La relación entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), estalló por los aires durante la semana pasada y ambas dirigentes entraron ahora en una guerra política sin cuartel de final abierto y con consecuencias que nadie se anima a predecir.

La pelea escaló a tal punto que en las últimas horas del viernes Mario “Pato” Russo, el principal asesor político de la vicepresidenta, fue denunciado por amenazas ante la justicia por Cristian Larsen, secretario parlamentario del bloque oficialista y miembro del círculo de colaboradores más cercanos de la senadora libertaria.

La denuncia quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que dispuso que se le implante una custodia a Larsen durante un mes y mientras desarrolle sus funciones en el palacio legislativo. El magistrado es quien tiene a su cargo la causa por supuesta estafa con la criptomoneda $LIBRA y tomó la polémica decisión de apartar a los querellantes del expediente pocos días después de que su esposa, Ana María Juan, recibiera el acuerdo del Senado para ser jueza federal de Hurlingham.

La relación entre Villarruel y Bullrich nunca fue buena, sobre todo desde que la presidenta del Senado fue declarada enemiga pública del Gobierno por el propio Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras algunas declaraciones de alto voltaje por parte de Bullrich contra Villarruel previo a la llegada de la exministra al Senado, la tensión menguó luego de algunos encuentros cara a cara que terminaron dejando en claro que nunca serían amigas, pero que sí podían establecer un pacto de convivencia pacífica en el Senado en tren de impulsar los proyectos oficialistas.

Sin embargo, volvieron a rugir los cañones de guerra cuando, la misma tarde en la que la Argentina le ganó a Inglaterra y se clasificó para la final del Mundial de Fútbol, se filtraron a la prensa los detalles de un fuerte cruce de opiniones sostenido entre ambas mujeres con el proyecto de ley de extranjerización de tierras como telón de fondo.

A Villarruel no le queda ninguna duda de que fue Bullrich quien filtró con pelos y señales la conversación, en una maniobra que la tomó por sorpresa y que califica de baja estofa.

Para la vicepresidenta, la jugada implicó una ruptura de la confianza de tal magnitud que marcará un antes y un después de su relación con la senadora. Por lo pronto, el diálogo quedó absolutamente cortado tras la escandalosa difusión del diálogo privado.

Del lado de la jefa de la bancada libertaria negaron ser los responsables de que el diálogo llegara a la prensa, pero reconocieron que la conversación, completa y sin edición alguna, fue divulgada en un chat con senadores del bloque de La Libertad Avanza.

“Hacer eso y entregárselo a los periodistas es casi lo mismo”, reconoció un senador oficialista que conoce la afición de algunos de sus compañeros de bloque por congraciarse con el periodismo.

Como contrapartida, el mismo legislador se quejó por la insistencia con la que Villarruel se preocupó por argumentar en contra del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, enviándole a los senadores mensajes con fuertes críticas al Gobierno.

Molesta, Villarruel acusó a Bullrich por el incidente en una de sus ya características respuestas a una crítica a su persona en la red social X. “Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, sentenció.

Al día siguiente, vino la respuesta de Bullrich. “Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”, se pronunció la senadora en clara alusión a la postura cada vez más opositora adoptada por Villarruel.

Chispazos previos

La tensión entre ambas dirigentes venía aumentando en los últimos días, aunque se mantenía en sordina, como consecuencia de algunas decisiones adoptadas por Villarruel que Bullrich consideraba intencionales y con el fin de provocar daño al oficialismo.

Uno de los temas que generó cortocircuitos fue la demora de la vicepresidenta en definir cuáles serían las comisiones que intervendrán en el debate del proyecto de ley de Super RIGI, una de las tantas prioridades legislativas de la Casa Rosada.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de junio. La vicepresidenta recién decidió el lunes de la semana pasada el giro a las comisiones de Presupuesto, de Economía Nacional y de Legislación General del texto que, sostiene el Gobierno, ayudará a generar inversiones.

Otro foco de tensión fue el enojo que generó, ya no solo en el oficialismo, la decisión de la vicepresidenta de ponerle un punto final a la costumbre adoptada por los bloques de reemplazar a los miembros de comisión con el único fin de garantizar que tengan quórum. La práctica viola el Reglamento de la Cámara, que establece que los senadores duran en las comisiones por el término de dos años.

El kirchnerismo hizo de esta práctica algo común y todos los oficialismos la han mantenido a lo largo de la última década sin sonrojarse. Lo que comenzó como una excepción, para reemplazar a un legislador con problemas de salud o que por algún imponderable no podía llegar a la Cámara alta, terminó convirtiéndose en la norma para que las comisiones siempre tengan quórum y los senadores puedan faltar a su responsabilidad sin costo alguno; total, siempre hay un compañero a mano para reemplazarlo.

Tras varias semanas en las que se llegaron a redactar decretos con cinco y hasta seis cambios en una comisión de 17 integrantes, la vicepresidenta decidió tomar el toro por las astas y anunció que no iba a firmar más reemplazos.

Esto provocó la queja de varios senadores, que pretendían recuperar los lugares que habían perdido. Le jefa del bloque libertario tuvo a su cargo trasladar la molestia y logró, en una reunión celebrada hace diez días atrás, que Villarruel se comprometiera a firmar un decreto restableciendo las comisiones a su integración inicial. Fue la última vez que Bullrich y Villarruel se pusieron de acuerdo en algo. El ultimo miércoles, ese equilibrio estallo por los aires.

El informe sobre el patrimonio de Manuel Adorni que recibió este viernes el fiscal Gerardo Pollicita confirmó el rumbo del caso por presunto enriquecimiento ilícito y afianzó las sospechas sobre los agujeros en los números del exjefe de Gabinete.

Pero también arrojó una “sorpresa”. El trabajo, elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero para las Investigaciones (DAFI), aportó nueva información sobre el exfuncionario en el rubro de las criptomonedas, un área borrosa de su patrimonio y un tema siempre sensible para el Gobierno por el impacto del caso $LIBRA.

La pista de las criptomonedas ya existía en la investigación. Fue un capítulo que se abrió cuando llegaron las primeras respuestas de los plataformas digitales revelando operaciones que no estaban todavía bajo la lupa judicial.

Se manejó siempre bajo un extremo hermetismo. Los investigadores del caso dibujaron una red que conecta cuentas que pertenecen o que entraron en contacto con las de Adorni, por las cuales se habrían movido alrededor de 100.000 dólares, según una fuente que la vio.

Pero ahora, con el nuevo informe de la DAFI, ese mapa virtual se amplió.

Por eso, cuando la actividad en Comodoro Py se reanude tras la feria de invierno, dentro de dos semanas, y el fiscal le exija a Adorni las primeras explicaciones en el terreno judicial, habrá un capítulo especial dedicado al dinero digital, sobre el cual el exfuncionario deberá rendir cuentas para evitar ser llamado a indagatoria.

El informe que llegó ayer a la fiscalía es una pieza clave en el recorrido de la causa. Es una suerte de traducción contable de todo lo que los investigadores recabaron en el expediente.

Contempla consumos, escrituras, remodelaciones, facturas, viajes, movimientos bancarios, préstamos y gastos realizados en efectivo, entre otros elementos que fueron incorporados durante los últimos meses.

La tarea de la DAFI consistió en ordenar esa información, cruzarla con los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y establecer si la evolución de sus bienes y su nivel de gastos podían sostenerse con los ingresos acreditados.

Pollicita fue ajustando las pautas de trabajo con la DAFI y pidiendo que se incorporaran las nuevas respuestas que llegaban al expediente. Así, el informe también alcanzó la información que remitieron dos plataformas de criptomonedas, Binance y Lemon, en las cuales Adorni tenía cuentas, según reconoció el propio funcionario cuando corrigió de manera retroactiva sus declaraciones juradas en medio de la investigación que revisaba sus números.

En la entrevista con LN+ luego de haber realizado esas modificaciones, el entonces jefe de Gabinete sostuvo que el principal cambio en esos registros públicos había sido la inclusión de alrededor de “500.000 dólares”, de los cuales 200.000 se correspondían con un ahorro no declarado y 300.000, con la ganancia obtenida a partir de una apuesta temprana por Bitcoin, el activo de referencia del mercado de criptomonedas y uno de los que más se valorizó durante la última década.

El correlato de aquella explicación en la declaración jurada fue la aparición de 565.000 dólares al inicio del período 2023, consignados bajo el rótulo “venta de activos”. De la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción no surge que esos fondos se correspondan con la venta de Bitcoin.

Adorni sí especificó tres posiciones en criptoactivos al cierre de ese mismo año: una por 11.019 dólares, otra por 2605 y otra por 1069. Es decir, un total de 14.695 dólares en moneda digital que, al tipo de cambio de la AFIP utilizado en la declaración jurada -$805,45-, equivalían a $11.836.386.

La evolución

Al cierre del período 2024, el rubro de las monedas digitales desaparece por completo de la lista de bienes declarados.

En las declaraciones juradas, el punto central que explica en parte los consumos del exfuncionario son los los 565.000 dólares por “venta de activos” que incorporó en la declaración correspondiente a 2023 y le permitieron restituir, al menos en los números, el equilibrio perdido en la ecuación ingresos y egresos.

Las respectivas fotos de las declaraciones juradas correspondientes a 2024 y 2025 muestran que ese efectivo se fue reduciendo año a año. Al finalizar su primer año en la gestión pública, los 565.000 dólares se convirtieron en 513.000. Durante 2024, esa tenencia cayó hasta los 388.961 dólares.

En 2025, el monto se achicó una vez más y quedó en 209.961 dólares. Es decir que, de acuerdo a lo que reflejan sus propias declaraciones, Adorni podría haber usado 355.038 de los 565.000 dólares que había incorporado en la rectificación correspondiente a 2023.