POLITICA
Victoria Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno y cuestionó la compra de un avión
En otro acto que refleja las diferencias internas, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó la decisión del Gobierno nacional de comprar un avión para la Fuerza Aérea a través de una operación ejecutiva por el Ministerio de Defensa y señalada por presuntas irregularidades, sobreprecios y falta de transparencia. A través de su cuenta de X, Villarruel tomó distancia y criticó además los desmanejos en la obra social del personal militar y los sueldos bajos del sector.
“Gravísimo, varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?“, se preguntó en un mensaje que respondió una nota de Clarín que informaba las irregularidades del caso.
Los señalamientos de la titular del Senado son contra el ministro de Defensa, Carlos Presti, pero alcanzan además al presidente Javier Milei con el que cortó vínculo desde hace meses y quien la señaló en varias oportunidades como “traidora”.
Lo cierto es que el nuevo contrapunto marcado por Villarruel tuvo lugar luego de que se conociera la investigación periodística que detectó irregularidades en la compra de un Embraer ERJ-140LR. La investigación plantea que la aeronave, que se encuentra en malas condiciones, costó US$4.085.000 mientras que la cotización de otros modelos similares rondaban en US$2.300.000.
Asimismo, consigna que el presupuesto había sido de 3,9 millones de dólares, apenas por debajo del límite que obliga a la fuerza a requerir la autorización de la cartera, y precisa además que el proceso estuvo marcado por irregularidades, plazos exprés y acciones que apuntaban a favorecer a un único proveedor. No es la primera compra observada, desde el 2021 se detectaron anomalías en otras cuatro adquisiciones: un Boeing 737-700 (matrícula T-99), un Saab SF-340 (matrícula T-34) y dos Embraer ERJ-140LR (matrículas T-95 y T-96).
Por su parte, el exministro Luis Petri también se expidió sobre el tema y garantizó que denunció el hecho a finales del año pasado. “Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy”, planteó desde su cuenta de X, y sumó: “Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa”.
Tras el desmarque de la titular del Senado, varios usuarios cuestionaron sus dichos y reclamaron que radique la denuncia por las irregularidades del caso en la justicia. “Todas cuentas con pocos usuarios. Nunca pensé que iban a defender lo indefendible. Nada más casta que eso”, arremetió.
Hace algunos días, la Vicepresidenta acusó a Petri de haber tenido un “paso fraudulento” por el ministerio que originalmente el mandatario le había prometido que manejaría, cuando todavía eran fórmula presidencial. Además, lo responsabilizó por el deterioro salarial que padecen los efectivos de las Fuerzas Armadas y el deterioro de IOSFA, la obra social del sector.
“El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la obra social que atiende a los militares y sus familias”, supo expedirse también en X.
Como contó este medio, la Obra Social de las Fuerzas Armadas no solo registra una compleja situación financiera sino que, además, desde hace una semana cuenta con un nuevo titular luego de que Sergio Maldonado presentara la renuncia.
Actualmente, el designado fue el General de Brigada, Pablo Guillermo Plaza, cambio que se encuentra formalizado en las disposiciones del DNU N° 88/26, que dividió la obra social en dos: por un lado, las prestaciones al personal de seguridad, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, y por el otro, las del personal militar que responde a la cartera que lidera Presti.
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POLITICA
Malvinas: el Reino Unido rechazó el arbitraje que pide Argentina para frenar Sea Lion y advirtió que la ofensiva afecta la relación bilateral
El gobierno británico rechazó hoy la decisión de Argentina de impulsar un pedido de arbitraje internacional para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Además, advirtió que la iniciativa de la administración de Javier Milei “plantea interrogantes” sobre la confiabilidad del país como socio del Reino Unido.
La respuesta fue difundida por Uma Kumaran, ministra del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, después de que Buenos Aires notificara a Londres el inicio del procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El planteo argentino apunta al desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte.
“Las Falklands (Malvinas) son británicas. Siempre defenderemos el derecho de autodeterminación de los isleños”, escribió Kumaran en su cuenta de X antes de difundir una declaración formal del gobierno británico.
El comunicado es la respuesta más directa de Londres desde que la Argentina anunció el nuevo paso jurídico. La posición británica mantiene el respaldo al desarrollo petrolero alrededor de las islas y rechaza los argumentos de Buenos Aires sobre la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía está en disputa.
Londres cuestionó el arbitraje y defendió la explotación de recursos naturales
“La decisión de Argentina de iniciar un arbitraje contra el Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Falklands (Malvinas)”, sostuvo Kumaran.
La funcionaria afirmó que los isleños “han elegido libre y democráticamente su futuro” y aseguró que tienen “todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes”.
El Gobierno británico sostuvo, además, que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas están reguladas por su legislación local y se realizan “en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la UNCLOS”, la sigla en inglés de la CONVEMAR.
La discusión anticipa uno de los ejes del conflicto. La Argentina considera que la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte afecta sus derechos soberanos, en el marco de una disputa reconocida por las Naciones Unidas. Londres, en cambio, vincula la administración de esos recursos con el principio de autodeterminación de los isleños.
El Gobierno británico llevó la disputa al terreno de la relación bilateral
La declaración incluyó un mensaje dirigido a la relación entre ambos países. Kumaran reveló que esta semana Londres transmitió su postura directamente al embajador argentino en el Reino Unido.
“Esta semana dejamos claro al embajador de Argentina en el Reino Unido que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Falklands (Malvinas) no son actos de un compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”, afirmó.
La ministra añadió que “tal comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”. La frase trasladó la controversia más allá del expediente por Sea Lion y la situó en el plano de la relación bilateral.
Kumaran cerró la declaración con una reafirmación del respaldo de Londres a las autoridades isleñas. “El Reino Unido continuará apoyando hombro con hombro al Gobierno de las Falklands (Malvinas) y a los isleños. Defenderemos con firmeza sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro”, expresó.
La postura coincide con declaraciones previas de la funcionaria. El 18 de septiembre, el Foreign Office sostuvo que los isleños tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales “como consideren conveniente” y calificó de “inaceptables” las acciones argentinas contra empresas y personas vinculadas con actividades económicas en las islas.
La Argentina busca una medida provisional antes de que avance el arbitraje
La nueva reacción se produjo después de que el Gobierno de Milei resolviera llevar la disputa por Sea Lion a una instancia internacional. La Oficina del Presidente informó que el mandatario instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR.
El Ejecutivo intimó al Reino Unido a que adopte, en el plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas. Milei sintetizó la decisión en X: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina ya notificó formalmente a Londres. El objetivo inmediato no es aguardar la resolución de fondo, que puede extenderse durante años, sino solicitar una medida provisional ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el avance del proyecto mientras se constituye el tribunal arbitral.
La Casa Rosada sostiene que la explotación de hidrocarburos supone el uso irreversible de recursos no renovables. Ese argumento será central para fundamentar la urgencia de una eventual cautelar. El Reino Unido respondió que las actividades son legítimas, están amparadas por la legislación isleña y cumplen con la misma convención que invoca la Argentina.
Sea Lion ya tiene decisión de inversión y prevé producir petróleo desde 2028
Sea Lion dejó de ser un proyecto exploratorio. Navitas Petroleum, operadora del desarrollo, posee el 65 % de participación, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35 %. Las compañías adoptaron la decisión final de inversión y prevén que la primera producción comience en 2028.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Su primera etapa contempla perforaciones submarinas y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Navitas es una compañía de origen israelí y Rockhopper, una petrolera británica.
La controversia tendrá un plano político y diplomático, con la histórica reivindicación argentina de soberanía frente a la defensa británica de la autodeterminación, y otro jurídico. En este último, deberá definirse hasta dónde puede intervenir el sistema de solución de controversias de la CONVEMAR ante actividades hidrocarburíferas en espacios marítimos vinculados con una disputa de soberanía.
La Argentina invoca resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la controversia y llaman a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución negociada. Londres rechaza esa lectura y sostiene que la explotación de recursos integra el derecho de autodeterminación de los isleños.
Si el Reino Unido mantiene su postura una vez vencido el plazo fijado por el Gobierno argentino, Buenos Aires buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dicte una medida provisional que detenga o condicione el avance de Sea Lion mientras sigue el arbitraje.
POLITICA
Máximo Kirchner fue demorado en un puesto limítrofe de San Luis porque su vehículo tenía pedido de captura
El diputado nacional Máximo Kirchner (Partido Justicialista) fue demorado en el puesto limítrofe de la localidad de Justo Daract, en el ingreso a la provincia de San Luis, por circular en un vehículo marca Honda que figuraba con pedido de secuestro en el marco de la causa Hotesur, en la que está procesado y próximo a ir a juicio. Debió aguardar a la vera de la ruta 7 más de dos horas, hasta que lo dejaron continuar viaje, a bordo del mismo vehículo, camino a San Juan, donde realizará actividades políticas.
Según consta en el primer parte de la Policía de San Luis difundido tras el hecho, al que accedió , pasadas las 14 de este miércoles, Kirchner fue demorado luego de que “se activara el Anillo Digital Federal por un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal”.
El diputado viajaba por la ruta 7 a bordo de un Honda CR-V a su nombre, que figuraba en el oficio vinculado a la causa caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”. Se dirigía a la provincia de San Juan, donde mañana tiene previstas actividades políticas junto al senador y exgobernador de esa provincia Sergio Uñac.
La policía provincial informó, horas más tarde, que el diputado pudo continuar su trayecto a bordo del vehículo. “Se pone en conocimiento que, por disposición de la Justicia Federal, personal policial de Justo Daract, dio cumplimiento al requerimiento solicitado por la Justicia Federal del vehículo demorado, otorgando el mismo en carácter de depositario judicial a su propietario, quien continuó su trayecto”, se indicó en el parte, que se difundió horas después del primer comunicado policial que daba cuenta de la demora en la ruta.
“El procedimiento se llevó a cabo a partir de una alerta recibida a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) debido a que San Luis forma parte del Anillo Federal de Seguridad, el cual depende del Ministerio de Seguridad de la Nación”, se completó en el parte policial
El líder de La Cámpora difundió un comunicado en el que explicó lo sucedido. “Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros. Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema, en la ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata. En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez [Julián] Ercolini, de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo”, resumió el diputado.
“Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje”, completó Kirchner.
“Mientras rematan el país, la policía, la Justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan”, subrayó Máximo Kirchner.
en el marco de la causa Hotesur,Corrupción en Arsat: piden procesar a Facundo Leal por sobornos y el direccionamiento de contratos,Máximo Kirchner,San Luis,Conforme a
POLITICA
El Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina por la explotación en las islas Malvinas
Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas y calificó la acción como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.
“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
Para la funcionaria británica, la decisión del país de iniciar un arbitraje constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas”.
Además, aseguró que las actividades relacionadas con hidrocarburos en el territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”.
Por otro lado, indicó que esta semana el gobierno inglés le manifestó al canciller Pablo Quirno que “los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las Islas no constituyen actos de una relación internacional responsables”.
“Son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó.
Asimismo, ratificó que Reino Unido continuará estando “codo a codo” con el gobierno inglés de Malvinas y con sus habitantes. “Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro. Como ha dejado claro el primer ministro, nuestro apoyo es inquebrantable”, cerró.
El arbitraje que pidió el Gobierno
Mediante un comunicado, el Gobierno anunció el pasado lunes el inicio de una gestión para comenzar un arbitraje con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.
“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, afirmó.
En su cuenta personal de X, Milei compartió el mensaje y aseguró que si en dos semanas Reino Unido no frenaba la explotación ilegítima, el país iba a recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un órgano independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas.
Según su página oficial, el Tribunal está compuesto por 21 miembros “independientes”, elegidos entre personas de “reconocida reputación por su imparcialidad e integridad, y de competencia comprobada en el ámbito del derecho del mar” y cuenta con “jurisdicción sobre cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del convenio”.
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