Los lunes de mayo vienen bravos para el Gobierno. La semana pasada fue el día en que el contratista Matías Tabar declaró haber realizado refacciones en la casa de Manuel Adorni por US$245.000 y desbarató la estrategia oficial que buscaba dar por superado el escándalo. En la semana que termina, fue el día en el que se anunció el recorte presupuestario más importante desde el primer año de la gestión de Javier Milei, por un valor de casi $2,5 billones. Esa decisión administrativa fue firmada por el ministro Luis Caputo, y también por Adorni. Dos postales que parecen jugar como un espejo de contrastes.

El duro ajuste había sido anticipado hace más de un mes por Caputo a todo el gabinete, al que le había pedido proponer recortes equivalentes al 20% de los gastos corrientes y el 2% de los gastos de capital. Algunos ministros habían hecho prolijamente su tarea, otros fueron mucho más elusivos al momento de imponerse restricciones. Pero cuando llegó el momento del hachazo, esas propuestas quedaron desdibujadas y varios funcionarios vieron cómo les detonaban partidas que explícitamente habían pedido sostener, mientras aumentaban otras que se podían resignar.

“Nosotros habíamos pasado una propuesta que no se condijo con el resultado final. Lo terminó haciendo la burocracia del Ministerio de Economía con criterios que no entendimos bien. Vino el recorte empaquetado”, se quejaron en una de las carteras más afectadas. La interpretación fue la misma en la mayoría de las dependencias.

El otro dato que generó malestar interno fue la oportunidad del anuncio, justo en el día previo a la marcha universitaria. Si bien tenía toda la apariencia de tratarse de una provocación, una reacción que Milei muchas veces estimula, en realidad fue producto de la falta de una planificación articulada. En el Gobierno admiten que no hubo una intencionalidad con el timing tan inoportuno, sino que simplemente ese día estuvo lista la decisión administrativa y se publicó en el Boletín Oficial. Lo expresan con el reconocimiento de que fue un error. Es decir que no hubo una evaluación respecto del efecto que provocaría en la previa a la manifestación más convocante en lo que va del año, aunque muy lejos de la primera marcha universitaria de 2025.

Volvieron a emerger allí las carencias en el planteo estratégico de la comunicación, un activo libertario en sus primeros años de gestión, hoy en una fase errática tras la retracción de Santiago Caputo. También sucedió el jueves en Mendoza, con la presentación del primer proyecto concretado bajo el formato RIGI. Era una verdadera oportunidad para exhibir un logro muy concreto con la apertura de un parque de energía solar, pero todo terminó diluido por una serie de infortunios.

El máximo representante del Gobierno fue Adorni, quien se transformó en una suerte de luna errante que eclipsa todo a su paso. Llegó allí para inaugurar un proyecto al que le pusieron de nombre “El Quemado”, lo que parecía una ingrata ironía del destino. Toto Caputo había anunciado su presencia, pero finalmente no fue por otras obligaciones, según la explicación oficial que trató de aventar suspicacias (además, ya le había puesto el cuerpo a la fallida conferencia de prensa con Adorni y Alejandra Monteoliva la semana anterior). Cuando iba a empezar a hablar, el jefe de Gabinete debió esperar hasta que le acercaran el discurso escrito demostrando que hoy no está en condiciones de desviarse del libreto ni unos instantes. Todo conspiró para quitarle brillo a un evento naturalmente positivo para el Gobierno. Este tipo de episodios se han vuelto cada vez más frecuentes.

La fuerte poda presupuestaria es consecuencia de un déficit que está exhibiendo el programa económico, que es la caída por nueve meses consecutivos de la recaudación, con un especial retroceso en el primer trimestre de este año. Si bien inciden en ese indicador las reducciones y eliminaciones impositivas, la principal explicación tiene que ver con la merma en la actividad y el consumo.

El Gobierno demostró en su decisión una fortaleza y una debilidad, porque por un lado exhibe su convicción férrea en el equilibrio fiscal como herramienta de contención inflacionaria y estabilización macroeconómica; pero por el otro lado, expone como solución una alternativa socialmente dolorosa que tiene limitaciones.

Como señala el exministro de Economía Hernán Lacunza, “el plan original del Gobierno incluyó una estrategia fiscal muy audaz que tuvo grandes resultados en materia de desaceleración inflacionaria. Pero en ese plano no hay mucho más para hacer porque en este contexto va a ser más recesivo”. La motosierra del primer año, después del desmanejo fiscal de la última administración peronista, era inevitable; pero en un tercer año de mandato, ya es más difícil de aplicar sin generar efectos muy adversos en el funcionamiento del Estado.

Esta semana han quedado bajo el filo del hacha fiscal partidas de altísima sensibilidad social, desde el Plan Nacional de Alfabetización hasta programas de prevención contra el cáncer. En otro contexto histórico de la Argentina se hubiera producido una revuelta popular por mucho menos. Pero Milei disfruta todavía de una paciencia social inédita, germinada con las frustraciones anteriores. Aunque tampoco es aconsejable tocarle tanto los bigotes al león. Sólo basta mirar la compleja situación que enfrenta el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, o su colega de Chile, José Antonio Kast, dos exponentes de la derecha que recién atraviesan su primer semestre en el poder.

En el ala más política del Gobierno reconocen que la aplicación completa del ajuste anunciado va a ser indigerible si no hay señales de recuperación de la actividad en el corto plazo. Es decir, si el recorte no tiene un horizonte favorable va a ser muy complejo de ejecutar. Desde el desierto debe avizorarse un oasis para soportar la sed. “Todos entendemos que la economía se va a acomodar, sino en unos meses vamos a estar discutiendo otra cosa”, admite uno de los funcionarios que gravitan en la Casa Rosada.

Y en este sentido mayo parece aportar los primeros indicios de que el Gobierno podría estar saliendo de la etapa más dura. No para dar paso a un repunte económico impetuoso, pero sí al menos para volver a disfrutar del discreto encanto de la medianía.

El dato más potente fue el retroceso de la inflación al 2,6%, después de diez meses al alza, un quiebre tan importante para la economía como para el relato oficial. Sin inflación a la baja no hay posibilidad de acomodar las otras variables. Es probable que este mes también se produzca un leve descenso adicional en los precios y refuerce el cambio de tendencia, aunque deberá absorber el nuevo aumento del transporte y de los combustibles.

Otro indicador importante, según las estimaciones preliminares que siguen en el Gobierno, lo compone la recaudación de las primeras dos semanas de mayo, que subió 11% respecto de igual período de abril. Esto estaría marcando una salida del pozo de meses con fuertes retrocesos y un indicador de mejora en la actividad económica.

También la Secretaría de Trabajo difundió números de empleo de febrero con algún mínimo aliciente. Si se contempla el retroceso general de los últimos dos años, parece haber un límite en la caída, ya que en ese mes el empleo registrado sumó 11.600 puestos en comparación con enero, especialmente por el desempeño del sector público (+0,2%), el trabajo en casas particulares (+0,4%) y los independientes (+0,1%). El número de asalariados privados se mantuvo sin alteraciones.

Tanto el retroceso de la inflación, como cierto repunte de la recaudación y los datos del mercado laboral parecen dar cuenta de que la curva descendente de la economía real puede haber encontrado un piso. La gran duda es si el giro alcanzará sólo para acotar pérdidas o si habilita a la ilusión de un despegue. ¿La baja de la inflación es para regresar al 2% que estaba meses atrás o la dinámica permitirá perforar en algún momento la roca del 1%? ¿La actividad económica sólo deja de caer o está en camino de una reactivación vigorosa? Alguna recuperación de poder adquisitivo del salario parece indispensable para que estas dinámicas tengan solidez más allá de la estadística.

Esta coyuntura económica es absolutamente decisiva para el proyecto libertario. El Gobierno requiere encarrilar las variables cuanto antes para evitar que el clima electoral empiece a distorsionar las perspectivas. Milei necesita consolidar sus logros para demostrar que no representa una mera transición después de la implosión del viejo régimen político bicoalicionista. Que no se trata sólo de un ordenador de la macroeconomía sino también de un constructor de prosperidad. Todo eso está en juego en este tenso tránsito de otoño.

En el recorte presupuestario anunciado esta semana hay una línea afectada particularmente: la de la relación con las provincias. En términos proporcionales el área perjudicada con la mayor poda fue el Ministerio del Interior, que sufrió un recorte del 38,4%. En la información que circuló entre los gobernadores calcularon que las transferencias corrientes a las provincias se reducirán en más de $1,3 billones, ya que no sólo comprende las partidas de ese ministerio, sino también planes de Salud y de Educación. Por ejemplo, en la cartera que conduce Mario Lugones, de los $63.000 millones de ajuste, $20.000 millones afectan programas con las provincias.

Estas cuentas parecen exponer una incongruencia conceptual del ministro Caputo. Hace más de un mes había planteado en la mesa política que había que avanzar rápidamente hacia un acuerdo amplio con una decena de gobernadores para dar señales de gobernabilidad y estabilidad que facilitaran el progreso del programa económico. Sin embargo ahora pareció ir en un sentido opuesto al limitar fuertemente las posibles armas de seducción a esos señores (hoy no hay mujeres al frente de las provincias) que sólo entienden la lógica de la contraprestación material. Al mismo tiempo, reinstaló una sensación entre los mandatarios aliados de que a la hora de pagar los costos, a Economía le da lo mismo los socios que los opositores férreos.

Diego Santilli tiene una dura tarea por delante para mantener el acompañamiento de un grupo gravitante de gobernadores, pero con un kit de herramientas mucho más acotado. Habló con varios de ellos para llevar tranquilidad y transmitirles la promesa de que mantendrán algunas obras por vías alternativas. Los ministros del Interior deben ser siempre hábiles en las artes de la prestidigitación.

Si las partidas provinciales fueron las que más recortes sufrieron, en el otro extremo quedaron los fondos para la Justicia, los únicos que se vieron incrementados si se computa la distribución por áreas. El ministerio que conduce Juan Bautista Mahiques se benefició con una suba del 16,9%, mientras que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, los órganos que preside Horacio Rosatti, consiguieron una mejora del 3,1%. Es el circuito por donde hoy circula el verdadero poder judicial.

Curiosamente, Mahiques también se ha transformado en un actor clave en la relación con las provincias, porque está en pleno proceso de envío de pliegos de jueces al Senado, muchos de ellos del interior que son reclamados por los gobernadores. Y son tantos los lugares a cubrir, que el ministro se muestra muy ecuménico, como para darles gratificaciones a los mandatarios provinciales. Por ejemplo, de los últimos 45 pliegos que envió esta semana hay 16 del interior. El mensaje encubierto a los gobernadores parecería ser “jueces sí, plata no”.

En esos nombramientos también hubo varias señales a la familia judicial, como las designaciones propuestas para el hijo de Rosatti, la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el secretario histórico del juez Ariel Lijo, entre otros. Pero ninguna tan potente como la extensión lograda esta semana en el Senado para el padre del propio Mahiques, quien logró un aval mayúsculo para quedarse como camarista hasta los 80 años.

Esa votación del jueves a la noche en el Senado fue verdaderamente importante por tres razones. Primero, porque exhibió como nunca un angostamiento del kirchnerismo, que sólo reunió 11 votos en contra de la continuidad del camarista, a pesar de que representa todo lo que el rechazan en materia judicial: el macrismo, Lago Escondido, el “lawfare”. Quedó en evidencia una fractura política que se venía abriendo con la pérdida de poder interno de Cristina Kirchner.

En segundo término, exhibió un aval implícito a los movimientos de Mahiques hijo, ya que su padre reunió 58 votos a favor, 10 más que los dos tercios. Este número genera ilusiones en el Ministerio de Justicia respecto de la posibilidad de retomar las negociaciones para completar la Corte Suprema, sin necesidad de abrir un diálogo con el kirchnerismo residual.

Pese a ese ímpetu, Mahiques sufrió en paralelo un duro revés, cuando los hermanos Milei le frenaron las designaciones de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, sus dos postulantes para la Cámara en lo Penal Económico, el tribunal encargado de revisar las causas por presunta evasión y lavado de dinero que involucran a la AFA. El motivo: ser muy cercanos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Pudieron haber influido las críticas de Santiago Caputo. En la misma jugada quedaron en suspenso las candidaturas de Juan Manuel Mejuto (por su presunta afinidad kirchnerista) y María Veronica Michelli (supuestamente por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon).

Y por último, la votación del pliego de Carlos Mahiques en el Senado demostró que el oficialismo todavía no perdió el control total del Congreso, que mantiene instrumental para al menos dar pelea. Puede ganar algunas batallas (como por ejemplo para frenar el pedido de interpelación a Adorni en Diputados) y perder otras (el intento por eliminar las PASO), pero está a tiempo de recuperar alguna dinámica que lo acerque el paso triunfal del que gozó durante las sesiones extraordinarias del verano.

Mayo es un mes decisivo para el Gobierno en su objetivo de acomodar expectativas antes del Mundial. El problema es que mañana es lunes.