El Poder Ejecutivo giró un proyecto de ley a Diputados que retiró en menos de 24 horas. El ambicioso texto modificaba más de una decena de normas y creaba un nuevo sistema federal de garantías. La iniciativa habilita la tokenización de activos, incorpora activos digitales como garantías, moderniza pagarés, cheques y warrants, flexibiliza el mercado de capitales, reforma fideicomisos y fondos comunes de inversión, y busca ampliar el acceso al financiamiento para empresas y productores. Pero también creaba impuestos.

Un inversor se dio cuenta de que en medio de una gran cantidad de artículos aparecía mayor presión impositiva y, menos de 24 horas de esa presentación, el Ejecutivo pidió retirar el proyecto de ley que había llegado a Diputados con la firma del Jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y la ministra de Seguridad, Sandra Monteoliva; los mismos ministros firmaron la nota pidiendo su retiro.

El conflicto se generó porque el proyecto que tiene más de 240 artículos incluye uno que establece la vuelta del impuesto a las Ganancias del 15% para los certificados de depósito argentinos conocidos como CEDEARs. Se trata de los instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país.

La explicación que hicieron llegar desde la Casa Rosada a los referentes del bloque libertario de Diputados es que el articulado que proponía cobrar Ganancias a las inversiones en el extranjero “era un borrador viejo”.

Esa aclaración generó incluso mayor malestar en los propios y los socios que reclamaron que los ministros “firman sin leer. Es preocupante”. Pero no solo eso, sino que además de pasar por las áreas de legales de cada una de las cuatro carteras, lo revisó la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal Murphy, quien aseguran que advirtió sobre la vuelta del impuesto y que se avanzó con el visto bueno del Ministerio de Economía.

Obviamente esto generó la burla de diferentes diputados de la oposición. Pablo Juliano de Provincias Unidas escribió en su cuenta de X “El Gobierno mandó al Congreso un proyecto de 240 artículos, firmado por Milei, Caputo y Sturzenegger, que le cobraba 15% de Ganancias a las inversiones en CEDEARs. Saltó un inversor y esta fue la respuesta de un asesor de Caputo. Si nadie se quejaba, pasaba. Ahora en el Congreso nos toca leer los otros 239 artículos, porque parece que ellos no lo hicieron”.

“No sé qué es peor, que crean que somos bobos o que intentamos poner un impuesto. En el primero tenemos ministros que no leen lo que firman, en el segundo que no tenemos un peso y necesitamos incrementar la recaudación. En ambos casos la resolución es mala”, explicó un diputado libertario a Infobae.

Los que conocen el detalle de cómo se gestó el proyecto señalan que es la segunda opción y dicen que la decisión se tomó hace un mes en una reunión de la Mesa Política en la que participó Sturzenegger y en la que hubo contactos con el equipo de Santiago Bausilli, titular del Banco Central de la República Argentina.

El objetivo del apartado era que las operaciones con esos certificados tuvieran el mismo régimen impositivo que la compra directa del activo extranjero al que representan. De esa forma, las ganancias obtenidas con inversiones en compañías o instrumentos del exterior habrían quedado alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.

El capítulo que generó controversia proponía reemplazar un inciso del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bajo el criterio de “transparencia fiscal”, el tratamiento tributario habría dependido del activo subyacente y no del vehículo elegido para realizar la inversión.

En la práctica, una persona que invirtiera desde la Argentina en una empresa extranjera mediante un CEDEAR habría recibido el mismo trato fiscal que quien adquiriera esa acción de manera directa en el exterior.

papa León XIV,Javier Milei,Paula Rossi,Javier Milei,Papa León XIV,Papa León XIV en la Argentina,Conforme a

La comisión de Deportes del Senado firmó esta tarde un dictamen de un proyecto ya aprobado por Diputados y de manera unánime -220 votos- que establece la “obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, destinados a prácticas deportivas y/o recreativas, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes y de toda persona que haga uso de dichos elementos”.

El texto en cuestión lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero del corriente año en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, un arco de fútbol sin fijación al piso cayó sobre él, provocándole lesiones que derivaron en muerte encefálica. Éste fue uno de los casos mencionados, con nombre y apellido, a pedido de la familia durante una reunión que comandó el radical y vice de la comisión, Maximiliano Abad (Buenos Aires).

Bajo este panorama, quienes queden dentro de la ley tendrán que “asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.

Al contar con una preferencia solicitada tiempo atrás con dictamen de comisión, el articulado quedó en condiciones de aterrizar en la próxima sesión que realice el pleno de la Cámara alta. Como no se esperan encuentros para la semana próxima por la visita del Papa y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dará un informe de gestión el miércoles 25, la ley quedaría para una eventual reunión a realizarse el jueves 19 o el 26.

“Tenemos que evitar accidentes dañinos sin alejar a los chicos de prácticas tan sanas como lo es el deporte”, manifestó el libertario y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis). En tanto, el kirchnerista Marcelo Lewandowski, tras avalar la iniciativa, advirtió: “No nos tenemos que quedar en esto. Repasemos cómo está la situación de los clubes de barrio, los más humildes, quienes tienen mayores dificultades para sostenerse”.

En cuanto a responsabilidades, el articulado refiere a que “los controles, inspecciones y certificaciones” serán realizadas por la autoridad de aplicación -de cada distrito que adhiera a la ley- “en el marco de sus competencias, debiendo estas últimas exhibirse de forma permanente en las instituciones correspondientes, en lugar visible y de fácil acceso al público, conforme lo determine la reglamentación”.

Por otra parte, la “compañía de seguros, al momento de extender la cobertura a una institución de estas características, deberá requerir” a la misma “la acreditación del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas” en la normativa, las cuales “deberán encontrarse vigentes al momento de la contratación”. Esto fue destacado en la comisión por el peronista Fernando Salino (San Luis).

En tanto, en caso de provincias que se sumen al sistema, habrá un plazo máximo de un año contado desde la entrada en vigencia del mismo para reorganizar la seguridad del establecimiento deportivo, aunque se podrá “prorrogar” por “única vez” y “por igual período”. Antes que finalizara el convite, Abad recordó también la adhesión y el trabajo de la presidenta de la comisión de Deportes -de licencia por maternidad-, la cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), para que la iniciativa avance en el Senado. Así, quedó lista para su sanción en el recinto.