POLITICA
El contraataque de Adorni con un argumento sorpresa, las dudas de los ministros y la euforia de Luis Caputo
Manuel Adorni tuvo una semana estelar de espaldarazos. Una convicción en el apoyo de los hermanos Milei que lo mostró empoderado en la red social X, en primera fila del AMCHAM donde habló el Presidente, en una caminata por el patio delantero de la Rosada junto a Karina para sacarse fotos y en un viaje también con ella a Vaca Muerta. En todas las ocasiones, el exvocero no habla. En estos días, se animó a contraatacar y a defenderse en las redes sociales pero el revival duró poco: ayer tuvo que salir a cuestionar a uno propio. Nicolás Márquez, amigo y biógrafo del Presidente, libertario de pura cepa, diciendo por TN: “Adorni está terminado, acabado y finiquitado”. Una síntesis lapidaria que Adorni reposteó de una manera curiosa: primero con un emoji de una carita riéndose que a la madrugada cambió por un intrigante “¿?”. Raro.
El jefe de Gabinete participó de la reunión de la mesa política que venía espaciada desde que estalló su escándalo, salvo una excepción al principio del conflicto donde se juntaron y se hablaron todos los temas excepto, claro, el que lo involucra. Una especie de tabú donde nadie se anima a preguntar si Karina no lo menciona antes. Todos descartaban que el encuentro de hoy mantendría ese espíritu. Empieza a crecer en algunos integrantes de Gobierno una rara sensación de incerteza mientras las noticias judiciales de Adorni no se detienen y los datos de la economía real preocupan. Todo intervenido además por la interna entre Karina y Santiago Caputo que organiza casi todos los movimientos del poder. Un desorden imparable en un momento delicado. No sólo por Adorni.
La decisión sigue siendo intransigente: mostrarlo, defenderlo y preparar su presentación en el Congreso de la Nación adonde tiene que ir a dar su informe de gestión el 29 de abril. Mientras tanto, hay un trabajo secreto y minucioso para construir lo más relevante y misterioso de esta historia: ¿cuál es esa pila de papeles y documentos que justifican su evolución patrimonial que él asegura mostrará a la Justicia en el tiempo indicado? Su futuro penal depende de una presentación que tarde o temprano tendrá que hacer sobre los ingresos y gastos de él y su mujer. Es su ventana de luz, la que le permite, como sucedió en innumerables casos injustificables como el enriquecimiento de los Kirchner, que la Justicia dé por válidos movimientos patrimoniales que parecen imposibles de explicar.
Succesion
Atención con este armado porque, como en muchos antecedentes de funcionarios investigados en otras épocas, alrededor del jefe de Gabinete hablan de que una herencia paterna será el vehículo que justificará sus ascenso social. Es intrigante. Si uno mira las redes de Adorni en la prehistoria de 2018, él escribió un mensaje a propósito de la sucesión de su padre: “A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría solo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo.”
¿Será esa famosa casa el diferencial que emparche el evidente upgrade económico que atraviesa desde que asumió el Gobierno? ¿Por qué fue entonces necesario endeudarse para comprar sus bienes? ¿Por qué esa herencia o esa propiedad no aparece en su declaración jurada inicial ni en la de 2024? Son preguntas. Mientras tanto, se multiplica la información sobre viajes: ¿la mujer y sus hijos se fueron 15 días a Disney el año pasado? ¿El viaje de nueve días a Madrid fue laboral o personal? La justicia está investigando. En estos días llegarán al despacho del fiscal Gerardo Pollicita todos los gastos de tarjeta del matrimonio Adorni. La pregunta es siempre la misma: ¿Por qué el funcionario dijo en una entrevista que el viaje en el feriado de Carnaval fue su primer descanso en un año y medio? Es un loop que hace pensar en las palabras de Márquez pero que por ahora seguirá su curso de revelaciones judiciales, tiempismo oficial para sostenerlo y expectativa en el Mundial que está a la vuelta de la esquina.
En la reunión de la mesa política, había una prioridad por afrontar: la agenda más urgente de proyectos a tratar y a enviar al Congreso después de que el tema Adorni gastara un tiempo precioso. Porque en el Gobierno, el segundo semestre estará cooptado por las negociaciones electorales de cara al 2027 y quién sabe la anomia de sesiones que podría generar el Mundial. Vence el plazo del Gobierno para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada, vetada, rechazado el veto por el Congreso, judicializada y quedó finalmente vigente con un deadline este domingo.
Deadline
La decisión de no hacerlo estaba tomada y acaban de buscar una salida presentando un recurso ante la Corte para que suspenda su aplicación. Es una estrategia del ala caputista, así como también el per saltum a la Corte por la Reforma Laboral firmado por Sebastián Amerio, el exvice de Justicia que ahora es Procurador del Tesoro, es decir el abogado del Estado. Es un área donde opina con solidez la secretaria de Legal y Técnica, también caputista, María Ibarzabal Murphy.
Para entender esto es necesario ponerse un poco técnico pero el caso es relevante y lo necesita: el 31 de marzo se le agotó al Gobierno la última posibilidad de no ejecutar los mandatos de la ley de Financiamiento Universitario. El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó una cautelar que obliga a actualizar salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 según el IPC y recomponer becas. Desde ese fallo, había diez días hábiles a contar desde el 1° de abril que vencían este viernes para que el Gobierno empiece a pagar. El Estado nacional se presentó en la Cámara para apelar a la Corte Suprema. Lo particular es que esa presentación no tiene efectos suspensivos hasta que la Cámara decide si le concede o no esa aplicación. Es decir, a esta hora, están incumpliendo un fallo judicial. Mientras tanto hicieron otro movimiento judicial insólito: fueron a la Corte a recusar a los jueces de primera instancia, a los camaristas que intervinieron y a los jueces del máximo tribunal con el argumento de que son profesores universitarios. Impresionante.
Todo esta telaraña tiene algo de daño autoinfringido. Desde el fallo del 31 de marzo, había una decisión de intentar corregir la ley en el Congreso para volverla viable, según la posición del ministerio de Economía. Esta demora -vinculada sobre todo con el episodio Adorni- escaló las protestas callejeras y generó un episodio conmovedor con una jornada de médicos y veterinarios en la calle atendiendo gratis bajo la lluvia durante 24 horas con una postal que expuso demasiado: no sólo las limitaciones presupuestarias con las que están funcionando las universidades sino las historias desoladoras de personas sin recursos haciendo fila para acceder a la salud. Una crónica periodística mostró a Hilda Aviles Charca, apoyada sobre su bastón con el que viajó desde Pilar a Plaza Houssay para hacerse sus prótesis dentales. Llegó a las 10 de la mañana. “La atención fue excelente -le dijo a la periodista que le preguntó- Me escanearon todo y me dijeron que esperara acá las dos prótesis. Me vienen bien porque las que tengo se están partiendo, le pongo la gotita”, cuenta. “Me encanta porque la verdad que es gratis. Si no, es carísimo. Trabajo haciendo limpieza de casas particulares. Tengo que seguir trabajando porque soy sola. Con mi obra social me salían $1.200.000”. 68 años tiene Hilda.
Euforia en DC
Estas postales de urgencias ancladas en los recortes contrastan con el ánimo de Toto Caputo que llegó el miércoles a Washington y apenas entró al Fondo Monetario Internacional se cruzó por azar a Kristalina Georgieva. A pesar de que aterrizó arrastrando el dato de la inflación en aumento, se lo vio eufórico y confiado después de cada uno de sus movimientos. Apenas entró al Fondo se emitió el comunicado avalando las tareas argentinas. En dos o tres manzanas de DC, se encuentran los edificios que habitan los gestores de la ayuda más fluida que viene recibiendo el país: el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF en ese orden. El jueves, salió abrazado al presidente del BM, Ajay Banga y cruzaron la diagonal Pennsylvania St hasta la H street -que separa el FMI del Banco Mundial- caminando y riendo juntos acompañados por detrás por un grupo de funcionarios entre los que estaba José Luis Daza. A los pocos minutos, salió el comunicado del ofrecimiento de una garantía de 2 mil millones de dólares (que podría escalar a 4 mil) para ayudar a refinanciar deuda. 
La estrategia del Gobierno es rollear la brutal agenda de vencimientos de deuda que le esperan hasta el final de 2027. Hay un informe con datos duros de Miguel Broda que es alarmante: el cuadro de vencimientos de deuda en dólares muestra que la Argentina enfrenta compromisos por aproximadamente USD 13.200 millones en lo que resta de 2026, unos USD 45.400 millones en 2027 y cerca de USD 105.000 millones en total hasta ese año. Dentro de ese esquema, la deuda con el sector privado suma alrededor de USD 24.100 millones, mientras que las obligaciones con organismos internacionales alcanzan unos USD 62.900 millones, con un peso central del Fondo Monetario Internacional por cerca de USD 42.700 millones.
Leé también: Golpeado por la inflación, Milei debería aprovechar el viaje a Israel para repasar cómo fue su estabilización
A su vez, los pagos se componen tanto de capital (unos USD 29.800 millones) como de intereses (alrededor de USD 15.600 millones), y presentan una mayor concentración en 2027, con varios picos a lo largo del año —especialmente entre abril y septiembre— donde se combinan vencimientos de bonos, compromisos con el FMI y obligaciones del Banco Central. Visto así, espanta. En diálogo con corresponsales en Estados Unidos, Caputo se mostró tranquilo y confiado de los anuncios que ya se hicieron de ayuda del Banco Mundial.
Negó la posibilidad de salir a endeudarse en los mercados porque el riesgo país sigue alto y habló de tasas del 9/10% mientras que aseguró que el BM les está prestando al 5/6%. La pregunta está a la vista: ¿alcanzará?
Javier Milei, Manuel Adorni
POLITICA
Comenzó el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: llevaron a los primeros 326 internos en un fuerte operativo de seguridad
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación iniciaron este fin de semana el traslado gradual de los 1500 internos del penal de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de máxima seguridad de Marcos Paz.
El operativo se puso en marcha tras la firma de un convenio entre ambas jurisdicciones y forma parte del compromiso que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, había asumido con los vecinos del barrio para vaciar definitivamente esa cárcel.
Para ejecutar el operativo se conformó un Comando Unificado integrado por fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Ese organismo es el encargado de planificar, coordinar y llevar adelante el traslado de manera gradual y progresiva. El plan contempla el perfil criminológico de cada interno y medidas de prevención de riesgos durante el recorrido hasta el nuevo predio.
“Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia”, escribió el jefe de Gobierno porteño en su cuenta de X.
Monteoliva también publicó un mensaje: “Empezamos a trasladar a los presos de Devoto. Hoy llevamos a los primeros 326 internos a Marcos Paz, en un operativo histórico coordinado por un Comando Unificado que reúne a nuestras cinco Fuerzas Federales para garantizar la seguridad durante todo el traslado”.
“Un paso más en el proceso de mudanza que vamos a hacer de manera gradual y planificada. Seguimos. Ley y orden”, remarcó la ministra.
La nueva unidad, construida por la Ciudad de Buenos Aires y entregada al Ministerio de Seguridad de la Nación se construyó en un terreno de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad, con capacidad total para 2.232 presos.
La obra estuvo paralizada durante cinco años, hasta que la gestión de Macri la reactivó en diciembre de 2024.
La Cámara Nacional Electoral aprobó la creación de una plataforma para que la ciudadanía reúna firmas electrónicas en apoyo de proyectos de ley que se presenten ante el Congreso. El sistema será gratuito, estará bajo control del tribunal y convivirá con las adhesiones manuscritas en papel previstas hasta ahora para las iniciativas populares.
La medida fue resuelta este jueves mediante la acordada extraordinaria 173. El tribunal, presidido por Alberto Ricardo Dalla Via, deberá definir las condiciones operativas de una herramienta que podrán utilizar personas particulares, agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil.
La incorporación de este mecanismo digital no altera los requisitos de fondo de la iniciativa popular, incluida la cantidad de respaldos necesaria ni las materias que la Constitución y la ley excluyen de este procedimiento. Sí habilita una vía electrónica para registrar y verificar las adhesiones.
El artículo 39 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1994, reconoce el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados. La norma dispone que el Congreso debe dar tratamiento expreso a esas propuestas dentro de los doce meses posteriores a su ingreso.
La Ley 24.747, sancionada en 1996, reglamentó ese derecho y estableció las condiciones para ejercerlo. A diferencia de las iniciativas impulsadas por legisladores o por el Poder Ejecutivo, estos proyectos nacen por fuera de las estructuras estatales y requieren reunir adhesiones ciudadanas antes de avanzar en el trámite parlamentario.
Para presentar una propuesta, los impulsores deberán obtener firmas equivalentes a al menos el 1,5 % del padrón electoral utilizado en la última elección de diputados nacionales. Además, los respaldos deberán provenir de un mínimo de seis distritos electorales.
En las iniciativas de alcance regional, el porcentaje se calcula únicamente sobre los padrones de las provincias incluidas en esa región. La nueva plataforma no modifica esas exigencias y podrá complementar las planillas tradicionales.
La legislación excluye de este mecanismo los proyectos sobre reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Los promotores también tendrán que identificar a los responsables de la iniciativa, presentar el articulado con formato de ley, fundamentar la propuesta e informar los gastos y el origen de los recursos utilizados.
La Justicia Electoral administrará y controlará el sistema
La acordada fue firmada por Alberto Ricardo Dalla Via, los jueces Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas, junto con los secretarios Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. La resolución asignó la administración exclusiva de la plataforma a la Cámara Nacional Electoral.
La Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales será la encargada de administrar, mantener y operar el servicio. También deberá realizar controles periódicos y fijar los resguardos técnicos para garantizar la identificación de los firmantes, la autenticidad de las adhesiones y la protección de los datos personales.
Quienes quieran utilizar la plataforma tendrán que solicitar previamente su habilitación ante esa oficina. El procedimiento no tendrá costo. La resolución todavía no estableció una fecha para la apertura pública del sistema ni detalló los pasos que deberá cumplir cada ciudadano para emitir su adhesión.
El tribunal consideró que las firmas electrónicas podrán respaldar las iniciativas populares si cumplen las condiciones técnicas exigidas. La decisión se apoya en la Ley 25.506 de Firma Digital y en antecedentes judiciales sobre la eficacia jurídica de modalidades electrónicas de suscripción documental.
La acordada diferenció la firma digital de la firma electrónica, aunque sostuvo que esta última puede equipararse a una rúbrica manuscrita cuando ofrece garantías de autenticidad, integridad y no repudio. Los magistrados citaron fallos comerciales y civiles para extender esos criterios al ámbito electoral, bajo las condiciones de seguridad y verificación correspondientes.
Una prueba piloto antecedió a la decisión del tribunal
La decisión se basó, entre otros elementos, en una experiencia piloto autorizada por la Cámara el 21 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, el tribunal habilitó una plataforma propuesta por una organización no gubernamental para complementar la recolección de respaldos en iniciativas populares.
Las verificaciones posteriores concluyeron que existían condiciones técnicas para vincular de manera unívoca a cada firmante con el documento que apoyaba. También se evaluaron procedimientos para autenticar las adhesiones, identificar a los usuarios y preservar su información personal.
A partir de esos resultados, la Cámara resolvió avanzar con una herramienta de alcance general que quedará administrada de forma directa por la Justicia Electoral y podrá emplearse en distintas propuestas ciudadanas.
La resolución además mencionó experiencias de Alemania, España, Estonia, Finlandia y Letonia con modalidades electrónicas para reunir apoyos ciudadanos. Según el tribunal, esos sistemas ofrecen antecedentes favorables en participación, trazabilidad y validación de identidad.
La validación de las adhesiones seguirá bajo control judicial
La digitalización no reemplazará la revisión institucional prevista por la Ley 24.747. La norma dispone que la Justicia Electoral debe verificar las adhesiones mediante un procedimiento de muestreo, con un plazo máximo de veinte días que puede extenderse a través de una resolución fundada.
Ese control determinará si cada iniciativa cumplió las condiciones legales para ser presentada. La plataforma apunta a facilitar la recepción y comprobación de los respaldos, pero no modifica la intervención judicial ni el posterior trámite legislativo.
Una vez verificados los requisitos, los proyectos ingresarán a la Cámara de Diputados de la Nación para su tratamiento parlamentario. La obligación constitucional de tratarlos dentro de los doce meses permanece vigente, aunque no implica que el Congreso deba aprobarlos.
La Cámara Nacional Electoral dispuso comunicar la acordada a la Cámara de Diputados y a los jueces federales con competencia electoral de todo el país. La puesta en marcha del sistema quedará sujeta a las definiciones técnicas que adopte el área informática del tribunal.
POLITICA
Con apoyo de EE.UU., el Gobierno impulsa el proyecto del tren a Vaca Muerta para potenciar inversiones energéticas
El Gobierno coordina con las provincias la reactivación de una conexión ferroviaria entre Vaca Muerta y Bahía Blanca y prepara nuevos procesos para incorporar inversión privada en otros corredores de cargas. El esquema incluye el futuro del trazado actualmente operado por Ferroexpreso Pampeano y de la línea Roca a cargo de Ferrosur, mientras avanza por separado la privatización de Belgrano Cargas.
La planificación coincide con la puesta en marcha del Corredor Andes-Atlántico, el acuerdo de infraestructura firmado con Estados Unidos en septiembre. En Nación aseguran que los proyectos ferroviarios ya estaban bajo análisis antes de ese entendimiento, pero que se está trabajando en línea con sus objetivos y que la intención es lanzar nuevas licitaciones en lugar de continuar prorrogando las concesiones vencidas.
Uno de los principales proyectos es la conexión ferroviaria de Vaca Muerta con Bahía Blanca. El Gobierno mantiene conversaciones con las provincias involucradas para resolver cuestiones operativas y definir cómo estructurar el trazado. La posición de la administración libertaria es que las inversiones necesarias sean realizadas mayoritariamente por privados.
El antecedente directo es el Corredor Norpatagónico, conocido también como el tren a Vaca Muerta. El proyecto oficial contempla unir Bahía Blanca con Añelo, en Neuquén, mediante la rehabilitación de vías existentes y la construcción de un nuevo acceso ferroviario al centro de la formación hidrocarburífera.
La última configuración técnica oficial prevé intervenir 665 kilómetros de vías: renovar 208 kilómetros, mejorar otros 374 y construir alrededor de 83 kilómetros nuevos. El trazado pasa por Bahía Blanca, Cipolletti y Cinco Saltos antes de llegar a Añelo. El proyecto permanece formalmente suspendido y el Gobierno todavía no definió si conservará exactamente ese diseño o lo reformulará dentro del nuevo esquema.
El plan original buscaba resolver uno de los principales problemas logísticos de Vaca Muerta: el traslado de arena, caños, equipos e insumos hacia Neuquén y la salida de producción hacia los puertos. Una convocatoria realizada para el proyecto había calculado una capacidad de hasta cuatro millones de toneladas anuales, aunque ese parámetro corresponde al diseño anterior y no está confirmado para la nueva etapa.
La necesidad de ampliar esa infraestructura también aparece en documentos oficiales recientes. Al extender provisoriamente la concesión de Ferroexpreso Pampeano, el Ministerio de Economía señaló que se esperan mayores movimientos ferroviarios de arena, equipos e insumos y que hacen falta inversiones significativas para aumentar la capacidad y garantizar la fluidez logística vinculada con Vaca Muerta.
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