POLITICA
El Gobierno celebró la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares: “Devuelve a las provincias la competencia que les corresponde”
Con 137 votos a favor, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en la sesión de la Cámara de Diputados tras horas de debate. Minutos después, el presidente publicó un comunicado oficial donde destacó que dicha modificación permitirá “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias” para el uso de sus recursos.
Durante la madrugada, Javier Milei festejó la victoria a través de sus redes sociales y por medio de un comunicado de Oficina de Presidencia destacó que “celebra la sanción de la Cámara de Diputados y la aprobación definitiva del Congreso de la Nación al proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.
“Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley”, explicó.
La Oficina del Presidente también informó: “La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)”.
El comunicado subrayó que “al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”, el nuevo marco normativo apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico. El Gobierno también enfatizó que la modificación “reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”.
En otro apartado del mensaje, el mandatario planteó: “Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.
Reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció un marco de protección para los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce en Argentina. La norma prohibió actividades extractivas de alto impacto en estas áreas y ordenó la elaboración de un inventario nacional de glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Desde su aprobación, la legislación generó controversias entre sectores ambientalistas y gobiernos provinciales, que reclamaban mayor autonomía en la gestión de sus recursos naturales.
Durante la sesión en la Cámara de Diputados, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, tras casi 12 horas de debate. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo nacional y vinculado a los objetivos del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), recibió el respaldo de los bloques aliados al oficialismo y fue acompañado de una fuerte presencia de funcionarios nacionales y provinciales.
Durante el debate hubo fuertes oposiciones de legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, quienes alertaron sobre el riesgo de avance de la minería en zonas sensibles y denunciaron una supuesta entrega de recursos estratégicos. El mensaje oficial de la Oficina del Presidente también incluyó un reconocimiento expreso del presidente Javier Milei a los legisladores y gobernadores que acompañaron la iniciativa, así como a los equipos técnicos que participaron en la redacción de la reforma.
Por otro lado, el Gobierno sostuvo que, a partir de la promulgación de la reforma, Argentina recupera un modelo de “verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”. Según el comunicado, el proceso de elaboración y debate se extendió durante un año, con la intervención de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, la Secretaría Coordinadora de Minería y Energía y la Secretaría de Minería.
POLITICA
Largas filas y confusión para validar el certificado de discapacidad para viajar gratis: la aclaración del Gobierno
Largas filas se formaron este viernes en oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de todo el país —incluidas las ubicadas en las terminales ferroviarias de Retiro y Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires— tras la entrada en vigencia de un nuevo sistema que permite a las personas con discapacidad viajar sin costo en colectivos y trenes de jurisdicción nacional a través de la tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico en cada viaje. Aunque el trámite de vinculación se realiza de forma online, la plataforma registró intermitencias y caídas en los últimos días, lo que llevó a numerosos usuarios y sus familias a acercarse en persona para hacer consultas o gestionar el beneficio. La desinformación hizo creer que las personas perderían el beneficio si ese día no tenían asociado el CUD a la tarjeta SUBE. Ante una consulta de este medio, desde el Ministerio de Salud de la Nación y desde el Ministerio de Transporte aclararon que “las personas con discapacidad pueden continuar viajando sin costo en el transporte público mediante la presentación de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico, que mantiene plena vigencia”. Esa disposición figura en la cláusula quinta del convenio firmado entre las autoridades de Salud y Transporte.
La desesperación de muchos usuarios con CUD que utilizan el transporte público se suscitó también porque choferes de líneas de colectivos no aceptaban el certificado físico y exigían que estuviese asociado a la SUBE, una conducta incorrecta por parte de los responsables de las unidades. La propia Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) emitió un comunicado en el que reforzó el mensaje a sus choferes: nadie pierde el beneficio de viajar de manera gratuita por ninguna de las dos vías. “Los conductores deben aceptar tanto el CUD físico como la acreditación del beneficio a través de una tarjeta SUBE asociada”.
La nueva medida
La medida, impulsada por el Gobierno Nacional a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Nación Servicios S.A. (NSSA), tiene como objetivo simplificar el acceso al beneficio, resguardar la información personal de los usuarios y reducir el uso de documentación más expuesta al fraude. La implementación es gradual y arranca por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con proyección de extenderse al resto del país.
Ante una consulta de Infobae, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Transporte subrayaron que el nuevo mecanismo no reemplaza al sistema vigente: el CUD físico mantiene plena validez, sin fecha de vencimiento para su uso en el transporte público. “Las personas con discapacidad pueden seguir utilizando el CUD físico para viajar en transporte público”, precisaron desde ambos organismos.
La saturación del sitio web generó confusión entre los beneficiarios. Varios usuarios con CUD y sus familias relataron que la página para vincular la tarjeta SUBE al certificado estaba colapsada, con demoras o directamente inaccesible. Esa situación derivó en la concurrencia masiva a las agencias de la ANSES, que desbordó la capacidad de atención habitual en algunas sedes, en particular las instaladas dentro de las terminales ferroviarias porteñas.
La Secretaría de Transporte también emitió un comunicado en el mismo sentido: “La incorporación de la SUBE asociada al CUD tiene como objetivo ampliar las alternativas disponibles para acceder al beneficio, sin afectar ni restringir derechos ya reconocidos”. El organismo advirtió que cualquier conducta que implique negar el 100% de descuento en el viaje podrá dar lugar a las sanciones correspondientes.
El marco legal de esta nueva modalidad surge de un convenio específico firmado el 4 de junio de 2026 entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y NSSA. El documento, identificado como CONVE-2026-55502628-APN-ST#MEC, establece en su Cláusula Quinta que “hasta tanto se realicen las adecuaciones normativas pertinentes, coexistirá el beneficio de gratuidad tanto mediante la utilización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como a través de la Tarjeta SUBE, a fin de garantizar la continuidad del acceso al beneficio sin interrupciones”. El convenio fue suscripto por el Dr. Alejandro Alberto Vilches, titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad; Paula María Bibini, presidenta de Nación Servicios S.A.; y Mariano Ignacio Plencovich, secretario de Transporte.
Desde el Gobierno se aclaró que no existe plazo de vencimiento para realizar el trámite de vinculación, con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias en las oficinas de atención.
Cómo vincular la SUBE al CUD
Según explican los dos ministerios en sus páginas web, quienes deseen adoptar la nueva modalidad deben registrar su tarjeta SUBE a su nombre en el sitio oficial del sistema e ingresar a la sección “Beneficios” para cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos.
Una vez completado ese paso, el beneficio se activa mediante alguna de estas opciones: apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE; usar la aplicación SUBE —disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC—, seleccionar “Acreditá o consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular; o activar el beneficio en las validadoras de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación. En los casos en que el CUD habilite el viaje con acompañante, la misma tarjeta SUBE podrá utilizarse para dos viajes sin costo.
Cómo denunciar incumplimientos
Ante cualquier irregularidad —negativa a reconocer el beneficio, intento de cobro del pasaje o desconocimiento del CUD físico—, los usuarios pueden presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a través de los siguientes canales:
- Línea gratuita: 0800-333-0300 (lunes a viernes de 8 a 20 h)
- Online: argentina.gob.ar/transporte/cnrt
- Atención presencial: sede central en Maipú 88, CABA (lunes a viernes de 9 a 15 h) y delegaciones regionales en todo el país
Desde Transporte aclararon a este medio que: “Para la denuncia se requiere informar la línea de colectivo, el número de interno o dominio de la unidad, la fecha y el lugar del hecho. También se puede adjuntar fotografías u otra documentación de respaldo”.
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El fiscal Franco Picardi citó hoy a declarar como testigos a dos funcionarios de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el marco del expediente que investiga el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). El fiscal venía reclamando información al Ministerio de Economía y al organismo recaudador, pero nunca quedó conforme con las respuestas. “Los funcionarios que suscribieron las respuestas se encuentran en mejores condiciones de explicar el alcance técnico de la información proporcionada”, justificó al pedir su declaración.
Los funcionarios citados son Carlos Alberto José Rodríguez (Subdirector General de la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros) y María Carolina Caironi Corral (Subdirectora General de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera de ARCA).
Picardi había reclamando la nómina de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación del SIRA a lo largo de 2023, especialmente aquellos vinculados a tres sociedades que aparecen mencionados en los chats encontrados en el teléfono de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo. Se trata de Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L.
Según consta en el expediente, ARCA informó, en dos oportunidades, que la operatoria del sistema SIRA era de carácter “sistémico”, precisando que en el seno de la ex AFIP no existían usuarios habilitados para operar el sistema y que la totalidad de las interacciones se realizaban mediante procedimientos informáticos automatizados.
El fiscal no quedó conforme y ahora directamente citó a dos funcionarios del organismo para que aporten más datos.
Además, para avanzar en el tramo del expediente que investiga el rulo financiero, Picardi le pidió al juez Ariel Lijo que levante el secreto fiscal y bancario del banquero Juan Napoli, presidente de Napoli Inversiones. Un sumario del Banco Central identificó a esa firma como una de las estaciones que utilizó la agencia “Fast Cambio” para realizar un “rulo” sin efectivo.
Ese rulo, en vez de financiarse con billetes físicos sin trazabilidad bancaria, utilizaba dólares adquiridos a valor oficial para comprar bonos. Estos mismos bonos luego se vendían a una cotización del dólar más alta (dólar MEP). Entonces, la ganancia era el resultado de la brecha entre el dólar oficial y el MEP.
Napoli fue candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023. Durante la campaña ganó notoriedad cuando organizó un almuerzo en Mar del Plata entre Milei y empresarios, justo después del batacazo de las PASO. En ese momento, se presentaba como un de los principales asesores del entonces candidato a presidente.
Picardi también reclamó la misma medida para José María Napoli, Marisol Aquino Laprida (vinculada a Creden Agencia de Cambio y Turismo S.A.S), y Juan Ignacio Agra, uno de los protagonistas clave de la trama del dólar blue.
Agra tenía contacto con todos los financistas investigados y era una suerte de nexo con la política, o al menos eso trasmitía. Además, estuvo detrás de Mega Latina, una casa de cambio que vendió US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023.
“El levantamiento de los secretos respecto de las personas mencionadas resulta indispensable para verificar la eventual existencia de operaciones relacionadas con los hechos objeto de pesquisa, determinar el grado de intervención de cada una de ellas y establecer posibles conexiones patrimoniales, financieras y societarias de interés para la investigación”, planteó Picardi en un dictamen al que tuvo acceso a través de fuentes judiciales.
El fiscal también citó a declarar a dos personas cercana a Elías Piccirillo y Martín Migueles que podrían aportar datos sobre el movimiento de dinero en efectivo. Se trata de Sergio Daniel Speroni, que estaba autorizado a conducir uno de los autos de Piccirillo, y Mario Marcelo Leguizamón, alias “Pan Dulce”, quien, de acuerdo con la información reunida en la causa habría efectuado traslados de dinero por pedido de Migueles.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
El fiscal Pollicita pidió el expediente del hermano de Manuel Adorni y pone la lupa sobre la herencia familiar
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó medidas en la causa que investiga el presunto crecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti.
Entre las decisiones más relevantes, solicitó acceder al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del funcionario, con el objetivo de determinar si existen inconsistencias en los bienes declarados por el ministro coordinador.
En una resolución de cinco páginas, el fiscal requirió al juzgado que lleva adelante la investigación contra el diputado bonaerense una certificación amplia del expediente. El pedido incluye los hechos investigados, las personas involucradas y cualquier referencia a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni (padre del jefe de Gabinete) que pudiera guardar relación con la pesquisa patrimonial sobre el exvocero presidencial.
La referencia a la sucesión de Jorge Adorni pone el foco en una presunta herencia familiar que la Justicia busca reconstruir para establecer si guarda correspondencia con la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su entorno.
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Las medidas se inscriben en una investigación más amplia orientada a determinar si existe correlación entre los ingresos declarados por Adorni y Angeletti y el crecimiento de su patrimonio.
La pesquisa también puso la mira sobre la situación habitacional de Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete. Pollicita solicitó a la administración del country Fincas de Iraola 2, en Berazategui, que informe si la mujer reside allí y, en caso afirmativo, desde cuándo ocupa la propiedad, bajo qué modalidad y que remita la documentación correspondiente, incluidos eventuales contratos de alquiler y comprobantes de pago de expensas.
La medida adquiere relevancia luego de que trascendiera que Manuel y Francisco Adorni ayudaron a su madre, de 70 años y jubilada, a mudarse al barrio privado hace unos diez días. Según se conoció, previamente habían logrado convencerla de que dejara el departamento que ocupaba en el centro de La Plata. La mudanza se produjo después de la aparición de pancartas con mensajes agresivos colocadas frente al edificio donde vivía la mujer.
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En paralelo, la causa contra Francisco Adorni también registra avances. El fiscal Guillermo Marijuan pidió su declaración indagatoria al considerar que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Marijuan sostuvo que el diputado es un profesional con capacitación universitaria en control del sector público y con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura bonaerense, por lo que, a su criterio, “de modo alguno podría haber desconocido o errado” en la confección de sus declaraciones juradas.
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El fiscal afirmó además que las pruebas reunidas hasta el momento permiten sospechar que Francisco Adorni “insertó datos falsos y omitió declarar bienes” que estaba obligado a informar, con la finalidad de “falsear su patrimonio y ocultar datos del debido control” de sus presentaciones patrimoniales.
Aunque ambos expedientes tramitan de manera independiente en los tribunales federales de Comodoro Py, las nuevas medidas ordenadas por Pollicita muestran que la Justicia comenzó a cruzar información entre las dos investigaciones y a revisar especialmente los bienes familiares y la eventual incidencia de la herencia de su padre en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
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