El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada consiguió hoy dictamen en un plenario de comisiones del Senado y quedó un paso más cerca de su tratamiento en el recinto de la Cámara alta, que el oficialismo pretende convocar dentro de dos semanas.

Sin embargo, el proyecto sufrió severos cambios con relación al texto redactado y defendido en la Cámara alta por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Fue el costo que debió pagar el oficialismo para conseguir el apoyo de la oposición dialoguista.

Entre las modificaciones más importantes se destaca la desaparición completa del capítulo que buscaba eliminar el programa nacional de regulación de tierras en villas y barrios de emergencia que está en manos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Este fue un planteado por la Iglesia Católica y en el que coincidieron todo los bloques de oposición.

La bancada libertaria que conduce Patricia Bullrich (Capital) también debió ceder en las pretensiones de la administración de Javier Milei de aplicar el proceso sumarísimo de desalojo en tres días de viviendas y terrenos, tal cual lo había planteado Stuzenegger en su proyecto.

El dictamen firmado por un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General establece diferencias entre intrusos y usurpadores y locatarios y tenedores u ocupantes precarios.

Por lo pronto, los plazos de intimación se amplían a 10 días corridos en aquellos casos que el locatario haya caído en situación de mora en relación a los términos establecidos en el contrato de alquiler. La entrega inmediata del bien sólo se mantiene para los “usurpadores”.

El último cambio de peso está relacionado con los cambios en el régimen de tierras rurales. El dictamen le entrega a las provincias las facultad de aprobar las ventas a capitales extranjeros.

El proyecto mantiene la prohibición absoluta en la adquisición de tierras en zona de fronteras y, también, por parte de otras naciones o de personas físicas o jurídicas que tengan participación de otros países. En este último caso, la autorización queda en manos de la Nación.

“Hemos receptado una cantidad de modificaciones, tanto propuestos por expositores como por los senadores de todos los bloques”, destacó Bullrich en el inicio del debate, antes de pasar a explicar los cambios introducidos en el proyecto remitido al Senado por el Poder Ejecutivo el 27 de marzo último.

El kirchnerismo duro rechazó la propuesta del oficialismo con el argumento de que no habían sido consultados con el tiempo suficiente. “Están dejando en indefensión a los senadores, están haciendo circular un dictamen con un montón de modificaciones que no hemos tenido la mínima posibilidad de consultarlo y venir con una posición formada”, se quejó Florencia López (Justicialista-La Rioja), que pidió suspender la reunión.

No hubo caso, el encuentro continuó y cuando estaba por terminarse la oficialista Nadia Márquez (Neuquén), presidenta de la Comisión de Legislación General, anunció que el dictamen pasaba para la firma tal cual lo había leído Bullrich. No obstante, la jefa de la bancada oficialista dejó abierta la posibilidad a sumar cambios antes de que se discuta en el recinto.

Desde el peronismo díscolo también se pidió más tiempo para discutir, pero la jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) destacó que su bancada “hizo los deberes” y planteó una serie de cambios al proyecto que, adelantó, se convertirán en un dictamen de minoría si el oficialismo no aceptaba incorporarlos.

Entre los cambios más destacados que planteó Moisés está el de fijar en 180 días el plazo para el desalojo y propuso incluir una autorización por ley provincial de la autorización de la venta de tierras a compradores extranjeros o asociados con otras naciones.

Como ocurrió con la ley de Glaciares, el kirchnerismo duro también se jugó la baza de reclamar el llamado a audiencia pública, aduciendo que la iniciativa regula cuestiones que afectan el medio ambiente.

“Estamos hablando de la posibilidad de extranjerizar territorios que tiene recursos naturales y ahora lo dejan en manos de las provincias. Lejos está esto de ser federal, esto es un federalismo de fragmentación, antisoberano, eliminan restricciones para vender tierras en zonas de fronteras”, afirmó Ana Marks (Justicialista-Río Negro).

Según explicó Bullrich, también se incluyeron cambios en el capítulo que regula el proceso de expropiaciones, restringiendo las condiciones para que el Estado pueda quedarse, ley del Congreso mediante, con un bien privado. No obstante, se le introdujo un límite del 30% del valor del daño emergente como pago en concepto de lucro cesante.

Además, se fija de manera taxativa que la tasa de interés que se aplicará para las expropiaciones surgirá de una combinación entre el índice de precios al consumidor (IPC) más la tasa activa del Nación para operaciones de descuento a 30 días.

La jueza federal María Servini presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia contra su colega de Lomas de Zamora, Federico Villena, por una serie de mensajes “incesantes” recibidos la semana pasada, según plasmó en un escrito presentado ayer en la Cámara Federal.

“Si bien desconozco el motivo de tal afrenta, siento el deber de denunciarlas [a las supuestas amenazas] ya que en forma reiterada durante los días 11 y 12 del corriente mes de mayo, me he sentido atemorizada y acosada, no solo por los mensajes sino además por los incesantes llamados”, escribió la jueza.

“El día 13 del corriente mes de mayo, aproximadamente a las 07.00 horas, han tocado en forma incesante e insistente el portero eléctrico de mi casa, sumando esto un nuevo agravio a mi tranquilidad”, añade la denuncia, que quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo.

En el entorno del magistrado niegan la visita, pero reconocen los contactos telefónicos. Aseguran que fueron motivados por el deseo de recomponer algunas diferencias entre ambos, que se conocen desde hace 20 años. La misma fuente señaló de los mensajes tenían hasta un tono afectuoso.

Servini adjuntó constancias de los llamados y sugirió evaluar posibles conexidades con otras causas que tramitan en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi.

Una de ellas es la de presunto espionaje ilegal sobre políticos, periodistas y sindicalistas por exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. La causa nació en Lomas, con Villena como juez, pero el magistrado fue apartado por la Cámara de La Plata y luego el expediente fue remitido a Comodoro Py.

Otra de las causas aludidas por Servini es una denuncia de un exasesor del Servicio Penitenciario contra el propio juez por presunta violación en los deberes y prevaricato, de 2023.

Villena es titular del juzgado N° 1 de Lomas de Zamora. Cobró visibilidad en 2020, cuando quedó al frente de la causa por presunto espionaje ilegal de la AFI. La investigación involucraba a exfuncionarios de inteligencia, entre ellos Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y apuntaba a maniobras de vigilancia sobre dirigentes políticos, sindicales, empresarios, periodistas y otros objetivos.

Villena se convirtió en juez de Moreno en 2015, por un decreto firmado por Cristina Kirchner y por el exministro de Justicia, Julio Alak. Luego, fue trasladado a Lomas por disposición de Mauricio Macri y Germán Garavano.