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ADEPA expresó su preocupación por las presuntas operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso

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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación ante la maniobra difundida por un consorcio internacional de periodistas sobre una supuesta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero dirigida a desprestigiar al gobierno argentino mediante el uso de contenidos publicados en medios locales.

De acuerdo con el comunicado de ADEPA, si estos hechos se confirmaran, representarían una forma inadmisible de injerencia externa y un intento por manipular el debate público bajo apariencias de información profesional. La organización advirtió que este tipo de campañas ilegítimas no solo desvirtúan el rol del periodismo basado en la búsqueda y verificación de hechos, sino que podrían dañar la confianza pública en los medios.

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La advertencia también incluyó un llamado a evitar generalizaciones que cuestionen de manera infundada el ejercicio profesional del periodismo, así como una exhortación a los medios para que refuercen los procesos de verificación y fiscalización del origen de la información publicada. ADEPA insistió en la importancia de mejorar estos controles como recurso fundamental para preservar la calidad periodística y la confianza social.

Finalmente, la asociación periodística pidió que la investigación en curso se profundice y que las autoridades pertinentes adopten medidas para evitar la repetición de este tipo de prácticas.

De qué se trata la supuesta campaña rusa

Según la denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky ante la Justicia, el financiamiento de operaciones de desinformación atribuidas al régimen ruso habría implicado un desembolso superior a USD 283.000 destinados a más de 250 publicaciones en 23 medios digitales locales. De acuerdo a declaraciones del propio Monastersky, el peligro de este esquema radica en su capacidad para alterar la formación de la voluntad del electorado y comprometer la integridad del sistema democrático argentino, especialmente durante periodos electorales.

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La acusación judicial, presentada como “averiguación de ilícito”, solicita determinar si las prácticas descritas constituyen delitos tipificados en la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional o si configuran atentados contra el orden constitucional. El letrado explicó que la maniobra investigada involucra aproximadamente a 25 medios de comunicación y un volumen de publicaciones inédito en el país. “La magnitud de tantos medios, tantos periodistas y tantas notas, nunca vi un antecedente en la República Argentina y me animo a decir en la región”, precisó Monastersky.

La investigación impulsada por Monastersky cuenta con el respaldo de un consorcio de periodistas de diversas orientaciones ideológicas, hecho que el propio denunciante considera fundamental para la credibilidad del caso. “Le da verosimilitud. No estamos hablando de medios afines al gobierno los que están planteando que habría existido esta situación de una infiltración de información a pedido de Rusia para desestabilizar a Javier Milei. El consorcio es completamente pluriideológico”, subrayó.

En el texto de la denuncia entregado al juzgado consta que la posible inserción de operaciones coordinadas, con financiamiento extranjero, podría afectar de manera directa la transparencia del debate público. El documento recalca la necesidad de que la justicia individualice las conductas y establezca responsabilidades, ya que tanto periodistas como medios podrían haber sido engañados respecto al origen o los fines del material difundido.

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Esta preocupación fue acentuada por Monastersky. Distingue entre el rol legítimo del periodismo y la figura del operador disfrazado de periodista: “Hay que ser prudentes. Una cosa son los medios de comunicación y otra cosa son los periodistas, y otra cosa son los operadores disfrazados de periodistas”, manifestó en la entrevista con el equipo de Infobae al Regreso.

La investigación requirió al juzgado que remita vista al Ministerio Público Fiscal para que impulse la acción penal, teniendo en cuenta la posible aplicación de la normativa de inteligencia. El abogado puntualizó que la denuncia no califica preliminarmente los hechos para no forzar una figura penal y destacó la urgencia de actuar con celeridad para resguardar pruebas.

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POLITICA

Adorni recibió US$100 mil de otras dos mujeres por la hipoteca de un departamento anterior en Caballito

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Según un documento del Registro de Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni hipotecó su departamento anterior en Caballito y recibió US$100 mil de otras dos acreedoras.

Se trata del inmueble de Asamblea 1100 en el que vivía antes con su familia. Recibió el dinero de parte de dos mujeres: Graciela Isabel Molina, quien habría aportado 85 mil dólares, y Victoria María José Cancio (15 mil dólares). Así lo pudo constatar TN a través de fuentes judiciales.

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El departamento de Asamblea al 1100 tiene dos hipotecas. La primera, de 2014, fue por 75.000 dólares a favor de Stella Maris Roman, la vendedora original del inmueble, que también aparece como prestamista, tal como ocurrió en la operación del departamento de Caballito. Esta hipoteca quedó inscrita el 12 de marzo de 2014.

La segunda hipoteca, por 100.000 dólares, se firmó en noviembre de 2024, con Molina y Cancio como acreedoras.

Adorni informó en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción que estas dos mujeres eran acreedoras suyas, aunque hasta ahora no se conocía el origen de la deuda. El funcionario declaró el 50% del monto total.

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El departamento, en venta y bajo la lupa judicial

La compra del departamento de Asamblea al 1100, frente al Parque Chacabuco, figura en el Registro de la Propiedad como realizada el 20 de febrero de 2014 por Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, con un precio declarado de 105.000 dólares. Actualmente, la propiedad está en venta, pero sigue a nombre del matrimonio.

La escribana que intervino en la operación fue Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua en 2024 y del departamento de Caballito el año pasado.

Investigación judicial y más préstamos bajo la lupa

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, citó a declarar este miércoles a la escribana Nechevenko como testigo. Además, la fiscalía le pidió todos los documentos vinculados a las operaciones de bienes de Adorni y su esposa.

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La semana pasada se supo que Adorni escrituró en noviembre de 2025 un departamento de 200 metros cuadrados y cochera en la calle Miró al 500, en Caballito. En esa operación, las anteriores dueñas, Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), le prestaron 200.000 dólares, casi el 90% del precio registrado.

Manuel Adorni

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Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hipotecó también el departamento anterior en el que que vivía con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires, y registró que así obtuvo un préstamo de 100.000 dólares.

El crédito se lo otorgaron -como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025- dos mujeres. Les hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti. El crédito se instrumentó el mismo día -15 de noviembre de 2024- que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

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accedió a esta información de fuentes oficiales. Sobre ese departamento de la calle Asamblea se trabaron dos hipotecas, según precisan las fuentes. Una, hace 12 años, por 75.000 dólares, a favor de Stella Maris Roman, la vendedora del inmueble (como en el caso del departamento de Caballito, la vendedora aparece además como quien otorga el crédito con una garantía hipotecaria). Esa primera hipoteca está inscripta el 12 de marzo de 2014.

La segunda, por 100.000 dólares, es la de noviembre de 2024. Las acreedoras son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio (con 15.000 dólares).

El edificio de Asamblea 1100 donde tiene un departamento Adorni, frente al Parque Chacabuco

Adorni había informado que esas dos mujeres eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, pero se desconocían los detalles sobre esa deuda.

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El monto que declaró Adorni es de cerca del 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a ese año una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio (consigna que la tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.

Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Fue hasta diciembre de 2021 jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

Los préstamos registrados por Adorni en su última declaración jurada

La información se conoce horas después de que el presidente Javier Milei organizó una reunión de Gabinete en la que dio un apoyo explícito a Adorni y les pidió a todos los ministros que coordinen con él sus próximos proyectos.

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En el Registro de la Propiedad la compra del departamento de la avenida Asamblea (frente al Parque Chacabuco) figura como efectuada el 20 de febrero de 2014 por Adorni y Angeletti con un precio declarado de 105.000 dólares.

El departamento está actualmente en venta, pero aún figura como propiedad del matrimonio Adorni-Angeletti.

La escribana que intervino en la operación fue Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua, en 2024, y del departamento de Caballito, el año pasado.

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El fiscal que lleva adelante la investigación sobre Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, citó a declarar a Nechevenko este miércoles, como testigo, en la causa.

La fiscalía le pidió además a la escribana todos los documentos vinculados a las operaciones en las que hayan intervenido Adorni o su mujer. Eso permitirá conocer, por ejemplo, los pagos a los que se obligó Adorni para saldar las deudas que asumió y garantizó con hipotecas.

reveló la semana pasada que el jefe de Gabinete había escriturado en noviembre de 2025 un departamento de 200 metros cuadrados y cochera en la calle Miró al 500, en Caballito, y que las anteriores dueñas de la propiedad le habían prestado 200.000 dólares, casi el 90% del precio registrado en los papeles.

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Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64.

El asiento del Registro de la Propiedad donde figura la hipoteca con dos mujeres

Adorni no dio explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio desde que es funcionario del gobierno de Milei, un proceso que incluyó la incorporación de la casa de Indio Cuá, el departamento de Caballito y una camioneta Jeep Compass, que compró en marzo de 2024, cuatro meses después de asumir como vocero presidencial.


Manuel Adorni,Adriana Mónica Nechevenko,LA NACION reveló la semana pasada,Paz Rodríguez Niell,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Hugo Morales. Fue campeón con Lanús y ahora lo citaron en la causa del departamento de Adorni,,“¿Quién es? Nadie sabe”. Elisa Carrió arremetió contra Adorni por las hipotecas,,Casa Rosada. Milei encabezó la reunión de Gabinete y dio otra señal de apoyo a Adorni

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Federico Sturzenegger irá al Senado a defender la ley de “inviolabilidad” de la propiedad privada

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Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado comenzarán a debatir pasado mañana, desde las 16, el proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada que Javier Milei anunció el 1 de marzo pasado, cuando inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. Si bien aún no se notificó de manera oficial, el oficialismo libertario deslizó que el expositor principal para defender la iniciativa será el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La disertación de uno de los funcionarios más respetados por el jefe de Estado y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se convertiría en el plato fuerte del día para el kirchnerismo, que suele denostarlo en el recinto y diversas entrevistas. El golpeado interbloque, que comanda José Mayans, envió sus representantes para la de Legislación General. En tanto, ninguno aparece en la de Asuntos Constitucionales y ambas son manejadas por oficialistas. No obstante, cualquier senador podrá hacerse presente en el convite y preguntar lo que desee.

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El texto que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. La iniciativa, que consta de seis capítulos y 53 artículos, también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y modificaciones en el Registro de Propiedad.

La ley de la Casa Rosada forma parte de una agenda más ajetreada para una Cámara alta que, desde el recambio del 10 de diciembre, trabajó como no se veía hace larguísimos años. Antes del plenario en cuestión, la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita– volverá a discutir, desde las 12.30, el proyecto sobre falsas denuncias.

La radical Carolina Losada y el libertario Juan Carlos Pagotto (Prensa Senado)

El texto fue empujado por una radical –Carolina Losada– y se convirtió casi en la prioridad de su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para su amiga y dejó de lado otras normas que reclamaban senadores. Hoy lidera nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.

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La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

Por otra parte, los jefes de las diferentes bancadas se verán las caras mañana, desde las 19, en la reunión de Labor Parlamentaria, con el fin de sellar una sesión para el jueves. Allí, el pleno debatirá ascensos militares -incluidos líderes de las tres fuerzas- dictaminados a finales de marzo por la comisión de Acuerdos. Mismo caso para la dos veces senadora y postulante a embajadora -política- argentina en Canadá, la experimentada neuquina Lucila Crexell. Durante el cónclave en el recinto tomarán estado parlamentario los pliegos judiciales que el Gobierno envió a la Cámara alta la semana pasada.

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