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Zonas Frías: el gobierno nacional impulsa cambios al régimen de subsidios energéticos

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La Cámara de Diputados se prepara para debatir el próximo miércoles un proyecto impulsado por el oficialismo, que busca actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías y concentrar la asistencia en los hogares más vulnerables. La iniciativa recibió dictamen de mayoría y apunta a ordenar el financiamiento del sistema energético, enfocando los recursos en las regiones tradicionalmente beneficiadas y corrigiendo distorsiones que surgieron tras la ampliación del régimen en 2021.

El nuevo texto redefine el universo de la Zona Fría para circunscribirlo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, extiende el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas, contemplando la diversidad de modalidades de acceso a la energía en los territorios alcanzados. Sin embargo, quedarán fuera de la norma 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

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El proyecto establece que el beneficio quedará restringido a quienes figuren en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este padrón incluye a hogares con ingresos netos menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, quienes posean Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y familias con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

El debate será en la Cámara de Diputados (Photo by Tomas CUESTA / AFP).

El subsidio alcanza también a aquellas familias donde al menos un miembro cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este último caso, la Secretaría de Energía evaluará la necesidad de ayuda económica para el pago de servicios energéticos. Así se segmenta el acceso al subsidio tanto por criterios geográficos como socioeconómicos.

De esta manera, la reforma busca resolver las distorsiones generadas en 2021, cuando la extensión del régimen hizo que prácticamente la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas accedieran al beneficio, incluyendo a personas con alto poder adquisitivo. Esta situación llevó a una revisión del esquema de financiación para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

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En aquel entonces, y a través de la reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de zona fría a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares.

Durante el plenario de las Comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la Secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti expuso: “Nosotros creemos que los recursos económicos son escasos, que hay que utilizarlos en forma eficiente y justa, y que la forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía, en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita”.

La puna argentina es una de las regiones que contemplan los beneficios energéticos.

También añadió: “El subsidio de zona fría subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo. Esa es la primera injusticia que nosotros vemos en eso. Y, además, ¿cómo se financia? Se financia con un cargo que pagan todos los usuarios del país, o sea, gente de altos ingresos, gente de medianos ingresos y gente de bajos ingresos que incluso no están en la zona fría”. Y determinó que el Estado Nacional «está poniendo 500.000 millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país».

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Por último, la Secretaria de Energía detalló: “La gente de la zona fría tradicional va a tener el subsidio que históricamente tenía sobre los metros cúbicos de gas que consumen, porque consumen entre 4 y 7 veces más que el resto del país, eso es una realidad. Pero en el resto del país lo que estamos haciendo es focalizando lo que se recauda en el fondo con esta alícuota del 7,5% a exclusivamente los usuarios que los necesitan”.

El tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados podría definir el futuro de la política de subsidios energéticos en las zonas de bajas temperaturas, con impacto en miles de hogares de Argentina que dependen de estos beneficios para afrontar el costo de los servicios durante el invierno.

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La Justicia autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia a viajar al mundial de fútbol y la final de la UEFA Champions League

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La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al mundial que se disputará el mes próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

La copa del mundo se jugará a partir del 11 de junio próximo. Antes, Tapia fue autorizado a viajar a la República de Hungría, para la final de la UEFA Champions League, que se jugará el sábado 30 de mayo.

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El permiso se lo otorgó el juez Diego Amarante, siempre que Tapia cubra una caución de 30 millones de pesos.

El presidente de la AFA está acusado de haberse apropiado de aportes de empleados. La denuncia que motivó la causa fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 13 de diciembre de 2025 por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos. La ARCA acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días.

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En su fallo, Amarante relató que la defensa de Tapia se presentó el 12 de mayo y pidió que se lo autorizara a salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026, ambos días inclusive, con destino a la República de Hungría y, posteriormente, a los Estados Unidos de América, México y Canadá, “con motivo de los compromisos deportivos e institucionales que aquél debe cumplir en carácter de miembro del Consejo Directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de presidente de la AFA, en el marco de la final del torneo “UEFA Champions League” y de las distintas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial FIFA 2026″.

La defensa de Tapia dijo que tenía previsto asistir también a los partidos amistosos que la Selección Argentina disputará frente a Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio de 2026, respectivamente, en Estados Unidos, y que participará “de las diversas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a desarrollarse entre el 10 de junio y el 19 de julio de 2026″.

El juez advirtió que la defensa “hizo saber que, sin perjuicio de la imposibilidad de precisar de modo definitivo todos los destinos, traslados y lugares de alojamiento involucrados en el itinerario proyectado, asumía el compromiso de informar y acreditar de manera inmediata y permanente cada uno de esos extremos conforme fueran confirmados por las entidades organizadoras y según las contingencias propias del certamen”.

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Amarante destacó que la fiscalía se pronunció en favor de conceder el permiso, siempre que se dictaran medidas de control suficientes.

El juez consideró que el pedido de Tapia “se encuentra debidamente circunscripto en cuanto a su extensión temporal, destinos, actividades y restantes extremos relevantes para su control jurisdiccional” y dijo que cuando se lo autorizó, en otra ocasión, a dejar el país, él cumplió con las reglas impuestas.

“De este modo, en la medida de que la presente solicitud aparece debidamente justificada, circunscripta a un itinerario determinado con sustento en las constancias arrimadas al expediente no se y resulta susceptible de control jurisdiccional efectivo, advierten circunstancias que conduzcan a apartarse del temperamento adoptado en la anterior oportunidad referenciada y por tanto, corresponde arribar en el presente a igual solución”, dijo Amarante, que procesó a Tapia el 30 de marzo de 2026, sin prisión preventiva, pero con la prohibición del dejar el país.

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Claudio «Chiqui» Tapia, el 12 de marzo pasado, cuando declaró en indagatoria por la causa de presunta evasión fiscalRicardo Pristupluk

En su fallo Amarante advirtió que Tapia “deberá dar cuenta de su regreso a la República Argentina, dentro de las 48 horas de su arribo”, acompañando el “Comprobante del último tránsito de ingreso o egreso del país” bajo apercibimiento “de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura”.

El 12 de marzo pasado, Tapia se presentó en los tribunales ante la citación del juez Amarante para defenderse de las acusaciones. El dirigente entregó un escrito con el que se desvinculó de la deuda y pidió su sobreseimiento: sostuvo que las decisiones sobre impuestos y pagos las toman áreas técnicas de la entidad y que él tiene un rol institucional, ajeno a ese manejo.

Argumentó, no obstante, que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.

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Causa por presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia investiga los sueldos del hermano de Adorni en el Ministerio de Defensa

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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza, sumó nuevas medidas de prueba con un procedimiento realizado en el Ministerio de Defensa para recolectar documentación sobre los cargos públicos que ocupó desde 2023 y los ingresos que percibió.

La orden fue firmada por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Guillermo Marijuán, en el marco de una causa que busca reconstruir la evolución patrimonial del legislador provincial.

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Según pudo saber TN, efectivos policiales realizaron una orden de presentación en la cartera de Defensa a fines de la semana pasada y se llevaron documentación vinculada a las designaciones de Adorni, su historial salarial y posibles retenciones.

Durante el procedimiento también se consultó si el funcionario había presentado las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes por los distintos cargos que ocupó. Entre hoy y mañana la fiscalía espera recibir el material completo entregado por el ministerio.

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La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien planteó inconsistencias en la evolución patrimonial de Francisco Adorni luego de su llegada a la función pública tras la asunción de Javier Milei. Según la presentación, el dirigente habría registrado un incremento patrimonial del 84% en un año.

Adorni desembarcó en el Gobierno nacional en 2024 como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Más tarde, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Ese mismo año encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y consiguió una banca en la Cámara de Diputados provincial.

La documentación incorporada ahora al expediente será analizada en los tribunales de Comodoro Py junto a otras medidas ya ordenadas por la fiscalía. Marijuán había considerado “indispensable” avanzar con información sobre las designaciones, funciones e ingresos del hermano del jefe de Gabinete para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales.

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En ese contexto, el fiscal solicitó copias del legajo personal de Adorni, los actos administrativos relacionados con sus nombramientos desde 2023 y las constancias de presentación de declaraciones juradas patrimoniales iniciales, anuales e integrales, tanto en su paso por la Unidad de Auditoría Interna como en el IAF.

La semana pasada, además, Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense. La medida alcanzó información ante organismos tributarios y entidades financieras para profundizar el análisis de sus movimientos económicos.

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Como parte de la investigación, la fiscalía ya libró pedidos de informes a más de 30 organismos y entidades públicas. Entre ellos figura la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la que se le requirió información desde 2020 hasta la actualidad sobre declaraciones juradas, pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones aduaneras.

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También fueron requeridos datos a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), con el objetivo de conocer impuestos activos, operaciones y bienes vinculados a Francisco Adorni. En relación con automotores e inmuebles, el fiscal pidió además determinar quién paga esos tributos y si existen deudas asociadas.

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La investigación incluye además un pedido de información a Migraciones para reconstruir las salidas del país realizadas por el legislador, sus destinos y, en caso de viajes terrestres, las identidades de las personas que lo acompañaron.

El expediente contra Francisco Adorni tramita por separado de la causa que involucra a Manuel Adorni, también investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Ese expediente está delegada en la fiscalía de Gerardo Pollicita y bajo la órbita del juez Ariel Lijo. En ambos casos, la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y evolución de bienes de integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete.

Francisco Adorni, Manuel Adorni

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Un fiscal pidió que el Gobierno le entregue el expediente de una licitación por trabajos de jardinería en la Casa Rosada y Olivos

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El fiscal federal Ramiro González pidió hoy que el Gobierno le entregue el expediene completo de una licitación “para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno”.

Se trata de una medida previa a decidir si debe abrirse una investigación penal. El fiscal escribió: “Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”.

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La denuncia que dio origen a este expediente la presentó la diputada nacional Marcela Pagano contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Es por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pagano llegó al Congreso de la mano de La Libertad Avanza, pero hoy se distanción del bloque oficialista.

La Licitación Pública cuestionada es la N° 23-0005-LPU26, convocada por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

Karina Milei
Tomas Cuesta – Getty Images South America

Según relató el fiscal González en su resolución, “se cuestiona que en dicho procedimiento se habrían presentado como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pese a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mediante dictamen IF- 2024-105621660-APN-CNDC#MEC, concluyó que ambas integran un mismo grupo económico, circunstancia que, según se sostiene, generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación”.

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Fuentes de los tribunales informaron a que tras recibir y analizar la documentación de esta licitación, la fiscalía decidirá si corresponde impulsar una causa penal.




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