SOCIEDAD
La historia oculta detrás de los indultos: treinta montoneros en la Basílica de Luján y su “compromiso solemne por la pacificación”
Es una cámara íntima, donde la imagen de la Virgen, una pequeña estatuilla de terracota del siglo XVII, se ve bien cerca. Está detrás del altar mayor de la imponente Basílica de Luján y se accede por sendas escaleras de mármol que algunos fieles, en señal de sacrificio y promesas cumplidas, suelen subirlas de rodillas.
Ese camarín fue el escenario donde el 17 de abril de 1989, hace 37 años, los principales dirigentes montoneros dejaron un documento en el que juraban “solemnemente” propugnar y sostener la autocrítica, la pacificación y la reconciliación. Este hecho determinó un punto culminante de un proceso minuciosamente revelado, con muchos datos inéditos, por el periodista Ceferino Reato en su libro Pax menemista. Historia secreta de los indultos a militares y montoneros en el país del odio (Sudamericana, 2026), y que fundamenta la hipótesis de que el pedido de un indulto provino de esta organización guerrillera y no del sector militar.
En diálogo con Infobae, Reato explicó que “desde 1985 Montoneros formaban parte de una corriente interna dentro del peronismo, el Peronismo Revolucionario y, si bien tenían una fuerte presencia simbólica, no eran bien vistos dentro del justicialismo por haber sido protagonistas de la violencia política de los setenta. En realidad, nadie quería estar cerca de los que entonces estaban asociados a la violencia. Iba en consonancia con encuestas en que la mayoría de los consultados se mostraron proclives a enjuiciar a los guerrilleros, y en las que Mario Firmenich cosechaba aún más rechazos que el general Jorge Videla”.
El autor señala que “cuando se anunciaron las elecciones internas partidarias, en montoneros se planteó la disyuntiva sobre a quién apoyar. Decidieron aliarse con Carlos Menem porque Antonio Cafiero, sintiéndose seguro ganador, no quiso saber nada con ellos”. Reato destacó que los montoneros tenían a su favor capacidad de movilización, contaban con el diario La Voz, manejado por Vicente Leónidas Saadi, mentor de Menem y controlador de la mayoría en el Senado durante el gobierno radical y se sospechaban que manejaban fondos provenientes de los secuestros. En ese esquema Menem, que venía peleando desde muy atrás, estaba ávido de recursos para su campaña de elecciones internas para elegir candidato a presidente para las elecciones de 1989.
Uno de sus líderes, Mario Firmenich, estaba preso y la mayoría de lo que entonces era su plana mayor, como Fernando Vaca Narvaja y José Perdia, estaban prófugos.
El libro describe que la política de alcanzar una reconciliación Menem la comenzó en un acto en que, siendo precandidato a la presidencia de la nación, iba a dar en la localidad de Punta Alta en marzo de 1988, donde un número significativo de su población era militar. Reato cuenta que fue Mario Montoto el que le propuso dirigir su discurso al terreno de la pacificación y reconciliación nacional, algo que terminó haciendo.
En este proceso de dejar atrás los odios del pasado, la Iglesia debía estar presente y los montoneros se valieron de las relaciones que allí tenían. Reato señala que “los primeros contactos fueron en el Vaticano, y a partir de allí, le pasaron la posta a Ubaldo Calabresi, el nuncio apostólico, el embajador de la Santa Sede en nuestro país. En ese proceso, Calabresi le indicó a monseñor José Miguel Medina que recibiera a los negociadores. Medina, de mala gana porque los montoneros le caían pésimo, organizó un encuentro con capellanes militares y, para sorpresa de los montoneros, los recibieron bien”.
El 14 de junio de 1987 se produjo el primer documento, dado a conocer muy poco después de la visita al país de Juan Pablo II. La organización terrorista reconocía su culpa e invitaban a sus enemigos “a arrepentirse”.
El documento que dejaron a los pies de la imagen de la Virgen de Luján está fechado el 17 de abril de 1989, dado a conocer un mes antes de las elecciones presidenciales. En esa oportunidad, estuvieron presentes unos treinta montoneros, recibidos por monseñor Emilio Ogñenovich, obispo de Luján. Estaba la plana mayor del Peronismo Revolucionario, y las esposas de los jefes montoneros.
Es un documento de nueve páginas titulado “Compromiso solemne por la pacificación y reconciliación nacional sustentadas en la justicia social y la autocrítica nacional”, lo elaboraron Montoto y Firmenich y, según Reato, lo tenían cocinado desde 1987. Pedían un amplio acuerdo y que para que tuviese más legitimidad, esperaban que tuviera aprobación parlamentaria.
Alertaban sobre una “guerra civil intermitente”, que ningún sector “estaba libre de culpa” y que la pacificación era necesaria para curar heridas. Se debían terminar con los enfrentamientos del pasado, más aún cuando un sistema económico impedía la paz social, y fomentaba el auge de la delincuencia y el narcotráfico. Bregaban por una pacificación amplia, por una autocrítica y renunciaban al uso de las armas.
“No tuvo mucha repercusión en los medios, y ellos además no querían hacer demasiada alharaca acerca de un tema sensible como eran los indultos. Por eso cayó muy mal la entrevista que brindó en octubre de 1988 Pablo Unamuno, dirigente del Peronismo Revolucionario, quien adelantó que Firmenich sería liberado. Menem fue forzado a negar públicamente esta posibilidad”, aclaró Reato.
El autor afirmó que los indultos “fueron la medida más controvertida de una ráfaga de iniciativas para fundar un período de estabilidad y predominio para el cual debía calmar la interna militar, seducir a los antiperonistas y mantener el respaldo de las bases del peronismo”.
Los militares estaban al tanto de las negociaciones de los montoneros, especialmente en el Ejército y viejos altos jefes, como el almirante Emilio Massera.
La primera tanda de los indultos fue el 7 de octubre de 1989, que involucró a 277 individuos. En realidad son cuatro decretos firmados el 6 y anunciados al día siguiente en El Chamical, La Rioja. El 1002 involucraba a 39 militares, como Bignone y Galtieri; el 1003, a 64 guerrilleros; el 1004, a 164 militares carapintadas y el 1005 la junta militar responsable de la guerra de Malvinas.
Quedaban los nombres más problemáticos. El 29 de diciembre de 1990, en seis decretos, se liberó a una docena, entre ellos Videla (que rechazaba el indulto), Massera, Suárez Mason, Firmenich, Martínez de Hoz, Norma Kennedy, entre otros.
En un libro que abunda en datos revelados por los protagonistas de entonces, Reato reafirma la decisión de Menem presidente de cerrar las heridas del pasado con otros gestos que debían terminar con una reconciliación y a dejar atrás viejas antinomias y profundos resquemores. Así es como cuenta, cómo nació la operación de repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas, que aún seguía generando fanatismos a favor y en contra; las circunstancias que llevaron al líder riojano a abrazarse con el almirante Isaac Rojas, uno de los militares que derrocaron a Juan Domingo Perón en 1955 y figura central por excelencia del antiperonismo, y cómo se materializó el monumento en homenaje a los caídos durante la guerra de Malvinas, en tiempos en que hablar de la guerra significaba defender a los militares y los veteranos que, sin reconocimiento, estaban a la buena de Dios.
El libro se comprime en el primer año y medio de gestión del gobierno menemista, en el que debió atender varios frentes de conflicto: la crisis económica heredada del gobierno de Alfonsín; un Ejército dividido por los levantamientos “carapintadas”; su alianza con los popes del liberalismo nacional, el ajuste económico que aplicó, la catarata de privatizaciones, el inicio de “las relaciones carnales” con los Estados Unidos y el acercamiento con Gran Bretaña para reiniciar contactos entre los gobiernos, cortados con la guerra.
A pesar de las protestas de diversos sectores, al tiempo nadie hablaba de los indultos y, luego con la convertibilidad, el gobierno había logrado eliminar la inflación, panorama que le permitió imponerse cómodo en las elecciones de medio término de 1991. El libro demuestra, con el aporte de material inédito, que el camino de esa reconciliación pensado por Menem no estuvo del todo equivocado y que bien fue un punto de partida para dejar atrás un período por demás doloroso de nuestra historia.
El Tribunal de Juicio de Orán, provincia de Salta condenó a prisión perpetua a Víctor y Gonzalo Salvatierra, declarados culpables como coautores de homicidio doblemente calificado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas.
El fallo, que representa la pena máxima prevista en el Código Penal argentino, ordenó el inmediato traslado de los condenados a la Unidad Carcelaria 3 de Orán y su registro en el Banco de Datos Genéticos.
La sentencia fue dictada tras un extenso proceso oral en el que la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, actuó en representación del Ministerio Público Fiscal.
Durante el debate, la acusación sostuvo la responsabilidad penal de tres hombres de 29, 31 y 39 años, imputados como coautores del crimen de Pablo César Almaraz, un puestero rural hallado sin vida y en condiciones de extrema violencia a la vera de la ruta nacional 34.
El hecho que motivó la investigación ocurrió el 1 de octubre de 2022. Aquel día, un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre el hallazgo de un cadáver entre las localidades de Pichanal y Colonia Santa Rosa. La víctima, de 41 años, fue identificada como Pablo César Almaraz. Su cuerpo presentaba signos de brutalidad: estaba decapitado y tenía las manos atadas, lo que permitió a los investigadores calificar el crimen como homicidio con agravantes.
La audiencia de debate, a cargo de los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos, se extendió por varias jornadas, en las que se escucharon testimonios, pericias y los argumentos de las partes.
La fiscal Filtrín Cuezzo mantuvo la acusación contra los tres imputados y pidió la aplicación de prisión perpetua, solicitud a la que adhirió la querella. La defensa de los acusados intentó desmontar la hipótesis de la participación de sus asistidos, insistiendo en la falta de pruebas directas.
Ayer lunes, reanudada la audiencia, el Tribunal otorgó a los imputados la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de deliberar. Una vez finalizada esta instancia, los jueces pasaron a deliberar en privado.
En su resolución, el Tribunal determinó que Víctor y Gonzalo Salvatierra fueron responsables del homicidio doblemente calificado, valorando la existencia de alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Por el contrario, el tercer acusado fue absuelto por el beneficio de la duda. Se ordenó su inmediata libertad ante la falta de elementos concluyentes que lo vincularan de manera directa con el hecho.
La brutalidad del hecho investigado marcó el curso de la causa desde el inicio. El cuerpo de Almaraz fue encontrado decapitado y maniatado, lo que orientó a los investigadores hacia una hipótesis de homicidio ejecutado con planificación y extrema violencia. Los peritajes forenses confirmaron que la víctima fue sometida a un ataque premeditado, descartando la posibilidad de un acto impulsivo o fortuito.
La fiscalía reconstruyó la secuencia de los hechos en base a pruebas periciales, testimonios y elementos recolectados en la escena del crimen. El lugar del hallazgo, a un costado de la ruta nacional 34, entre Pichanal y Colonia Santa Rosa, fue clave para establecer el contexto y la mecánica del ataque.
Con el veredicto leído este lunes, la causa por el homicidio de Almaraz se aproxima a su cierre judicial, aunque las secuelas del crimen seguirán presentes en la comunidad rural afectada y en la memoria de sus allegados.
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SOCIEDAD
Córdoba: un adolescente de 15 años murió tras ser arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en bicicleta
Un chico de 15 años murió este lunes por la tarde tras ser embestido por una formación del Belgrano Cargas mientras circulaba en bicicleta por un paso a nivel en la localidad de Santiago Temple, departamento Río Segundo, en la provincia de Córdoba.
El adolescente sufrió graves heridas, fue atendido en el lugar y trasladado a un hospital zonal, desde donde fue derivado a un centro de salud de la Capital provincial, pero murió durante el traslado.
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El accidente ocurrió minutos antes de las 17, en un cruce ferroviario ubicado frente a la Plaza Disney de esa localidad del interior cordobés.
Según las primeras reconstrucciones, el joven intentaba cruzar las vías cuando fue alcanzado por la locomotora. Testigos y fuentes oficiales indicaron que el chico habría tratado de “ganarle” al tren, cayó a las vías y fue atropellado. Las circunstancias exactas del hecho se encuentran bajo investigación fiscal.
Personal del servicio médico de emergencia de Santiago Temple asistió al adolescente en el lugar del accidente. Luego fue trasladado al hospital local y, ante la gravedad de sus lesiones, derivado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Córdoba. Fuentes policiales confirmaron que el joven falleció durante ese traslado.
En el sitio del hecho se desplegó un importante operativo que incluyó bomberos, policía y personal de la empresa ferroviaria.
El paso a nivel quedó momentáneamente interrumpido mientras se realizaban las tareas de pericia y remoción. El tránsito vehicular sobre la Ruta Nacional 19, que atraviesa la zona, no se vio afectado y continuó habilitado en ambos sentidos.
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El hecho se encuentra en etapa de investigación a cargo de la Justicia provincial, que busca determinar con precisión la secuencia de los hechos, el estado de la señalización del cruce y si existieron factores que contribuyeron al siniestro.
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Juicio por Loan, octava audiencia: declaran un primo, un tío y un testigo que participó de la búsqueda y encontró huellas
El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes 7 de julio en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes con la octava audiencia del debate. Luego de las declaraciones de los padres, los hermanos, la abuela, los tíos y otros familiares directos del niño, el Tribunal Oral Federal escuchará a tres nuevos testigos.
Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, fueron citados Miguel Ángel Noguera, tío materno de Loan; Diego Arnaldo “Huevo” Peña, primo del niño; y Roque Valeriano Noguera, quien participó de la búsqueda y encontró huellas en el barro.
Las mayores expectativas están puestas en la declaración de Diego “Huevo” Peña, quien estuvo presente en el almuerzo realizado el 13 de junio de 2024 en la casa de Catalina Peña. Su nombre apareció en reiteradas oportunidades durante las últimas audiencias, especialmente en los testimonios de Camila Ayelén Núñez y otros familiares, que reconstruyeron el recorrido hacia el naranjal y los minutos previos a la desaparición del niño.
En tanto, Miguel Ángel Noguera fue mencionado por Alberto Sebastián Noguera durante la séptima audiencia. Según declaró, ambos se dirigieron juntos hacia la casa de Catalina apenas se enteraron de que Loan había desaparecido para sumarse a la búsqueda.
Por su parte, Roque Valeriano Noguera es uno de los testigos vinculados al hallazgo de las huellas y del botín del niño, un episodio que ocupa un lugar central en la acusación contra Laudelina Peña. Además, mantiene un vínculo familiar por afinidad con Antonio Benítez, ya que su esposa, Marina Franco, es prima del imputado.
Con estas declaraciones continuará una etapa del juicio centrada en reconstruir las horas previas y posteriores a la desaparición de Loan. Hasta el momento ya declararon 13 familiares directos, quienes permitieron al Tribunal reconstruir el desarrollo del almuerzo, el recorrido hacia el naranjal y el inicio de la búsqueda, aunque todavía persisten interrogantes sobre qué ocurrió con el niño después de que fue visto por última vez.
Los momentos que marcaron las primeras tres semanas
Además de la reconstrucción de los hechos, el debate oral también dejó escenas y testimonios que marcaron el inicio del juicio.
Uno de los primeros impactos llegó en la tercera audiencia, cuando la defensa de Laudelina Peña pidió citar como testigo a Elisa “Lilita” Carrió. El planteo se basó en declaraciones públicas de la ex líder de la Coalición Cívica, quien aseguró que el entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, le había dicho: “A alguien había que quebrar”, en referencia a Laudelina. El Tribunal hizo lugar al pedido.
En esa misma jornada, Carlos Pérez entregó unas anotaciones a su abogado defensor, Ernesto “Tito” González, en las que se definió como un “chivo expiatorio”.
La sexta audiencia estuvo marcada por las declaraciones de los hermanos de Loan. Cristian Ramón Peña reveló que, durante las primeras horas de la búsqueda, recibió un mensaje intimidatorio de un desconocido. “Me preguntaron si quería hablar con Loan o negociar por él”, declaró ante el Tribunal.
Ese mismo día también volvió a aparecer el nombre de José Mazzei, el perito contratado por la familia para colaborar en la búsqueda del niño. Su intervención generó uno de los principales cruces entre las partes, no por su trabajo en sí, sino por una reconstrucción privada que realizó durante la investigación junto a algunos familiares de Loan. Mientras la defensa pretendía interrogar a los testigos sobre esa diligencia, la fiscalía y la querella se opusieron al considerar que las preguntas excedían el objeto del juicio y podían revictimizar a las víctimas. Finalmente, el Tribunal autorizó el interrogatorio, aunque con ciertos límites.
Otro de los testimonios que generó repercusión fue el de Macarena Peña, hija de Laudelina. La joven aseguró que escuchó al entonces abogado de su madre, José Fernández Codazzi, sugerir que sostuvieran la versión de un accidente para explicar la desaparición de Loan. Según declaró, el letrado les advirtió que “tenían ubicaciones que las comprometían, que iban a ser detenidas” y que “Patricia Bullrich nos iba a llevar”.
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