POLITICA
La Justicia investiga a exfuncionarios del PAMI y empresarios de la salud por montar una red para facturar prestaciones inexistentes
Una estructura delictiva funcionó durante al menos cuatro años para desfalcar al PAMI. Actores privados, intermediarios operativos y funcionarios públicos formaron lo que la Justicia investiga como una asociación ilícita para, de forma sistemática, extraer recursos de la obra social de los jubilados, lavar el dinero y pagar coimas.
Según pudo saber de fuentes judiciales, la maniobra tuvo lugar entre 2016 y 2020 en filiales del PAMI del Gran Buenos Aires. No fueron episodios aislados, sino que se montó un esquema sostenido que articuló la captación de pacientes, la manipulación de registros médicos y la facturación de prestaciones inexistentes o infladas.
El entramado se encuentra bajo investigación en la Fiscalía Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez. En sus últimas medidas, el fiscal se concentró en el grupo de personas involucradas en el Centro de Salud Norte de Villa Adelina y el Sanatorio Mariano Pelliza, clausurado en 2020 por acusaciones de propagación dolosa del Covid-19.
Se trata de un caso que se repite casi idéntico -y se investiga- en otros municipios del conurbano. Los funcionarios imputados ya no forman parte de la estructura del PAMI, que realizó sus propias auditorías internas. A su vez, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado debe fijar las fechas de las indagatorias solicitadas por el fiscal Domínguez.
En este caso, aparecen tres “nodos” de imputados: funcionarios del PAMI, los dueños de una empresa llamada Rophe S.A. (Benjamín Teitelbaum y Viviana Knhol) y el grupo familiar Cerezo (José, Alexis y Mónica Bertoni).
Las fuente consultadas precisaron que dos de los exjefes del PAMI imputados formalmente son Pablo Lera, en ese entonces director de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII de San Martín y Nicolás Siseles, asesor del organismo.
Todos están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado mediante la simulación de prestaciones médicas y sobrefacturación de días de internación inexistentes. Esta maniobra, que operó entre 2016 y 2020, incluía una oficina de derivación paralela para captar pacientes y el lavado de activos a través de la firma de fachada Rafael Arcángel S.R.L. y el uso de facturas apócrifas, destinando además una porción de las ganancias al pago de sobornos o “retornos” millonarios a funcionarios públicos para garantizar la continuidad del esquema.
La defraudación se materializaba principalmente a través de la sobrefacturación y la carga de conceptos ficticios en el sistema interactivo de PAMI. Es decir, se indicaba que un paciente había recibido tratamientos o medicamentos inexistentes. Para facilitar este proceso, la familia Cerezo diseñó un sistema informático denominado SIRA (Sistema Interactivo Rafael Arcángel), que permitía migrar datos de forma masiva y cargar prestaciones que nunca se habían realizado.
Las auditorías posteriores revelaron inconsistencias alarmantes en las historias clínicas de los pacientes. En una muestra de 188 casos analizados de un universo de más de 2500, se detectaron 123 expedientes con irregularidades graves en la facturación de días de internación en terapia intensiva (UTI) o unidad coronaria (UCO).
Los pacientes figuraban internados en camas de alta complejidad cuando, en realidad, se encontraban en salas comunes con costos operativos mucho menores, o incluso ya habían sido dados de alta.
La operatoria requería una capa intermedia que permitía intervenir sobre los circuitos administrativos y garantizar volumen en la derivación de pacientes. Ese rol lo cumplía la familia Cerezo, encargada de gestionar los vínculos con funcionarios, diseñar los mecanismos de carga de datos y coordinar la operatoria diaria.
Uno de los dispositivos centrales fue la creación de una oficina paralela de derivación de pacientes que operaba por afuera de los canales formales del PAMI. Esta estructura funcionaba de manera permanente y permitía direccionar afiliados hacia los sanatorios involucrados, alterando el sistema de asignación.
Las comunicaciones relevadas en la investigación —más de 15.000 entre llamadas y mensajes— evidencian que las decisiones sobre el destino de los pacientes no respondían a criterios médicos, sino a la conveniencia económica del esquema.
A través del mecanismo SIRA, se registraban internaciones en unidades de terapia intensiva o coronaria que no se correspondían con la realidad clínica de los pacientes. Auditorías posteriores detectaron que, en una muestra de 188 casos, 123 presentaban irregularidades graves, con pacientes que figuraban en camas de alta complejidad cuando en realidad estaban en salas comunes o incluso ya habían sido dados de alta.
La sobrefacturación no se limitó a internaciones. También incluyó estudios y prácticas médicas. Se documentaron casos en los que se facturaron decenas de electrocardiogramas, sesiones de kinesiología o procedimientos complejos sin respaldo en historias clínicas. La manipulación de estos registros era parte del funcionamiento regular: empleados administrativos, sin formación médica, modificaban los datos para ajustar la facturación mensual a los objetivos económicos de la organización.
El volumen económico del esquema fue significativo. Solo en el concepto de días de terapia intensiva facturados en exceso, el perjuicio estimado supera los $512 millones a valores actualizados a enero de 2026. A esto se suman las prácticas individuales infladas o ficticias, lo que amplía el impacto total sobre los recursos del sistema de salud destinado a jubilados y pensionados.
Para sostener la operatoria, la estructura incluía el pago de retornos a funcionarios del PAMI. Estos pagos, que representaban entre el 3% y el 5% de la facturación, garantizaban la continuidad de los contratos, la falta de controles efectivos y la validación de las prestaciones cargadas. La existencia de estos pagos quedó registrada tanto en comunicaciones como en anotaciones contables informales.
El circuito se cerraba con el lavado de los fondos obtenidos. Para ello se utilizó una empresa de fachada, Rafael Arcángel S.R.L., a través de la cual se emitían facturas por servicios inexistentes para justificar el origen del dinero. También se incorporaban facturas apócrifas de otras firmas, con el objetivo de alimentar una caja paralela destinada tanto al pago de sobornos como al enriquecimiento de los integrantes de la estructura.
La organización, además, contaba con cobertura legal interna. Una abogada vinculada al grupo intervenía en el diseño de estrategias para afrontar auditorías o eventuales investigaciones, lo que permitía ajustar la operatoria y reducir riesgos. Este componente evidencia que el esquema no solo estaba orientado a maximizar ganancias, sino también a sostenerse en el tiempo.
En el plano judicial, el fiscal federal a cargo de la investigación solicitó la indagatoria de los principales involucrados y la ampliación de declaraciones para quienes ya estaban imputados. En su última medida, se solicitó sobre 29 personas. La acusación sostiene que existen elementos suficientes para considerar la existencia de una asociación ilícita orientada a defraudar al Estado mediante la simulación de prestaciones médicas y el desvío de fondos públicos.
Los delitos imputados incluyen fraude a la administración pública, lavado de activos agravado, cohecho activo y pasivo e incumplimiento de deberes de funcionario público. La causa avanza ahora sobre la base de esa reconstrucción, con un volumen probatorio que incluye comunicaciones, registros contables, auditorías médicas y documentación administrativa, y con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales de las personas investigadas por la Justicia.
Camila Dolabjian,Conforme a
POLITICA
Causa por los vuelos de Adorni a Punta del Este: la Justicia pidió peritar el teléfono del periodista Marcelo Grandio
El juez federal Ariel Lijo dispuso este martes el peritaje de los llamados telefónicos entrantes y salientes del empresario asociado a la TV Pública, Marcelo Grandio. Se busca determinar si el pago de los vuelos privados a Punta del Este durante el feriado de Carnaval que hizo el jefe de Gabinete está vinculado a contrataciones estatales.
La medida incluye además el análisis de las comunicaciones entre Grandio y Horacio Silva, presidente de la productora Imhouse, y el requerimiento de los expedientes completos de los contratos que esa firma mantiene con la TV Pública.
Según los elementos incorporados a la causa, Grandio habría abonado los vuelos privados de la familia de Adorni a Uruguay.
La gerenta comercial de la empresa Jag Executive Aviation, Vanesa Tossi, declaró ante la Justicia que Grandio solicitó una cotización para “invitar a una familia” a Punta del Este. Según su testimonio, facturó únicamente el tramo de ida a nombre de Imhouse y pagó el regreso en efectivo, en un intento de evitar la facturación completa. Esta versión contradice la declaración pública de Adorni, quien había afirmado que él mismo había costeado los pasajes de su familia.
La causa, cuya investigación lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, busca determinar si esos vuelos tuvieron relación con beneficios obtenidos por Imhouse en sus contratos con el Estado. La TV Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete, confirmó la existencia de al menos seis contratos vigentes con la productora desde 2024.
Ante ese panorama, Lijo amplió el pedido de información para conocer los ingresos generados, el circuito administrativo de la documentación y los funcionarios que intervinieron en cada etapa.
Lijo también impuso a Grandio una restricción de contacto con la testigo Tossi, luego de que esta denunciara haber recibido llamados y mensajes de presión durante la audiencia.
El juez busca con el peritaje telefónico determinar si existieron otras comunicaciones relevantes y si hubo coincidencias en otros viajes entre el empresario y el jefe de Gabinete.
Las otras medidas de prueba
Días atrás, Pollicita solicitó a Lijo que autorice una serie de medidas para profundizar la pesquisa, entre ellas el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria de la aeronave involucrada.
Entre los pedidos centrales, el fiscal requirió que se libre un oficio a Migraciones para que remita la totalidad de los registros de egreso y reingreso al país de Adorni y de Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.
También solicitó información sobre los movimientos migratorios de la esposa del vocero presidencial, Bettina Julieta Angeletti, y de otras personas que hayan integrado los vuelos investigados, con especial foco en los desplazamientos registrados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.
El requerimiento incluye datos detallados: fechas, horarios, pasos fronterizos utilizados, medios de transporte y cualquier otra constancia disponible. Además, el fiscal pidió que el organismo realice un cruce de la información para determinar si las personas mencionadas realizaron otros viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas.
Leé también: El Gobierno replantea la estrategia de comunicación por el caso Adorni y mide el impacto en la imagen de Milei
Otro punto del dictamen apunta al registro interno de esos movimientos en el sistema migratorio. Pollicita solicitó que se identifique a los usuarios del organismo que intervinieron en la carga, validación o modificación de los registros vinculados a los vuelos investigados, con detalle de nombres, áreas de pertenencia, fechas, horarios e incluso las terminales e IP utilizadas en el proceso.
La intervención de la PIA, de concretarse, permitiría que ese organismo examine la documentación del expediente y utilice las herramientas con las que cuenta para evaluar eventuales irregularidades administrativas relacionadas con el uso de recursos del Estado y con la actuación de quienes aparecen mencionados en la causa.
Manuel Adorni, Gobierno, Justicia
POLITICA
La oposición a Furlán en la UOM Zárate-Campana denunció un ataque intimidatorio con armas de fuego, golpes y amenazas
El candidato opositor de la UOM Zárate-Campana, Angel Derosso, denunció que dos desconocidos entraron este lunes en la sede de su agrupación en actitud intimidatoria (uno de ellos con un arma de fuego), golpearon a un activista con una llave inglesa y les advirtieron que “bajen la lista” que compitió contra Abel Furlán, el titular de esa seccional, en las elecciones de principios de marzo.
El dirigente, que encabezó la única lista opositora e impugnó la votación ante la Justicia por presuntas irregularidades, relató que cerca del mediodía de este lunes dos jóvenes ingresaron repentinamente a la sede de su agrupación, Azucena Villaflor, en Campana, donde él y otros dirigentes estaban reunidos. Uno de los agresores portaba un revólver y llevaba un casco de moto que le cubría el rostro, mientras que el otro, a cara descubierta, llevaba una llave inglesa a manera de arma.
Según Derosso, luego de que identificaron a uno de los presentes, uno de los atacantes le pegó en una rodilla con la llave inglesa mientras lo amenazó: “Bajen la lista; si no, va a ser peor”. En ese momento, uno de los activistas de la lista opositora logró escaparse, lo que provocó que los agresores se retiraran precipitadamente tras permanecer en el lugar entre 5 y 10 minutos. Antes de irse, les advirtieron: “No llamen a la policía”.
El agredido sufrió un edema en la rodilla producto del golpe, aunque su estado no reviste gravedad.
En diálogo con Infobae, Derosso apuntó directamente a la interna gremial como causa del ataque y acusó a Furlán como su “responsable directo” y explicó que el hecho responde a la escalada de tensión por las impugnaciones a la elección en la UOM Zárate-Campana y al congreso metalúrgico nacional del 18 de marzo pasado.
El sindicalista aseguró que ya se hicieron las correspondientes denuncias policiales por el episodio y que las lesiones que sufrió el otro miembro de su agrupación fueron constatadas por médicos del Hospital Municipal San José, ubicado en Campana.
Derosso reveló que el clima de amenazas motivó que un integrante de la agrupación Azucena Villaflor hiciera el 26 de marzo una presentación ante la Justicia debido a la sospecha de “actos de violencia física” en contra de él y de otros miembros de la lista opositora a Furlán.
Tras esa presentación judicial, la fiscalía de Campana dispuso custodia policial para 2 de los integrantes de la agrupación, incluyendo al dirigente agredido en el episodio de este lunes. “Ya nos habíamos enterado que iba a pasar algo de esto“, señaló Derosso.
Por su parte, allegados a Furlán dijeron que “no tienen conocimiento” del hecho intimidatorio sufrido por sus rivales y al ser consultados sobre la acusación de Derosso contra el líder del sindicato metalúrgico enfatizaron: “Es mentira. No podemos desmentir algo que no existió”.
El 17 de marzo pasado, tras tras la denuncia por presuntas irregularidades en los comicios de la seccional, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la proclamación y toma de posesión de las autoridades electas en la UOM Zárate-Campana y pospuso la elección de la conducción del sindicato a nivel nacional en el congreso metalúrgico, que se hizo igual en abierto desafío al fallo de la Justicia y en el que Furlán logró la reelección como secretario general del gremio con el voto del 80% de los 270 delegados presentes.
En su sentencia, los jueces de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo María Dora González y Víctor Arturo Pesino se pronunciaron ante una presentación de la oposición a Furlán en la Seccional Zárate-Campana, que denunció irregularidades en el acto electoral y solicitó la suspensión del proceso, así como la nulidad absoluta de los comicios.
Mientras, el Gobierno decidió que no intervendrá en el conflicto desatado en la UOM luego de que Furlán realizó el congreso para elegir autoridades nacionales sin acatar la suspensión ordenada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Según fuentes oficiales, la Secretaría de Trabajo no cederá ante las presiones de los opositores a Furlán para que se declare la acefalía de la UOM ni ante la intención del líder metalúrgico de que le extiendan el certificado de autoridades para darle legitimidad a su designación.
En el entorno de Julio Cordero, el titular de Trabajo, consideran que el conflicto en la UOM nacional está judicializado y por eso decidieron esperar una decisión de los magistrados laborales en un sentido o en otro antes de dictar alguna resolución acerca de la validez del congreso nacional de los metalúrgicos.
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POLITICA
Estrategia legislativa: el oficialismo consolida su poder en Diputados y se queda con comisiones clave
Mientras las cámaras del Congreso terminan de conformar sus últimas comisiones —el ámbito por el que transitan las discusiones parlamentarias—, las miradas se concentran en la Cámara de Diputados, que avanza hacia el cierre del mapa legislativo que ordenará el tratamiento de los proyectos durante el año.
En paralelo a la definición de la Comisión Bicameral de Inteligencia —un espacio clave para el control de los organismos del sector—, el oficialismo y la oposición ya distribuyeron la mayor parte de las comisiones permanentes.
A pesar de que aún restan definiciones, La Libertad Avanza ya controla 20 comisiones en Diputados, incluidas áreas estratégicas como Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Defensa y Relaciones Exteriores. Agregando este martes Previsión y Seguridad Social, que quedó a cargo del diputado Pablo Ansaloni.
En los últimos días se designó a Lilia Lemoine al frente de Juicio Político y a Guillermo Montenegro en Libertad de Expresión.
Otras comisiones quedaron en manos de aliados de la oposición dialoguista: Minería será presidida por Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), cercana al gobernador Raúl Jalil; Industria por José Luis Garrido (Por Santa Cruz), del espacio del mandatario Claudio Vidal.
El PRO, en tanto, conducirá Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, con Martín Yeza; Agricultura y Ganadería, con Martín Ardohain; y Educación, con Alicia Fregonese.
Unión por la Patria encabezará 14 comisiones y recuperó esta semana la presidencia de Mercosur, tras la salida del ahora libertario Damián Arabia, que asumió en Comunicaciones e Informática, quedando a cargo de la presidencia el porteño Eduardo Valdés. Mientras que Horacio Pietragala asumió en Derechos Humanos y Garantías.
El interbloque Provincias Unidas, que lidera Gisela Scaglia, también tendrá conducción en áreas como Asuntos Municipales, con la cordobesa Carolina Basualdo, y Transporte, con el radical jujeño Jorge Rizzotti.
Las comisiones que faltan
Este miércoles se terminarán de conformar las comisiones restantes: Familia, Niñez y Juventudes y Seguridad Interior.
Se trata de áreas sensibles para el debate parlamentario, vinculadas a derechos civiles, políticas sociales y seguridad.
Con estas definiciones, quedará completo el mapa de comisiones de Diputados, el circuito institucional por el que deben pasar todos los proyectos antes de llegar al recinto.
La bicameral que define el destino de los DNU
Aún resta, además, definir la integración de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, un cuerpo clave dentro del funcionamiento del Congreso.
Este órgano es el encargado de analizar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que dicta el Poder Ejecutivo, una herramienta que permite al Gobierno legislar en situaciones excepcionales.
La comisión fue presidida hasta diciembre por el desarrollista Óscar Zago y su nueva conformación será determinante para el tratamiento de los decretos que emita la gestión de Javier Milei.
Con el cierre de estas designaciones, el Congreso terminará de definir su engranaje legislativo, una estructura clave para el desarrollo de la agenda política en los próximos meses.
Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y las Actividades de Inteligencia, Sebastián Pareja, Karina Milei
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