A los reclamos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, para que el gobernador Axel Kicillof empiece a definir y resolver la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal de Justicia, se le sumó en las últimas horas el pedido del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Col.Pro.BA). La Corte hoy funciona con tres de sus siete miembros originales y la expectativa en el sistema político y judicial bonaerense es que el mandatario habilite la negociación antes de que termine su mandato.

El Colegio de Abogados emitió un duro documento en el que les reclama tanto al Ejecutivo bonaerense como al Nacional la necesidad de completar los tribunales máximos de Justicia. En el mismo se plantea que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona actualmente con tres de sus cinco miembros y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lo hace con apenas tres de sus siete integrantes, en una desintegración sin precedentes en su historia, que compromete seriamente el servicio de Justicia”. Además, remarcan que “lo que debería ser una emergencia institucional atendida sin dilación, se ha instalado, en cambio, como un estado de cosas tolerado y peligrosamente naturalizado”. Para el Colegio, la situación, es un “debilitamiento deliberado y sostenido de los órganos que encabezan el Poder Judicial, con impacto directo sobre la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la confianza de los ciudadanos en la Justicia”.

El Colegio tiene nueva conducción desde junio de este año y está presidido por Rafael Gentili, titular del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. En la Vicepresidencia aparece Victoria Lorence, del Colegio de Lomas de Zamora. Cercana a Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y expresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación.

En la actualidad, la Corte bonaerense está integrada por Sergio Torres en carácter de presidente, Daniel Soria como vicepresidente e Hilda Kogan como ministra. Además del Procurador General, Julio Conte Grand. Hay cuatro lugares vacantes que estarán atados a la negociación política. Desde el Col.Pro.BA esperan que esa instancia se dé con base en la cuestión jurídica. “Es imprescindible que el proceso de selección incluya a juristas de reconocida trayectoria ética y profesional, teniendo especialmente en consideración la especialización de los aspirantes, la diversidad de género y la representación federal”, refleja el comunicado, que también hace hincapié en las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy funciona con tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En lo que respecta a las vacantes bonaerenses, la cobertura está atada a una negociación política e incluso atravesada por la interna del peronismo. Los distintos sectores políticos advierten que Kicillof podría usar esa situación para una negociación macro. “Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, había dicho el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuando se le consultó sobre cuándo se iba a definir esa instancia.

Un esquema posible de reparto sería que de las cuatro vacantes, tres sean para el peronismo —uno para el kirchnerismo, otro para el Frente Renovador de Sergio Massa y un tercer escaño para el sector de Kicillof- y la restante para la oposición. Marisa Herrera es una abogada referenciada en el kirchnerismo, egresada con diploma de honor y especialista en Derecho de Familia. Podría ser uno de los nombres que entren en la negociación. El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, es otra alternativa. Mantiene relación activa con los integrantes de la Corte e intervino en la celeridad para elevar y aprobar para cargos judiciales al Senado. El Frente Renovador tiene para promover al diputado nacional, Ramiro Gutiérrez. Un leal a Sergio Massa; mientras que cercano a Kicillof es el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Semanas atrás, Teruel fue designado como representante del Ejecutivo para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Pero los intendentes que forman parte del MDF también miran con apetencias propias una silla en ese ámbito.

Otro nombre que se baraja es el de la decana de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, María Fernández Vázquez, que tiene recorrido en distintos estamentos judiciales. Además de ser la decana de Derecho en la UNLZ, también forma parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, representando a los abogados.

En lo que respecta a la oposición, hay, primero, una disputa sectorial: habría lugar para tres sectores. El PRO, la Libertad Avanza y la UCR también quieren estar en la mesa de negociación por la Corte. Los libertarios corren con cierta ventaja. Quedó evidenciado cuando, semanas atrás, se quedaron con los dos lugares que le correspondían a la oposición como representantes del Consejo de la Magistratura bonaerense por el Poder Legislativo, que salieron del Senado bonaerense.

Ahora, desde LLA, lo que sigue —admiten— es avanzar con la negociación por las vacantes en el máximo tribunal de justicia bonaerense. Para ello tienen un nombre: el del Camarista, Sergio Pilarche de Pilar. Mientras que hasta hace un tiempo por la Unión Cívica Radical, el nombre se repetía: el de la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero; quien fuera concejal por el distrito de General Pueyrredón y representante del Consejo de la Magistratura de la Nación entre 2018 y 2022.

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Con proyectos presentados por el senador Fernando Salino y el diputado Eduardo Valdés, el peronismo en el Congreso busca introducir cambios a la Ley de Inocencia Fiscal. La discusión promete abrir un fuerte debate en las comisiones de ambas cámaras en agosto.

Desde el Senado, Fernando Salino, del bloque Justicia Social Federal e integrante del interbloque Justicialista que conduce José Mayans, adelantó que presentó dos iniciativas para limitar el alcance del régimen.

“Presenté dos proyectos de ley para impedir que las personas políticamente expuestas podamos entrar en la Inocencia Fiscal, o en cualquier tipo de blanqueo”, sostuvo Salino.

El senador por San Luis vinculó el impulso de estas propuestas con la situación del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien junto a su esposa, Bettina Angeletti, se adhirió al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, mientras enfrenta denuncias judiciales por presuntos hechos de corrupción.

El primero de los proyectos de Salino excluye a funcionarios y personas vinculadas a la actividad política del Régimen Simplificado de Ganancias y mantiene para ellos la obligación de presentar declaraciones juradas bajo el régimen general. La restricción también alcanza a cónyuges, convivientes y familiares directos, y se extendería hasta dos años después de haber dejado el cargo.

La segunda iniciativa propone impedir que funcionarios y exfuncionarios de los últimos diez años ingresen a cualquier régimen de blanqueo o exteriorización de activos. La medida abarca a los principales cargos de los tres poderes del Estado y de los organismos de control.

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Además, incluye a familiares directos de las personas alcanzadas y excluye a condenados por determinados delitos, contratistas del Estado y otros sujetos contemplados en la legislación vigente.

En paralelo, desde la Cámara de Diputados, el legislador de Unión por la Patria Eduardo Valdés también presentó una propuesta para reforzar los estándares de integridad pública y evitar que mecanismos excepcionales de regularización patrimonial beneficien a quienes ejercen funciones de alta responsabilidad institucional.

“Permitirlo contradice principios básicos de transparencia y abre la puerta a posibles maniobras de ocultamiento patrimonial. Quienes administran recursos del Estado deben estar sometidos a controles más estrictos y no beneficiarse con mecanismos de regularización que reducen las exigencias de rendición de cuentas”, argumentó Valdés.

Su iniciativa plantea excluir de estos beneficios a funcionarios de los tres poderes del Estado, personas políticamente expuestas y sus familiares directos. Según el diputado, la propuesta busca mantener la coherencia con las obligaciones establecidas por la Ley de Ética Pública y con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de prevención de la corrupción y lavado de activos.

La postura del Gobierno

Este martes, durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió los cambios impulsados por el Gobierno en la Ley de Inocencia Fiscal.

“Esto marca un antes y un después en la relación entre el Estado y el pagador de impuestos. Se trata de un hecho de justicia para todos los argentinos que fueron víctimas del sistema persecutorio que los trataba como delincuentes de manera preventiva y exigía que demuestren su inocencia”, afirmó.

El funcionario agregó: “Las personas no tienen por qué ser tratados como criminales por querer ahorrar el fruto de su trabajo. Frente a preocupaciones del área se van a incluir algunas modificaciones que van más allá en el sendero de la ley”.

Los cambios que impulsa el oficialismo

La iniciativa, elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca fortalecer el régimen fiscal, ampliar su alcance y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que quieran incorporar fondos al circuito formal de la economía.

Durante una conferencia de prensa, Caputo sostuvo que los argentinos mantienen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema formal.

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Entre las modificaciones previstas figura la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio para ampliar el universo de adherentes; cambios en el criterio de “discrepancia significativa”; nuevas instancias de rectificación antes de perder beneficios; límites al uso de presunciones por parte de ARCA; y reglas de bancarización para determinadas operaciones.

El objetivo técnico de la propuesta es reducir el temor de los contribuyentes a quedar expuestos a fiscalizaciones amplias sobre períodos anteriores por errores formales, diferencias de criterio o inconsistencias menores una vez que ingresen al régimen.

La reforma también contempla beneficios vinculados a sanciones y multas. Quienes adhieran y cumplan determinadas condiciones podrán acceder a condonaciones o mecanismos especiales de regularización.

A diferencia del esquema vigente, la nueva propuesta fija como plazo el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos. Hasta esa fecha, se podrá declarar dinero no registrado sin costo por el pasado y sin que esa exteriorización pueda utilizarse como prueba en contra del contribuyente. De esta manera, el régimen dejaría de funcionar como un blanqueo permanente.

Proyecto de ley, Luis Caputo, PJ