En una jugada de alto riesgo político, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Stuzenegger, concurrirá al Senado para defender el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que comenzará a discutirse este miércoles en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

La presencia de Sturzenegger es, cuanto menos, una jugada arriesgada si se tiene en cuenta que el bloque kirchnerista, que preside José Mayans (Formosa), lo considera el principal responsable del achicamiento del Estado que viene llevando a cabo la administración libertaria de Javier Milei y desde hace rato viene amenazando con pedir su comparecencia en la Cámara alta.

Pero el escenario será aún más inestable para el ministro si se tiene en cuenta la crisis que atraviesa el Gobierno desde que se conocieron nuevos pormenores de la causa $LIBRA, que desbaratarían las explicaciones del jefe del Estado sobre su participación en el escándalo de la criptomoneda, y salieron a la luz los gastos en viajes en avión privado y en la compra de propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que todavía no fueron debidamente esclarecidos.

Como si esto fuera poco, el proyecto que viene a defender Sturzenegger desarma gran parte de la ingeniería creada por Máximo Kirchner y La Cámpora a partir de la sanción de diferentes leyes que establecieron restricciones en el acceso a la compra de tierras a extranjeros y la prohibición de vender o usar para cultivo zonas boscosas afectadas por incendios intencionales.

También diluye el régimen de regularización dominial para barrios de emergencia y villas, programa también impulsado por el kirchnerismo, endurece los criterios para la expropiación -medida inspirada en el caso YPF-, y la aplicación del proceso de juicio sumarísimo para los casos de desalojo de usurpaciones de viviendas y terrenos.

La reunión por el proyecto de propiedad privada está convocada para el miércoles a las 16 y forma parte de una estrategia acordada por el oficialismo con los bloques dialoguistas y que terminará con la apertura del recinto del Senado el jueves, en una sesión que tendrá por finalidad principal darles estado parlamentario a los casi 60 pliegos judiciales enviados por el Gobierno la semana pasada.

La convocatoria a la sesión se definirá este martes a las 18.30 en una reunión de labora parlamentaria a la que los jefes de bloque de la Cámara alta, con excepción del kirchnerismo, llegarán con el temario acordado en un encuentro previo que Patricia Bullrich (Capital), la jefa de la bancada oficialista, sostendrá con sus pares de la oposición dialoguista.

La idea, a la que sólo le falta la convocatoria oficial, es sesionar el jueves para aprobar la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora ante Canadá y un paquete de ascensos militares, entre los que se encuentran todos con dictamen desde la semana pasada.

Antes de la presencia de Sturzenegger este miércoles está convocada la comisión de Justicia y Asuntos Penales, a las 12.30, para tratar un proyecto de ley que busca agravar penas por el delito de falsa denuncia. La principal impulsora de la iniciativa es la radical Carolina Losada (Santa Fe) quien este martes encabezará una nueva jornada, será la tercera, para difundir el tema.

El proyecto había obtenido dictamen el año pasado, pero el texto nunca llegó al recinto y el despacho de comisión caducó con la renovación de un tercio de la Cámara alta que operó el pasado 10 de diciembre.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado para expresar su “preocupación” ante “la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero” contra el gobierno del presidente Javier Milei. Al mismo tiempo, pidió “evitar generalizaciones” que puedan motivar cuestionamientos al ejercicio del oficio periodístico.

En una comunicación titulada “Sobre las revelaciones de una presunta operación de espionaje y desinformación”, ADEPA expuso “su preocupación ante las recientes revelaciones difundidas por un consorcio internacional de periodistas, que dan cuenta de la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero, orientada a desacreditar al gobierno argentino y que, según se indica, habría utilizado contenidos publicados en medios locales”.

“De confirmarse, se trataría de una maniobra inaceptable de injerencia externa y un intento de manipular el debate público bajo la fachada de producción de información profesional”, subrayó la entidad periodística.

Las revelaciones sobre la red de difusión de noticias apócrifas que habría contado con financiamiento de Rusia motivaron una reacción del gobierno, incluso con mensajes de tono agresivo del presidente Javier Milei hacia el periodismo y trabajadores de prensa. ADEPA abordó el tema con un pedido de evitar las generalizaciones.

“ADEPA subraya que el periodismo cumple un rol esencial en la vida democrática, basado en la búsqueda de la información, la verificación de los hechos y la responsabilidad editorial correspondiente. Este tipo de campañas ilegítimas no solo distorsiona el sentido de ese trabajo, sino que puede afectar la confianza pública en los medios. Por eso, también es prudente evitar generalizaciones que puedan derivar en cuestionamientos genéricos al ejercicio profesional del periodismo”, destacó la entidad en uno de los párrafos de su comunicado.

Este lunes, el Gobierno impidió el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados pertenecientes a los medios que publicaron notas señaladas como pertenecientes a la campaña de desinformación conocida a partir de una nota periodística. detrás de la campaña está, según la investigación de un consorcio de periodistas, un grupo de espionaje ruso llamado “La Compañía”.

Para ADEPA, la situación obliga también a reforzar los métodos de chequeo en el oficio periodístico. “En este contexto, ADEPA exhorta a los medios a extremar los procesos de verificación y a profundizar, hasta el límite de sus posibilidades profesionales, la fiscalización del origen y la trazabilidad de la información publicada, como resguardo esencial de la calidad periodística y de la confianza pública. ADEPA insta que se profundice la investigación de los hechos y a que se adopten, en los ámbitos correspondientes, las medidas necesarias para prevenir este tipo de prácticas”, se subrayó en el comunicado de la entidad periodística.