POLITICA
Exigieron ante la CIDH la liberación del argentino Germán Giuliani y denunciaron torturas en su detención en Venezuela

El caso del abogado argentino Germán Darío Giuliani fue llevado hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con un pedido de medidas cautelares urgentes contra el Estado venezolano, en una presentación que denuncia desaparición forzada, torturas y graves violaciones a los derechos humanos.
La solicitud fue realizada por su esposa, María Virginia Rivero, a través del abogado Diego Armesto, y sostiene que Giuliani permanece detenido desde mayo de 2025 en condiciones de incomunicación, sin acceso a defensa privada ni asistencia consular, y con un deterioro físico y psicológico progresivo.
A ese proceso se sumó la intervención de la diputada nacional Karina Banfi, quien acompañó a la familia a través de la ONG Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, un espacio que integra junto a Elisa Trotta, Waldo Wolff y Graciela Fernández Meijide. Según explicó, el caso presentaba un cuadro de desprotección institucional, especialmente por la ausencia de una medida cautelar ante la CIDH, el mecanismo central para activar la intervención del organismo en situaciones de violaciones de derechos humanos.
La presentación formal fue realizada hoy, tras una semana de gestiones en Washington. Allí, Banfi mantuvo reuniones con autoridades de la Comisión Interamericana y avanzó en la preparación del expediente. A su regreso al país, articuló con el abogado Diego Armesto y con la ONG para estructurar la medida cautelar que finalmente fue presentada, con el objetivo de individualizar el caso dentro del sistema interamericano y habilitar mecanismos de protección específicos.
“A Germán Giuliani lo detuvo el régimen de Venezuela por ser argentino. Lo están usando de moneda de cambio siendo el único argentino detenido en carácter de preso político. Esta medida cautelar es un seguro de vida, no sabemos qué le puede pasar, mientras siga detenido en manos de la dictadura”, sostuvo Banfi, en diálogo con Infobae.
La presentación ante la CIDH no forma parte de la estrategia de la Cancillería, sino que corresponde a acciones que impulsan familiares y organizaciones de derechos humanos. El Gobierno argentino colabora con la familia y existe conformidad con esas gestiones, aunque su margen de acción es limitado por la falta de relación directa con el régimen venezolano, lo que obliga a canalizar contactos a través de terceros países, principalmente Estados Unidos.
La medida cautelar fue impulsada mediante un esquema mixto entre la familia y una organización no gubernamental, con el objetivo de reforzar la legitimidad del caso y consolidar su caracterización como detención política sin sustento penal. Esa articulación permitió formalizar el expediente en un contexto en el que organizaciones como Foro Penal ya identificaban a Giuliani como un preso político dentro del universo de detenidos en Venezuela.
El pedido ante la CIDH se sustenta en los requisitos del artículo 25 de su reglamento. La presentación plantea la gravedad del caso, al tratarse de la detención y desaparición de un ciudadano argentino sin comunicación con su familia ni acceso a asistencia consular, en una situación que pone en riesgo su vida e integridad física. También señala la urgencia de la intervención, dado el tiempo transcurrido sin información sobre su paradero y estado de salud. Y advierte sobre el daño irreparable que implica la privación ilegítima de la libertad, el aislamiento forzado y la incomunicación sostenida, que afectan de manera irreversible sus derechos fundamentales.
Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en aguas del estado de Anzoátegui, mientras navegaba en una embarcación junto a ciudadanos venezolanos. Había viajado al país por un contrato comercial temporal.
Durante los doce días posteriores no hubo información oficial sobre su paradero. Ese período es caracterizado en la denuncia como desaparición forzada, una figura que implica la detención por parte de agentes estatales seguida de la negativa a reconocerla o informar sobre la situación de la víctima.

Recién luego de ese lapso se confirmó que estaba recluido en el Comando Militar de Las Acacias, un centro asociado a la detención de presos políticos, y posteriormente fue trasladado al penal de Yare II.
El documento señala que desde el inicio del proceso no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Giuliani no fue presentado ante un juez en tiempo razonable, no tuvo acceso a defensa técnica independiente y nunca recibió asistencia consular, pese a los intentos reiterados de su entorno.
Las imputaciones en su contra —terrorismo y narcotráfico— fueron difundidas públicamente por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. Sin embargo, la familia sostiene que no existen cargos formales ni pruebas que respalden esas acusaciones.
Uno de los ejes centrales de la denuncia refiere a las condiciones de detención. Los familiares reportan que el contacto es extremadamente limitado, con llamadas breves, esporádicas y bajo supervisión, sin posibilidad de verificar su estado de salud real.
A esto se suman denuncias de torturas físicas durante los interrogatorios, incluyendo golpes, coerción para firmar declaraciones y prácticas de aislamiento prolongado.
El testimonio del periodista venezolano Ramón Centeno, incorporado en la presentación, describe un patrón sistemático de violencia: interrogatorios reiterados, presiones para incriminar a dirigentes opositores y amenazas directas de desaparición. También detalla su paso por un centro de tortura conocido como “El Tigrito” y su posterior traslado.
El aislamiento se mantuvo en el tiempo. La familia sostiene que durante meses no hubo comunicación y que las condiciones de detención incluyen incomunicación, restricciones alimentarias y deterioro físico y psicológico.
El caso también incorpora un componente político. Tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo —que estuvo detenido 448 días— Giuliani quedó como el único argentino privado de su libertad en Venezuela, lo que incrementó la presión diplomática.
En ese contexto, su detención es interpretada por su entorno y por organizaciones de derechos humanos como parte de una lógica de utilización de extranjeros como fichas de negociación en conflictos diplomáticos.
A nivel internacional, el caso ya fue expuesto por el gobierno argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se exigió su liberación inmediata y el respeto de sus derechos fundamentales.
La presentación ante la CIDH introduce ahora un cambio en el expediente. La medida cautelar permite individualizar el caso dentro del sistema interamericano, habilita un seguimiento específico y abre la posibilidad de intervenciones más incisivas, como una eventual visita in loco (presencial) para verificar la situación de los detenidos.
El movimiento también implica una escalada política. El caso deja de ser exclusivamente bilateral y pasa a formar parte de la agenda de la Organización de los Estados Americanos, donde se articula con el seguimiento regional de presos políticos en Venezuela.
Hoy, Giuliani es el único ciudadano argentino que permanece detenido en ese país. La resolución de la CIDH será determinante para establecer si el caso avanza hacia una instancia de mayor presión internacional en uno de los episodios más sensibles de la relación entre Argentina y Venezuela.
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POLITICA
El impacto político del caso Adorni: dudas, respaldo oficial y efecto en la opinión pública, según un analista

La tendencia de funcionarios del Gobierno nacional a acceder a créditos del Banco Nación para la compra de propiedades generó un intenso debate público y abrió un frente judicial. Al mismo tiempo, crecen las dudas sobre las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Juan Germano, analista político y fundador de Isonomía, analizó en Infobae en Vivo A las Nueve el costo político y las implicancias para la estrategia oficial.
El Gobierno decidió respaldar a Adorni en medio del escándalo, pese a la creciente visibilidad del caso y a las repercusiones en redes sociales y otros ámbitos de discusión ciudadana. Las reacciones oficiales y la posición de la administración presidida por Javier Milei marcan un cambio de dinámica con respecto a cómo se gestionan las polémicas dentro del Gabinete.
De acuerdo con el análisis de Juan Germano, el Gobierno había llegado con el compromiso de exigir transparencia y explicaciones al resto del sistema político. “Cuando el Gobierno debe dejar de exigir explicaciones y empieza a darlas, la situación cambia,” sostuvo. Según su visión, esta transformación en el rol comunicacional empieza a tener un costo concreto para el oficialismo.
El impacto de los casos de corrupción en la opinión pública
El contexto económico influye en la manera en que la sociedad percibe los casos de presunta corrupción. Germano remarcó que “cuando aparecen problemas vinculados con corrupción, aun sin que estén plenamente probados, afectan más que antes la imagen del Gobierno”. La preocupación social muestra un desplazamiento: “La demanda se corrió de la inflación hacia otras cuestiones vinculadas al poder de compra y la estabilidad laboral”, detalló.
Según el analista, el Gobierno logró inicialmente un descenso significativo en la preocupación por la inflación, resultado visible hacia septiembre y octubre del año pasado. Sin embargo, “lo que alcanzó para obtener un buen resultado electoral en 2023 ya no es suficiente para mantener el apoyo social”, indicó. Ahora hay una mayor exigencia de cambios concretos.
En este sentido, Germano explicó: “Cuando aparece un caso que huele, aunque sea remoto, a lo que antes identificábamos como corrupción, el impacto en la opinión pública es mucho mayor”. El funcionario destacó que la sociedad argentina tiende a exigir cada vez más resultados claros y respuestas frente a estas situaciones.
La oposición y la falta de alternativas claras
Germano argumentó que el oficialismo todavía se beneficia de la ausencia de propuestas alternativas definidas por parte de la oposición, especialmente el peronismo. “La pulsión por el cambio sigue siendo un tema central. En 2023 el 90 % de los argentinos consideraba necesarios grandes cambios, frente al 60 % en 2015,” puntualizó.
Para Germano, la dificultad de la oposición radica en ofrecer un modelo distinto al propuesto por el Ejecutivo: “Las oposiciones, el peronismo en particular, todavía no verbalizan esos grandes cambios que la sociedad demanda.”
La ciudadanía presenta actualmente una menor fidelidad partidaria y aumenta la cifra de votantes indecisos o desimplicados electoralmente. Germano señaló que “cada vez hay más personas que definen su voto sobre la hora o incluso prefieren no participar del proceso electoral”. Este escenario, sumado a la elevada polarización, complica el crecimiento de figuras políticas emergentes fuera de los bloques tradicionales.
Reformas, expectativas y riesgos para el oficialismo
El Gobierno enfrenta el dilema de impulsar reformas percibidas como insuficientes por la sociedad. “Uno de los grandes desafíos es no caer en reformas que no transforman. Una reforma que no implica un cambio concreto puede significar un problema político aún mayor que no reformar nada,” advirtió Germano.
Las reformas propuestas por el oficialismo –laborales, electorales o de otra índole– deben traducirse en resultados tangibles. De lo contrario, existe el riesgo de que la ciudadanía perciba una falta de cumplimiento de las promesas realizadas en campaña. “Gobernar se trata de dar respuestas. La democracia exige resultados,” afirmó el analista.
El concepto de orden macroeconómico aparece como uno de los hitos que dejará el Gobierno, según Germano. “En algún momento, la oposición deberá conceder que hay un nuevo orden que no se va a tocar, aunque luego el Estado distribuya recursos de manera distinta”. Sin embargo, este consenso todavía no se manifiesta de manera clara en el discurso opositor, que enfrenta dificultades para disputar el sentido de “orden” que lograría imponer el oficialismo.
El futuro electoral y el efecto Adorni
Respecto a las perspectivas electorales del jefe de Gabinete, Germano sostuvo: “Le va a costar mucho electoralmente, y además, en términos de vocería, Adorni era visto como un buen portavoz”. La resolución del caso en la justicia será clave para su futuro. “Mientras permanezca en una situación de indefinición judicial, el costo político se mantendrá”, añadió Germano.
El consultor también analizó el peso de los liderazgos duros y la relevancia de la marca política sobre los nombres individuales. Señaló que en los últimos años candidatos poco conocidos lograron triunfos por su vinculación con la figura de Milei y la identificación partidaria. “En la actualidad, las estructuras partidarias tradicionales y los liderazgos masivos de más de 60 o 70 puntos de aprobación están prácticamente ausentes”, detalló.
Por su parte, la posibilidad de que surjan outsiders como alternativas a Milei depende, según Germano, del desempeño económico del Gobierno. “Si a Milei le va bien en términos económicos, lo más probable es que logre la reelección; si el escenario es regular o negativo, se abrirán posibilidades para figuras nuevas o para el peronismo”, explicó.
El caso Adorni permanece en el centro de la atención política y mediática. Las próximas definiciones judiciales condicionarán el posicionamiento del Gobierno, mientras la opinión pública observa con expectativa cómo la administración responde a las demandas de transparencia y las exigencias sociales en un escenario cada vez más polarizado.
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POLITICA
Los gobernadores de Provincias Unidas priorizan sus reelecciones, pero exploran nuevas alianzas para 2027

Con un Javier Milei dispuesto a profundizar la polarización con el kirchnerismo y la mira puesta en 2027, Provincias Unidas empieza a mostrar ciertos signos de dispersión y no logra posicionarse como una tercera vía. Tras un incómodo debut en las urnas en octubre del año pasado, sus gobernadores ponen el foco en apuntalar su gestión ante la posibilidad de reelegir mientras evalúan cómo plantarse para los próximos comicios nacionales.
“Es un momento de tránsito y en todo caso de conversaciones”, reconoció a un dirigente al tanto del armado federal que nació el año pasado a partir de un acuerdo entre Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). En el entorno de ambos aclaran que los gobernadores siguen igualmente comprometidos con el proyecto de centro que impulsaron, pese a que en las últimas semanas empezaron a abrirse nuevas alternativas.
El 19 de marzo, Mauricio Macri encabezó una reunión del Consejo Nacional de Pro para relanzar su partido y reconstruir su identidad alejado de La Libertad Avanza (LLA). Prevén tener un candidato propio en la carrera por la Casa Rosada el año que viene, aunque quieren esquivar una danza de nombres prematura. “Antes de hablar de piloto, estamos poniendo a punto la carrocería”, había resumido una histórica dirigente del partido amarillo a en la previa de la cumbre.
La iniciativa de la cúpula de Pro para desmarcarse del oficialismo nacional -que también incluye una gira del expresidente para apoyar a dirigentes provinciales y distritales de su espacio- abrió la posibilidad de ampliar la coalición de centro. Eso es, al menos, lo que sugirió esta última semana Pullaro.
El fundador de Provincias Unidas -que mantiene una difícil relación con la Casa Rosada- volvió a insistir con la necesidad de construir un “frente democrático, republicano y de centro”. En ese contexto, detalló: “Es con Provincias Unidas por supuesto, es con Macri si quisiera ingresar a un frente político, y es con muchos actores políticos y sociales que crean en esto”.
Lo cierto es que Pro ya cuenta con su propia terminal en el armado federal a través del gobernador de Chubut, Ignacio Torres. El mandatario tiene un alfil en la Cámara alta –Edith Terenzi– que, a fines de febrero, conformó el interbloque Impulso País con sus pares amarillos Enrique Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa) y los senadores del bloque Provincias Unidas, Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes).
La posibilidad de recrear una alianza similar, pero fuera del ámbito parlamentario, está latente. “¿Vos nos ves muy alejados de Pro?», ironizó una fuente al tanto del armado de Provincias Unidas ante la consulta de este medio. En Pro, un dirigente que participó de la organización de la cumbre había deslizado a que el sello amarillo no descarta volver a aventurarse en un frente como lo fue Cambiemos en 2015, pero que la reconstrucción de su propio espacio es la prioridad en este momento.
Entre los gobernadores tampoco domina la urgencia. El foco está puesto en fortalecer la imagen de sus gestiones a nivel provincial, en especial ante la posibilidad de reelegir. En este contexto, por ejemplo, Pullaro anunció que firmaría un convenio con Nación y se haría cargo de la reparación de la ruta nacional A012. “Santa Fe es una garantía de gestión: cuando empezamos una obra, la terminamos, a pesar de haber recibido deudas y postergaciones”, dijo.
De los seis gobernadores que integran la coalición -a los ya mencionados se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz)-, cinco se jugarán su continuidad al frente del Ejecutivo en las urnas en 2027.
Solo el correntino -que asumió en diciembre del año pasado- no enfrentará ese desafío, aunque plebiscitará su gestión en los comicios legislativos de medio término. De todos modos, en Provincias Unidas reconocen que, por fuera de la gestión, es su propio partido, antes que la sociedad con los demás gobernadores, el que concentra su atención. “Valdés no está peleado ni desencontrado, pero está más enfocado en el radicalismo”, indicaron.
En paralelo, algunos dirigentes del PJ trabajan por conformar un frente “anti-Milei” y apuestan a tentar a sectores hoy alineados con Provincias Unidas. En una entrevista con el canal de streaming Gelatina, la senadora nacional Juliana Di Tullio coqueteó con la idea de confluir con los radicales que rechazaron un acuerdo con LLA y aún apuestan a imponer sus diferencias con la Casa Rosada.
Miguel Ángel Pichetto, por su lado, visitó a la expresidenta Cristina Kirchner en su domicilio en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por su condena en la Causa Vialidad. En ese contexto, el diputado -que encabeza la bancada Encuentro Federal, pero juega dentro del interbloque Provincias Unidas-, le planteó a la titular del PJ la necesidad de unir al peronismo y armar un espacio de “centro nacional” para disputarle la presidencia a Milei. Un sugestivo gesto con el que podría hacer que se amplíe en otra dirección la coalición de gobernadores con la que se mueve en el Congreso o terminar de romperla.
Pullaro parece ya haber descartado la alternativa que puso sobre la mesa Pichetto. “No queremos volver atrás, no queremos volver al kirchnerismo”, dijo esta semana. Es algo que solía repetir también en la campaña electoral del año pasado en la que se desmarcaba tanto de la falta de inversión pública de LLA como de los escándalos de corrupción y la escalada inflacionaria que sacudieron al kirchnerismo.
Resta saber cómo se posicionarán los demás dirigentes, en particular Llaryora, el mandatario peronista de mayor protagonismo dentro de Provincias Unidas. Aunque no abandonó formalmente la alianza, el santacruceño Vidal -de origen peronista y sindical- se mantiene en los márgenes del armado.
En Córdoba, distintos actores de LLA, el radicalismo y Pro pujan por desplazar al peronismo de la gobernación, pero en el Panal evitan hablar de 2027. “Nosotros estamos concentrados en la gestión en Córdoba. No estamos analizando lo nacional. Lo haremos a fin de año o a principios del que viene”, aseguraron en el entorno del gobernador cordobés a .
El 18 de marzo, Consolidación Argentina, el espacio que impulsa una candidatura presidencial del conferencista evangélico Dante Gebel, realizó un acto que reunió a personalidades del mundo del deporte y dirigentes de distinto color político. Además de figuras con pasado libertario como el legislador porteño Eugenio Casielles y sindicalistas peronistas como Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), asistió al evento un funcionario de Llaryora: el secretario de Culto de Córdoba, Mariano Almada.
Su presencia fue interpretada como un guiño del llaryorismo al proyecto político que espera que Gebel confirme su postulación. Sin embargo, en el entorno del gobernador, negaron que se tratara de un gesto de respaldo de la administración local y se desmarcaron de ese armado. “Almada es secretario de Culto de la provincia, pero tiene independencia política y asistió por convicción personal”, explicaron.
Así, mientras los gobernadores concentran sus esfuerzos en construir el camino a la relección en sus provincias, crece la incertidumbre sobre el futuro del armado federal. “Primero la casa antes que las sociedades”, subrayó un armador del espacio. Con más de una alternativa a Milei en formación, Provincias Unidas podría terminar de ampliarse -como pretendían en la gesta sus fundadores- o dispersarse por completo.
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POLITICA
La Casa Rosada mantiene la prohibición de acceso a periodistas acreditados de medios que publicaron notas de la campaña de espionaje ruso contra Milei

Por segundo día consecutivo, funcionarios de Casa Militar y Policía Federal apostados en la entrada de la Casa Rosada cotejan fichas con nombre, apellido y foto de los periodistas acreditados. “Sigue todo igual”, contestan los encargados de prohibir la entrada de los acreditados de El Destape, Tiempo Argentino, La Patriada web y Ambito Financiero, los medios señalados por una investigación publicada por el sitio filtraleaks como parte de la campaña de desinformación apuntalada por el gobierno de Vladimir Putin para desacreditar al gobierno de Javier Milei durante 2024.
A última hora de ayer, se levantó la prohibición que pesaba sobre el sitio América 24. Sus periodistas asignados fueron autorizados a ingresar, mientras que los que pertenecen a los otros cuatro medios señalados perdieron la huella dactilar que los autorizaba a trabajar dentro de Balcarce 50 y cubrir las actividades que allí se desarrollan. Otros medios también señalados en el informe, como Infobae y El Cronista, no tuvieron complicaciones, y sus acreditados continúan trabajando dentro del edificio gubernamental.
Desde el Gobierno aseguraron a que las restricciones a esos medios “van a seguir por ahora”, sin plazos concretos para dejar sin efecto la medida. Se estaría abriendo, de todos modos, algún canal de negociación con los dueños de esos medios de comunicación en relación con las restricciones, que continúan también en la Cámara de Diputados, que encabeza Martín Menem. Colaboradores de Menem comunicaron ayer al Círculo de Periodistas Parlamentarios que quedaban suspendidas las acreditaciones de los medios La Patriada, el Destape, A24 y Gritos del Sur. Aclararon que no era algo “personal” con los periodistas, sino con los medios.
La información sobre lo sucedido alrededor del caso se conoció el último viernes, según reveló un consorcio de investigación periodística que accedió a una filtración de documentos e informes de inteligencia rusos.
Tal como contó ese mismo viernes, un consorcio de periodistas de investigación accedió a una filtración de informes de inteligencia rusos en los que reveló que un grupo de espionaje conocido como “La Compañía” desarrolló una “campaña mediática y política para desacreditar” al gobierno libertario durante 2024, en plena guerra entre Rusia y Ucrania, y mientras el gobierno de Javier Milei hacía explícito su apoyo al gobierno de Volodimir Zelensky.
La campaña de desprestigio, según la investigación, consistió en una serie de maniobras de “guerra híbrida” dirigidas a cuestionar al presidente Milei y a su gobierno con la difusión de una mezcla de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo, apoyar a la oposición por diversos medios y alentar conflictos con países vecinos.
Según el material al que accedió ese consorcio de periodistas, la campaña de desacreditación incluyó además la realización de encuestas, reuniones y sesiones informativas sobre partidos políticos y sindicatos, perfiles de líderes políticos y “entrevistas con expertos”, incluyendo “políticos (peronistas), politólogos de la oposición y economistas”.
Los trabajos de “La Compañía” en la Argentina también abarcaron análisis de la situación militar-industrial argentina y de los recursos petrolíferos en la Antártida, una campaña para promover proyectos de ley contra la adhesión de Argentina al Grupo de Contacto de Amigos de Ucrania y un plan para apoyar a los candidatos de la oposición en las elecciones legislativas que se desarrollaron durante 2025.
Conocidas las medidas del Gobierno, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado para expresar su “preocupación” ante “la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero” contra el gobierno del presidente Javier Milei. Al mismo tiempo, pidió “evitar generalizaciones” que puedan motivar cuestionamientos al ejercicio del oficio periodístico.
Las revelaciones sobre la red de difusión de noticias apócrifas que habría contado con financiamiento de Rusia motivaron una reacción del Gobierno, incluso con mensajes de tono agresivo del presidente Javier Milei hacia el periodismo y trabajadores de prensa. ADEPA abordó el tema con un pedido de evitar las generalizaciones.
“ADEPA subraya que el periodismo cumple un rol esencial en la vida democrática, basado en la búsqueda de la información, la verificación de los hechos y la responsabilidad editorial correspondiente. Este tipo de campañas ilegítimas no solo distorsiona el sentido de ese trabajo, sino que puede afectar la confianza pública en los medios. Por eso, también es prudente evitar generalizaciones que puedan derivar en cuestionamientos genéricos al ejercicio profesional del periodismo”, destacó la entidad en uno de los párrafos de su comunicado.
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