POLITICA
La falsificación del medicamento contra el cáncer más vendido del mundo también tuvo un capítulo en Argentina
Francisco Chávez, un productor de espectáculos mexicano, se asustó cuando empezó a adelgazar en 2022. Había perdido 56 kilos y su piel había empezado a tomar un color grisáceo. A este hombre de unos 50 años, que organizaba conciertos de Ricky Martin y otros artistas en Yucatán, le diagnosticaron un tumor renal canceroso. Se lo extirparon en el quirófano, pero el cáncer ya se había extendido a sus pulmones.
Sus médicos del hospital público en Mérida le recetaron Keytruda, un medicamento que se convirtió en la salvación de miles de enfermos de cáncer porque puede prolongar la vida de algunos pacientes por años o incluso curarlos por completo.
Producido por el gigante farmacéutico Merck & Co, Keytruda es el nombre comercial del pembrolizumab, un fármaco de inmunoterapia usado para tratar diversos tipos de cáncer – como el de mama o pulmón – que reactiva el sistema inmunitario del paciente y destruye las células cancerosas. Desde su salida, tuvo muy buenos resultados en pacientes, pero por su elevado precio, muchos de ellos no pueden acceder por su elevado precio, sin asistencia estatal. Excepto en Argentina, donde el laboratorio local ELEA desarrolló un biosimilar de nombre Pembrox igualmente efectivo, en el resto del mundo, Merck tiene el monopolio del medicamento, con la patente vigente hasta 2028.
Chávez accedió a Keytruda, pero en su cuarta dosis experimentó efectos secundarios dolorosos: temblores, parálisis y un aumento descontrolado del azúcar en la sangre.
Tomó fotos de cada caja de Keytruda que había tomado y presentó una queja ante las autoridades mexicanas. Exigió saber qué contenían esas dosis, así como ver las facturas relacionadas con la compra de Keytruda por parte del hospital público. También pidió al centro médico que revelara cuántos pacientes se habían visto afectados. Pero no recibió respuesta.
Chávez envió entonces la información a Merck. El personal de la compañía estadounidense se desplazó hasta el hospital para recoger el material sospechoso y después de analizarlo en su laboratorio le comunicaron al paciente que “se identificaron ciertas irregularidades que no se corresponden con las características de los productos fabricados o distribuidos” por la empresa.
La carta, firmada por el jefe de productos para América Latina, decía que MSD (marca comercial de Merck & Co fuera de Estados Unidos) había compartido sus hallazgos con la Fiscalía General de México. Pero todavía no se sabe cómo llegó el medicamento adulterado hasta el hospital. La investigación todavía está en curso.
Dos años después de que Chávez presentara sus denuncias, las autoridades sanitarias comunicaron públicamente una advertencia sobre varios números de lote falsos de Keytruda. Chávez tomó su teléfono y revisó las fotos que había tomado. Uno de los números de lote difundidos en la televisión, era el que había recibido, según reconstruyó la investigación del Consorcio Internacional de Investigación Periodística (ICIJ) en la investigación “La Medicina del millón”, conocida en inglés como “The Cancer Calculus”, de la que Infobae formó parte junto a otros 48 medios de 37 países.
Chávez, que ahora tiene 56 años, tiene su cáncer “bajo control”. Pero su vida cambió para siempre -aseguró- después de que la sustancia desconocida corriera por sus venas. Ahora sufre de dolor de espalda crónico y episodios repentinos e inexplicables de parálisis, lo que le impide trabajar. “Ya no puedo moverme como solía hacerlo”, le dijo a Univisión, socio del Consorcio Internacional de Investigación Periodística (ICIJ) en la investigación “La Medicina del millón”, conocida originalmente en inglés como “The Cancer Calculus”, de la que Infobae formó parte junto a otros 48 medios de 37 países.
El trabajo se conoció a nivel mundial ayer en simultáneo y expuso cómo, a nivel global, Merck & Co logró consolidar una posición dominante alrededor de Keytruda, en base a la normativa de patentes, innovaciones alrededor de la droga y sus formas de presentación, y un fuerte lobby.
Infobae – junto al diario La Nación y la Red Ruido, en Argentina – reveló como el desarrollo en nuestro país del primer biosimilar del medicamento oncológico estrella de MSD, Keytruda, forzó una fuerte baja a nivel local del pembrolizumab. Bajo el nombre de Pembrox, la versión local del pembrolizumab fue desarrollada por el laboratorio ELEA, del Grupo Sigman.
La dosis de 200 miligramos de Keytruda cuesta USD 12.000 en Estados Unidos. Usualmente se administra mediante infusión intravenosa cada tres semanas y el tratamiento puede durar hasta dos años. En 2025, Keytruda representó casi la mitad de los USD 65.000 millones de ingresos de Merck, convirtiéndose en el producto estrella de la compañía.
La investigación global del ICIJ concluyó que Merck ha explotado el sistema mundial de patentes para mantener a raya a los competidores. También ha promovido el uso excesivo de Keytruda, elevando los costos para pacientes y hospitales, como parte de una agresiva campaña para impulsar ingresos.
En Argentina, por su precio, solo se puede acceder mediante la intervención del estado, las obras sociales o las prepagas. Actualmente el precio de farmacia es de unos $20 millones (alrededor de 13.000 dólares), por cada unidad de 2 viales o frascos. Pero debido al precio por dosis no se vende en mostrador, y es adquirido por el Ministerio de Salud de la Nación, las obras sociales provinciales, el PAMI, las obras sociales sindicales o las prepagas.
Pero su cobertura – si bien es al 100% – requiere de autorización y un trámite previo que, no siempre, se concretan en los tiempos que exige el avance de la enfermedad.
Mientras que, hasta enero de 2025, MSD (el nombre de Merck & Co fuera de Estados Unidos y Canadá) operaba como único oferente en el país, la irrupción de la versión local del pembrolizumab desarrollada por ELEA, forzó que el laboratorio norteamericano bajara el precio un 49%, y perdiera terreno frente a su nueva competencia nacional.
Con la entrada del biosimilar desarrollado por el laboratorio de Hugo Sigman, llamado Pembrox, el mercado local de esta droga pasó de 50.000 a 80.000 unidades en un año.
El Estado nacional, que solía adquirir unas 280 dosis por año, pasó a comprar casi 4.000 en 2025, según cifras oficiales revisadas por Infobae, en un salto de más del 1.300%.
El valor bajó ostensiblemente para las compras oficiales en lote: en la última contratación directa que logró MSD, en enero del año pasado, el ministerio de Salud de la Nación adquirió 3.214 unidades a un costo de 3.172 dólares cada una (en ese momento $3.381.059).
Argentina es el único país donde un laboratorio local produjo un biosimilar igualmente efectivo, y forzó esa baja en el precio del pembrolizumab.
A nivel global, el precio de Keytruda generó grandes desigualdades en el acceso, dependiendo de dónde vivan los pacientes y cuánto pueden pagar ellos, sus gobiernos, obras sociales o prepagas. Esta dinámica creó una brecha peligrosa: nuevas oportunidades para que falsificadores hagan negocios con la demanda de costosos medicamentos oncológicos, a medida que las tasas de cáncer se disparan a nivel mundial.
Por eso, el de Chavez no fue un caso aislado.
Keytruda falsificada en Chaco
Un par de años antes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alertó sobre el retiro de unidades apócrifas de Keytruda, en Chaco.
Todo comenzó a mediados de julio de 2019, cuando el personal del Departamento de Farmacia de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de esa provincia, se presentó en el Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia, sede del Banco de Drogas Oncológicas. Al verificar la existencia de medicamentos rotulados como Keytruda, se incautaron 24 unidades que no contaban con etiqueta de trazabilidad o en las que los precintos de seguridad de estuches secundarios se encontraban violados.
Habrían sido compradas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Chaco a la Droguería Psicofarm SA y TM SRL.
La Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) inspeccionó el 10 de julio de ese año esa droguería y constató el ingreso de 20 unidades del producto de los cuales el responsable no pudo acreditar su procedencia, según dejó plasmado en la Disposición 6769/2019 en el Boletín Oficial.
El 22 de julio, tras la comparación visual entre las muestras cuestionadas con las contra muestras en poder del laboratorio, MSD Argentina constató que los productos en cuestión eran falsificados.
“La ANMAT informa que se han detectado unidades falsificadas del producto KEYTRUDA (pembrolizumab 100 mg/4 ml) Lote 8302605A01 en un establecimiento asistencial de la provincia de Chaco”, informó la máxima autoridad regulatoria en materia de medicamentos tres semanas después en un comunicado oficial del 5 de agosto de 2019.
Las unidades falsificadas mostraban los precintos de seguridad de las cajas violados; con cinta adhesiva transparente sobre estos o sellados con pegamento, sin etiquetas de trazabilidad. La tapa plástica del vial (envase primario) tiene la inscripción “Flip off” en relieve, mientras que la unidad original no tiene inscripciones.
Como consecuencia de ello, prohibió “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de cualquier lote del producto “Keytruda, Pembrolizumab 100 mg/4 ml, solución para infusión por 1 vial con 4 ml de solución inyectable”, que presente las siguientes características: envase secundario sin etiqueta de trazabilidad, precinto de seguridad violado, y envase primario (vial) con tapa azul con la inscripción “FLIP-OFF”.
La falsificación de Keytruda derivó en alertas en distintos países de la región.
También en una causa judicial por la que fueron imputados los responsables de las droguerías Psicofarm SA y TM SRL. Si bien sus directivos obtuvieron una falta de mérito por parte del juez federal Sebastián Ramos, resolvió enviar el expediente a la Justicia chaqueña. La disputa por la jurisdicción terminó en la Corte Suprema. El Máximo Tribunal resolvió el 9 de abril último que el caso siga siendo tramitado en la órbita Federal, en el Juzgado Criminal Correccional federal Nro 9.
Esta nota recoge información y testimonios del artículo escrito por Nicole Sadek e Isabella Cota, e integra la investigación The Cáncer Calculus liderada por ICIJ junto a otros 49 medios partners.
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POLITICA
Horacio Rosatti reclamó “el acatamiento obligatorio” de los fallos de la Corte para dar previsibilidad a las inversiones
Ante un auditorio compuesto por empresarios, políticos y diplomáticos, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, destacó la necesidad de seguridad jurídica como “requisito” para el crecimiento de las inversiones. Y sin hacer menciones al gobierno de Javier Milei, dejó en claro la necesidad del “acatamiento obligatorio de las decisiones” del máximo tribunal, un punto establecido en la ley de modernización laboral, recientemente aprobado por el Congreso pero suspendida en la aplicación de varios de sus artículos.
“La seguridad jurídica deber ser para todos”, dijo el presidente de la Corte, en el inicio de sus ocho minutos de discurso en las jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en el Centro de Convenciones. Calificó de “muy bueno que en estos ámbitos se hable de derecho, del derecho vinculado a la economía”. “Los aspectos jurídicos son tan relevantes como los económicos para el desarrollo”, destacó.
De inmediato se centró en el concepto de seguridad jurídica, “que todos defienden, pero que no todos entienden de la misma manera”. El juez afirmó que esa seguridad jurídica “debe ser para el inversor y para quien recibe la inversión”. “Si no es para todos, no es segura, y termina repercutiendo en cualquier proyecto de inversión. Por eso es importante que se incorporen estos temas a los debates económicos”, dijo el magistrado.
De inmediato, distinguió dos componentes de las decisiones: el normativo, ligado “las regulaciones, tarifas, tipo de cambio, la política impositiva”; y el institucional, “que es muy importante, y que se vincula con el sistema republicano, la división de poderes”. Puntualizó que “la Justicia está en los dos componentes, y en el vértice del sistema judicial está la Corte”. Una Corte que “si bien fue inspirada en la constitución norteamericana de 1787, su práctica ha hecho que tengan funcionamientos diferentes”.
Allí criticó la cantidad de causas que la Corte debe analizar. “La Corte argentina analiza las garantías y derechos fundamentales, sino muchísimas veces cuestiones de competencia, nuestro país federal es mucho más intervencionista a la hora de conflictos entre provincias, municipios y el Estado nacional”. Ejemplificó que la Corte norteamericana “resuelve 80, 90, 100 causas por año”, mientras que el máximo tribunal en la Argentina atiende 15 mil casos. “Hay un requerimiento y necesidad de respuesta muy superior”, dijo el presidente de la Corte.
Allí enfatizó en la importancia de “las herramientas con las que pueda contar la Corte para tomar decisiones”. Y subrayó que “una de las herramientas es el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte”, que figura en el artículo 89 de la nueva ley laboral.
“Es importante para darle previsibilidad a una inversión. Una inversión se puede malograr por una cláusula provincial o municipal. Pero con el acatamiento obligatorio todos sabemos a qué atenernos”. Fuentes judiciales explicaron que, hoy por hoy, “la Corte no tiene ese alcance, ya que dicta una sentencia y a las pocas horas una cámara dicta la sentencia contraria, y la norma debe recorrer un camino hasta volver a la Corte”. La mayoría de esos casos, sostienen en el alto tribunal, tienen que ver con diferendos jubilatorios vinculados con la Anses o causas del fuero laboral.
“La seguridad jurídica deber ser para todos”, reiteró Rosatti hacia el final de su alocución. “Hace muchos años Naciones Unidas comenzó a entender y medir la fortaleza de las naciones no sólo por crecimiento económico, sino por educación y salud”. “Agregaría la calidad institucional, la certeza en las decisiones, la independencia del Poder Judicial y el acatamiento obligatorio en las decisiones de la Corte. Es un factor muy importante”, cerró Rosatti, antes de dejar el estrado.
jornadas organizadas,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
Tres gobernadores le pidieron a Milei un pacto fiscal para eliminar impuestos y rediscutir la ley de coparticipación
Los gobernadores de Entre Ríos, Mendoza y Río Negro le pidieron al presidente Javier Milei que diseñe un pacto fiscal para eliminar “impuestos distorsivos” de la Argentina. Así lo expresaron Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo y Alberto Weretilneck durante el encuentro anual de la AmCham.
Los mandatarios provinciales señalaron que el Gobierno debería reflotar un acuerdo fiscal federal similar al que se conformó durante la gestión de Mauricio Macri, en 2017.
“Yo creo que es imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal. Los tres que estamos acá participamos del último acuerdo, el del 2017. Creo que hay que reflotar esa idea. Es fundamental eliminar los impuestos distorsivos de la Argentina, no tengo dudas, y eso hay que hacerlo de manera coordinada”, indicó Frigerio.
En esa línea, el mandatario entrerriano reclamó que Nación rebaje y elimine el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones“. Mientras que remarcó que las provincias deben hacer lo mismo con Ingresos Brutos (IIBB).
Esta mirada fue compartida por Cornejo y aclaró que, si bien IIBB es un impuesto distorsivo, “está muy vinculado a la coparticipación” y sostuvo que se tiene que modificar ese sistema.
“Se necesita una reforma fiscal más profunda, integral, simplificando impuestos, eliminando a los distorsivos y reformulando la distribución de la recaudación con una mejor ley de coparticipación que genere incentivos para el sector privado. Y, además, hay que poner un poco en la infraestructura“, agregó el gobernador de Mendoza.
No obstante, el gobernador de Río Negro no coincidió con los dichos de sus pares de Mendoza y Entre Ríos. Weretiineck no observa «la posibilidad de un acuerdo fiscal en términos reales y concretos”.
“Creo, más que nada, en acuerdos regionales, como estamos haciendo nosotros con Neuquén o, si no, cada una de las provincias llevando adelante su propia política fiscal y su propia capacidad de captar inversiones de acuerdo a su realidad económica y productiva”, explicó el mandatario provincial.
En otro tramo, Alberto Weretilneck se refirió a la infraestructura y aseguró que es esencial para que la competitividad.
Las empresas de EE.UU. en el país le pidieron al Gobierno que baje impuestos
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) le pidió al Gobierno avanzar en una reforma fiscal que reduzca la presión impositiva. Además, consideró clave para atraer a los capitales que se invierta en obras de infraestructura.
Leé también: Las empresas de EE.UU. en la Argentina le pidieron al Gobierno que baje impuestos y que haya inversiones en infraestructura
“La Argentina necesita una reforma fiscal profunda que reduzca la presión impositiva sin comprometer el equilibrio fiscal, avanzando a un sistema tributario progresivo, simple y sin superposición de tributos. La simplificación no es un tecnicismo; es una decisión de competitividad“, afirmó la presidenta de AmCham, Mariana Schoua.
“El desarrollo no es automático. No es inmediato. Pero es posible. Y es, sobre todo, una decisión”, concluyó la titular de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina.
Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, Impuestos, Javier Milei
POLITICA
Adorni no había declarado ante la OA la casa del country: la agregó ahora a su presentación, un año tarde
Bettina Angeletti, la mujer de Manuel Adorni, compró una casa en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo.
Fuentes oficiales informaron a que Adorni omitió presentar ese apéndice reservado (que debe incluir el detalle de los bienes inmuebles de su cónyuge) junto a la parte pública de su declaración jurada, que sí entregó a la OA el 4 de agosto pasado.
Adorni dio cuenta por primera vez de la casa de Indio Cua ante la OA este mes, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y después de que la Justicia le pidió al organismo anticorrupción, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, la totalidad de lo presentado por Adorni.
Tras recibir la nueva documentación aportada por el jefe de Gabinete, la OA la remitió, la semana pasada, al juzgado de Ariel Lijo y a la fiscalía de Gerardo Pollicita, según informó a un funcionario al tanto de estos movimientos.
dio cuenta, el mes pasado, de la adquisición de la casa de Indio Cua a nombre exclusivo de Angeletti. Obtuvo la información con un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense. Según estos datos públicos, la mujer del jefe de Gabinete se convirtió en titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. La documentación catastral deja constancia de la fecha de nacimiento de Angeletti, su nacionalidad y de que, al momento de la compra, estaba casada con Manuel Adorni.
La escribana del matrimonio Adorni-Angeletti, Adriana Nechevenko, declaró el miércoles pasado ante el fiscal Pollicita y dio detalles sobre diferentes operaciones inmobiliarias de ellos en las que intervino. Una fue la compra de la casa de Indio Cua. Otra, un préstamo de 100.000 dólares que dos mujeres les hicieron a Adorni y Angeletti, que pusieron como garantía de esa operación el departamento de la avenida Asamblea en el que entonces vivían. Ese préstamo con hipoteca se formalizó, según documentación a la que accedió , el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti compró la casa del country de Exaltación de la Cruz.
Nechevenko declaró que el préstamo de 100.000 dólares se destinó a afrontar parte del precio de la compra del inmueble de Indio Cua. Dijo también que ella le presentó las prestamistas a Adorni porque él le había pedido que le consiguiera el crédito.
El jefe de Gabinete y su esposa se comprometieron a devolver el dinero en 24 meses, con un interés del 11% anual, declaró la escribana y ratificaron en Comodoro Py las prestamistas, Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía, y Victoria María José Cancio, su hija. Según fuentes con acceso a lo declarado por las testigos, ellas dijeron que era la primera vez que hacían una operación así con Nechevenko, con quien tienen una relación escribana-clientas desde hace muchos años. Tanto Nechevenko como las acreedoras de Adorni y Angeletti informaron que hasta ahora les pagaron 30.000 dólares.
El hecho de que un funcionario omita declarar los bienes de su cónyuge en su presentación ante la Oficina Anticorrupción puede tener consecuencias administrativas y penales.
La regla es que si la OA advierte que alguien presentó una declaración incompleta, debe intimarlo a que la rectifique y, si no lo hace, puede abrir un expediente o incluso denunciarlo ante la Justicia.
El Código Penal establece, en el artículo 268 (3) que “será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”. Que “el delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda”. Y que “en la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.
Según la ley, no basta entonces la omisión, sino que esta debe ser “maliciosa” para que se constituya un delito.
En este caso, Adorni podría alegar que él rectificó su declaración original y que agregó lo que no había informado. se comunicó con el estudio jurídico que lo defiende, donde declinaron hacer declaraciones sobre la causa.
En cualquier caso esta omisión será un elemento a tener en cuenta en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se investiga si el jefe de Gabinete tuvo un crecimiento apreciable de su patrimonio que no puede justificar.
Los investigadores tienen en su poder pruebas de que, desde que es funcionario, Adorni y su mujer sumaron a sus bienes la casa del country en Indio Cua, un nuevo departamento en el que viven, en Caballito, y una camioneta. Los ingresos declarados de él son los de funcionario y ella, hasta el año pasado, era monotributista.
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