El bloque libertario definió la estrategia para la sesión de esta tarde: evitar responder a los ataques de la oposición contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y concentrarse en sancionar la reforma de la ley de glaciares, el único tema previsto para el debate en el recinto de Diputados.

La decisión se tomó ayer por la tarde durante la reunión de bloque previa a la sesión. “En principio estaremos todos callados”, dijo una fuente del espacio libertario a . La consigna es clara: dejar que la oposición hable para avanzar con la votación. En palabras de otro legislador, primará un viejo proverbio legislativo: que la oposición se quede con los discursos y el oficialismo con la ley.

En el bloque estiman que el debate, que comenzará a las 15, podría extenderse durante unas once horas. Según sus cálculos, la votación en general llegaría cerca de las dos de la madrugada. “Queremos votar lo antes posible. No importa lo que ellos digan”, resumió un diputado del oficialismo.

La estrategia, sin embargo, no garantiza una sesión tranquila. Es probable que los bloques opositores aprovechen el micrófono para amplificar las dificultades políticas que atraviesa el gobierno de Javier Milei, entre ellas las dudas sobre el crecimiento patrimonial de Adorni.

A la par de la actividad legislativa, también hay movimientos en la Justicia. La escribana Adriana Nechevenko -que intervino en las operaciones vinculadas a las dos propiedades que adquirieron Adorni y su esposa desde que él es funcionario- declaró durante más de dos horas como testigo en los tribunales de Comodoro Py. Lo hizo ante la fiscalía de Gerardo Pollicita, que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

Más allá de ese frente judicial, en el Congreso el panorama político aparece bastante definido. Incluso entre los bloques críticos admiten que la reforma impulsada por el oficialismo tiene altas chances de convertirse en ley esta misma noche. En ese contexto, los cuestionamientos a Adorni aparecen como una de las pocas cartas que la oposición puede jugar en una sesión en la que corre de atrás.

“No vamos a darles bola. Lo que nos importa es sacar la ley”, dijo con tono displicente otro legislador libertario. Esta vez, el jefe de Gabinete no tendrá voces dedicadas a defenderlo en un recinto que se anticipa cargado de críticas al Gobierno y a sus funcionarios.

El volumen de esos ataques, de todos modos, será seguido de cerca por el bloque oficialista. Si los discursos escalan, podrían activar alguna respuesta puntual. Para ese escenario, los libertarios designaron cuatro oradores habilitados: el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni; la secretaria parlamentaria del espacio, Silvana Giudici; y los diputados Nicolás Mayoraz y José Peluc, que encabezaron el debate de la reforma en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, respectivamente.

Solo en un caso extremo podrían intervenir otros dos voceros. La decisión, según explican en el bloque, es evitar cualquier discurso explosivo desde el oficialismo y mantener el debate lo más acotado posible.

El oficialismo también podría enfrentar cuestionamientos por las últimas revelaciones del caso $LIBRA, en las que aparecen llamados entre Milei, su hermana Karina Milei y el lobista cripto Mauricio Novelli antes, durante y después del lanzamiento de la criptomoneda que hoy es investigada como una presunta estafa. También podrían surgir críticas por las dudas sobre irregularidades en el otorgamiento de millonarios créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores oficialistas en los últimos meses.

Para evitar sobresaltos, el bloque libertario organizó además un sistema de control de bancas y turnos para salir a comer. La medida responde a una experiencia reciente: durante la última sesión, cuando se debatió la reforma laboral, el oficialismo estuvo a punto de que el debate se cayera por una moción impulsada por la oposición justo cuando no había quorum.

El reglamento establece que esas mociones deben votarse de inmediato y que, si no hay mayoría para sesionar, se cierra el recinto. Pero en esa ocasión el presidente de la Cámara, Martín Menem, hizo tiempo mientras los legisladores oficialistas regresaban a sus bancas. Finalmente, junto con Giudici lograron recomponer el quorum y evitar que la sesión se cayera.

Según pudo saber , el bloque libertario contaría hoy con solo dos ausencias: la rionegrina Lorena Villaverde, impedida por un cuadro de apendicitis; y la santafesina Rocío Bonacci, que cursa un embarazo a término y no puede desplazarse.

De acuerdo con un sondeo informal realizado por este medio, el oficialismo reuniría más de 130 votos para sancionar la reforma que permitiría reducir áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones mineras. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y el oficialismo se encamina a convertirla en ley con el respaldo de Pro, la UCR, el MID y diputados cercanos a gobernadores de provincias con potencial minero, como San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy.

La disputa, no obstante, continuará fuera del Congreso. Organizaciones socioambientales anticipan que recurrirán a la Justicia para impugnar los cambios por considerarlos inconstitucionales. Sostienen que la reforma implica un retroceso en materia ambiental y que vulnera el principio de “presupuestos mínimos” establecido por la Constitución Nacional para la protección del ambiente.

El 2 de enero de 2026 el Gobierno terminó con la política de salarios congelados para el Gabinete que arrastró desde que Javier Milei entró a la Casa Rosada. Solo quedaron frizados los sueldos del Presidente y su vice, Victoria Villarruel, pero el resto de la plana mayor libertaria recibió incrementos superiores al 100% en los primeros meses del año, según pudo confirmar , que accedió al detalle de lo que perciben actualmente las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional. La recomposición llegó tras dos años de administración sin movimientos en los haberes.

Con viento político a favor tras ganar las elecciones nacionales legislativas de 2025, en medio de la flaca actividad por el arranque de la temporada de verano y con presión de los ministerios por las fugas de empleados de alto rango por los bajos salarios, Milei decretó en enero un aumento de sueldos que benefició al jefe de Gabinete, los ministros, los secretarios y los subsecretarios. En el texto de la norma no se precisó ni el porcentaje exacto de incremento ni a cuánto escalarían. La política de sueldos es un tema de hipersensibilidad para el Gobierno, que levantó la bandera de la austeridad como forma de justificar el ajuste y que asimismo puso un techo a los incrementos paritarios de las ramas privadas.

Los sueldos tanto de Milei como de Villarruel siguen inmutables. Milei cobra $4.066.018 y la vice, pese a las quejas que hizo por su bajo salario, se mantiene en $3.764.821.

El resto del Gabinete, que sí se vio favorecido por el decreto, además hacia adelante quedó atado a los porcentajes de incremento de la administración pública nacional. La normativa (DNU 931/2025) se publicó el 2 de enero, con firmas del Presidente; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Los ministros, que hasta diciembre cobraban (siempre en bruto) $3.584.006, vieron cómo su salario escaló a lo largo de los últimos meses. En enero cobraron $7.129.501; en febrero, $7.272.091; en abril percibirán $7.902.331; y en mayo alcanzarán los $8.020.866, todo en base a información oficial a la que accedió este medio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cobra lo mismo que un ministro, según dijeron fuentes oficiales a . Desde que comenzaron a sucederse las revelaciones en torno a su crecimiento patrimonial y sus viajes, los ingresos del funcionario quedaron en la mira de la Justicia.

Por su parte, los secretarios −que en diciembre percibían $3.282.709− cobraron $6.530.145 en enero; $6.660.748, en febrero; recibirán $7.238.005 en abril; y pasarán a $7.346.575 en mayo.

En tanto, los subsecretarios −que en diciembre cobraban $2.981.513− recibieron $5.930.989 en enero; $6.049.609 en febrero; percibirán $6.573.902 en abril; y llegarán a $6.672.510 en mayo.

Desde antes del aumento y solo hasta el primer cobro con la suba (enero de 2026), el incremento para estos cargos decidido por el propio gobierno para sus funcionarios fue de casi 99%.

La comparación entre los salarios de diciembre y febrero da como resultado un aumento del 102%; entre diciembre-abril, un 120%; y entre diciembre-mayo, un 123%.

En Balcarce 50, cuando hizo referencia al porcentaje de incremento, el justificativo que se escuchó por los pasillos estuvo vinculado a la pérdida contra la inflación que derivó del congelamiento desde el inicio de la gestión libertaria. La inflación cerró en 117,8% en 2024 y en 31,5% en 2025. En enero y febrero de este año acumula 5,9%.

Hasta marzo, los senadores −blanco habitual del Presidente por subirse el sueldo atados a la paritaria legislativa− cobraron $11,6 millones en bruto; mientras que los diputados rondaron por ese entonces los $7 millones (con el plus de representación).

El informe de la escala salarial vigente a partir de febrero de 2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación detalla que un juez de la Corte percibe un básico de $9.900.643.

Bien lejos de todos esos salarios se ubica la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Social, que precisa la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores bajo relación de dependencia que fueron declarados en forma continua durante los últimos 13 meses, tanto en el sector público como en el privado, que se ubicó en $1.646.344 para enero de 2026.

Según cálculos del gremio público ATE, el promedio salarial de los trabajadores estatales nacionales es de $1.200.000, con un ingreso mínimo en los $600.000 que cobran los civiles de las Fuerzas Armadas.

Desde el inicio de la gestión hasta enero, que firmó el decreto, Milei se resistió a darle aumentos a su staff como una forma de mostrar ante su electorado que, tal como había prometido en campaña, el ajuste recaería también sobre lo que decidió llamar “la casta”. Desde antes, cuando era diputado, hizo gala de sus sorteos de sueldos y parte de sus dardos al kirchnerismo se basaron en criticar el nivel de vida de los políticos y su enriquecimiento a lo largo de la función pública.

Los ministros, en ese tiempo, le acercaron quejas al Presidente de que perdían personal de sus carteras porque los sueldos no eran competitivos en relación con los del sector privado.

Tras ganar la elección nacional de 2025, con un batacazo que incluso llevó a LLA a posicionarse arriba en el territorio más complicado −la provincia de Buenos Aires−, el Gobierno definió otorgar este incremento salarial.

En el decreto, la Casa Rosada alegó que era necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado nacional contaran con un esquema de remuneraciones “adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.

“Un esquema de autoridades superiores profesionalizadas y adecuadamente remuneradas, en combinación con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas, fortalece la integridad institucional del Estado nacional”, señalaron en el decreto y añadieron: “Teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta administración, corresponde implementar un ordenamiento equitativo en la estructura salarial sin comprometer la sostenibilidad fiscal”.

Pero el clima político que vivía el Gobierno era diferente al actual. Después de las elecciones y del DNU que estableció los aumentos, la Casa Rosada pasó un verano de jolgorio porque logró aprobar todo lo que se propuso en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Pero, avanzado el año se sucedieron conflictos que pegaron sobre su línea de flotación discursiva. Por un lado, las revelaciones en la causa $LIBRA mostraron contactos entre el Presidente, su hermana y Santiago Caputo con Mauricio Novelli, uno de los principales implicados en la presunta estafa. El Gobierno, no obstante, se cansó de repetir que este tema no lo afecta electoralmente y negó cualquier acusación.

Se sumó a eso la investigación judicial sobre Adorni −una de las caras más visibles de la gestión Milei− por supuesto enriquecimiento ilícito, tras conocerse sus viajes al exterior y su incremento patrimonial, que llevaron al jefe de Gabinete a tener la peor imagen desde que arrancó su carrera junto a Milei.

En los últimos días, la administración libertaria agregó otros ruidos por los créditos del Banco Nación que obtuvieron funcionarios y diputados oficialistas, un tema que también investiga la Justicia, que intentará determinar si hubo trato preferencial o no, como jura la plana mayor del Gobierno.