Desde Estados Unidos ven con preocupación la legislación que impulsa el Gobierno argentino sobre las empresas que operan en las Islas Malvinas, ya que muchas de ellas cuentan acciones de empresas norteamericanas.

Las sanciones contempladas en el proyecto de ley, aún en nivel de comisión de dictámenes en Diputados, abarcan ante a las empresas de capital británica como a cualquier otra que forme parte del negocio dela exploración y explotación petrolera en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.

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Por ello, desde los principales círculos económicos de Estados Unidos, y desde sus representantes políticos en Washington, observan con preocupación las ramificaciones de las sanciones, ya que podrían alcanzar a fondos de inversión como BlackRock, uno de los más poderosos del mundo, en caso que tenga inversiones en una empresa petrolera que opera en la zona en disputa entre Argentina y Reino Unido.

Ante la legislación impulsada por el Gobierno de Milei, que lo enfrenta a contradicciones entre este y los sectores que representa, como en este caso el capital financiero, este realiza lobby ante los políticos y el gobierno estadounidense para que, a la vez, ejerza presión sobre el Gobierno argentino en aras de que exista protección para empresas estadounidenses.

La cuestión, según Clarín, formaría parte de la agenda que tendrá lugar en la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el Gobierno nacional, durante la visita que el funcionario estadounidense hará a la Argentina en las próximas semanas.

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Después de una semana en la que hubo un paro de 24 horas, la mayoría de los sindicatos docentes finalmente resolvieron acordar con la gestión de Axel Kicillof una recomposición salarial del 6%, a pagarse en dos tramos, sobre los sueldos de septiembre.

Así lo definió el plenario de secretarios generales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) que sometió la última oferta paritaria a consideración y se aprobó por mayoría. El único gremio que aún resta que acompañe la propuesta es la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que en los próximos días someterá a consulta el incremento.

Las organizaciones gremiales realizaron reuniones para analizar la oferta presentada en la mesa paritaria del viernes 16 de octubre. De forma atípica, los sindicatos —de perfil peronista— habían tensionado la relación con la gestión de Kicillof para conseguir una mejora salarial, ante la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos del sector.

El jueves 15 de octubre, el Frente de Unidad Docente Bonaerense se plegó a la marcha federal universitaria con un paro de 24 para reclamar la restitución del FONID a Javier Milei, pero también aprovecharon para impulsar el reclamo paritario en el distrito bonaerense. En septiembre, ya habían convocado a un paro sorpresivo por la violencia en las aulas que sufrieron los maestros.

La medida de fuerza conllevó incluso la intervención de un proceso sancionatorio del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, porque no garantizaron el 75% del servicio educativo, considerado como esencial por la Ley de Modernización Laboral. El Gobierno nacional verificó con un operativo de inspección que el ausentismo por establecimiento alcanzó el 83,1%, mientras que solo el 8,4% de las instituciones relevadas funcionaba con normalidad.

Tras el acuerdo, el primer tramo del incremento se aplicará en octubre y el segundo, en noviembre. La aceptación se produjo antes del cierre del sistema de liquidaciones, por lo que la actualización se percibirá el quinto día hábil de noviembre, de acuerdo con el cronograma de pagos.

Como parte de la propuesta, las cuatro organizaciones gremiales aceptaron otras mejoras no salariales que tendrán impacto en las condiciones de trabajo: la implementación del Boletín Digital para los niveles primario y secundario, una ampliación de las licencias parentales, modificaciones al régimen académico de secundaria y avances para concluir el Convenio Colectivo de Trabajo. El acta incluye una cláusula de reapertura de las negociaciones para diciembre de 2026.

De esta forma, para el mes de noviembre de 2026, los salarios del personal educativo de la Provincia de Buenos Aires se actualizará del siguiente modo:

• Preceptor: el salario de bolsillo pasa a $842.670,89 sin antigüedad y a $939.044,83 con 10 años de antigüedad, alcanzando un básico de $370.675,00.
• Maestro de Grado: el salario de bolsillo sube a $973.521,59 sin antigüedad y a $1.079.689,60 con 10 años de antigüedad, con un básico de $407.742,50.
• Maestro de Grado 5ta. hora: el salario de bolsillo se fija en $1.212.124,34 sin antigüedad y en $1.344.934,25 con 10 años de antigüedad, con un básico de $509.678,13.
• Profesor 20 módulos: el salario de bolsillo asciende a $1.269.184,95 sin antigüedad y a $1.462.944,18 con 10 años de antigüedad, con un básico de $741.350,00.
• Jornada Completa: el salario de bolsillo llega a $1.947.043,17 sin antigüedad y a $2.159.379,20 con 10 años de antigüedad, con un básico de $815.485,00.

La paritaria de los estatales

El otro frente de reclamo salarial que enfrentaba Kicillof también está resuelto. Es que el gobierno bonaerense obtuvo el aval de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de los sindicatos agrupados en la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) para la misma propuesta salarial del 6% en dos cuotas.

El nucleamiento gremial consideró que los aumentos otorgados durante el año alcanzarán un acumulado del 26%, sujeto al impacto de las recategorizaciones previstas en un acuerdo paritario anterior.

Con el nuevo acuerdo, la organización también reclamó avanzar con el pase a planta permanente de trabajadores que se encuentran en condiciones de precarización laboral.

La sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados para derogar el DNU de Milei sobre desregulación económica fracasó el jueves por falta de quórum y dejó al descubierto las dificultades de los bloques para garantizar la presencia de sus legisladores. Tras el levantamiento de la convocatoria, los espacios revisaron sus ausencias, mientras que referentes de Unión por la Patria (UxP) y otros sectores impulsaron iniciativas para exigir explicaciones por el operativo de seguridad durante la movilización universitaria.

Entre las faltas que generaron sorpresa estuvieron las de la diputada radical de Provincias Unidas por Jujuy, María Inés Zigarán, y la del fueguino de UxP Agustín Tita. Zigarán había firmado la convocatoria a sesionar y mantenido una participación activa en el tratamiento de los temas previstos, principalmente los vinculados con la discapacidad y el desendeudamiento de las familias.

En el caso de Tita, su ausencia llamó la atención porque, hasta el día anterior, los integrantes de la mesa de conducción del bloque peronista, que lidera Germán Martínez, lo daban por confirmado en el recinto. “Hubo un llamado desde la jefatura de Gabinete de la Nación al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella”, fue la explicación que encontró un diputado de UxP.

Tita llegó al Congreso en diciembre del año pasado, luego de desempeñarse como jefe de Gabinete del mandatario fueguino.

Otra de las ausentes fue la diputada santiagueña Estela Mary Neder, quien había avisado semanas atrás que no estaría en Buenos Aires durante esta semana. En términos políticos, mantiene una relación directa con el actual senador y exgobernador provincial Gerardo Zamora.

En UxP buscan preservar la unidad del bloque

Pese a las ausencias, no hubo una reunión de bloque después de que se levantara la sesión. Parte de los diputados participó de la marcha en defensa de la universidad pública, pero también existen, dentro del espacio, ciertas licencias para faltar vinculadas con las necesidades políticas de los gobernadores en sus territorios.

“Fingimos demencia y seguimos para adelante”, le dijo un diputado a TN para graficar la importancia de mantener unido al bloque de UxP bajo la conducción de Germán Martínez.

En declaraciones periodísticas, el jefe de la bancada reconoció las dificultades para reunir el quórum. “Todos los organizadores de la sesión sabíamos que iba a costar llegar al quórum. Con el segundo fallo de la Corte, lo que venía creciendo se estanca, porque muchos sectores políticos encontraron un motivo para no acompañar la sesión”.

Sin embargo, Martínez destacó que la convocatoria y la movilización permitieron introducir cambios en el dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada. Según sostuvo, ambas iniciativas lograron que se incorporara la defensa de las tierras argentinas.

El dictamen de mayoría del oficialismo y sus aliados prevé dejar sin efecto los alcances del artículo 154 del DNU 70/23, que establecía la derogación original de la ley.

La principal autocrítica opositora llegó de la mano del diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto, quien advirtió durante las intervenciones en minoría sobre la necesidad de revisar los números antes de avanzar con una convocatoria. “La oposición va a tener que analizar más detenidamente las matemáticas. No hay que colocarse en situación de perder”, señaló.

Un diputado pidió citar a la ministra de Seguridad por el operativo

En paralelo a las discusiones por el fracaso de la sesión, el diputado socialista Esteban Paulón solicitó la citación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que explique el accionar de las fuerzas federales durante la nueva marcha universitaria del jueves.

“Queremos que la ministra venga a Diputados a explicar los gases lacrimógenos en el Palacio y este nuevo operativo totalmente desquiciado”, afirmó.

El pedido incluye consultas sobre los fundamentos del despliegue policial, la presunta “represión injustificada” y la posible apertura de una investigación interna por los hechos registrados durante la jornada.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere al lanzamiento de cartuchos de gases lacrimógenos que, según la denuncia, impactaron dentro del Palacio Legislativo y en el edificio Anexo A. La iniciativa advierte que la situación puso en riesgo a legisladores, trabajadores parlamentarios y otras personas que se encontraban en el lugar.

Paulón también reclamó que se identifique a los agentes que habrían efectuado disparos directos contra trabajadores, periodistas, cronistas, camarógrafos y manifestantes.

UxP exigió información sobre las granadas de gas utilizadas

Por su parte, el diputado de UxP Ramiro Gutiérrez presentó, junto con Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca, un extenso pedido de informes al Poder Ejecutivo para que el Ministerio de Seguridad detalle el material utilizado por las fuerzas de seguridad durante la manifestación universitaria.

Gutiérrez señaló que durante la protesta frente al Congreso se utilizaron granadas de gas “Candela”, fabricadas por Fabricaciones Militares. Por ese motivo, solicitó información sobre su trazabilidad, el arsenal del que salieron, su vigencia y la capacitación recibida por los efectivos para utilizarlas.

El legislador también cuestionó el posible rol de las Fuerzas Armadas en el entrenamiento para el uso de estos elementos durante manifestaciones. “La Resolución 704/2024, (del ministerio de Seguridad) exige entrenamiento especializado supervisado por Seguridad, para el uso de material disuasivo. Si las Fuerzas Armadas enseñaron a utilizarlas en manifestaciones y fijaron su criterio operativo, habrían asumido una función propia de la seguridad interior, contrariando el artículo 4.º de la Ley de Defensa Nacional”, sostuvo.

En los fundamentos del pedido de informes, los legisladores describieron el despliegue de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, que utilizaron gases irritantes, proyectiles menos letales y camiones hidrantes.