El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, recurrió al propio Tribunal de Ética de la entidad para que avale sus declaraciones juradas patrimoniales y determine que no es una Persona Expuesta Políticamente (PEP), una categoría definida por la Unidad de Información Financiera (UIF) que implica mayores controles para prevenir el lavado de dinero.

El tribunal, que está compuesto por magistrados de altísimo rango del Poder Judicial, firmó un fallo como si se tratara de la justicia real: validó sus presentaciones y concluyó que no está alcanzado por ese régimen ni por su rol en la AFA ni por su cargo como presidente del CEAMSE.

Los magistrados se basaron para fallar en una reglamentación desactualizada -Nro 134/2018- de la Unidad de Información Financiera. Desde 2023, la normativa vigente es indiscutible en cuanto a la condición de Persona Políticamente Expuesta de Tapia por su rol en la empresa pública de residuos.

La decisión, que se publicó ayer en “Y mañana qué”, fue firmada en julio de 2025 por Diego G. Barroetaveña, Manuel Fernández y Mario E. Kohan, integrantes del Tribunal de Ética de la AFA.

Barroetaveña es presidente de al Cámara Nacional de Casación Penal -y actualmente no forma parte del tribunal de la AFA después de que la Corte lo obligara a renunciar-; Kohan se desempeña como juez de la Cámara de Casación bonaerense; y Fernández es abogado, hijo del camarista en lo contencioso administrativo Sergio Fernández y sobrino del operador judicial Javier Fernández. Todos integran el Tribunal de Ética de la AFA que intervino como si tuviesen jurisdicción sobre hechos por fuera del fútbol.

Dice el fallo: “El Sr. Claudio Fabián Tapia no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la Resolución UIF N.° 134/2018″. El texto también recurre a la doctrina de los actos propios para reforzar su razonamiento. Señala que Tapia ya había ocupado un cargo en el CEAMSE en 2017 sin haber sido considerado PEP por ninguna.

La razón por la que ahora es intimado es porque la UIF pulió y actualizó el listado de Personas Políticamente Expuestas. “Nadie puede cambiar su conducta anterior en perjuicio de otro”, cita el documento en latín (“nemo potest mutare consilium suum ni fraudem alterius), en una de las varias referencias doctrinarias que incluye para sostener su conclusión.

Con ese marco, el Tribunal de Ética resolvió “tener por válidas y formalmente eficaces” las declaraciones juradas de Tapia y establecer que no reviste la condición de PEP. La decisión se adopta, según aclara el propio texto, “dentro de las competencias de este tribunal”.

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El ex cabo primero Adolfo Guirula y el ex oficial ayudante Diego Correa se esposaron a la reja de una ventana de la Casa de Gobierno de la provincia de Misiones. La acción se concretó en las primeras horas de este lunes. Ambos iniciaron la medida vestidos con sus uniformes pero sin armas.

Los ex integrantes de la Policía misionera reclaman “la reincorporación inmediata a nuestro trabajo”, explicó Correa a través de un video difundido durante la mañana. “Queremos dejar en claro que es una protesta pacífica, sin violencia y sin obstrucción (al acceso) y por tiempo indeterminado”, agregó.

Durante el mediodía se sumó más gente. Uno de ellos fue el actual diputado provincial Ramón Amarilla. El legislador tuvo su momento de fama en mayo de 2024 como cabecilla del levantamiento que puso en jaque a las instituciones de la provincia. El reclamo de entonces, que terminó luego de dos semanas de toma del Comando Radioeléctrico, se centraba en reivindicaciones salariales.

Amarilla fue electo el año pasado. Llegó al día de la elección detenido. Meses después de la revuelta intentó encabezar una réplica que fue desbaratada por las autoridades. El plan se filtró y el Gobierno pudo detener a los referentes de la movida.

Correa y Guirula eran dos de los confabulados. Por decreto 2084, se ordenó la destitución de ambos el 24 de septiembre de 2024. El esquema de protestas había salido a la luz 10 días antes. En ese momento se dispuso un sumario que concluyó con el dictado de la norma.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que ninguno de los removidos buscó revocar la medida administrativa a través de la vía judicial. “No apelaron la baja. La vía utilizada es encadenarse y no recurrir a Tribunales. Extraño”, comentó una alta fuente de la administración de Hugo Passalacqua.

Además de Amarilla también se sumó a la protesta el productor Maximiliano Hoff. El dirigente encabezó hace unos meses una revuelta de tabacaleros frente a una empresa. No dejaban entrar ni salir productos. El reclamo pasaba por mejorar el valor que reciben.

En el lugar de la protesta se está armando una carpa. Las demás personas que acompañan al expolicía y al referente de la producción llevaron sillones. El clima en Posadas es caluroso y se anticipan tormentas para las próximas horas.

“El decreto no fue promulgado”

Según relató Correa a un medio local, la norma que dispuso su salida de la Policía “nunca fue promulgada ni publicada” en el Boletín Oficial. “En la Legal y Técnica tampoco existe” (el decreto), aseveró. Luego, agregó: “En el Ministerio de Gobierno figura que nosotros todavía somos policías”.

Ante la consulta de este medio, fuentes gubernamentales negaron estas afirmaciones y sostuvieron que la norma cumplió todos los pasos formales.

Por los hechos de septiembre de 2024, Correa dijo que estuvo preso 11 meses. Nueve de esos los pasó en la Unidad Penal de Loretto y los dos restantes los transitó en Cerro Azul. Fue el último de los ocho en salir de la detención. El juicio por los hechos de 2024 aún no se concretó.

En el episodio de septiembre, se hicieron públicos los audios de Whatsapp que intercambiaban los conjurados. En ellos, se escucha a los implicados planeando plantar falsas denuncias para crear distracción. Entre esos, la quema de maleza en descampados a fin de hacerse con el control de la autobomba de Bomberos.

Según consignó, está sin trabajo y sin ingresos. “No tengo nada más que vender en mi casa”, apuntó. Luego, sostuvo que se siente “marcado” porque nadie le da empleo para “no tener problemas” con el gobierno provincial, agregó.

“Nuestras familias no sabían nada” de la decisión de encadenarse, indicó. “Mi mujer y la de Guirula están como locas”, redondeó.