de la situación militar-industrial argentina y de los recursos petrolíferos en la Antártida, una campaña para promover proyectos de ley contra la adhesión de la Argentina al Grupo de Contacto de Amigos de Ucrania y un plan para apoyar a los candidatos de la oposición en las elecciones legislativas que se desarrollaron durante 2025.

La filtración abarca un total de 76 documentos sensibles a los que accedieron el medio africano The Continent, que lo compartió con un consorcio de medios de investigación que incluye a openDemocracy (Gran Bretaña), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), además de Filtraleaks, que lidera el periodista argentino Santiago O’Donnell.

La filtración dejó en evidencia, cuantificó y hasta cotizó el valor de “una red para la distribución de contenidos mediáticos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales”. Para eso, detalló más de 250 artículos de noticias, análisis y opinión que se publicaron en más de 20 medios de comunicación digitales entre junio y octubre de 2024 a un costo de al menos 283.100 dólares, convirtiendo a la Argentina en el país de América Latina y África donde más dinero desembolsó Rusia para esos fines, de acuerdo con lo revelado.

La Casa Rosada, en tanto, ya había denunciado la injerencia de “La Compañía” en la Argentina. En junio de 2025, acusó a cinco ciudadanos rusos, residentes en el país, de desarrollar tareas sospechosas en coordinación con el Kremlim. Entre ellos, señaló a Lev Konstantinovich, al que identificó como el “encargado de financiamiento y de promover vínculos con colaboradores locales”, y a su esposa, Irina Iakovenko.