La tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y la Legislatura bonaerense volverá a materializarse en las próximas horas cuando en la Cámara de Diputados provincial se discuta en comisión un proyecto de ley que interviene en la transferencia de recursos a los municipios, producto de la deuda que tome el Poder Ejecutivo. Como dio cuenta este medio, los intendentes instaron a que los fondos que llegarán a los distritos a partir del endeudamiento que se le aprobó a Kicillof sean en su totalidad de libre disponibilidad. Actualmente la ley aprobada establece que un 70% será bajo esta condición, mientras que el 30% restante será ejecutado a través de tres áreas específicas: el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el de Transporte o el Instituto Cultural. Pero la coyuntura económica, según los intendentes, obliga a cambiar los planes.

En este marco, hay dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados bonaerense. Ambos, impulsados por dos sectores del radicalismo, les otorgan a los intendentes la potestad de decidir libremente para qué usar los fondos que vayan a percibir, aunque uno de ellos faculta a una comisión bicameral para que autorice el pago. Esa iniciativa, que lleva la firma del diputado UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, es la que corre con ventaja dentro de la Legislatura y se discutirá este miércoles en la reunión de comisión de Presupuesto.

Pero Kicillof quiere otra cosa. “Se puede hacer más simple”, planteó el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. El funcionario explicó: “La ley tenía previsto que el 70% de los fondos que iban a los municipios fueran de libre disponibilidad y un 30% se asociara a distintos proyectos de algunos ministerios de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que lo que plantea el proyecto es que van a ser de libre disponibilidad, pero que van a estar definidos por una bicameral”. Y sentenció: “Que los fondos sean 100% de libre disponibilidad y por el CUD”.

Bianco apunta a que sean sin la intervención de la comisión bicameral que solo se atañará a monitorear el nivel de deuda del Poder Ejecutivo. El CUD es el Coeficiente Único de Distribución, un índice matemático oficial que utiliza la provincia de Buenos Aires para determinar qué proporción de los fondos de coparticipación recibe cada uno de sus 135 municipios. Es un cálculo anual basado en la población de cada distrito, la superficie territorial, el nivel de prestación de salud, la capacidad de recaudación tributaria y la vulnerabilidad social del mismo, entre otros factores.

“Me parece que esa es la forma más razonable para que los fondos lleguen de manera más equitativa”, consideró Bianco en una conferencia de prensa. Es decir, mediante el CUD y sin participación de legisladores, aclarando —además— que esa es “la posición del Poder Ejecutivo”.

La situación actual vuelve a poner énfasis en la diferencia de criterios entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires y en la tensión con la que transita la relación interpodere, atravesada, además, por la interna del peronismo. Cuando, a fines del año pasado, Kicillof giró el proyecto de ley para solicitar endeudamiento por una suma nominalizada en dólares de USD 3.685 millones, la negociación política derivó en la creación de un fondo destinado a los municipios y la conformación de una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda.

Se acordó que el fondo fuera el equivalente al 8% del total obtenido mediante el endeudamiento, garantizando, además, un monto fijo de $250.000 millones. En lo que respecta a la bicameral, Diputados designó a sus integrantes una vez aprobada la ley. Se nombró a los peronistas Mariano Cascallares, Mayra Mendoza, Carlos Puglielli, Juan De Jesús, Rubén Eslaiman; mientras que de la oposición los elegidos fueron el radical Garciarena y el jefe del bloque PRO, Alejandro Rabinovich. En el Senado aún no hay novedades sobre quiénes integrarán dicha bicameral. La mayoría de ellos, junto a las autoridades de la Cámara baja, Alejandro Dichiara (presidente) y Alexis Guerrera (vicepresidente), recibió a una comitiva de intendentes que fueron a pedirle que los fondos a percibir sean de libre disponibilidad.

El rol que vaya a tener ese ámbito, es decir, la comisión bicameral, es el que se discutirá este miércoles. Los movimientos legislativos son seguidos con atención por los intendentes. Además del proyecto de Garciarena para darle libre disponibilidad a los recursos pero autorizados por la bicameral en cuestión, se suma otra iniciativa de similares características, pero donde la bicameral no interviene en la ejecución de recursos y solo se ata al seguimiento de la deuda y al pedido de información al Ejecutivo referido al endeudamiento. Propone —como quiere el Ejecutivo— que la transferencia de fondos sea automática y mediante el CUD. Lleva las firmas de las diputadas del bloque UCR Radicalismo, Alejandra Lordén, Priscilia Mineaard y su compañero de bancada, Valentín Miranda.

En Diputados responsabilizan a Kicillof de la actual situación y la falta de certezas que tienen los intendentes. Los jefes comunales reconocen que, si bien la creación de un fondo específico fue una demanda sectorial, cuando el proyecto se debatió, “estaba bien” la caracterización que se le dio, solo que “la coyuntura económica cambió en seis meses. Ahora hay muchos distritos que no pueden pagar sueldos ni aguinaldos. Por eso necesitamos darle celeridad”. Un grueso de intendentes aboga por el proyecto que no le da facultad a la bicameral para la autorización en el giro de fondos; sin embargo, y probablemente, la iniciativa que avance este miércoles tiene otras características. Lo explicita su artículo 2 que detalla las atribuciones de la comisión bicameral y remarca una de ellas será “autorizar el pago a cada municipio de los fondos estipulados en el inciso b) del artículo 3 de la ley 15.561″

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El Gobierno nacional oficializó este miércoles una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita la incorporación de nuevos talleres para realizar las inspecciones técnicas y establece que los precios del servicio serán de libre acuerdo entre usuarios y prestadores.

Cómo funcionará el nuevo sistema de revisión técnica

La reforma crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). El objetivo es facilitar el ingreso de nuevos prestadores al sistema y ampliar la oferta de centros habilitados para realizar los controles.

Según la normativa, cualquier Taller de Revisión Técnica (TRT) que cumpla con los requisitos técnicos y de equipamiento podrá solicitar su incorporación. Además, los establecimientos inscriptos estarán habilitados para inspeccionar vehículos particulares y comerciales, tanto de pasajeros como de carga.

La resolución también simplifica los trámites de habilitación. Si la autoridad de aplicación no formula observaciones dentro de los plazos previstos, el taller quedará autorizado provisoriamente para operar hasta que se realicen las auditorías correspondientes.

Tarifas libres y más competencia entre prestadores

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de los valores regulados para la revisión técnica. A partir de ahora, cada usuario podrá acordar el precio del servicio directamente con el taller elegido, en un esquema de libre competencia.

El Gobierno sostiene que esta apertura permitirá aumentar la cantidad de prestadores, reducir tiempos de espera y generar mejores condiciones para los conductores a través de una mayor oferta de servicios.

La normativa también mantiene las exigencias técnicas de control sobre frenos, luces, emisiones contaminantes y otros sistemas de seguridad. Las inspecciones deberán realizarse en un único acto y en un mismo predio, bajo la supervisión de un director técnico responsable.

Leé también: El Gobierno anunció que abrirá un registro de talleres particulares que estarán habilitados para hacer la VTV

Además, se profundiza la digitalización del sistema mediante la emisión del Certificado de Revisión Técnica (CRT) en formato digital, aunque continuará utilizándose una identificación física para acreditar la aprobación del control.

Desde la administración nacional remarcaron que la iniciativa forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno y apunta a modernizar el esquema de revisiones técnicas mediante una mayor participación de prestadores privados.

Otros cambios que incorpora la reforma de la VTV

• Concesionarias e importadores también podrán realizar las revisiones técnicas, siempre que acrediten capacidad técnica suficiente.
• Un mismo taller podrá inspeccionar todo tipo de vehículos, incluidos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales.
• Se aplicará un sistema de habilitación más ágil para nuevos prestadores: si no hay observaciones dentro de los plazos establecidos, podrán quedar autorizados de manera provisoria hasta las auditorías posteriores.
• El Gobierno creará una base de datos nacional que concentrará la información y los resultados de todas las revisiones técnicas realizadas por los talleres inscriptos.
• La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar y auditar el funcionamiento de los establecimientos habilitados.
• La reforma no modifica la frecuencia de las revisiones técnicas, cuyos plazos continúan regidos por la normativa vigente.

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La reglamentación de la reforma laboral abrió un nuevo debate sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el esquema que modificará el sistema de indemnizaciones en Argentina desde noviembre. En una entrevista con Infobae A las Nueve, el abogado laboralista y representante de la CGT, Gustavo Ciampa, afirmó que el nuevo mecanismo afectará a jubilados y pensionados. El especialista también cuestionó el rol de fondos privados en la administración del sistema y advirtió sobre posibles conflictos judiciales.

Ciampa explicó que el FAL utilizará parte de las contribuciones patronales que hoy financian jubilaciones y pensiones. Según indicó, esos recursos pasarán a cubrir indemnizaciones por despido. “Le sacan parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa personal”, sostuvo el abogado laboralista.

Al mismo tiempo, el representante de la CGT señaló que la Constitución Nacional protege contra el despido arbitrario. En ese sentido, afirmó que la indemnización cumple una función reparadora y disuasiva. “Cuando la indemnización ya no la paga el empleador, sino que la pagan los jubilados y jubiladas, deja de haber disuasión contra el despido arbitrario”, expresó.

Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral

Según precisó Ciampa, las empresas deberán aportar fondos administrados por entidades privadas registradas ante la Comisión Nacional de Valores. El sistema incluirá fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y vehículos de inversión colectiva.

“El decreto reglamentario menciona 30 veces a los fondos comunes de inversión y no menciona derechos de los trabajadores”, afirmó. Además, sostuvo que esas entidades obtendrán ganancias mediante la administración de recursos vinculados a la seguridad social.

Asimismo, el abogado explicó que el empleador continuará obligado a pagar la indemnización. Sin embargo, el dinero saldrá del fondo administrado por la entidad financiera elegida por la empresa. También indicó que el pago podría demorar más que el sistema actual.

“Las empresas cuando despiden tienen cuatro días hábiles para pagar la indemnización”, explicó. Luego agregó que el nuevo esquema prevé otro procedimiento. Según detalló, el fondo contará con cinco días hábiles para depositar el dinero una vez completada la documentación requerida.

En este sentido, Ciampa cuestionó el destino de los intereses generados por esos fondos. “Hay un artículo del decreto que parecería indicar que ese interés lo puede cobrar la empresa”, afirmó durante la entrevista.

Costos laborales y empleo

El abogado laboralista también rechazó el argumento sobre una supuesta “industria del juicio”. Según explicó, los litigios laborales representan un porcentaje bajo dentro del sistema judicial argentino. “Solo el 6% de los juicios tramitan en la justicia laboral”, sostuvo.

Y precisó que apenas el 3% corresponde a conflictos entre empleados y empleadores. “El índice de litigiosidad es menor al 2%”, agregó.

Ciampa vinculó el empleo formal con la situación económica general y no con la reducción de derechos laborales. “Nadie contrata si no vende, nadie contrata si no produce”, afirmó.

Cambios en relaciones laborales

Entre otras cosas, el representante de la CGT también cuestionó otros aspectos de la reforma laboral reglamentada por el Gobierno. Entre ellos, mencionó modificaciones vinculadas a jornadas laborales, banco de horas y contratación de trabajadores independientes.

Según explicó, algunas disposiciones podrían derivar en conflictos judiciales. “Cuando a un trabajador le digan que va a trabajar once horas y no le paguen horas extras, eso es un juicio en puerta”, afirmó.

Ciampa también criticó la figura del “trabajador independiente con colaboradores”, incluida en la normativa. Según sostuvo, el esquema permitirá relaciones laborales sin registración formal. “Permite contratar hasta tres trabajadores sin reconocer relación de dependencia”, afirmó y advirtió que las empresas podrían organizar estructuras con empleados no registrados mediante esa modalidad.

Al mismo tiempo, el abogado señaló que la eliminación de sanciones por empleo no registrado reducirá incentivos para formalizar trabajadores. “Hoy es lo mismo tener trabajadores en blanco o en negro porque ya no hay sanción”, sostuvo.

El antecedente de la construcción y el inicio del sistema

Durante la entrevista surgieron comparaciones entre el FAL y el sistema vigente en la industria de la construcción. Ciampa aclaró que ambos mecanismos presentan diferencias importantes.

Según explicó, en la actividad de la construcción los fondos corresponden directamente al trabajador y pueden cobrarse cualquiera sea la causa de finalización laboral. En cambio, el nuevo esquema solo cubrirá despidos sin causa o acuerdos específicos.

El abogado también recordó que los primeros pagos podrían concretarse recién en mayo de 2027. Y sostuvo que la implementación del sistema resultará obligatoria para las empresas. “Las empresas pueden elegir el agente financiero, pero el sistema es imperativo”, afirmó.

Ciampa confirmó que la CGT mantiene una acción judicial contra la reforma laboral. También consideró posible que jubilados o asociaciones previsionales presenten nuevos reclamos ante la Justicia por el uso de recursos destinados a la seguridad social.

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