La mesa política del Gobierno se reunirá este lunes a las 14 en la Casa Rosada para ordenar una estrategia legislativa que tiene prioridades claras: la reforma electoral y los nuevos proyectos de universidades y discapacidad.

El encuentro también servirá para repasar el primer informe de gestión de Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados previsto para este miércoles 29 de abril, en medio de la investigación judicial por su patrimonio.

La reunión, que debió ser reprogramada el viernes por la ausencia de Patricia Bullrich, está atravesada por el envío de la reforma electoral de Milei al Congreso. Se trata de un proyecto amplio que incluye la eliminación de las PASO, Ficha Limpia y cambios en el financiamiento de los partidos. El oficialismo reconoce que no será fácil aprobar por su impacto en el sistema político antes de las elecciones de 2027.

Más allá del peronismo, bloques aliados como el PRO y la UCR ya pusieron reparos a una eliminación de las primarias. En caso de no alcanzar la mayoría absoluta que exige una reforma electoral, en las filas de La Libertad Avanza reconocen que estarían dispuestos a ir por una suspensión de las PASO, como hizo en 2025.

Más desafíos legislativos: universidades y discapacidad

Sin embargo, el proyecto electoral no es el único desafío para el Gobierno. Además de proyectos pendientes como la reforma del Código Penal —todavía en elaboración—, la Casa Rosada debe enfrentar dos frentes de conflicto que involucran a la Justicia: el que tiene por la reforma universitaria y la ley de discapacidad.

En ambos casos, el Gobierno se negó a aplicar las leyes aprobadas el año pasado en el Congreso. El argumento fue que las normas disponen un incremento presupuestario, pero no aclaran el origen de los fondos. Sin embargo, la Justicia rechazó ambos planteos y ordenó la inmediata aplicación. El Ejecutivo apeló ante la Corte Suprema para ganar tiempo y presentó dos proyectos propios para modificar el impacto fiscal de las normas.

Si bien las iniciativas ya habían sido presentadas sobre el cierre de las sesiones extraordinarias, el Gobierno no empujó su tratamiento hasta que volvió a sufrir un fallo adverso en los tribunales que amenaza con obligarlo a ampliar las partidas.

“O conseguís la ley que transforme la ley vigente o tenés que cumplir, no veo mucha otra opción”, aseguró a TN una fuente gubernamental.

Sin embargo, en el oficialismo reconocen que obtener los números en el Congreso es difícil y todavía no saben cuándo dar inicio a la discusión. “No vamos a ir al recinto a perder”, aseguraron en LLA.

El informe de Manuel Adorni en Diputados

Por fuera de las definiciones legislativas, el Gobierno deberá pasar un desafío igual de complejo el próximo miércoles, cuando Adorni se presente ante la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión.

El momento de la exposición llega en medio de la investigación judicial que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.

En ese contexto, el ministro coordinador deberá responder 2100 preguntas de los diputados (llegaron más de 4000, pero se combinaron algunas), de las cuales 66 están vinculadas a la causa que lo tiene como protagonista.

Según pudo saber TN, la estrategia para afrontar a la Cámara cuenta con el soporte del asesor Santiago Caputo y sus equipos, mientras que la Secretaría de Legal y Técnica cooperó en la elaboración de las respuestas de gestión relacionadas a los organismos del Estado.

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Será la primera vez que Adorni hable públicamente desde su última conferencia de prensa en Casa Rosada, un mes atrás, donde enfatizó que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado” y se negó a contestar mayores preguntas con el argumento de no entorpecer la causa judicial en trámite.

Tal como anticipó este medio, la estrategia de la bancada oficialista buscará blindar al jefe de Gabinete haciendo foco en las declaraciones juradas de algunos de los miembros de la oposición. Además, desde uno de los palcos, el propio Javier Milei ratificó que estará presente para brindar apoyo a su funcionario.

Manuel Adorni, Congreso, mesa chica

El debate sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sumó una nueva alternativa en el Congreso. Mientras el Gobierno nacional impulsa su eliminación total dentro del paquete de reforma electoral enviado al Senado, la Unión Cívica Radical presentó un proyecto que conserva la herramienta, pero modifica de raíz su funcionamiento: propone competencia voluntaria, elimina el financiamiento estatal para la campaña y habilita que el ganador de la interna presidencial defina a su compañero de fórmula después de la elección primaria.

La propuesta, impulsada por Eduardo Vischi, titular de la bancada radical en la Cámara alta, plantea reformar la Ley 26.571 y redefinir la sigla: PASO pasaría a significar Primarias Abiertas, Simultáneas y Optativas. Es decir, se mantendría el formato abierto y simultáneo, pero dejaría de ser obligatorio, modificando el régimen vigente desde su creación.

El texto fue presentado después de que la administración de Javier Milei enviara al Congreso su proyecto de reforma política, que incluye la supresión directa de las PASO. Según funcionarios de la Casa Rosada, el sistema perdió utilidad, obliga al Estado a financiar internas partidarias y genera costos operativos desproporcionados respecto de sus resultados.

De acuerdo con la bancada radical, la iniciativa busca ofrecer una tercera vía: no defiende el esquema actual sin modificaciones, pero tampoco acompaña la eliminación total. El objetivo es preservar las primarias para ordenar candidaturas cuando exista competencia real y eliminar obligaciones que, según sus autores, desnaturalizaron el propósito original del sistema.

En los fundamentos del proyecto, Vischi sostiene que “la obligatoriedad del voto en instancias donde no existe oferta competitiva interna desnaturaliza el sentido original de las primarias como herramienta de democratización partidaria”. Así, el primer cambio central es que votar en las primarias dejaría de ser obligatorio: los ciudadanos podrían participar solo si lo desean, sin sanciones ni justificaciones por ausencia, a diferencia del régimen general.

Según el senador correntino, la participación electoral en una instancia interna no debería tener el mismo nivel de exigencia jurídica que una elección general. Bajo este nuevo diseño, la primaria sería un derecho disponible y no una carga universal.

Quienes deseen participar deberían inscribirse previamente hasta 60 días antes del comicio. Con ese padrón voluntario confirmado, el Estado organizaría únicamente la estructura necesaria: cantidad de mesas, autoridades, centros de votación y logística proporcional al número de inscriptos.

El proyecto apunta a reducir uno de los cuestionamientos más frecuentes al sistema actual: implementar una elección nacional completa, con costos plenos, incluso cuando en varios distritos no hay disputa interna o la participación efectiva es reducida.

Incorpora además un umbral mínimo de convocatoria: si no se inscribe al menos el 10% del electorado correspondiente a esa agrupación política, la PASO no se realizará y el partido deberá resolver sus candidaturas por mecanismos internos propios. El objetivo es evitar procesos sin volumen político o sin contienda real, como ocurrió en elecciones anteriores con listas únicas que igualmente atravesaron toda la maquinaria electoral.

En materia de financiamiento, el proyecto prohíbe el uso de fondos públicos para publicidad electoral en las primarias. El aporte estatal quedaría reservado para la elección general, considerada la instancia definitoria del proceso democrático. Para la Unión Cívica Radical, la medida combina racionalidad fiscal y una reasignación más eficiente de recursos: el Estado no financiaría campañas preliminares, sino la elección en la que efectivamente se eligen cargos públicos.

El financiamiento partidario es uno de los temas más sensibles de cada reforma política en Argentina, especialmente en contextos de ajuste fiscal y cuestionamiento social al gasto político.

La iniciativa suma un capítulo de modernización tecnológica: prevé validación electrónica de identidad para el sufragio, priorizando plataformas oficiales como Mi Argentina, bajo auditoría permanente y supervisión de la Justicia Electoral. Además, las precandidaturas podrían presentarse mediante avales digitales con firmas electrónicas certificadas. Según el texto, esto permitiría reducir maniobras irregulares vinculadas a firmas falsas en papel, agilizar trámites y acelerar procesos administrativos.

El proyecto incorpora otro cambio relevante: personas independientes, no afiliadas a partidos, podrían competir como precandidatas siempre que una agrupación política las nomine formalmente. El objetivo es ampliar la base de representación sin alterar la estructura partidaria tradicional.

En la categoría presidencial, la modificación más novedosa consiste en permitir que la fórmula se integre en dos etapas. Hoy, las fórmulas deben presentarse con presidente y vicepresidente desde el inicio. El proyecto de Vischi habilita que la primaria sea solo para presidente y que el ganador proponga a su compañero de fórmula en las 48 horas posteriores a la proclamación. Esto permitiría elegir al vice como parte de una estrategia de ampliación, equilibrio territorial, representación sectorial o acuerdo interno. Incluso podría convocar a quien fue su rival en la competencia primaria.

La cláusula busca facilitar síntesis tras internas competitivas y evitar fracturas que, en experiencias recientes, debilitaron a distintas coaliciones antes de la elección general.

El proyecto consta de 27 artículos y modifica tanto la Ley 26.571 como la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y el Código Electoral Nacional. Entre otras disposiciones, adapta plazos de campaña, reorganiza mesas según inscriptos y ratifica el uso de Boleta Única de Papel. Además, establece que la eventual entrada en vigencia debería ser al menos 180 días antes de la próxima elección general, para garantizar previsibilidad institucional.

En el plano parlamentario, la Unión Cívica Radical cuenta con un bloque relevante en el Senado y puede convertirse en actor decisivo para cualquier reforma del sistema electoral. Ningún cambio de magnitud parece posible sin acuerdos con sectores dialoguistas.

Más allá del contenido técnico, el mensaje político es claro: el radicalismo no solo rechaza la eliminación de las PASO que impulsa el oficialismo, sino que plantea una alternativa propia. La Casa Rosada proponía una discusión binaria entre continuidad y supresión; con la iniciativa de Vischi, el debate puede orientarse hacia una tercera vía: primarias voluntarias, menos costosas, tecnológicamente modernizadas y sin financiamiento estatal.

La resolución de este debate tendrá impacto directo en la arquitectura electoral de 2027. Las PASO ordenan liderazgos, canalizan disputas internas y condicionan la formación de alianzas nacionales y provinciales. Con este proyecto, el radicalismo busca intervenir en esa conversación con una definición precisa: no eliminar las primarias, sino rediseñarlas por completo.