El presidente Javier Milei recibió esta mañana en la quinta de Olivos al joven influencer Iñaki Gutiérrez, quien se encarga de manejar su cuenta de la red social TikTok.

Gutiérrez trabaja con el líder de La Libertad Avanza (LLA) desde hace años y fue una de las piezas clave del equipo digital de Milei durante la campaña electoral de 2023. Sin embargo, apenas el economista libertario llegó a la Casa Rosada, el joven tuvo cortocircuitos con los funcionarios del área de comunicación que responden al asesor Santiago Caputo. Marginado por los tuiteros que lidera el consultor -limitaron sus funciones-, Gutiérrez cultivó un segundo plano, pero siguió hablando con frecuencia con el Presidente. De hecho, Milei lo mantuvo como community manager en TikTok. En enero, después de que su pareja Eugenia Rolón chocara contra un poste en Mar del Ajó y fuera detenida por haber manejado alcoholizada, el influencer generó polémica cuando dijo que el “70% de los habitantes de las villas” eran “extranjeros” y propuso “echarlos”. No respaldó su afirmación con ningún dato oficial o informe de un organismo público.

La reaparición de Gutiérrez en plena escalada de la guerra digital entre el sector de Caputo y los Menem, aliados internos de Karina Milei, provocó suspicacias en el oficialismo. «A las 8, desayunando con el presi en mi cumpleaños 25. VLLC», escribió el joven tiktoker en su cuenta personal de “X”.

De inmediato, la publicación de Gutiérrez generó la reacción de dirigentes leales a Karina Milei, como Sharif Menem, mano derecha del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien reposteó el mensaje.

El usuario Praetor del León (@PraetorLeon), una de las cuentas atribuidas al sector de los Menem, retuiteó una noticia sobre la vuelta de Gutiérrez e ironizó: “Bienvenido Pepona al Sindicato Luz y Fuerza”.

Por su parte, el cineasta Santiago Oría, actual director de Realización Audiovisual de la Presidencia y hombre de confianza de la hermana de Milei, aprovechó el tuit para saludar al influencer por su cumpleaños.

Oria y su asistente, Macarena Jimena Rodríguez, coordinadora de Contenidos Digitales de la Subsecretaría de Prensa y fotógrafa del Presidente, estuvieron detrás del armado de dos reuniones entre Milei y un grupo de militantes e influencers libertarios que no integran la agrupación Las Fuerzas del Cielo, cercana a Caputo.

Junto a la diputada nacional Lilia Lemoine, Oria se convirtió en la punta de lanza del karinismo en la red “X” para contrarrestar la ofensiva contra Martín Menem del ejército tuitero que se referencia en Caputo y que lideran Daniel Parisini, alias Gordo Dan, y el diputado provincial Agustín Romo. Los caputistas acusaron al titular de la Cámara baja de haber utilizado la cuenta anónima @periodistarufus para “operar” contra un sector del Gobierno o criticar al equipo económico. Menem lo negó y recibió el respaldo de Milei. El Presidente intentó minimizar el altercado y ensayó una salida salomónica: por un lado, dijo que a Menem le habían plantado algo “prefabricado” para generar un problema. Y, a su vez, reiteró que Caputo era como su hermano.

Horas después, “Gordo Dan” compartió en sus redes las supuestas pruebas de que la cuenta anónima que difundía críticas a Caputo y la gestión de Milei habría sido operada por Menem. Sostuvo que el portal Wayback Machine, una herramienta gratuita que fue desarrollada por la organización sin fines de lucro Internet Archive y que almacena contenidos de sitios web, había subido el “tuit original” de @PeriodistaRufus. “El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: no fue plantado. No le mientan nunca más al presidente”, dijo.

Anteayer, durante el acto oficial por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el Presidente hizo gestos para apaciguar la interna. Abrazó a Caputo e intentó mostrar un Gabinete sin fisuras. Hasta invitó al balcón de la Casa Rosada a la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien le había quedado en la mira del karinismo por su desmarque en el caso Adorni.

Si bien Milei buscó cerrar el conflicto, la batalla tuitera continuó. De hecho, los caputistas redoblaron sus críticas contra Lemoine, Oría y los Menem. Se refieren a los soldados karinistas con ironía y los denominaron como el “equipo Rocket”, en referencia a una banda de villanos del animé japonés Pokemón.

A Lemoine la castigan por haber sugerido que los militantes que no respaldan a Pareja, uno de los dirigentes de confianza de Karina Milei, deben “dejar de seguir” al Presidente. Fue después de que Parisini le reprochara a Pareja que hubiera presentado una denuncia penal contra un grupo de tuiteros libertarios.

En las últimas horas, Alejandro Sarubbi Benítez (@gordoleyes), un integrante del staff del canal de streaming Carajo, propiedad del propagandista Parisini, y otros tuiteros apuntaron contra Hernan Seivane, abogado y asesor de Lemoine en el Congreso. Lo acusan de tener supuestos vínculos con Grabois o haber formado parte de la “Liga de la Justicia Social”, un grupo de influencers cercanos al kirchnerismo. “Vergüenza ajena dan los que atacan a Karina Milei”, replicó Seivane.

El abogado Sarubbi Benítez, que supo representar a Parisini en distintas causas, fue uno de los caputistas que salió a repartir críticas internas después de que la justicia porteña citara a indagatoria a un grupo de tuiteros libertarios en el marco de una causa en la que se investigan presuntas amenazas e instigación a cometer delitos. El expediente se abrió en septiembre pasado a raíz de una denuncia presentada por Pareja.

El caso está a cargo de la fiscal de delitos complejos Celsa Ramírez. Semanas atrás, Ramírez imputó y citó a indagatoria a once personas después de que lograra identificar a los usuarios de “X” denunciados. Entre los acusados están: @JERERODRIGUEZOK; @LIBERADORDEARGY; @TYLERDELCIELOM; @SOYBORTINA; y @ERNESTODIAZ_56.

A los tuiteros se los acusa de tres delitos tipificados en el Código Penal: amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones. El expediente se encuentra bajo secreto de sumario.

El anuncio de una carta de intención entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur pone de manifiesto una serie de cuestiones que exceden ampliamente la cooperación técnica en materia de vigilancia marítima. Más que la incorporación de equipamiento o capacidades de monitoreo, lo que está en discusión es el marco geopolítico desde el cual el gobierno nacional piensa la inserción internacional de la Argentina y, particularmente, la manera en que concibe al Atlántico Sur, sus espacios marítimos y el ejercicio soberano sobre ellos.

No es un dato menor que esta carta de intención, cuyo contenido completo aún no fue publicado, haya sido anunciada primero por la embajada de los Estados Unidos y recién después por el propio gobierno argentino. La falta de transparencia resulta especialmente preocupante en este tipo de iniciativas vinculadas con áreas sensibles y mecanismos de coordinación con una potencia militar extranjera.

Sin embargo, el punto más delicado aparece en el programa “Protecting Global Commons” bajo el cual se enmarca este acuerdo. La noción de “bienes comunes globales” suele utilizarse para referirse a espacios que no se encuentran bajo soberanía exclusiva de ningún Estado como la alta mar, la atmósfera, el espacio ultraterrestre o el ciberespacio. Lejos de ser un concepto neutral o cerrado, su utilización está atravesada por disputas geopolíticas. En este sentido, resulta sumamente riesgoso extender de manera difusa esa lógica hacia áreas de jurisdicción nacional como el Mar Argentino, la Zona Económica Exclusiva y la plataforma continental porque confundir esos planos implica, básicamente, relativizar nuestros derechos soberanos.

El Atlántico Sur ocupa un lugar cada vez más relevante en la disputa geopolítica. Allí convergen recursos pesqueros y minerales estratégicos, un enorme potencial energético, la conexión con la Antártida y la disputa de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, de ahí que cualquier esquema de vigilancia o cooperación impulsado por una potencia extranjera difícilmente pueda interpretarse como una asistencia técnica neutral.

Al ser la política de defensa subsidiaria de la política exterior, el acuerdo anunciado no puede analizarse por fuera del escenario internacional. La tercera década del siglo XXI transita una creciente inestabilidad marcada por la transición hacia un orden multipolar, el declive relativo de la hegemonía estadounidense y las consecuentes disputas tecnológicas, económicas y militares por recursos estratégicos, rutas comerciales y capacidad de proyección global. En este contexto, el alineamiento automático del gobierno nacional con los Estados Unidos no hace más que reducir los márgenes de autonomía estratégica de la Argentina.

Ni la política exterior ni la de defensa pueden construirse a partir de la subordinación a intereses ajenos. Nuestro país necesita recuperar capacidades logísticas, marítimas, industriales, científicas y tecnológicas para sostener una estrategia soberana a largo plazo. Para ello resulta fundamental impulsar una política exterior orientada al interés nacional, basada en un no alineamiento activo y en el fomento de la integración regional como herramienta para defender nuestros recursos estratégicos y ampliar márgenes de autonomía. En un escenario internacional atravesado por una creciente conflictividad y crisis recurrentes, desarrollar capacidades propias resulta indispensable para evitar nuevas formas de vulnerabilidad frente a la inestabilidad.

La utilización ambigua de conceptos como el de “bienes comunes globales” habilita interpretaciones que pueden relativizar derechos soberanos e introducir nuevas formas de dependencia sobre áreas sensibles. La cooperación internacional resulta necesaria, aunque deja de ser conveniente cuando se inserta dentro de esquemas de vigilancia, control e influencia impulsados por potencias extranjeras en disputa por recursos, rutas marítimas y capacidad de proyección geopolítica.

El Atlántico Sur, la Patagonia y la Antártida constituyen espacios centrales para la soberanía y para cualquier proyecto de desarrollo nacional en el siglo XXI. Si la soberanía se define por la capacidad efectiva que tiene un Estado para conocer, controlar y decidir sobre sus espacios y recursos estratégicos, la Argentina necesita fortalecer su autonomía estratégica, consolidar capacidades propias y sostener una política exterior y de defensa orientadas por un interés nacional que no se encuentre definido por la subordinación a agendas extranjeras.

El autor fue ministro de Defensa y canciller. Actualmente es diputado nacional.