POLITICA
Encuesta nacional: Milei alcanza su peor nivel de aprobación y crece el malestar económico

Javier Milei enfrenta su peor nivel de aprobación desde el inicio de su mandato, de acuerdo con los datos más recientes de encuestas nacionales. El 63% de los argentinos desaprueba la gestión presidencial, frente al 35,5% que la aprueba. Esta tendencia negativa se profundizó tras el denominado “escándalo Adorni” y la persistente preocupación por la economía nacional y familiar. Mientras tanto, nuevas cifras indican una creciente responsabilización hacia el presidente por los problemas económicos actuales y un desencanto entre parte de su electorado.
La encuesta, proveniente de Data Intel, expone cómo las líneas de aprobación y desaprobación de la gestión Milei se distanciaron en los últimos meses. Según precisó en Infobae en Vivo Al Amanecer Nacho Girón, “el 63 % de la gente desaprueba la gestión de Javier Milei versus el 35,5 % que la aprueba”.
Porcentaje de desaprobación y expectativas económicas
En el mismo informe, se evalúa el componente económico del malestar social. Según detalló el periodista, el 56% de la gente evalúa negativamente las expectativas económicas. “Es una baja de 22 puntos porcentuales de mes a mes”, indicó. En tanto, el 58% de la gente tiene expectativas negativas sobre el mundo del trabajo, una baja de 25 puntos de mes a mes.
Asimimsmo, el 49% de la gente, “prácticamente la mitad de la República Argentina, tiene expectativas bajas con respecto a la situación de su familia, casi 20 puntos de diferencia de mes a mes”, precisó Girón.
Los resultados muestran que la economía sigue siendo el principal factor de desgaste para el gobierno, con un marcado descenso en la confianza sobre el futuro cercano y el bienestar del hogar promedio.
Responsabilidad política y escándalo Adorni
Un estudio nacional dirigido por Hugo Haime y Asociados indagó sobre la percepción ciudadana acerca de los responsables del presente escenario económico. Girón explicó: “El 39% de la gente, es decir, la respuesta más mencionada, dice: ‘El responsable es la política económica de Milei’». En tanto, “el 33% de la gente sigue diciendo que la política económica del kirchnerismo fue la responsable de los padecimientos actuales, con 26 % que dice los dos”, agregó.
El aumento de ciudadanos que adjudican la responsabilidad al actual presidente pone de manifiesto una migración del voto de confianza inicial hacia una postura más crítica, incluso dentro del mismo electorado de Milei. El impacto fue mayor tras el escándalo protagonizado por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, cuya imagen pública también fue evaluada negativamente.
Imagen de Manuel Adorni y rechazo dentro del propio electorado
Al mismo tiempo, los datos recientes de la consultora Zubán Córdoba reflejan que el 72,1% de la gente tiene imagen negativa del jefe de gabinete, contra 16.5 de imagen positiva. La exposición pública de Adorni en conferencias de prensa busca revertir este saldo desfavorable, aunque los números sugieren una tarea complicada.
Sumando al panorama, la misma encuesta revela cómo parte de los votantes de La Libertad Avanza manifiestan desilusión. Girón informó: “¿Qué tan de acuerdo está con esta frase? ‘Voté a Milei y me defraudó’. Y es verdad, hay casi un 50%, 49,7, que dice: ‘No estoy en desacuerdo con esa frase’, es decir, voté a Milei y no me defraudó 50% del votante de Milei. Esto también está creciendo, hay un 40,1% que evidentemente empieza a mostrar un fastidio con la situación actual”.

Tensiones internas y reacciones en la Quinta de Olivos
El reporte indica que el desencanto no solo se percibe en la opinión pública, sino incluso en los informes que llegan al círculo íntimo presidencial. “Se lo dicen en privado los poquitos encuestadores, tres o cuatro, que entran a la Quinta de Olivos, a veces en los fines de semana, a darle estos datos a Milei”, expresó Girón.
Ante este escenario, la administración de Javier Milei enfrenta múltiples desafíos para modificar la percepción negativa y mejorar indicadores que, según las encuestas, se acercan a niveles históricos para un presidente en ejercicio en Argentina.
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POLITICA
Los tres principales objetivos que se fija el Gobierno tras la visita del Papa

El miércoles, cuando faltaban veinte minutos para que el papa León XIV dejara el país tras su histórica gira por el país, en la Casa Rosada se daba el puntapié inicial para destrabar uno de los tres temas con los que se propone reactivar su agenda después de días de parálisis por la visita del Sumo Pontífice.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, entró al despacho del subsecretario de Gestión Institucional y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem, en el primer piso de Casa Rosada. Faltaban 20 minutos para las 14 y en un almuerzo que se extendió por cerca de una hora y veinte empezaron a trazar lo que vendrá. Así, mientras Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, despedían en Ezeiza al Papa, ellos ponían en marcha la nueva búsqueda para destrabar la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Como parte de su estrategia, Martín Menem, titular de Diputados, salió hoy a presionar para que el Senado acelere con el tratamiento de la reforma electoral.
A la definición alrededor de la suspensión de las PASO, en la lista de prioridades del Gobierno para la “agenda post papal”, en el Gobierno suman el desafío de establecer cómo seguirá el vínculo con Patricia Bullrich, en medio de las tensiones que escalaron la última semana, y también la pelea por el proyecto de ley presupuesto 2027.
“La triple P”, como la llamó entre risas un funcionario a , tras enumerar “PASO, Patricia y Presupuesto”, como las principales iniciativas en lo inmediato.
En el Gobierno hay una admisión de la situación de desorden y empantanamiento que atraviesa la gestión, y son conscientes de la necesidad de reactivarla. Por eso, de forma prioritaria, se estableció la necesidad de avanzar con esos tres focos.
El de la definición de poder avanzar con la eliminación de las PASO de cara a los comicios del año próximo está en tiempo de descuento. La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya advirtió que cualquier reforma debe sancionarse antes de fin de año y en el Gobierno se muestran conscientes de eso. “Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula”, marcó hoy los tiempos Menem, un alfil de Karina Milei.
Desde hace meses el Gobierno empezó las negociaciones, pero por estas horas están estancadas. El más optimista es Santilli, encargado del diálogo con los gobernadores, pero aún sin las garantías para avanzar con la suspensión de las elecciones primarias.
“Entre ordinarias y extraordinarias en diciembre, sale”, dejaron trascender cerca de la jefatura de Gabinete sobre la posible suspensión de las primarias.
En la búsqueda de apoyos para la aprobación, se cruzan también los eventuales acuerdos que el oficialismo podría cerrar con los mandatarios para las próximas elecciones. Con dificultades fundamentalmente con el sector de los radicales, la negociación, por ahora, permanece estancada.
El proyecto de las PASO está en el Senado, territorio de Patricia Bullrich, quien compone el otro foco de conflicto que el Gobierno espera desactivar en los próximos días. Bullrich viene señalando desde hace semanas sus disidencias con la administración libertaria sobre el rumbo económico y político.
En medio de versiones de un posible encuentro entre Milei y Bullrich, que aún nadie confirma, las voces oficiales coinciden en que la situación debe definirse para uno y otro lado.
“La situación así como está no puede seguir”, dijo a un funcionario al tanto del clima que impera en el Gobierno, donde el hartazgo por la escalada es palpable en las diferentes terminales.
“La foto fue un quiebre”, aseguró, contundente, una de las voces consultadas sobre la imagen que Bullrich publicó una semana atrás con sus legisladores. “Se va el Papa y se tiene que resolver eso. Definir eso va a servir para destrabar”, consideró una de las fuentes consultadas.
La tercera “P”, en tanto, tiene que ver con la búsqueda de la aprobación del Presupuesto 2027, que aspiran a tener antes de que termine el año. Para eso, en las próximas horas el Poder Ejecutivo buscará avanzar con una reunión del titular de la bancada libertaria en la Cámara Baja, Gabriel Bornoroni, con jefes de bloque aliados.
La idea podría apuntar a adelantar para la semana que viene la sesión que inicialmente estaba prevista para el 25, día en que Santilli tiene que dar su primer informe de gestión en el Senado.
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POLITICA
Después de la ofensiva contra el Reino Unido, la Argentina mira a Chile por la conexión Punta Arenas-Malvinas

El gobierno argentino completó esta semana una estrategia legal para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas cercanas a las Malvinas. Fue en Hamburgo, Alemania, en la sala de audiencias el Tribunal del Mar (TIDM), donde presentó una batería de argumentos en una disputa abierta contra el Reino Unido que incluyeron la discusión histórica de fondo: la soberanía sobre las Islas. Mientras espera el fallo del organismo internacional, previsto para el próximo 28 de noviembre, la Argentina ahora mira a Chile ante la inminente reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y el archipiélago.
La confluencia de estos dos frentes del ámbito de la política exterior no es accidental. El buque Danstar, operado por la naviera chilena Easter Island Logistics, está previsto que zarpe con insumos hacia Puerto Stanley entre la segunda y tercera semana de diciembre, según confirmó el gerente general de la empresa, Pablo Pacheco, a La Prensa Austral. Para entonces, el TIDM ya habrá emitido su orden sobre las medidas provisionales que Argentina solicitó para suspender las perforaciones -y posterior extracción- de hidrocarburos en una zona ubicada a unos 198 kilómetros al norte del archipiélago.
Desde la perspectiva argentina, el viaje del Danstar no es un asunto comercial separado del litigio en Hamburgo: es parte del mismo conflicto. Sobre todo por las especulaciones y preocupaciones de un sector de la política local de que la ruta Punta Arenas–Malvinas pueda convertirse en un corredor de abastecimiento para las empresas petroleras que operan en las islas. La naviera chilena lo descarta de forma categórica.
“Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular; vamos a llevar fruta, verdura, comida perecible y material de construcción para construir casas, jardines y colegios”, afirmó Pacheco. De las 1.200 toneladas de capacidad disponibles para carga, la empresa informó que ya tiene comprometida más de la mitad.

A pesar de la buena relación entre los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast, y entre sus cancilleres, Pablo Quirno y Francisco Pérez-Mackenna, hay una tensión solapada en torno a la navegación. El funcionario argentino defendió en términos generales la libertad de navegación durante el plenario del G20 en Atlanta al asegurar que “ningún país puede obstruir el tránsito marítimo y desconocer las reglas internacionales”.
Sin embargo, esta semana fue más preciso en declaraciones en A24 y en radio Rivadavia, donde trazó una línea que Buenos Aires considera decisiva: “El tema es cuando salen a Malvinas. Hay un proceso de pedido de autorización y compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas, y esto es lo que hemos conversado con el gobierno chileno y así se van a mantener”, afirmó.
El canciller diferenció explícitamente el Estrecho de Magallanes —enfático, dijo que es “chileno, punto”— de las aguas que el Danstar deberá cruzar una vez que abandone el estrecho rumbo al archipiélago, que son las que Argentina considera bajo su jurisdicción y donde exige autorización previa. La réplica del canciller chileno fue inmediata y sin matices. Consultado esta semana por los dichos de Quirno sobre la necesidad de solicitar autorización para el tránsito, según consignó BioBioChile, señaló que “Los países no piden permiso”.
Un importante funcionario explicó a este medio que la embarcación debe “notificar” su paso por aguas argentinas. De manera puntual, el Gobierno espera que la naviera Easter Island pida la autorización correspondiente y que Chile indique que no va a colaborar con la logística de la explotación de los recursos naturales, de acuerdo a la normativa para los buques que se dirigen a las islas y atraviesan aguas bajo jurisdicción nacional.
Chile, en tanto, invoca el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que garantizan la libre navegación hacia y desde el Estrecho de Magallanes. También apela a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El diputado republicano Alejandro Riquelme, integrante de la coalición de gobierno del presidente Kast, sostuvo a Infobae que la reapertura de la ruta comercial “no responde a un pedido del Reino Unido”, avaló un eventual suministro a empresas petroleras vinculadas a Sea Lion y señaló que no sería ilegal por sí mismo. ”Abastecer a las Islas Malvinas es una actividad lícita, y el eventual suministro a empresas petroleras también lo es, siempre que cumpla con las normas aplicables. El carácter petrolero de una empresa no convierte, por sí solo, ese comercio en ilegal”, reiteró.

El parlamentario -que compitió por la gobernación de Magallanes- defendió el argumento que presenta el gobierno chileno de que se trata de un negocio entre privados. “Se busca establecer un servicio regular. Han circulado referencias a una frecuencia mensual, pero corresponde a la naviera confirmar el calendario definitivo. Para Magallanes, lo relevante es la oportunidad que representa para nuestros proveedores, las pymes y el empleo regional”, indicó Riquelme. El potencial comercial de esta ruta -estiman en Chile- es de aproximadamente 20 millones de dólares anuales.
Y agregó: “Chile ha respaldado históricamente desde el año 1992 los derechos de soberanía que reclama Argentina y una solución pacífica de la controversia mediante negociaciones. Esa posición no cambia por una operación comercial de abastecimiento desde Punta Arenas. Existe una serie de conflictos alrededor del mundo China-Taiwán, Rusia-Ukrania, o en el actual estrecho de Ormuz entre Estados Unidos e Irán. Chile podría tomar una posición en esos conflictos, pero no significa que no podamos comenzar con esos países o a quienes apoyemos. Históricamente, Chile ha sido un defensor del libre comercio y quién ha liderado tratados bilaterales con el mismo fin; un reconocimiento de soberanía no significa dejar de comerciar con los países”.
“En el caso particular de intercambio de alimentos, bienes y servicios con la población de las islas no constituye, por sí mismo, un reconocimiento de soberanía británica. Naturalmente, cualquier operación debe cumplir la normativa aplicable y los compromisos internacionales de Chile. También corresponde distinguir el abastecimiento de la población de actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales en disputa, que requieren un análisis específico”, completó.
La avanzada parlamentaria
La tensión diplomática tuvo reflejo legislativo en Argentina. La diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó el expediente 5831-D-2026, que busca calificar como “no inocente” el tránsito de buques de cualquier bandera que se dirijan a puertos de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o que transporten cargas vinculadas a actividades logísticas, militares, hidrocarburíferas o pesqueras en esos territorios. La iniciativa faculta a la Prefectura Naval Argentina o a la Armada a ordenar la detención, el cambio de rumbo o el abandono de las aguas, y habilita la retención del buque en un puerto argentino si se encuentra en aguas bajo jurisdicción nacional.
La propuesta designa explícitamente al Danstar entre sus antecedentes y afirma que “esta nueva ruta marítima claramente socava nuestro reclamo de soberanía y constituye un apoyo directo a las actividades ilegales del Reino Unido de Gran Bretaña”.

Consultado por esta iniciativa, Riquelme planteó: “Desde mi labor parlamentaria he abordado estos asuntos con el canciller, en las sesiones de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores realizadas en Magallanes y, recientemente, en una reunión de más de tres horas con nuestro embajador en Buenos Aires”.
“Mi posición es que debemos actuar con anticipación, mantener los canales diplomáticos y defender los derechos de Chile y de nuestras empresas a comerciar libremente con cualquier país, incluído Gran Bretaña. Al Gobierno le corresponde conducir esas gestiones, y el canciller ha señalado públicamente que está trabajando en esta materia y que la navegación está amparada por los tratados. Las objeciones de determinados sectores argentinos deben tratarse por las vías institucionales, con prudencia y firmeza. Sin embargo no se puede pretender que Magallanes las Islas, cuando Argentina mantiene una balanza comercial cercana a los 3000 millones de dólares con Gran Bretaña. Antes de impedir a Chile comercial con Gran Bretaña, ¿no debiera Argentina mirar su propio ombligo?”.
En esta línea, una de las especulaciones de algunos sectores de la política chilena era la eventual participación de la Armada para escoltar al buque rumbo a Malvinas. “El ministro de Defensa ha señalado públicamente que una escolta es innecesaria. Nuestra expectativa es que una navegación comercial realizada conforme a las reglas se desarrolle con normalidad y respeto por los compromisos internacionales”, indicó el parlamentario.
La presión desde el lado argentino no se limita al proyecto de Propato. El diputado peronista Guillermo Michel presentó el expediente 5441-D-2026 para instruir al Poder Ejecutivo a denunciar dos tratados bilaterales con Chile: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición Fiscal. La iniciativa, que aún debe atravesar el tratamiento en comisiones, busca retirar los beneficios tributarios que hoy protegen a empresas chilenas en Argentina. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país”, afirmó Michel.

En paralelo, el excanciller y diputado Santiago Cafiero, junto a nueve legisladores de Unión por la Patria, presentaron una moción para citar al embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, con el objetivo de exigir explicaciones sobre la ruta y su eventual vínculo con el proyecto Sea Lion.
Desde Tierra del Fuego, el secretario de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Andrés Dachary, anunció además una ley provincial que sancionaría con multas y prohibiciones de operación en territorio argentino a toda empresa naviera que comercie con las islas sin autorización fueguina. Dachary reconoció que la norma no apunta a detener el primer viaje del Danstar, sino a construir un instrumento jurídico para los siguientes: “Lo que buscás es la eficacia de la ley”, señaló.
Riquelme replicó la postura de los parlamentarios argentinos. “De acuerdo a la convención de Viena, el Congreso no puede citar un embajador. Anticiparse significa evaluar cada escenario, y coordinarlo con el ejecutivo, pero no ser populista como lo está haciendo el Congreso de la Argentina citando funcionarios extranjeros que no están dentro de sus atribuciones o tramitando leyes inaplicables”.
“Las represalias comerciales no puede realizarlas un congreso contra un tercer país y tampoco una norma provincial. En el derecho internacional existe el principio de reciprocidad y jerarquía de la norma. Pueden aprobar mil decretos y otras 3000 leyes, pero ninguna puede contravenir los tratados internacionales y bilaterales vigentes, por lo tanto son inaplicables, menos extraterritorialmente”.
La ruta del Danstar
Según información pública, el buque zarpó de Valparaíso el 29 de octubre, pero acumuló demoras por condiciones meteorológicas adversas que lo obligaron a fondear en Puerto Montt y otros puntos intermedios. La naviera espera que ingrese a la región de Magallanes durante la tarde del domingo 15 de noviembre, cuando se prevé que ingrese a los astilleros de Asmar Magallanes para una mantención de rutina. El zarpe hacia Puerto Stanley -aseguran- quedará supeditado a la duración efectiva de esos trabajos y a las condiciones climáticas.
Un detalle operativo agrega incertidumbre al seguimiento del caso desde Buenos Aires. Fuentes navales argentinas señalaron a este medio que el Danstar desapareció hace cinco días de los sistemas de rastreo marítimo, al apagar su transpondedor, el dispositivo de identificación automática que permite ubicar a las embarcaciones en tiempo real. Una maniobra que impide confirmar con precisión su posición actual.
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POLITICA
Tenso cruce entre Barrionuevo y Pettovello en la UCA antes de la exposición del Papa

Faltaba casi una hora para la llegada del Papa a la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) para exponer sobre “el mundo del trabajo”, cuando Luis Barrionuevo divisó en el auditorio a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la increpó y le planteó cara a cara su malestar por una pelea judicial que mantiene la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) con el Gobierno por la validez de las últimas elecciones internas del sindicato.
“El lunes que viene te voy a movilizar 20.000 personas al ministerio. Hay 350.000 gastronómicos que se están cagando de hambre por culpa tuya”, dijo Barrionuevo a los gritos ni bien abordó a la funcionaria, según reconstruyó con tres testigos que vieron de cerca la escena.
El trasfondo del malestar del sindicalista es porque la Secretaría de Trabajo, que está bajo la órbita de Pettovello, rechazó el reconocimiento administrativo de las autoridades nacionales de Gastronómicos, por lo que el gremio está en una suerte de acefalía administrativa desde hace once meses, lo que dificulta el cobro, por ejemplo, de los acuerdos paritarios. Por este motivo, y para ejercer presión, Barrionuevo convocó a una movilización callejera para el lunes próximo hacia la sede de la cartera laboral.
“Fue un cruce fuerte y violento”, reconocieron en el entorno de Barrionuevo. Cuando el sindicalista abordó a Pettovello, la ministra se incomodó y rápidamente le pidió la intervención a Julio Cordero, el secretario de Trabajo, que estaba también en el auditorio San Juan Pablo II de la UCA.
se comunicó con voceros del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, pero no obtuvo respuesta. Tampoco contestaron las consultas Pettovello y Cordero.
La incomodidad por el tenso intercambio hizo que otros gremialistas se alejaran de la situación. Uno de ellos, por ejemplo, fue Rubén Grimaldi, dirigente del PAMI, quien también está en conflicto con el Gobierno por cuestiones salariales en la obra social de jubilados.
La Uthgra tuvo elecciones en diciembre del año pasado, pero el proceso fue apelado en la justicia laboral por Dante Camaño, excuñado de Barrionuevo y jefe de la seccional porteña de los gastronómicos. La intervención del fuero laboral le dio entonces al Gobierno el argumento para denegar la certificación de autoridades, la herramienta necesaria para conferirle plena validez a todos los actos de un gremio, entre ellos, la homologación de los acuerdos salariales pactados con las cámaras empresarias.
Barrionuevo cree que esta última gestión servirá para resolver la disputa. “Cordero y Pettovello se comprometieron a revisar el caso”, les dijo el jefe gastronómico a su equipo de asesores, entre los que están su hija Sandra, mano derecha y quien estuvo a cargo de la organización de la visita papal a la UCA, y el abogado laboralista Horacio Ferro.
Tras la apelación de Camaño por la validez de las elecciones, la Uthgra impulsó una medida cautelar a la que se le dio curso, pero la Secretaría de Trabajo respondió con un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema la que resuelva la disputa de fondo entre Barrionuevo y Camaño por el control de la Uthgra. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había instado previamente a la cartera laboral a emitir un certificado de autoridades provisorio, pero esto no sucedió. Si quisiera, Cordero hasta podría pedir a la Justicia la intervención del gremio, como sucedió con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
La Secretaría de Trabajo cubrió hace unos meses con Ramiro Cherñetz la Dirección de Asociaciones Sindicales, un área clave porque fiscaliza los procesos internos de los gremios. Cherñetz, un abogado laboralista que responde a Pettovello, se desempeñó en el mundo corporativo en compañías de servicio de limpieza (una de ellas muy vinculada a Daniel Scioli) y en el banco HSBC. De él podría depender el desenlace de la pulseada judicial entre el Gobierno y Barrionuevo, el jefe gastronómico de 84 años que trabajó en 2023 para la campaña electoral de Javier Milei.
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