POLITICA
El Gobierno presentó un proyecto parlamentario para modificar la Ley de Financiamiento Universitario


El gobierno de Javier Milei envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reemplazar la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, la norma que desde octubre de 2025 está judicializada tras la decisión del Ejecutivo de suspender su ejecución por falta de fuentes de financiamiento. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ya convocó a todas las universidades del país para que informen las necesidades de sus hospitales, según una nota enviada a las casas de altos estudios.
La iniciativa, firmada el 18 de febrero de 2026 por Milei, Pettovello, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales con las partidas previstas en la Ley de Presupuesto 2026.
A diferencia de la norma vigente, el proyecto incorpora de forma expresa las fuentes de financiamiento, el punto que el Ejecutivo señaló siempre como el talón de Aquiles de la Ley 27.795.
El trasfondo político y judicial es denso. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo en octubre de 2025 por el incumplimiento de la ley. En diciembre de ese año, el juez Martín Cormick ordenó su aplicación inmediata. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó esa cautelar el 31 de marzo de 2026. Pero el 7 de mayo, la misma sala concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por el Gobierno, por lo que la medida cautelar quedó suspendida hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le dijeron a Infobae que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta “formal” del Gobierno. Fuentes oficiales le aseguraron a este medio que, desde el Ministerio de Capital Humano, organismo del que depende la subsecretaría de Políticas Universitarias, afirmaron que los rectores están interiorizados de la propuesta oficial, que se mantuvieron conversaciones “informales con el CIN” y que la Casa Rosada avanzaría con la nueva normativa solo si “se retira la cautelar” que actualmente espera por una resolución de la Corte Suprema. La misma exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo con el IPC.
El nuevo proyecto modifica los artículos centrales de la Ley 27.795. En materia presupuestaria, establece que los fondos del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” se ajustarán si la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC supera el 14,3% anual, valor tomado como referencia para la confección del Presupuesto 2026. De esa forma, el texto intenta blindar el poder adquisitivo de las partidas universitarias frente a una inflación mayor a la proyectada.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la recomposición presupuestaria para los hospitales universitarios. El texto incrementa en $80.072.460.000 el crédito de la Actividad Presupuestaria 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema de salud universitario. La convocatoria del Ministerio de Capital Humano a las universidades para que reporten sus necesidades sanitarias se enmarca precisamente en ese punto.

En cuanto a salarios, el proyecto prevé una recomposición escalonada para el personal docente y no docente: un incremento del 4,1% a partir del 1° de marzo de 2026, otro 4,1% desde el 1° de julio y un tercer tramo del mismo porcentaje desde el 1° de septiembre, todos calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Además, obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias al mes siguiente de la sanción de la ley, con una frecuencia máxima de tres meses entre ronda y ronda.
El Ejecutivo sostiene que la norma subsana la deficiencia central de la Ley 27.795: la ausencia de una fuente de financiamiento concreta. Según el proyecto, los gastos serán afrontados por la Jurisdicción 88 del Ministerio de Capital Humano, y si el gasto excediera el crédito disponible, el exceso se cubrirá con partidas de la Jurisdicción 91. Esa previsión, argumenta el oficialismo, evitaría la suspensión automática que establece el artículo 5° de la Ley 24.629 para toda norma que autorice gastos sin identificar su financiamiento —el mismo argumento que la Cámara ya rechazó respecto de la ley anterior.
Los objetivos del Programa 26 que el proyecto define incluyen garantizar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes; ampliar la oferta de carreras según las necesidades estratégicas del país; fortalecer la investigación y la extensión universitaria; e incrementar las becas para los sectores más vulnerables.
La propuesta llega al Congreso con la firma de los cuatro funcionarios de mayor rango del Ejecutivo y con el pedido de pronta sanción. Hasta ahora, el proyecto no se trató en las comisiones parlamentarias. Desde La Libertad Avanza intenta llegar a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional que el pasado 13 de mayo realizó la cuarta marcha contra el gobierno de Milei y fue multitudinaria.
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POLITICA
La justicia paraguaya se quedó con los 200 mil dólares que Edgardo Kueider intentó entrar al país

En medio de los avances en una causa por lavado de dinero que investiga al ex senador Edgardo Kueider, Óscar Orué, titular de la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) de Paraguay, confirmó a Infobae que los USD 200 mil no declaró al intentar pasar por el Puente de la Amistad quedaron en poder del Estado paraguayo. Un destino similar ocurrió con la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba con su pareja, Iara Guinsel, que será rematada.
Los bienes habían sido decomisados el 4 de diciembre de 2024 cuando se produjo el incidente en la cabecera paraguaya del viaducto que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu. La medida fue ratificada por una resolución administrativa posterior. Y quedó firme luego de que el ex representante de Entre Ríos en el Congreso dejara caer la apelación.
Según detalló Orué, Paraguay ya se quedó con los USD 200 mil que trasladaban. Están acreditados en una cuenta del Estado del país vecino. En rigor, Kueider intentó traspasar la frontera con 211 mil dólares, pero como el límite legal para transportar es de 10 mil, se le devolvió ese dinero y el resto quedó retenido.
La Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba figuraba a nombre de Daniel “Gonzalito” (o Pajarito) González. Guinsel tenía una autorización de manejo y, al momento de la detención, era quien conducía.

El supuesto dueño del vehículo está sindicado por la Justicia como posible testaferro de Kueider. Se acreditó que fue presidente de Betail SA. La firma figuraba como dueña de departamentos de lujo en Paraná comprados en efectivo por el ex senador, según los titulares de la desarrolladora inmobiliaria que los construyó.
La camioneta será puesta en remate. Lo recaudado también quedará en manos del Estado paraguayo, señaló Orué. El funcionario puntualizó que la venta pública de la Chevrolet Trailblazer se realizará “antes de fin de año”, con seguridad.
El proceso
Luego de la retención del dinero y del vehículo, se inició un trámite de decomiso que culminó con una resolución administrativa de la DNIT, una dependencia similar al ARCA de Argentina.
La defensa de Kueider accionó contra la decisión ante el Tribunal de Cuentas del país vecino. El organismo es la primera instancia del Poder Judicial encargada de entender en los procedimientos y recursos contencioso-administrativos.
El expediente fue caratulado “Edgardo Darío Kueider y otros c/ resolución nº 212 dictada por la DNIT”. El procedimiento contencioso administrativo en Paraguay dispone que quien promueve la demanda debe impulsar la causa. Si no lo hace durante tres meses, se dicta la caducidad de oficio. Esto fue lo que ocurrió con el caso del ex senador argentino.

Según establecieron los jueces Gonzalo Sosa Nicoli, Alejandro Ávalos Valdéz y Hugo Diez Pereira Vera, los abogados de Kueider dejaron pasar más de cuatro meses sin realizar ningún acto. Por eso, el pasado 9 de septiembre declararon de oficio la caducidad de instancia y la incautación de bienes quedó firme.
El caso
Edgardo Kueider fue detenido en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad en las primeras horas del martes 4 de diciembre de 2024. Llevaba 200 mil dólares, guaraníes y pesos argentinos que no había declarado en la Aduana a pesar de que lo consultaron al respecto. La Justicia le dictó prisión domiciliaria a él y a su pareja.
En junio pasado, fue condenado por contrabando en grado de tentativa. Le dieron dos años de cumplimiento condicional. A Guinsel, la sancionaron con un año y 10 meses.
Por otro lado, la Justicia de Paraguay le abrió otra causa por lavado de activos. Es por la compra de departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Asunción. La hipótesis fiscal es que se usó dinero proveniente de ilícitos en la Argentina para la operación.
Kueider, además, tiene dos causas por lavado abiertas en nuestro país. Una está radicada en el Juzgado Federal de San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez lo tramitan. La otra se armó en la Justicia de Entre Ríos. El juez de Garantías 2 de Concordia, Ives Bastián, y el fiscal José Costa son quienes llevan el expediente. La Corte tiene en sus manos definir a cuál le corresponde la competencia.
Por otro lado, Arroyo Salgado pidió a Paraguay la extradición de Kueider. Eso generó un nuevo juicio en el país vecino. La Fiscalía paraguaya dio luz verde al procedimiento. Pero puso como requisito que antes cierre sus cuentas ante la Justicia legal. En ese recorrido están las apelaciones por la condena por contrabando y el caso por lavado.
POLITICA
El proyecto del Gobierno sobre Malvinas se tratará en Diputados en un plenario de tres comisiones

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno comenzó formalmente su recorrido en la Cámara de Diputados, luego de que Martín Menem definiera su giro a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. La iniciativa tiene 133 artículos, incluye cambios en distintas normas vinculadas con seguridad y recursos naturales y ya generó cuestionamientos de sectores de la oposición.
Las tres comisiones están presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, y tendrán a su cargo el análisis de la propuesta antes de que pueda avanzar hacia la firma de un dictamen.
El texto impulsado por el Poder Ejecutivo contempla, entre otros puntos, la derogación de la Ley 26.659, que regula las sanciones vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
También introduce modificaciones en el Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
La oposición anticipó que no acompañará el proyecto sin una discusión profunda. El diputado y excanciller Jorge Taiana sostuvo: “Más que a la defensa de la soberanía, el proyecto de ley que escribió el Gobierno sobre Malvinas responde a la iniciativa norteamericana del Escudo de las Américas”.
Por su parte, Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, afirmó: “El proyecto está más hecho para la represión interna que para recuperar Malvinas. Cuando (Javier) Milei se convirtió en malvinero, venía de estar en Chile donde alabó al (expresidente Augusto) Pinochet, y la verdad que Pinochet y Malvinas no riman”.
Además, consideró que la iniciativa es “una consecuencia de la reunión del Canciller (Pablo) Quirno con Marco Rubio (secretario de Estado de EE.UU.) y del alineamiento ciego con los Estados Unidos”.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman también rechazó el proyecto. “El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo, bajo la cobertura de una supuesta defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, constituye un fraude monstruoso: pretende reforzar el Estado autoritario y profundizar el realineamiento de la Argentina y la región con Estados Unidos y sus intereses geopolíticos. Otra vez aparece la mano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, detrás de una iniciativa de Javier Milei”, planteó.

Los principales cambios que propone la iniciativa
El Gobierno fundamentó el proyecto como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”.
La propuesta ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.
El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.
También crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.
Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.

El Senado impulsa una Bicameral permanente por la causa Malvinas
En paralelo al avance del proyecto en Diputados, el Senado tiene previsto tratar este miércoles a las 16 la creación de una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas, impulsada por el bloque Convicción Federal.
La senadora Carolina Moisés pidió el tratamiento sobre tablas de la iniciativa, que busca garantizar una intervención permanente del Congreso en los asuntos vinculados con la soberanía sobre las islas.
“En este punto lo que quiere Convicción Federal es hacer respetar la participación que debe tener el Poder Legislativo en esta materia, frente a los acontecimientos públicos y las acciones del Gobierno Nacional que incluso envió al Congreso un proyecto en defensa de la soberanía nacional”, explicó.
La comisión estaría integrada por 16 legisladores, ocho de cada Cámara, y debería incluir al menos un representante de Tierra del Fuego por Diputados y otro por el Senado.
POLITICA
Guillermo Francos habló sobre el recorte en Discapacidad: “No es una variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal”

En medio de la polémica que generó el recorte en Discapacidad en el Presupuesto 2027, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos consideró que “no debe utilizarse como una variable para alcanzar el equilibrio fiscal”. De igual forma, planteó que el Estado “debe revisar las pensiones”.
La sorpresa se produjo la semana pasada, incluso para políticos aliados como Patricia Bullrich, cuando el Gobierno nacional presentó sobre la hora la previsión presupuestaria para el año entrante con un capítulo que no había sido informado hasta el momento. Se trata del apartado VI, en el que se proponían cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad. Entre otros puntos, el texto contemplaba eliminar el arancel único de referencia, restringir la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado y derogar de manera parcial normas de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Finalmente, se presentó un nuevo proyecto que mantiene gan parte del régimen vigente.
Al respecto, Francos, durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de A24, aseguró: “No estoy en la cocina del funcionamiento interno del Gobierno como para establecer responsabilidades”. De igual forma, consideró que se trató de un “error no forzado” y un “desentendimiento”. “La Discapacidad no es una variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal”, aclaró.
Con respecto a la situación actual de las pensiones por discapacidad, el ex jefe de Gabinete pidió que se revise “dónde se malgastó”. “Se necesita revisar las pensiones que se otorgaron políticamente en algunas provincias”, ló.
Por otro lado, el antecesor de Diego Santilli habló sobre las elecciones del año entrante y no descartó ser candidato. “No digo ni sí ni no”, indicó y agregó: “Si las Fuerzas del Cielo lo determinan, cumpliré alguna función”.
Según su evaluación, “el proceso político que encabeza Milei debe continuar y requerirá una bancada parlamentaria más amplia. En un período próximo habrá fuerza parlamentaria para dictar esas leyes”. Por esto mismo, sostuvo que, desde su punto de vista, La Libertad Avanza y el PRO deben ir juntos en los comicios.
“Todos los sectores que piensan y tienen ideas liberales, que creen en la competencia y la libertad, deberían ir juntos”, afirmó. También llamó a “evaluar los riesgos de una competencia por separado y a buscar coincidencias para definir candidaturas”.
En esa misma línea, volvió a cuestionar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y consideró que “deben ser eliminadas”. A su juicio, “su creación trasladó a los votantes una responsabilidad que les corresponde a los partidos políticos”.
Por esto mismo, argumentó que “votar cinco veces en un año cansa y le hace mal a la democracia” y propuso “revisar el sistema partidario porque existen numerosas fuerzas que no tienen capacidad real de competir”.
Pese a la cercanía que existe en el Congreso entre LLA y el PRO, Francos diferenció a Milei del ex presidente y titular del partido amarillo, Mauricio Macri. “Macri construyó su carrera a partir de una trayectoria política e institucional que incluyó su paso por Boca Juniors, la Ciudad de Buenos Aires y la Presidencia. Milei, en cambio, llegó desde el sector privado, fue diputado y luego presidente, con una impronta que priorizó el cambio de rumbo antes que las formas tradicionales de la política”, explicó.
Sobre el caso de Manuel Adorni, Francos consideró que “el episodio afectó la imagen positiva del Presidente” y atribuyó el respaldo inicial de Milei a la idea de que “existía una operación política en su contra”. “El Presidente siempre defiende a sus ministros”, afirmó, y destacó que “Milei mantuvo esa posición hasta que Adorni presentó su renuncia”.
El exjefe de Gabinete también se refirió a la jefa de la banca libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, a quien definió como “una dirigente con trayectoria y fortaleza política”. De esta manera, concluyó que confía en que, “pese a marcar diferencias, Bullrich no busca romper con el Presidente”.
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