En un intento por demostrar que se impuso la discrecionalidad en el reparto de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a funcionarios y diputados aliados de La Libertad Avanza, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) activó a 714 afiliados para que inicien el trámite oficial para acceder al mismo beneficio.

De las 714 solicitudes, 623 pedidos fueron rechazadas de manera inmediata, unos pocos casos se aprobaron, pero con cifras insuficientes, y hay otros casos restantes que continúan todavía en trámite sin una resolución, según informar fuentes sindicales a .

En las últimas semanas, 714 trabajadores estatales de todo el país solicitaron créditos en el Banco Nación por los mismos montos, plazos de financiación y tasas que les otorgaron a los funcionarios libertarios, pero obtuvieron resultados diametralmente distintos: el más alto ofrecido fue de 55 millones de pesos, mientras que los funcionarios libertarios accedieron a montos de hasta 420 millones, como fue el caso de Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello.

Entre las 714 solicitudes de crédito, ATE destacó el caso testigo de un trabajador de PAMI, cuyo ingreso de bolsillo es de $2.076.667 y que cobra su sueldo a través del Banco Nación, el cual calificó a un crédito de apenas $55.000.000 con una tasa de interés del 6% nominal anual, lo que representa menos de la mitad del valor promedio de una vivienda digna de 3 ambientes para una familia tipo (dos adultos y dos niños), de $170.000.000 (120.000 dólares), según un informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

Además, el sindicato resaltó que a los afiliados que iniciaron el trámite se les solicitó los últimos tres recibos de sueldo, cruzando datos con otras entidades financieras. En el caso de los trabajadores estatales que completaron los formularios correctamente para solicitar los créditos, 623 fueron rechazados casi instantáneamente, mientras que el resto continúa en trámite sin aprobación.

Otro caso que se destaca es el de un trabajador estatal monotributista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo ingreso es de $1.240.650, que solicitó la suma de 40.000 dólares para la mitad de una propiedad, con una codeudora también estatal, y el mismo fue rechazado en un minuto sin siquiera llegar a cargar la documentación necesaria para avanzar en el trámite.

Cabe recordar que desde el Gobierno aseguraron que los créditos a los que accedieron los funcionarios son los mismos a los que puede acceder cualquier otro ciudadano. Sin embargo, el gremio indicó que el nivel de ingreso general que detalla el propio Indec ($1.321.353 en promedio) torna imposible acceder a estos créditos.

“Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más. Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos, 10 veces menores que los otorgados a los libertarios y además la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Los trámites se realizaron tanto de manera virtual como presencial en más de 150 de las 709 sucursales del Banco Nación.

El Consejo de la Magistratura convocó para este jueves a la Comisión de Selección para tratar los concursos que buscan reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la estratégica Cámara Federal porteña, un tribunal intermedio que interviene en todos los casos de corrupción, ya sea para confirmar sus avances y dejarlos llegar a juicio oral, o para frenarlos y evitar que continúen los procesos.

De este modo −como anticipó hace siete días− comenzó el proceso para reconfigurar la mitad de ese tribunal clave, ya que un tercer camarista, Martín Irurzun, cumple 75 años el 18 de julio y el Gobierno viene demorando la decisión de enviar su pliego al Senado para darle un nuevo acuerdo por cinco años más. Todo hace pensar que se jubilará.

Esta movida judicial marca el deseo del Gobierno de avanzar con moldear su propia justicia, un cambio frente a lo que ocurrió en los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, en los que la Casa Rosada no envió un pliego al Senado. La llegada de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el 5 de marzo pasado, preanunció ese quiebre.

Con solo dos consejeros propios, que el Gobierno haya conseguido voluntades para incluir estos concursos en el orden del día del Consejo de la Magistratura deja en claro que gestionó acuerdos con otros estamentos y sectores políticos.

El jueves, la Comisión tratará el envío de ternas al plenario del Consejo para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi, primer paso del cambio. Si esas ternas son votadas en el plenario, serán elevadas al Poder Ejecutivo y el Gobierno estará en condiciones de designar a dos camaristas en esos dos cargos clave.

La Cámara Federal tiene dos salas de tres jueces cada una y ahora el Consejo de la Magistratura podría cubrir estas tres vacantes (Bruglia, Bertuzzi e Irurzun) para elegir tres nuevos magistrados encargados de decidir en los casos más sensibles, tanto para la gestión actual como para el kirchnerismo.

La renovación del acuerdo del Senado a Irurzun quedó atrapada en la interna Santiago Caputo-Karina Milei, pues en este sector interpretan que el camarista está ligado al juez federal Ariel Lijo, que compite con el ministro de Justicia por el cargo de la Procuración General de la Nación.

Los camaristas Bruglia y Bertuzzi quedaron en una situación de fragilidad desde que el kirchnerismo los puso en la mira durante el gobierno de Alberto Fernández, por sus fallos adversos hacia la expresidenta Cristina Kirchner.

Ambos habían sido trasladados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri desde otros tribunales a sus cargos en la Cámara Federal. La Corte Suprema resolvió que se debían hacer concursos para elegir jueces definitivos que ocupen los cargos de todos los jueces trasladados.

Pero el kirchnerismo no impulsó todos los concursos, sino particularmente los de Bruglia y Bertuzzi. Ambos fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con su reclamo, denunciando que el Estado argentino solo busca removerlos y que está en riesgo su estabilidad como magistrados y su independencia.

El gobierno de Milei (en la gestión de Mariano Cúneo Libarona) se avino a intentar una solución amistosa y cerrar el asunto, sin mayores consecuencias para el Estado argentino. Pero ese intento de solución amistosa se abortó. Ahora, con la dupla Mahiques-Santiago Viola en el Ministerio de Justicia, se aceleraron los tiempos.

En el Gobierno afirmaron que el concurso está avanzado. “Está en etapa de definición”, dijeron a .

En los tribunales creen que la historia previa que hay entre Bruglia, Bertuzzi y el ahora viceministro Viola ayuda a acelerar los tiempos para forzar la salida de los camaristas.

Es que Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento del entonces abogado Viola, acusado de montar testigos falsos para perjudicar al juez Sebastián Casanello e inventar que el magistrado visitaba a Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos.

Los testigos Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional en un juicio abreviado donde admitieron que mintieron para perjudicar a Casanello. Corizzo confesó ante el fiscal Carlos Stornelli que antes de declarar se había reunido con Viola.

Viola fue luego sobreseído por esas acusaciones por la Cámara Federal de Casación, por un fallo de los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.

Toda esta historia no ayudó a las aspiraciones de Bruglia y Bertuzzi de permanecer en sus cargos.

El mismo jueves, a las 13, la Comisión de Selección tratará el envío de ternas al plenario para un cargo en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10. Se trata de otra silla sensible para el Gobierno: en ese juzgado podría terminar la causa contra las autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y en particular su tesorero, Pablo Toviggino, por la fastuosa quinta de Pilar que se adjudica a supuestos testaferros.

Ese juzgado estuvo a cargo del juez Marcelo Aguinsky, que terminó su subrogancia, y hoy lo ocupa la jueza Verónica Straccia, designada por sorteo. Aguinsky fue el juez que le dio impulso a la investigación antes de que los presuntos testaferros y la cúpula de la AFA lograran que la causa fuera trasladada al juzgado federal de Campana.

Otra vez, el Gobierno puede elegir a un candidato de la terna y designar un juez para este juzgado, donde puede que quede la causa que complica a Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino. La oposición viene denunciando la cercanía del ministro Mahiques con la AFA y por eso la suspicacias están a la orden del día.

En la misma sesión, el Consejo de la Magistratura tratará también la terna para cubrir un cargo de juez federal de Corrientes, con competencia electoral, que despierta el interés del gobernador Juan Pablo Valdés (UCR). También se busca cubrir un cargo de juez federal en La Plata.

El jueves se definen, además, impugnaciones para el concurso de dos jueces para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y cuatro cargos para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Asimismo, se debatirán tres cargos de jueces para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y un cargo para la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.