POLITICA
Santa Cruz: un juez del Tribunal Superior de Justicia detalló cómo sus pares intentaron removerlo de la presidencia
EL CALAFATE.- El juez del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Daniel Mariani, elevó un informe al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, donde describe las maniobras realizadas por cuatro de sus pares con el objetivo de removerlo de la presidencia del cuerpo y frenar la jura de los nuevos miembros de la corte provincial.
El escrito fue presentado en la causa en la que la Corte Suprema de Justicia analiza la constitucionalidad de la ley impulsada por el gobernador Claudio Vidal que elevó de cinco a nueve el número de miembros del tribunal provincial. Cuatro jueces de la Corte de Santa Cruz cercanos al kirchnerismo declararon inconstitucional esa ley y generaron una crisis institucional sin precedentes entre los tres poderes del distrito.
El pasado 6 de mayo la Corte Suprema decidió ir a fondo con el conflicto entre el Tribunal Superior de Justicia, el gobernador y la Legislatura, y solicitó en carácter de urgente el envío de todas las causas vinculadas al conflicto.
La disputa de poder en Santa Cruz se originó en septiembre del año pasado cuando cuatro miembros del tribunal provincial rechazaron la ampliación del tribunal, que los dejó en minoría. Desconocieron los nombramientos de los nuevos vocales, no les pagaron el sueldo y les prohibieron el ingreso al edificio judicial. Además, removieron –sin mayoría plena– a Mariani de la presidencia del cuerpo.
En la nota de Mariani dirigida a la Corte Suprema, el juez asegura que los otros cuatro vocales -Paula Ernestina Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Miguel Basanta y Fernández- desplegaron acciones que califica como vías de hecho. Según el juez, esas medidas “trataron de disfrazarse bajo la forma de actos administrativos que nunca reunieron los requisitos de quórum y mayorías suficientes, a la luz del nuevo texto de la Ley Provincial N° 3949 –que amplió el número de miembros de cinco a nueve-”.
Mariani –el juez con mayor antigüedad del cuerpo– explicó que su designación como presidente para el ejercicio 2025 ocurrió mediante el Acuerdo Ordinario 3692 del 27 de noviembre de 2024. A partir de septiembre de 2025, la vigencia de la ley 3949 cambió la estructura del tribunal. Ante este escenario, el magistrado procedió a tomar juramento a los nuevos vocales, una facultad que le otorga el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El escrito subraya que esta norma no requiere la intervención del cuerpo colegiado cuando la potestad recae en el presidente.
“Los juramentos fueron tomados en forma plena y válida”, asegura Mariani en el informe enviado a Rosatti. El juez, quien autoinvoca el cargo de presidente del TSJ, relata que los primeros dos nuevos funcionarios, Sergio Edgardo Acevedo y José González Nora, juraron en presencia del gobernador. Además, recuerda que fue él quien le tomó la jura e incluso aclara que, tras detectar un error administrativo en el registro original, donde figuraba la leyenda ad referéndum, saneó el procedimiento.
Tras ese acto administrativo, los cuatro jueces que desconocían a los nuevos vocales emitieron una resolución para desplazar a Mariani de la presidencia. Sin embargo, no lo hicieron con el quórum de cinco miembros que requería la ley 3949 que estaba en vigencia.
“Ante la invalidez de la conducta tendiente a apartarme de la Presidencia y la inexistencia de impedimentos constitucionales, legales o reglamentarios, procedí a tomarles juramento a los doctores Gabriel Contreras y Juan Lucio de la Vega”, recuerda Mariani, en referencia al 8 de octubre, día que el conflicto adquirió tintes de crisis política. Durante esa jornada, la vocal Reneé Fernández retuvo el Libro de Actas correspondiente, por lo que la jura debió realizarse ante los servicios de la Escribanía Mayor de Gobierno.
El documento apunta contra la jueza Fernández, quien emitió una directiva que prohíbe a todo el Poder Judicial, desde magistrados hasta empleados, acatar las órdenes de Mariani. El denunciante califica este acto como una muestra de la gravedad institucional. Sostiene que la vocal se arroga facultades que no posee y niega su condición de vocal y presidente ante el resto de la estructura judicial.
Mariani también detalló que los cuatro vocales -Fernández, Basanta, Mercau y Ludueña- ordenaron a los nuevos integrantes abstenerse de conocer y decidir sobre causas, a pesar de haber prestado juramento. El denunciante califica esta medida como un absurdo jurídico.
La nota recuerda que a los nuevos vocales se les impidió ejercer su derecho a ser oídos y a participar en la toma de decisiones judiciales, en tanto que debieron acudir a la Corte Suprema mediante recursos de queja por la falta de garantías en el proceso interno.
En el mismo trámite judicial, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Santa Cruz, en conjunto con la Federación Argentina de la Magistratura -entidades que nuclean a jueces y funcionarios judiciales-, realizaron una presentación en la que aseguran que, más allá de las controversias que hoy se atienden en la Corte, la actividad judicial de Santa Cruz “se mantiene en funcionamiento”.
“La tramitación de causas, la sustanciación de procesos y el dictado de resoluciones se desarrollan de manera continua, las modalidades operativas propias del servicio de justicia”, agregaron.
la Corte Suprema decidió ir a fondo con el conflicto,Mariela Arias,Conforme a
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) renovó sus autoridades este viernes, en la última jornada de la 64ª Asamblea General de la entidad, que se realiza desde el miércoles en esta ciudad.
Daniel Dessein, titular de La Gaceta de Tucumán, es el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo para el período 2026-2027, cargo que hasta hoy ocupaba Martín Etchevers (Clarín). En tanto, Etchevers fue elegido para conducir la Comisión de Libertad de Prensa e Información –una de las más relevantes de la institución–, que hasta esta jornada estaba a cargo de Dessein.
En tanto, Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) asumió como vicepresidenta primera del Consejo Ejecutivo y Luis Tarsitano (El Tribuno, Salta), como vicepresidente segundo. Pablo Deluca (Infobae) se hará cargo de la secretaría General y Tomás Vio (Diario Olé) tomó la secretaría de Organización.
Agustino Fontevecchia (Perfil) revalidó su lugar en la secretaría de Relaciones Institucionales y Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) fue elegido para la secretaría de Actas. Completan el equipo Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes) y Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas), quienes siguen como tesorero y protesorero, respectivamente.
La nómina de vocales titulares quedó integrada por Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan Boglione (Nueva Rioja, La Rioja).
Como vocales suplentes fueron elegidos Claudia Bogado (La Mañana, Formosa), Diego Garazzi (Hola Argentina), Gustavo Ick (El Liberal, Santiago del Estero), Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Coronel Pringles), Diego Dillenberger (Imagen) y Federico Torres (Río Negro, General Roca).
Comisiones
La asamblea también definió la integración de las comisiones de ADEPA para el próximo período. Además de la Comisión de Libertad de Prensa, ahora en manos de Etchevers, la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones será presidida por José Santa María (Página 12), con Valentini, de El Diario de Pringles, como vicepresidente, mientras que en el Comité Estratégico seguirá al frente Guillermo Ignacio (TSN Necochea).
José Claudio Escribano () continuará en la presidencia de la Comisión de Premios “Federico C. Massot”.
Por su parte, Andrés D’Alessandro, director ejecutivo de Adepa, coordinará la Comisión de Capacitación Multiplataforma, mientras que la Comisión de Desarrollo Digital será presidida por Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan), con Vio, de Olé, como vicepresidente. La Comisión de Desarrollo de Medios Locales quedó en manos de Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia), acompañada por Héctor Lebensohn (Democracia, Junín) como vicepresidente y Muñoz, de OPI Santa Cruz, como secretario.
La Comisión de Relaciones Internacionales será conducida por Ick, de El Liberal, con Ignacio Fidanza (La Política Online) como vicepresidente. La Comisión de Bien Público quedó a cargo de Roberto Suárez (Mendoza Today), secundado por Terán, de La Capital, mientras que la de Propiedad Intelectual será presidida por Garazzi, de Hola Argentina, con Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe) como vicepresidente.
Por su parte, la Comisión de Socios quedó en manos de Dillenberger, de Imagen, con Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza) como vicepresidente, y la de Difusión será presidida por Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos).
La Comisión Revisora de Cuentas quedó integrada por Gaíta, Sergio Ducca y Garazzi como titulares, y Gargatagli como suplente.
Entretanto, Carlos Laplacette estará a cargo del servicio de orientación legal en libertad de prensa, y Nicolás Novoa, en el servicio de orientación legal en propiedad intelectual, mientras que Ducca será titular del servicio de orientación tributaria.
Finalmente, D’Alessandro continúa como director ejecutivo de ADEPA y Gabriel Matijas como gerente general.
El foro anual en el que se renovaron las autoridades de ADEPA se realizó en el Hotel Sheraton de San Miguel de Tucumán y tuvo, entre sus principales actividades, un encuentro entre Joaquín Morales Solá, columnista de , y Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín; capacitaciones vinculadas al impacto de la Inteligencia Artificial (IA) sobre la industria periodística; y la presentación del informe sobre la situación de la libertad de prensa en el país.
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La expareja de Fernando Cerimedo, Nadia Beller, declarará ante el fiscal Franco Picardi el 23 de septiembre como testigo en la causa donde se investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Días atrás, el fiscal había librado un exhorto a Bolivia para citar a Beller por sus dichos en entrevistas periodísticas en los que había deslizado que sabía, entre otras cosas, quién había filtrado los audios atribuidos a Diego Spagnuolo que dieron origen a la causa.
La medida suma un nuevo capítulo a la investigación en la que ya declaró Cerimedo, expareja de Beller y exasesor de La Libertad Avanza, actualmente detenido en Bolivia en el marco de una causa por el intento de femicidio de la abogada.
Cerimedo ya había declarado como testigo ante Picardi en septiembre de 2025. En aquella oportunidad, aseguró que el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le había hablado de un supuesto esquema de retornos en las compras de medicamentos.
Según su testimonio, Spagnuolo también le habría contado que había puesto al tanto al presidente Javier Milei sobre esa situación durante una conversación en la Quinta de Olivos. Cerimedo además mencionó a Eduardo “Lule” Menem al reconstruir el supuesto circuito de las coimas.
Leé también: Un fiscal pidió que la exnovia de Fernando Cerimedo declare como testigo en la causa ANDIS
Ahora, Picardi busca incorporar también la declaración de Beller, quien quedó vinculada públicamente con el expediente a partir de los planteos realizados por la defensa de Spagnuolo durante la discusión sobre el peritaje de los audios.
El abogado Mauricio D’Alessandro había mencionado declaraciones de Beller sobre el origen de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo. Según la versión expuesta por la defensa, Cerimedo le habría hablado a su entonces pareja de una supuesta tarea de inteligencia vinculada con la filtración de esos registros.
La defensa de Spagnuolo utilizó esos dichos para respaldar su planteo de que los audios podrían haber sido manipulados. La Justicia, sin embargo, avanzó con el peritaje del material para determinar su origen y autenticidad.
El juez federal Ariel Lijo rechazó esta semana un pedido de Spagnuolo para suspender el análisis de las grabaciones. Gendarmería continúa trabajando sobre los archivos para establecer si tuvieron cortes, ediciones o algún tipo de manipulación posterior, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.
La fiscalía sostiene que la investigación no depende únicamente de los audios y que existen otros elementos incorporados al expediente, entre ellos documentación, teléfonos secuestrados y resultados de distintos allanamientos.
Beller y Cerimedo, involucrados en otras causas
Según pudo saber TN, la declaración de Beller ante Picardi se producirá mientras permanece en Bolivia, donde sufrió un ataque a tiros el 17 de agosto. La abogada recibió tres disparos y estuvo cinco días internada.
Por ese hecho, la Justicia boliviana ordenó la prisión preventiva de Cerimedo por 180 días mientras avanza la investigación por el presunto intento de femicidio. El consultor político negó haber participado del ataque o haber contratado a otras personas para asesinar a su expareja.
Beller, por su parte, afirmó que teme que vuelvan a atacarla y sostuvo que el atentado tuvo motivos políticos. Después de recibir el alta médica, permaneció bajo medidas de seguridad. Las acusaciones contra Cerimedo fueron rechazadas por el detenido.
En paralelo, Beller había sido citada a declarar en otra causa judicial, en este caso por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo. El 26 de agosto suspendió esa declaración y pidió ser incorporada al régimen de testigos protegidos por temor por su seguridad.
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USHUAIA . – Los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, visitaron este viernes el lugar donde se instalará la futura Base Naval Integrada, en Ushuaia, Tierra del Fuego.
Tras el arribo, alrededor de las 11, se dirigieron a la Casa de Gobierno provincial, donde mantuvieron un encuentro con el gobernador Gustavo Melella, un aliado del kirchnerismo, y la vicegobernadora Mónica Urquiza.
Los mandatarios provinciales “mostraron toda la predisposición para ayudar en el proyecto de la Base Naval Integrada”, remarcó Quirno.
El canciller consideró que “una de las cuestiones más importantes es cómo traemos los servicios al sector”, en referencia a la electricidad, el gas y la conexión digital de la base.
Quirno dijo que el gobernador Melella puntualizó que “no van a sumar financiamiento ni recursos para la obra”.
En abril de 2024, el presidente Javier Milei viajó a Ushuaia para reunirse con la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y Melella rechazó sumarse.
“El llamado del presidente a ponernos todos detrás de la Causa Malvinas creo que colaboró muchísimo a tener el excelente diálogo que tenemos hoy”, aseguró.
Las palabras del gobernador
Tras la reunión, el gobernador fueguino también destacó el encuentro y habló sobre “la importancia que tiene para la provincia la reactivación del proyecto de la Base Naval Integrada”.
“Hace cuarenta años se viene hablando de la Base Naval Integrada, del Polo Logístico Antártico y de la Base Petrel, que también veníamos empujando, incluso con el gobierno nacional anterior”, recordó.
Gustavo Melella destacó la importancia de que la Argentina tome un “posicionamiento firme en el Atlántico Sur”, y remarcó que “nuestra provincia tiene un lugar geopolítico estratégico único que el mundo mira. Si uno ve cómo avanza Chile, cómo avanza Gran Bretaña, con todo respeto, la Argentina no se puede quedar atrás”.
Melella afirmó que “más allá de que uno tenga diferencias políticas e ideológicas en algunas cuestiones, en este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo. Son decisiones concretas y herramientas muy importantes para la defensa de la soberanía”.
La presencia de los funcionarios nacionales había sido definida durante la reunión de la mesa política del Gobierno realizada el pasado martes en Casa Rosada, en la que Presti presentó los avances del proyecto de infraestructura militar y logística previsto para la provincia, mientras que Quirno expuso junto al titular de Defensa los principales lineamientos de la política oficial vinculada con la soberanía y la cuestión Malvinas.
Los anuncios para la Base Naval
Posteriormente, los funcionarios se trasladaron al predio de la Base Naval Integrada, donde participaron de una exposición a cargo de la Armada Argentina en la que se presentó el proyecto, informó Presidencia en un comunicado.
La Base Naval Integrada está proyectada como un “polo logístico y operativo estratégico para el Atlántico Sur y como apoyo a la proyección argentina hacia la Antártida”.
La iniciativa contempla, además, funciones vinculadas al desarrollo de actividades científicas en la región.
Sol Agusti,Conforme a
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