En simultáneo a la decisión de llevar a la Corte Suprema su reclamo para no cumplir con la ley de financiamiento universitario, el oficialismo buscará reactivar un proyecto del Gobierno para evitar que el Estado deba desembolsar $2,5 billones a las casas de altos estudios tal como ya le ordenaron dos fallos judiciales.

La iniciativa no es nueva: se presentó en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero pasado, cuando los libertarios gozaban de un amplio dominio del recinto junto a sus aliados. Sin embargo, el bloque oficialista no la puso en tratamiento con el argumento de que los esfuerzos estaban focalizados, por entonces, en la aprobación de la reforma laboral, prioridad absoluta para el Gobierno.

Ahora, apremiado por la Justicia para que cumpla con la ley 27.795 que el Congreso sancionó el año pasado −puntualmente con la actualización de los salarios docentes y los programas de becas−, el oficialismo busca reflotar la iniciativa, la cual no deroga la ley pero sí la modifica para amortiguar su impacto fiscal.

Todavía no hay fecha de convocatoria a comisiones, pero será pronto, confirmaron a fuentes en el bloque libertario.

Los reproches por no haber impulsado el proyecto a tiempo se amplifican en medio de la feroz interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. El asesor presidencial, que durante el verano venía llevando adelante negociaciones discretas con algunos rectores para promover el proyecto, confiaba en que obtendría de ellos un guiño para desactivar en el Congreso el frente judicial, que ya se asomaba complicado con el fallo en primera instancia del juez Martín Cormick que le ordenaba al Poder Ejecutivo el inmediato cumplimiento de las actualizaciones salariales que disponía la ley.

El Gobierno argumenta que el cumplimiento de la norma, motorizada por la oposición, resulta un golpe letal al equilibrio fiscal. Por eso apeló el fallo de primera instancia pero, por las dudas, activó en paralelo la vía parlamentaria y presentó en febrero una reforma de la ley cuyo impacto fiscal es bastante menor a la que aprobó el Congreso.

El oficialismo en la Cámara de Diputados decidió, sin embargo, no apurar su tratamiento hasta asegurar los apoyos, que no estaban firmes. En el círculo que rodea a Caputo le achacan a Martín Menem, presidente del cuerpo y lugarteniente de Karina Milei, que la demora en tratarlo le puede costar ahora al Estado $2,5 billones, ya que hace dos semanas la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a las universidades en su amparo.

“Antes del fallo de segunda instancia había posibilidades de negociar una reforma de la ley de financiamiento: obviamente al Gobierno le convenía y a las universidades también porque, por entonces, no había certezas de que la Justicia fallara a su favor. Ahora ya es tarde”, se lamentan cerca de Caputo.

En el entorno de Menem evitan entrar en polémica. “Está todo bien, lo único que tenemos para decir es que no estaban los votos”, afirman.

Lo cierto es que el proyecto del Poder Ejecutivo nunca llegó a tener siquiera un guiño del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pese a las tratativas llevadas adelante por Caputo. La cuestión es que ahora, tras el fallo en segunda instancia a su favor, difícilmente los rectores acepten negociar una reforma.

Detalles del proyecto

El proyecto que ahora el oficialismo quiere reactivar recoge, aunque parcialmente, algunos de los puntos de la ley cuya aplicación está suspendida por el Gobierno. Uno de los más sensibles es el referido a los salarios de los docentes y no docentes universitarios.

La norma actual obliga al Poder Ejecutivo a reconocer la pérdida que éstos tuvieron por efecto de la inflación desde el 1° de diciembre de 2023; el proyecto del Gobierno, sin embargo, solo propone reconocer la pérdida salarial de 2025. Nada dice de 2024.

Esta recomposición salarial del año pasado se efectuaría en tres tramos con subas del 4,1% a pagarse en marzo, julio y setiembre de este año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.

La propuesta del Gobierno también difiere de la norma actual en lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades. En efecto, la ley 27.795 obliga al Poder Ejecutivo a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica. En cambio, la iniciativa del Gobierno nada dice de 2024 y 2025 y, respecto de este año, establece que si la inflación anual supera el 14,5% (que es la reconocida en el presupuesto), el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.

Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80.000 millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.

Alicaído por el impacto de la nueva ley de inocencia fiscal, que subió exponencialmente los mínimos y enterró miles de expedientes judiciales, el fuero Penal Económico comenzó lentamente a nivelar algo de su actividad gracias a una fuerte ola de nuevas denuncias promovidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un ente bajo control del asesor Santiago Caputo, pero sacudido por la interna que anida en el Gobierno y golpeado en los últimos meses por una marcada baja en la recaudación.

Las denuncias de la agencia que golpean ahora las puertas del fuero son “importantes”, califican en los tribunales, por su cantidad, pero especialmente por su calidad. Incluyen delitos tributarios con sus nuevos pisos mínimos -que se elevaron, por lo menos, un 3000%- y un trabajo especial realizado sobre casos de contrabando, que es el rubro que hoy reanima al fuero.

En la Cámara del fuero, las denuncias por contrabando de ARCA se sortean a un ritmo de entre 15 o 20 por turno judicial, coinciden las fuentes. Llamó la atención el número, pero, sobre todo, el ritmo sostenido y un trasfondo común: se desprenden de un “orden de análisis” ejecutado por ARCA, es decir, de una misma actuación interna de fiscalización y control.

El análisis incluye un total de aproximadamente 500 casos con distintos importadores, según una fuente al tanto de los detalles, que advierte: “no significa que todos vayan a ser judicializados, pero es de esperar que con el avance de las investigaciones se sigan formulando más denuncias”.

Así, el fuero Penal Económico, que sufrió una suerte de “vaciamiento” de expedientes con la ley de inocencia fiscal, resurge parcialmente al calor de los nuevos movimientos al interior de ARCA, que algunas voces vinculan directamente con la interna que ordena desde hace tiempo al Gobierno en dos bandos bien definidos.

El área se encuentra bajo la órbita de influencia del asesor presidencial, pero no escapa a los intereses cada vez más amplios de Karina Milei, desde cuyo sector explican parte de la fuerte baja en la recaudación fiscal con críticas dirigidas especialmente hacia el manejo de la aduana.

Empoderada desde la victoria legislativa de octubre, moldeada por su estrategia de plantar candidatos propios, la secretaria de l Presidencia busca reducir al mínimo la injerencia de Caputo en el Gobierno, lo que abarcaría también a la ARCA.

Un importante exfuncionario barrido por la fricción de esas fuerzas contrapuestas explicó que la espiralización de la interna se da la par del avance cada vez más notorio de Karina Milei en algunas áreas que antes no tenía en cuenta.

La Dirección General de Aduana (DGA), en particular, está en manos de Andrés Veliz, que reporta al asesor presidencial, y se convirtió en el número uno del sector luego de trabajar allí por 44 años. Desde la agencia relativizan los señalamientos del ala karinista y remarcan que el “gran trabajo realizado” tiene vida propia y no responde a “rumores” ni a “internas”.

En el frente judicial, en tanto, acostumbrados a detectar los oleajes, atribuyen el nuevo arribo de expedientes a una “nueva bajada” de ARCA en temas de contrabando y como resultado de una suerte de “saneamiento institucional”, por las características que presentan algunos de los casos. “Parece que están ajustando las clavijas”, define un judicial.

La reactivación del fuero por causas de contrabando coincide con un momento de vacas flacas para la agencia, cuya recaudación cayó un 8,7% en el primer trimestre del año respecto al anterior, según consignó esta semana.

Ley de inocencia

Por su raigambre impositiva, la nueva ley de inocencia fiscal subió los umbrales de los delitos tributarios, pero no tocó los montos de contrabando, que permanecen en un piso significativamente bajo: apenas 500.000 pesos bastan para pasar de una infracción aduanera a un delito de contrabando simple. “Se alcanza con irregularidades en dos celulares buenos”, grafica una fuente que trata a diario con estos delitos.

Pero no son estos sino casos de envergadura los que impulsa ahora ARCA, aunque por el momento hay sobre ellos un gran manto de hermetismo, en parte porque muchas de estas causas se encuentran en pleno desarrollo, con medidas, y bajo secreto de sumario.

Los nuevos casos en el fuero ganan especial visibilidad tras la muerte en serie de las viejas causas. Es que los efectos de la ley de inocencia fiscal fueron profundos y se sintieron de inmediato en la Justicia. En tan solo los primeros 13 días hábiles tras la sanción de la ley, en una fiscalía del fuero quedaron apenas cuatro de los más de 300 casos que tenía delegadas, tal como contó este medio en febrero.

Ese repliegue masivo de expedientes es un fenómeno todavía en curso, que podría resultar en la exterminación de un total de más de 4000 causas, según precisó ARCA ante un pedido de acceso a la información pública realizado por el medio Infobae.

Los deudores que dejaron de enfrentar la amenaza penal en los tribunales deben aún redimirse en los escritorios de la agencia, por lo que la ley no se traduce necesariamente en un menor flujo recaudatorio para ARCA. Sin embargo, con un abordaje solo administrativo, el pago de esos tributos podría tornarse más trabajoso.

La AFA y sus dirigentes, de hecho, en la causa del fuero que los investiga, argumentaron que no se pagaron a tiempo cerca de 19.000 millones de pesos porque resoluciones tanto de ARCA como del Ministerio de Economía habían suspendido las ejecuciones fiscales, movimientos que, según interpretaron, “eliminaban la exigibilidad de las deudas”.