POLITICA
La misa por Francisco volvió a desnudar la interna de la plana mayor del Gobierno con Victoria Villarruel
La misa por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco en la Basílica de Luján comenzó puntual, pasadas las 17, justo después del ingreso de la comitiva oficial encabezada por Manuel Adorni. Fue un acto religioso, pero también político, porque la ausencia de Victoria Villarruel volvió desnudar la interna del gobierno libertario. Según pudo saber Infobae, la vicepresidenta estaba en viaje cuando se enteró que su lugar por protocolo era estar en la misma línea de bancos junto al Jefe de Gabinete y otros ministros, y decidió no participar aunque había confirmado su presencia como máxima autoridad del país por el viaje de Javier Milei a Israel.
“No sé que pasó”, se limitó a decir Diego Santilli al finalizar la ceremonia. Villarruel lo explicó minutos después, en el barrio porteño de Almagro, en otro homenaje. “Me pareció que la ceremonia tenía un contenido que no era el del recuerdo al Papa, era una ceremonia en la que estaba lo peor de la casta política. No quiero puntualizar pero estaba la casta política, yo soy coherente con mis creencias”, aseguró la vicepresidenta.
Y agregó: “La misa en Luján me pareció que se había politizado. Y como el 2 de abril, donde la política se mete en fechas o en el recuerdo de personas tan importantes como es el papa Francisco, yo prefiero estar entre la gente y prefiero esta, con humildad, en un lugar donde solo me encuentro con otros argentinos”.
Además de Adorni y del ministro del Interior, en la primera fila de la Basílica se sentaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en el lugar que estaba reservado para Villarruel. Más atrás, los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Defensa, Carlos Presti; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el de Salud, Mario Lugones; y los diputados Gabriel Bornoroni y Sebastián Pareja, entre otros. Otra ausente fue Sandra Pettovello (Capital Humano).
En paralelo, pero del otro lado, se ubicó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al senador Eduardo “Wado” De Pedro, y funcionarios bonarenses como el ministro de Trabajo, Walter Correa; la Secretaria de Cultura, Florencia Saintout; y un grupo de intendentes como Gustavo Menéndez (Merlo) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), a los que se sumó más tarde la legisladora provincial Mayra Mendoza, la referente camporista. Se sentó lejos de Kicillof, a quién volvió a criticar en las últimas horas.
Fue un acto político, además, porque el Gobierno volvió a respaldar a Adorni, investigado por supuestos hechos de corrupción. Entre libertarios y peronistas hubo una fría cordialidad. Cuando ingresaron a la Basílica, los funcionarios nacionales pasaron delante del gobernador bonaerense, los más efusivos con el saludo fueron Santilli y Pareja. Minutos más tarde desde ambos sectores evitaron darse el “saludo de la paz”, un momento habitual de la liturgia, cuando el sacerdote que preside la misa realiza la invitación. En ese pasaje, los funcionarios nacionales se saludaron entre ellos. Lo propio hicieron los de la provincia de Buenos Aires.
La misa en homenaje al Papa Francisco tuvo una homilía a cargo del arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Mendoza, tuvo un fuerte contenido político y social. “Nos queda aprender de una buena vez y no seguir castigándonos con la indiferencia, el desinterés, la agresividad permanente en el lenguaje y los gestos violentos”, indicó.
“Mucho nos hemos lamentado de no haberlo tratado bien, de haber sido mezquinos como sociedad e incluso como Iglesia, al no acoger sus propuestas bien inspiradas, al desconfiar y retacear nuestro apoyo a tantas iniciativas en favor de nuestro pueblo”, agregó.
Y completó: “También nos hemos referido reiteradamente al viaje que no realizó para visitarnos. Más allá de las múltiples posibles razones invocadas, permítanme expresarles, con cierto pudor, que creo que nunca se fue del todo de su Patria porque permaneció como un interlocutor permanente en nuestras mesas y en nuestra vida social, aunque faltara el calor del encuentro con las muchedumbres de los viajes papales. Siguió poniéndole nombre a los temas difíciles e inventando palabras para expresar contenidos que nos fueran comprensibles y nos sacudieran de las modorras conceptuales —muchas veces vacías y desinteresadas de todos y de todo—, dejando caer las formalidades que fueran un lastre a la hora de afrontar un problema, y llamándonos a reconocer la complejidad de la trama que nos toca habitar y a “aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en un eslabón de un nuevo proceso”.
Colombo, demás, convocó a aprender del legado del pontífice argentino y a superar las divisiones que persistieron durante su papado, tanto en la sociedad como en el propio clero. El homenaje reunió, además, a representantes de distintas confesiones religiosas y personalidades del mundo social, empresarial y sindical, como el dirigente del sector petrolero de Chubut, liderados por Jorge “Loma” Ávila, actual diputado nacional y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, y Emiliano Mongilardi, protesorero del gremio y director de YPF.
“Al papa Francisco no sólo hay que recordarlo en las palabras y en la foto, si no en sus enseñanzas, haciendo lo que dijo. Que cada uno lo tome con seriedad, estamos en una época donde se respira guerra y nos dicen que el mercado es un Dios y el Papa fue muy claro, es exactamente lo contrario lo que dijo”, dijo Kicillof. El gobernador, que regresó esta semana de un viaje por España, fue uno de los pocos dirigentes que habló con la prensa al finalizar la homilía.
POLITICA
La Justicia ordenó nuevas medidas en la causa por los créditos del Banco Nación y pidió legajos de funcionarios
El juez Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba en la causa que investiga los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios, legisladores y asesores vinculados al oficialismo. La decisión respondió a un pedido del fiscal Gerardo Policita e incluyó una auditoría general de los préstamos y la solicitud de documentación detallada sobre los beneficiarios.
Entre las medidas, el magistrado requirió los legajos de Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, Maira Raquel Frías y Alejandro Carrancio. Se trata de integrantes del Ministerio de Economía, directores de organismos, diputados nacionales y asesores.
La resolución también alcanzó al Banco Central, al que se le pidió que informe qué cargos ocuparon Furiase e Inchauspe desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, junto con los decretos, resoluciones y actos administrativos correspondientes.
Auditoría y documentación de los créditos
El eje central de la medida apunta a relevar en detalle cómo se otorgaron los créditos. Lijo ordenó acceder a las carpetas presentadas por los beneficiarios, que incluyen información sobre ingresos, solicitudes y las propiedades a adquirir, con el objetivo de verificar si cumplían con las condiciones requeridas.
Además, el juez solicitó al Banco Central que remita todo el marco legal, normativo y las comunicaciones vigentes sobre los procedimientos para la adjudicación de créditos hipotecarios en el sistema financiero, en el que se inscribe el Banco Nación.
La operatoria de los préstamos otorgados por el Banco Nación alcanzó montos de hasta US$350.000.
Funcionarios y cargos bajo análisis
Entre los nombres incluidos en el requerimiento judicial aparecen figuras con roles clave en la gestión económica y legislativa de Javier Milei. Furiase se desempeña como secretario de Finanzas, mientras que Inchauspe es director del Banco Central. Núñez integra el Banco de Inversión y Comercio Exterior.
También figuran Juan Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial; Mongilardi, director de YPF; y un grupo de diputados nacionales como Campero, Santurio, Villaverde, Bongiovanni, Frías y Carrancio. A ellos se suma Sharif Menem, asesor del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Tras la difusión del caso, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, salieron a respaldar a los funcionarios involucrados.
“Los tomaron por recomendación mía”, afirmó Caputo, y agregó que “no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral” en el otorgamiento de los créditos. El ministro calificó de “realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”.
La causa quedó ahora centrada en el análisis de la documentación y en la auditoría ordenada por el juez, que buscará determinar si existieron irregularidades en el acceso a los préstamos.
Créditos hipotecarios, Banco Nación, Banco Central, BNA
POLITICA
El juez Lijo pidió un amplio informe a la AGN por los créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores de Milei
El juez federal Ariel Lijo avanzó con la causa por los funcionarios y legisladores que sacaron créditos del Banco Nación por centenares de miles de dólares y pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que haga un exhaustivo análisis de los préstamos otorgados en los últimos tres años.
Lo hizo luego de que el fiscal Gerardo Pollicita requirió e impulsó la causa contra once acusados, entre ellos cuatro funcionarios, seis diputados y un empleado legislativo, al tiempo que pidió realizar una decena de medidas de prueba para saber si los créditos se otorgaron cumpliendo los requisitos del banco.
Lijo concentra las causas más sensibles que tiene el gobierno en su contra: la causa de los sobreprecios y cartelización en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el caso del supuesto enriquecimiento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ahora el caso de los créditos del Banco Nación.
Los denunciados por la legisladora Mónica Frade de la Coalición Cívica son Juan Pablo Carreira, conocido en X como “Juan Doe”, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, dedicada a desmentir a periodistas ($113 millones); Pedro Inchauspe, director del Banco Central ($510 millones); y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior ($510 millones).
También fueron apuntados Federico Furiase, secretario de Finanzas ($376 millones); Emiliano José Mongilardi, director de YPF ($309 millones); Sharif Menem, sobrino y mano derecha de Martín Menem ($357 millones); y los diputados libertarios Lorena Villaverde, Mariano Campero, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.
El Banco Nación se presentó en la causa y aportó un informe con los antecedentes de estos créditos, dijeron fuentes de la entidad a .
Lijo le solicitó al titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, que a la mayor brevedad posible efectúe “una amplia auditoría de la política de otorgamiento de créditos hipotecarios” del Banco Nación para identificar “posibles irregularidades en el otorgamiento de créditos hipotecarios y quiénes habrían sido sus destinatarios”.
Por eso, el juez les pidió “individualizar y analizar la política crediticia” del Banco Nación, además de revisar “la reglamentación aplicable, la normativa interna vigente, las comunicaciones, circulares, manuales de procedimiento e instructivos”. Es decir, todo aquello que sirva para dejar claros los hechos.
Además, Lijo dispuso informar del asunto a la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación.
La AGN es un organismo que depende del Congreso y está integrado por las diversas fuerzas políticas. Es de todos los organismos de control el que exhibe mayor independencia.
La medida de Lijo se dio luego de que el fiscal Pollicita impulsara el caso. Pollicita pidió y Lijo dispuso que Santiago Bausili, presidente del Banco Central, informe el marco legal y normativo, las comunicaciones, circulares y todos los instrumentos técnicos que regulan el procedimiento de otorgamiento de créditos hipotecarios para las entidades financieras, incluido el Banco de la Nación Argentina.
Debe informar los cambios que hubo desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Asimismo, debe informarse los cargos que ocupan Furiase e Inchauspe, receptores de créditos.
En septiembre de 2024, bajo la gestión de Daniel Tillard y Darío Wasserman, el Banco Nación, para salir a competir con otras entidades en las licitaciones destinadas a pagar los sueldos de la administración pública, ofertó productos bancarios como créditos, destinados a empleados y funcionarios
El juez Lijo le pidió al Banco Nación los legajos de cliente y las carpetas de los créditos que otorgó entre 2023 y la actualidad, con relación a Furiase, Carreira, Inchauspe, Núñez, Mongilardi, Mariano Campero, Santurio, Villaverde, Bongiovanni, Sharif Menem, Maira Raquel Frías y Alejandro Carrancio.
Son todos legisladores y funcionarios mencionados en diversas denuncias que tomaron información de informes periodísticos que alertaban sobre los créditos.
Lo que se investiga en esta causa es si los créditos se otorgaron de manera indebida, irregular, por fuera de los requisitos previstos en la normativa.
En ese marco, el juez Lijo quiere los informes de titularidad del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal o de las jurisdicciones, sus recibos de sueldo, comprobantes de facturación, de consumos, gastos o ingresos presentados por el titular del préstamo y las personas asociadas al crédito.
También procura verificar los contratos de preaprobación del crédito firmados por los interesados y las cuentas mediante las cuales se pagaría el crédito, además de los movimientos registrados.
El juzgado busca también tener los manuales de “Riesgos crediticios” del banco. Pretende que se informe si en los casos denunciados se cumplieron “estándares normativos” y si se emitió algún Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
El juez requirió los documentos mediante los cuales se compraron las propiedades, las constancias de evaluación crediticia, copia de las escrituras, forma de pago de los montos abonados por el cliente y comisiones abonadas.
Lijo le pidió al Banco Nación que haga un informe con las modificaciones o flexibilizaciones sufridas por el marco legal y normativo y cómo se informó de ellas a los clientes, empleados y funcionarios.
También deberán enviar al juzgado todos los expedientes administrativos completos a partir de los cuales se originaron las líneas de crédito reguladas para empleados del sector público.
El juez quiere conocer el proceso de otorgamiento de un crédito hipotecario, cuánto demora, los pasos internos que recorre el legajo, la documentación requerida, las áreas del banco involucradas y los informes y tareas que se realizan hasta la aprobación.
A su vez, Lijo pretende saber el número total de créditos hipotecarios efectivamente otorgados, desde el mes de diciembre de 2023 hasta la actualidad, discriminándose la cantidad nominal de créditos y el monto dinerario insumido. También, según se trate de empleados, funcionarios de la administración pública nacional, de organismos descentralizados, autárquicos y legisladores nacionales.
Debe informarse la cantidad nominal de crédito, el monto de dinero otorgado y el porcentaje de la cartera de créditos hipotecarios otorgados desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.
Deberá informar el Banco Nación si detectó irregularidades, inconsistencias o eventuales incumplimientos de la normativa financiera en relación con esas operaciones.
A la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, le pidió que informe los cargos que ocuparon en la administración pública nacional los investigados Furiase, Carreira, Núñez y Mongilardi.
En tanto, a la Cámara de Diputados le solicitó que le informe desde cuándo tienen mandato y en qué bloque los legisladores de LLA investigados, y el cargo que ocupó Sharif Menem desde diciembre de 2023.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Gabriel Katopodis: “Milei va a ser el primer presidente de la historia que no va a inaugurar un solo kilómetro de ruta”
En una entrevista exclusiva con Gabriel Katopodis, ministro bonaerense, durante el programa Infobae al Regreso, el funcionario denunció la falta de ejecución de obras públicas nacionales bajo la administración de Javier Milei. Señaló que la provincia de Buenos Aires sufre especialmente el deterioro de las rutas y la exclusión de empresas estatales en licitaciones.
En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Katopodis sostuvo: “Cobran impuestos para hacer obras, pero las obras no están. ¿Dónde está la plata? En dos años y medio se quedaron con seis billones de pesos de todos los argentinos que tenían que ir a una cuenta solo para hacer obras. Esa ley no se está cumpliendo y las rutas son un verdadero peligro”.
Milei, los fondos y el deterioro de las rutas nacionales
El ministro bonaerense detalló cómo el Estado nacional recauda fondos específicos a través de impuestos al combustible, sin que se traduzcan en mejoras viales: “Cuando vos cargás el tanque de nafta, un tercio va a una cuenta afectada que tiene que utilizarse para mantener rutas, para arreglar caminos. Milei va a ser el primer presidente en la historia de nuestro país que no va a inaugurar un solo kilómetro de ruta”.
Katopodis enumeró los corredores más afectados en la provincia: “La cinco, la siete, la ocho y en el interior la 40, la 13, la 33”. Subrayó la gravedad del problema en un país de gran extensión: “En la Argentina, sin rutas, sin caminos que puedan conectar e integrar este país tan grande, se nos hace muy complicado desarrollarnos, que llegue la producción al puerto y que la gente pueda transitar con algo de seguridad vial”.
Al ser consultado sobre el diálogo institucional, Katopodis contó: “Le pedí siete audiencias a Caputo, porque es bajo quien está el área de obra pública y no me atendió nunca. Queremos sentarnos en cualquier mesa y entender qué quieren hacer con la obra pública, por qué han desfinanciado toda la infraestructura en el país”.
Licitaciones, peajes y el reclamo federal
El funcionario bonaerense denunció cambios en el modelo de licitación para rutas nacionales: “Después de dos años y medio de abandono y de haberse quedado con la plata, han propuesto concesionar las rutas nacionales. ¿Qué hicimos desde la provincia de Buenos Aires? Con AUBASA, que administra el corredor de la ruta dos Buenos Aires-Mar del Plata, nos presentamos. Nos sacaron de la licitación y la están adjudicando de manera absolutamente arbitraria”.
Explicó que la idea bonaerense era reinvertir el ciento por ciento de lo recaudado en obra pública: “AUBASA es una empresa que no tiene lucro. Caputo va a elegir a empresas que van a cobrar peajes muchísimo más caros”. Katopodis agregó que recurrieron a la vía administrativa y judicial para impugnar el proceso.
El ministro advirtió sobre la generalización del cobro de peajes: “Vamos a un sistema donde todas las rutas de la Argentina, vos vas a salir con tu auto y te vas a encontrar cabinas de peaje cada 100 kilómetros, cada 50 kilómetros. Si hacen las obras primero, no tengo problema. Ahora, el modelo de poner cabinas, tarifas dolarizadas y que no te corten el pasto es injusto”.
Respecto al apoyo de otros sectores políticos, sostuvo: “Todos los gobernadores, en ese tema, están parados en el mismo lugar. El federalismo y la obra pública unen a oficialistas y opositores”.
La situación de las rutas provinciales y la matriz tributaria
Ante la consulta sobre el estado de la infraestructura provincial, Katopodis remarcó: “Todos los días hay que seguir invirtiendo. Se está duplicando la ruta 11 en la costa, se está repavimentando la ruta dos, se están haciendo obras en casi todos los corredores productivos de la provincia. Falta, pero estamos en un contexto de mucha restricción y muy comprometidos presupuestariamente”.
A la hora de comparar gestiones, Katopodis afirmó: “No hemos tenido una sola denuncia en cuatro años como ministro ni en mis tres mandatos como intendente en San Martín. Nunca nos hubiésemos animado a cambiar una licitación una semana antes de que venza el plazo solo para armar la medida de algún negocio”.
Sobre la presión tributaria y el financiamiento de obras, el ministro descartó que la solución pase por subir impuestos a la clase media: “Da la sensación de que Milei le ha bajado los impuestos a los más ricos y que hoy el peso del esfuerzo lo están haciendo los sectores medios y la clase baja. Nosotros creemos que los más ricos de la Argentina tienen que cargar proporcionalmente y de una manera justa”.
Katopodis advirtió sobre el impacto del modelo nacional en el entramado social bonaerense: “La provincia de Buenos Aires es la más castigada. Fue elegida por Milei como la provincia enemiga. Las industrias más castigadas de la Argentina de este modelo son las que están en la provincia”. Destacó el esfuerzo de la gestión de Axel Kicillof para sostener la inversión pública y proteger a los sectores vulnerables.
El ministro también hizo un llamado a reconstruir la confianza en la política: “La gente está lejos de la política. Venimos de una defraudación reciente: Milei dijo que lo iba a arreglar él y anda con tres amigos multimillonarios. Si queremos elegir mejores representantes, tenemos que estar cerca, escuchar más y abrir el peronismo”.
Al referirse al futuro del peronismo bonaerense y la eventual sucesión en la provincia, Gabriel Katopodis sostuvo que su aspiración es que quien tome la posta comparta los mismos valores de gestión. Ante la consulta explícita sobre si le gustaría ser esa persona, respondió: “Sí, por supuesto, pero hoy mi tarea está en acompañar a Axel, en garantizar que en los 135 municipios haya obra pública, como lo hice cuando estuve en Nación”. De esta manera, el ministro dejó abierta la posibilidad, aunque remarcó que actualmente su prioridad es respaldar la gestión de Kicillof y asegurar la continuidad de la inversión pública en todo el territorio bonaerense.
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