El gobierno de Javier Milei determinó este jeuves el cese de acciones de Ricardo Echegaray en la Aduana, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que el funcionario fuera condenado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Según el documento al que pudo acceder , Etchegaray fue notificado este jueves a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIM).

El organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y control de integridad en el Estado dispuso así la desvinculación del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Cristina Kirchner y que llevaba más de 30 años dentro de la administración pública.

La condena

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el 5 de marzo último la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, rechazaron de manera unánime el recurso interpuesto por la defensa de Echegaray y dejaron firme la condena.

El exfuncionario había sido sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

La Justicia lo encontró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada, cometida en perjuicio de la administración pública.

La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta violación a la garantía de imparcialidad por parte de los magistrados del tribunal oral.

El pasado marzo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a la empresa petrolera argentina Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.

El juicio

Los entonces accionistas de la compañía Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos en ese proceso. El fallo permanece en estudio de la Corte Suprema de Justicia y el organismo ya indicó, en una sentencia anterior, que se debe revisar esa decisión.

El exfuncionario fue sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta “violación a la garantía de imparcialidad” por parte de los magistrados del tribunal oral y asegurar que habían valorado de forma doble su cargo como máxima autoridad de la AFIP para agravar la pena.

Al haber quedado firme la condena, el único camino que le queda al ahora exfuncionario para evitar cumplir la pena de prisión es acudir a la Corte Suprema de Justicia y solicitar un recurso extraordinario o una queja. En el caso de que ambos sean rechazados, deberá ir a la cárcel.

Noticia en desarrollo

CÓRDOBA.- El femicidio de Agostina Vera, la nena de 14 años que estuvo desaparecida una semana y fue hallada asesinada y presuntamente abusada, no solo generó conmoción social sino que tuvo impacto político en el peronismo -y, obviamente, en el gobierno- de Córdoba. Tanto el gobernador Martín Llaryora como el intendente de la ciudad capital, Daniel Passerini, reaccionaron con una estrategia de control de daños. Por ahora, tiene gusto a poco. En la marcha de “Ni Una Menos” los cuestionamientos al oficialismo tuvieron un rol protagónico, más allá de lo que sucede en la Unicameral y el Concejo Deliberante.

Llaryora blindó al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien además estaba en carrera para ser candidato a intendente, y Passerini ordenó regresar a un funcionario al Concejo Deliberante para que dejara su banca Ricardo Moreno, quien admitió haber “hecho entrar” a la Municipalidad al único detenido y principal sospechoso por el femicidio, Claudio Barrelier.

A nivel provincial, además de la reunión de Llaryora con los abuelos maternos de Agostina – una decisión que fue bien recibida- un paso fue aplazar la jura del fiscal Iván Rodríguez como Procurador Penitenciario, un cargo creado el año pasado junto a otros para promover a funcionarios judiciales que están en sintonía con el oficialismo. Rodríguez fue quien dejó en libertad a Barrelier hace un año, cuando fue denunciado por una joven por privación ilegítima de la libertad.

El fiscal general, Carlos Lezcano, ratificó al cuestionado fiscal Raúl Garzón. Consideró que, por ser un caso “excepcional” no debía pasar a su fuero natural, el de Violencia de Género. En lo que parece una respuesta a las críticas por la falta de perspectiva de género de Garzón después de su conferencia de prensa del sábado, le asignó la colaboración de la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Claudia Romero, y del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Fernando Ávila Echenique. No está obligado a consultarlos ni a compartirle sus decisiones en la investigación.

Quinteros -un ministro con buena sintonía con su par nacional, Alejandra Monteoliva, y también con Patricia Bullrich– sigue en el cargo. Dio varias entrevistas para explicar que buscó a Agostina “desde el primer día” y que siempre siguió, como corresponde, las indicaciones judiciales. Le juega en contra el perfil alto que tiene y que hizo que, en los primeros días de búsqueda, además de dirigir el mega operativo por la final de fútbol entre Belgrano y River, diera notas hablando de su pasión por los “piratas” y se expresara (como exobeso) en contra de los cambios en la ley de octógonos.

Un exjuecista -el senador Luis Juez no ahorra oportunidades de criticarlo- es uno de los no peronistas que Llaryora sumó a su gabinete de perfil “cordobesista”. Estaba en la lista de los posibles candidatos a intendente de la ciudad.

El audio de Moreno, -el “abogado del diablo”, como promocionaba su estudio- admitiendo haber pedido un puesto para Barrelier en la Municipalidad de Córdoba encendió la mecha de una crisis que todavía no terminó. Dirigente peronista desde hace años, era concejal suplente e ingresó al cuerpo en reemplazo de Raúl La Cava, quien se convirtió en secretario de Políticas Sociales municipal.

Passerini ordenó el enroque inmediato cuando la oposición convocó a una sesión para desplazar a Moreno. Sin embargo, el tema sería tratado en el recinto porque Moreno volvió a su puesto de suplente en la lista. Moreno, finalmente, renunció al mediodía de este jueves.

Moreno fue abogado de Barrelier en la causa por privación ilegítima de la libertad por la que debió constituir una fianza de $5 millones para salir. Desde la oposición plantearon si quedó libre por convicción del fiscal Rodríguez o si existió tráfico de influencias.

La designación de Barrelier por recomendación también es producto de la decisión de Llaryora, cuando era intendente, de cambiar el sistema de ingreso por concurso por la contratación de personal y becarios. Passerini sostiene ese esquema que, claramente, facilita la entrada o premiación de punteros políticos o amigos de dirigentes. El intendente ahora anunció además que impulsará la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal. También pidió la renuncia de todos los funcionarios de Tránsito, área donde se desempeñaba Barrelier.

A los cuestionamientos, pedidos de renuncia y de jury se suma la desconfianza que generan los abogados de los querellantes en la causa del femicidio -el padre y los abuelos de Agostina- de cerrar filas en torno al fiscal y al operativo de búsqueda. Explícitamente repiten su aval a lo actuado. Cada vez que lo hacen, en mensajes a medios o en redes sociales, hay un aluvión de objeciones y conjeturas.

A la indignación y dolor que este tipo de crímenes desatan en la sociedad, se sumaron alrededor del femicidio de Agostina factores como la convicción de que hubo fallas institucionales, de que el Estado no cumple el rol que debe y de que el amiguismo domina las designaciones públicas. Los 27 años que lleva el peronismo cordobés en el poder también parece condicionar sus respuestas que lucen cortas y tardías.