POLITICA
Milei afianza su vínculo con Mahiques y ahora se interesa en saber quién es quién en el mundillo judicial
Las 17 horas de vuelo de ida desde Buenos Aires a Tel Aviv, y otras tras tantas de regreso, le permitieron a Javier Milei conocer a su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y afianzar una relación hasta hace poco inexistente.
Es que hasta el 5 de marzo pasado cuando le tomó el juramento y se saludaron en la Casa Rosada, Milei y Mahiques no se conocían. En el vuelo conversaron a solas, pero la palabra la monopolizó, en amplios tramos, Milei y habló solo de economía, dijeron quienes compartieron el viaje.
No hubo un espacio aparte para pedir explicaciones sobre las causas judiciales que jaquean al Gobierno, como el caso $LIBRA, la causa de la Andis con Karina Milei o los bienes de Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
Sino que las conversaciones que mantuvieron, a solas, Milei y Mahiques, que en estos dos meses fueron cuatro o cinco en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada, donde el Presidente convocó a su ministro, fueron generales sobre el funcionamiento de la justicia. “Muy introductorias”, dicen en el Gobierno.
Milei lo consulta sobre quién es quién, los progresos del proyecto del nuevo Código Penal (con asuntos sensibles para el presidente como el aborto o el femicidio) o la gestión judicial.
La hermana del Presidente sobrevuela esas reuniones, como coordinadora de equipos y determinadora de las velocidades de los cambios, dicen fuentes del karinismo a . Es más, cerca de la funcionaria afirman que los detalles de las cuestiones judiciales Mahiques los despacha con “Lule” o Martín Menem.
Los temas puntuales de la gestión, como ternas, pliegos y los problemas judiciales del Gobierno, son parte de esas charlas.
Milei, para quien la Justicia es un mundo aparte del que no se ocupó hasta ahora, empezó a interesarse en esta dimensión del poder, consciente de que afecta la gestión económica y política.
Las turbulencias de los últimos dos meses, donde se conjugaron la economía crujiente y la baja de los índices de popularidad, encuentran en los problemas judiciales del Gobierno una explicación.
Sin embargo, en la Casa Rosada evalúan como exitosa esta gestión de casi dos meses de Mahiques en el Ministerio de Justicia.
Creen en el Gobierno que la misión que tenía el sucesor de Mariano Cúneo Libarona se está cumpliendo.
Rescatan que en dos años de gestión el Gobierno no había nombrado ni un solo juez y ahora, en este breve lapso de un mes y 19 días, envió al Senado 102 pliegos para designar cubrir casi la mitad de las vacantes en el Poder Judicial nacional y federal.
“Lleva dos meses y parecen seis”, se entusiasman en el karinismo para respaldar al ministro, y reconocen que ahora hay luz verde para avanzar, lo que no ocurría anteriormente.
En estos dos meses se trasladó la gestión del poder sobre la esfera judicial de Santiago Caputo a Karina Milei. Sebastián Amerio fue desplazado como viceministro de la cartera de Justicia y designado en la Procuración del Tesoro, a pedido de Milei.
Y la gestión judicial se trasladó a “Lule”, Martín Menem y Karina Milei, lo que ya había ocurrido de hecho tras las elecciones de octubre.
Pero Milei le había pedido a Cúneo Libarona que se quedara en el cargo de ministro hasta el primer trimestre de este año. El abogado cumplió y le dejó paso a Mahiques.
La llegada de Mahiques se dio en simultáneo con la iniciativa del Gobierno de enviar al Senado el pliego de su padre, Carlos Coco Mahiques, para designarlo por cinco años más como juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Ya casi está listo ese trámite, tiene dictamen favorable y solo debe votarlo el Senado.
Los 102 pliegos que envió en los últimos 19 días el Gobierno para cubrir vacantes “no le tocan la aorta a nadie”, como dicen en el Ejecutivo. Con esa frase aluden a que no son coberturas de cargos de alta sensibilidad política, pero son necesarios para evitar la inmovilidad judicial.
La otra misión para la que fue convocado Mahiques es solucionar los problemas judiciales del Gobierno.
Milei se lo dijo así a Luis Majul cuando lo entrevistó a comienzos de marzo en +: “Lo elegí porque sabe cómo funciona el sistema. Sabe, digamos, conoce la dinámica del sector judicial para, digamos, yo necesito que un ministro resuelva problemas, no que venga a aprender”.
Los problemas empezaron a encontrar un camino de solución: esta semana el Gobierno logró que la reforma laboral, que había sido suspendida por un juez con pasado como funcionario del kirchnerismo, volviera a tener vigencia plena.
Quién fue el que firmó esa decisión es el camarista Víctor Pesino, un buen juez, que desde la Cámara del Trabajo determinó que mientras se debate si corresponde o no la medida cautelar para suspender 83 artículos de la reforma laboral, esa nueva ley siga vigente.
Junto con la jueza María Dora González, a quien todos llaman Doris, le dieron “efecto suspensivo” a la apelación del fallo del juez de primera instancia Raúl Horacio Ojeda que había cancelado los cambios a los convenios colectivos, la regulación de huelgas y los límites a las indemnizaciones.
Al día siguiente de este fallo, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el envío del pliego de Pesino, de la Sala VIII de la Cámara Laboral, al Senado para revalidar su cargo por cinco años más. Es que Pesino cumple 75 años, edad a la que debería jubilarse según la Constitución Nacional.
Revocar la medida cautelar que frenaba 83 artículos de la reforma laboral impulsada por Milei, aunque sea mediante esta decisión procesal, tuvo su recompensa.
Al mismo tiempo, el Gobierno, mediante un recurso de per saltum firmado por Amerio, procurador del Tesoro, pidió a la Corte que intervenga en el caso para desactivar la cautelar del juez Ojeda, exjefe de asesores del ministro de Trabajo del kirchnerismo Carlos Tomada.
Con este fallo de Pesino, que en la práctica suspende la cautelar que había pedido la CGT, la Corte no tiene apuro ahora en pronunciarse en el per saltum.
La solución “Pesino” le evitó además al máximo tribunal fallar en este asunto de alta sensibilidad política. “Los problemas de la política que no se los lleven a la Justicia”, es una de las máximas de la Corte.
“Lo de la CGT salió del trabajo de Juan [Mahiques]”, se ufanan en el karinismo, para remarcar uno de los éxitos del ministro Mahiques para solucionar los “problemas judiciales” que le encargó Milei.
Esta semana hubo otra noticia judicial que festejó el Ministerio de Justicia. Adorni fue sobreseído por inexistencia de delito por el juez federal Daniel Rafecas por el viaje de su esposa Betina Angeletti a Nueva York en el avión presidencial. La fiscal Alejandra Mangano pidió archivar la acausa y, sin impulso fiscal, el juez cerró el caso.
En el Gobierno se lo apuntan como un éxito de gestión, pero más como una exhibición de que pueden resolver problemas que para restarle méritos al juez en su decisión, producto inevitable del dictamen de la fiscal Mangano que propuso archivar la causa.
Claro que quedan por solucionarse los temas más calientes en contra del Gobierno: la causa contra Adorni por enriquecimiento ilícito; el caso Andis, donde está mencionada Karina Milei y procesado Diego Spagnuolo; y la causa de los créditos del Banco Nación.
Todas están en manos del juez federal Ariel Lijo, a quien en el Gobierno identifican con Santiago Caputo, que se encuentra en las antípodas de Karina Milei. Por lo tanto, fuera del alcance del ministro Mahiques, que además comparte con Lijo su deseo por ser Procurador General de la Nación.
El otro caso complejo, que es $LIBRA, lo lleva Marcelo Martínez de Giorgi, alineado con Lijo en la interna.
En el Gobierno dicen que a Milei le afectan más las noticias a repetición sobre los casos, que los avances en sí de los expedientes. “Lo mediático le preocupa más que la velocidad de las causas”, dicen.
El fallecido fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes solía decir a sus colaboradores: “Para tener éxito en Comodoro Py tenés que mirar lejos y jugar el juego”.
Y esa es la filosofía de Mahiques con las causas que hoy complican al Gobierno, pues cree que a largo plazo otra puede ser la definición, ya sea cuando los expedientes pasen por la Cámara Federal (en construcción) o por la Cámara Federal de Casación Penal, con nueve jueces y casi todos con buena sintonía con el Gobierno, incluido el padre del ministro.
A largo plazo se ven las soluciones para la Corte Suprema de Justicia, donde Milei ya dijo que la completará en 2027, después de las elecciones, y se analizan la cobertura de los cargos vacantes sensibles en Comodoro Py 2002.
En la Corte hoy el Gobierno debería negociar con la oposición, cuestión que Milei ya dijo que no va a hacer. Pero cree que en 2027, si triunfa en las elecciones, puede llegar a controlar los dos tercios del Senado y poner a dos jueces propios en el máximo tribunal.
El mismo análisis se da en la cobertura de los cargos de los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py 2002 y en la Cámara Federal.
Hay cuatro cargos vacantes en primera instancia y, en la Cámara Federal, Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio. El Gobierno pareciera que tiene decidido no prorrogar su gestión por cinco años más, como sí hizo con Mahiques padre y con Pesino.
Soledad Aznarez
La salida de Irurzun y el avance de los concursos de los jueces para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ambos camaristas de la Cámara Federal, que llegaron trasladados, le abre al Gobierno tres vacantes en ese tribunal, sin hacer nada; solo con permitir el paso del tiempo.
Es una cuestión de largo plazo, dice en el Gobierno, donde señalan que Mahiques puede llegar a enviar 250 pliegos al Senado: “Esto va a dejar heridos y enojados, pero es parte de la conversación”
En el Consejo de la Magistratura, que designa y remueve jueces, el escenario que se hace el Gobierno es que en noviembre va a tener cuatro consejeros propios. Nunca tuvo tantos ni tanta posibilidad de incidir en la designación de los magistrados.
La idea es avanzar con la cobertura de vacantes y a fin de año, con el nuevo Consejo de la Magistratura, con más consejeros propios, discutir las vacantes sensibles de Comodoro Py 2002, donde Lijo es el juez con más cintura política, pero donde cada magistrado acostumbró a jugar como singlista.
“Una lógica de construcción de poder es llenar las primeras instancias”, señalan en la Casa Rosada jugando al ajedrez judicial.
Los cuatro consejeros propios con los que cuenta el Gobierno son Santiago Viola, el viceministro representante del Poder Ejecutivo en el organismo, el diputado libertario Gonzalo Roca, que ya asumió, y un consejero por los diputados y otro por los senadores.
En este escenario, desde las tropas de Karina Milei interpretan que la iniciativa de los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti de reformular el reglamento de selección de jueces para hacer más transparente y menos discrecional los concursos es una estrategia para frenarlos.
“Quieren frenar los concursos, limitarlos, porque no son elegidos los candidatos que responden al sector de Santiago Caputo”, señalan estas fuentes que colocan este reclamo de menos discrecionalidad bajo el prisma de la eterna interna del Gobierno. Piensan más en Lorenzetti que en Rosenkrantz cuando hacen esta afirmación.
“Hay jueces de la Corte que leen este esquema de poder para limitarlo”, señalan los analistas del karinismo en el área judicial, y juran que la intención del Gobierno es reconstruir la Justicia, según su mirada.
Hernán Cappiello,Conforme a
CÓRDOBA.- Pasadas las 18 de este martes, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Valverde, recibieron los seis aviones cazas F16 Fighting Falcon que conforman el segundo lote de las 24 aeronaves que el gobierno de Javier Milei compró a Dinamarca. Las unidades llegaron al Área Material Río Cuarto en Las Higueras. Con este arribo ya hay una docena del conjunto de aviones de cuarta generación en la aeroestación.
Este segundo lote -el primero arribó en diciembre pasado- está integrado por cuatro F-16AM monoplazas y dos F-16BM biplazas. Una de las aeronaves fue conducida por un piloto argentino, mientras que las otras cinco fueron comandadas por aviadores extranjeros.
Antes de llegar a Río Cuarto, los F16 hicieron escalas en Gran Canaria, en España, y en Natal, en el norte de Brasil. Entre esos dos puntos tuvieron el apoyo de aviones cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que los reabastecieron de combustible en pleno vuelo
El arribo de los aviones se mezcló con la protesta del personal de las Fuerzas Armadas por la crisis de la obra social de los militares, que arrastra una millonaria deuda y cortes de prestaciones.
En diciembre de 2025, cuando llegaron los primeros seis aviones, el presidente Javier Milei encabezó la recepción y sostuvo que los F-16 son un “símbolo” de la construcción del país. Los calificó como “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. A partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguros”. Esa ceremonia coincidió con la designación de Presti como ministro de Defensa.
Las aeronaves operan en las instalaciones del Área Material Río Cuarto pero serán trasladadas más adelante a la VI Brigada Aérea, con sede en Tandil, una base que se encuentra en plenas tareas de remodelación. La incorporación de los aviones F-16 se completará en 2028.
El Gobierno sostiene que el programa permitirá recuperar capacidades que la Argentina perdió con el retiro de los aviones Mirage en 2015 y que los F-16 tendrán por delante al menos 25 años de vida útil.
El precio de adquisición de los 24 aviones fue de aproximadamente US$301 millones. El Gobierno ya abonó tres de las cinco cuotas previstas, por unos US$180 millones; la entrega también es “en cuotas”.
A esto se le agregan otros gastos vinculados con el equipamiento y la puesta en funcionamiento del sistema de armas. Con todo, el costo inicial del programa fue estimado en alrededor de US$650 millones. En paralelo, solo el programa de instrucción de pilotos puede alcanzar los US$33 millones, mientras que el acuerdo de modernización y armamento tiene un techo de US$900 millones.
Sin embargo, la compra de las unidades registra algunas objeciones. Por ejemplo, se cuestionó el monto total del contrato y los gastos ocultos o de cielo abierto (con un techo presupuestario estimado en contratos de modernización, armamento avanzado como misiles AMRAAM y costos por hora de vuelo).
primero arribó en diciembre pasado,se cuestionó el monto total del contrato y los gastos ocultos o de cielo abierto,Gabriela Origlia,Fuerzas Armadas,Conforme a
POLITICA
La CGT descartó un paro general, pero hará una movilización el 8 de octubre en defensa de la industria
Finalmente, ganaron los sindicalistas moderados: la CGT decidió esta tarde que su próxima medida de fuerza será una movilización callejera en defensa de la industria nacional, el 8 de octubre, y desechó por ahora realizar el quinto paro general contra Javier Milei.
Así se decidió en la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que delibera en la sede de la UOCRA, en avenida Belgrano al 1800, y de esa forma se diferenció de las dos CTA, que ya anunciaron una serie de marchas que terminarán a fines de octubre con un paro general.
La movilización de la CGT -anticipada por Infobae- se hará a las 15.30 ante la Secretaría de Industria de la Nación, en la avenida Julio Roca 651, en esta capital, y la propuesta fue aprobada por la treintena de dirigentes que se reunieron en la UOCRA, donde también se decidió un “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el 15 de octubre, a la que irán también las dos CTA.
Del encuentro participan Gerardo Martínez, el anfitrión; Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Rodolfo Daer (Alimentación), Amadeo Genta (municipales), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Julio Piumato (judiciales), Mario Lavia (petroleros), José Minaberrigaray (empleados textiles), Horacio Arreceygor (televisión), Omar Plaini (canillitas) y Hugo Benítez (textiles) entre otros, además de Alejandro Gramajo (UTEP) como invitado.
Hasta ahora, las 3 centrales obreras llevaron adelante un plan de lucha conjunto desde el 22 de julio y que consistió en movilizaciones y que por el momento no incluye otro paro general contra el Gobierno porque la CGT considera que no están dadas las condiciones para que la paralización de actividades sea importante.
Sin embargo, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma decidieron no esperar y ya anunciaron la continuidad de las protestas con otra serie de movilizaciones hasta llegar al paro general, que está previsto para fines de octubre.
Estas centrales obreras, de impronta dura, se sumarán el 3 de octubre con una importante participación de jóvenes a la peregrinación a Luján; el martes 6, la FENAT (Federación Nacional Territorial), enrolada en la CTA Autónoma, formará parte de las actividades de los distintos movimientos sociales, al cumplirse un mes de la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, que alcanzaba a cerca de un millón de personas.
Además, se sumarán el 15 de octubre a la nueva marcha convocada por el Frente Universitario y apoyarán las acciones de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FTERA), que se movilizará el 26 de octubre frente a la central nuclear de Atucha “en defensa de la soberanía energética”.
Las CTA también participarán del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries, que se realizará del 10 al 12 de octubre en la ciudad de Córdoba.
En la reunión de la CGT que se desarrolla en la UOCRA, luego de que Gerardo Martínez abrió el debate, la propuesta de la movilización en defensa de la industria fue hecha por Jorge Sola, uno de los cotitulares cegetistas, y fue apoyada de inmediato por sus pares del triunvirato, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.
Las tres centrales obreras habían anunciado protestas “a la francesa”, con paros sectoriales y alternados para aumentar su efecto frente a medidas de fuerza esporádicas. Sin embargo, las movilizaciones posteriores tuvieron una presencia limitada de la CGT.
La dirigencia cegetista tuvo una participación casi testimonial en las marchas al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el 6 de agosto; en la movilización por San Cayetano, el 7 de agosto, e incluso en la protesta por las familias y las pymes endeudadas, el 20 de agosto.
La marcha prevista para el 28 de agosto, cuando se reunió el Consejo del Salario Mínimo, fue suspendida porque el encuentro se hizo de forma virtual. Las dos CTA querían concentrarse de todos modos frente a la Secretaría de Trabajo, pero la CGT impuso su negativa con el argumento de que la deliberación sería por Zoom.
La CGT tampoco marchó el 2 de septiembre por el Día de la Industria, aunque esa posibilidad había sido discutida entre las 3 centrales. En cambio, en la sede de Azopardo 802 se realizó un acto para debatir “el futuro estratégico de nuestra industria nacional”, con la participación de dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), presidida por Ricardo Pignanelli (SMATA).
Las dos fracciones de la CTA privilegiaron la unidad con la central cegetista y desistieron de salir a la calle hasta ahora, a la espera de que los líderes de la CGT endurecieran su postura, pero su decisión de hacer un paro general vuelve a abrir una grieta sindical.
POLITICA
Los abogados de Cristina Kirchner hicieron una nueva presentación ante la ONU para que se revise la condena de la expresidenta
Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner hicieron este martes una nueva presentación formal ante la ONU para que se revise la condena de 6 años de prisión contra la exmandataria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en medio del operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo.
Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejecer cargos.
También denunciaron actos de “intimidación”, en particular la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Fernández de Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron a desde en el entorno de la expresidenta.
“Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del Comité”, dijo Valim en diálogo con la agencia Reuters.
Para el letrado, “eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité”.
Valim apostó además que el comité “va a reconocer las violaciones de derechos”. “Aquí la duda es cuándo”, se preguntó.
La presentación
La adenda introducida este martes, y a la que tuvo acceso , busca “poner en conocimiento del Comité tres hechos sobrevenidos de especial relevancia para la comunicación individual presentada por Fernández de Kirchner”.
En primer lugar, denunció una “serie de actos de intimidación contra la exmandataria posteriores a que se hiciera pública su presentación ante el Comité. Entre ellos se mencionan declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones del presidente Javier Milei contra la expresidenta”.
La adenda sostiene que “estas actuaciones son incompatibles con la obligación asumida por Argentina, al ratificar el Protocolo Facultativo, de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de presentar comunicaciones individuales ante el Comité”.
En segundo lugar, se presentó un nuevo elemento probatorio que se considera “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial SISVIAL (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales” indicaron los letrados.
Pero agregaron que “en agosto de 2026, sin embargo, en la causa Cuadernos, un funcionario auditor convocado por la propia Fiscalía aportó planillas oficiales sobre los pagos realizados con recursos de la Fuente 14. A partir de esa documentación, la defensa encargó una pericia contable y auditora a Specs Consultoría”.
Según la Adenda, esos resultados “contradicen de manera sustancial la premisa utilizada en la condena: de las 51 obras de la causa Vialidad, solamente 17 fueron financiadas con la Fuente 14; de los 3.855 certificados pagados con esos recursos, únicamente 36 correspondieron a esas obras; y, de aproximadamente US$ 2.200 millones desembolsados, el Grupo Austral recibió US$ 18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total”.
“Además, Austral no figura entre las quince principales constructoras beneficiarias de la Fuente 14, mientras que el primer lugar corresponde a IECSA S.A., empresa vinculada a la familia Macri”, añadieron.
En tercer lugar, la adenda denunció “más intimidación después de conocerse estos nuevos elementos”. En particular, cuestionó la difusión pública de un video de 2018 correspondiente al allanamiento de su departamento de Recoleta, en el que “aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales”.
La presentación consideró que esa difusión “constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto y recuerda que precisamente frente a ese domicilio Fernández de Kirchner sufrió el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022”.
El caso
Fernández de Kirchner había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último para denunciar que durante el proceso judicial por el que terminó condenada se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso.
Valim explicó en aquella oportunidad que la comunicación enviada a Naciones Unidas no fue “un acto de agresión” al sistema judicial argentino, sino un “derecho constitucional” y un “mecanismo previsto por las normas del orden”.
El letrado, de ciudadanía brasileña, también participó en la defensa del presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, en la causa por corrupción Lava Jato.
Lugar: NH Hotel. Bolivar 160.
Soledad AznarezLa defensa de la exmandataria busca la “suspensión de la inhabilitación perpetua” para frenar la restricción de los derechos políticos de la expresidenta mientras se resuelve la condena, y la “modificación del régimen de prisión domiciliaria”, que incluiría el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de la restricción de visitas, el acceso al aire libre y un “tratamiento igualitario respecto a otros detenidos en idéntica condición”.
Y también una “integración legal de la Corte Suprema” con una “normalización” de la composición del máximo tribunal para “garantizar el Estado de Derecho y el derecho a un recurso judicial efectivo”.
La condena de la exmandataria data de junio de 2025, cuando fue sentenciada a 6 años de prisión -que cumple de forma domiciliaria- e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa por una maniobra de corrupción en torno a la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante su presidencia y la de Néstor Kirchner.
operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo,había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último,Cristina Kirchner,Conforme a
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