POLITICA
La refundación de la Justicia de Milei y Mahiques: un inicio endogámico y con nombres negociados con gobernadores
La refundación del Poder Judicial que anunció el presidente Javier Milei luego de que el Senado aprobó los pliegos de 74 nuevos jueces y fiscales está caracterizada, en esta primera etapa, por un dominio endogámico de integrantes de la propia familia judicial.
Un análisis de la lista de nombramientos muestra lazos de parentesco o relaciones laborales dentro del propio Poder Judicial.
También exhibe magistrados impulsados por gobernadores aliados de la Casa Rosada, que mantiene la renovación dentro del mismo poder político.
Los nombres representan una primera tanda para cubrir las vacantes, pero no ocuparán los cargos más sensibles de la Justicia nacional y federal.
Los lugares más delicados aparecen en los tribunales de Comodoro Py 2002, que se analizarán en el Senado más adelante.
De una primera lectura de los nombres de los 74 candidatos a los que el Senado le dio ahora luz verde, se destaca primero el revuelo político que generó la aprobación del pliego de María Verónica Michelli, la candidata cuyo nombramiento el propio Gobierno había intentado bloquear por ser cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon.
Ahora, el presidente Milei se resiste a firmar el decreto de su designación. Es su facultad.
A pesar de que el Senado le dobló el brazo a Milei al aprobar el dictamen de Michelli, el Gobierno puede festejar que esta tanda representa los primeros nombramientos judiciales de la actual gestión después de dos años y medio.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había llegado al cargo con más de 360 vacantes en el Poder Judicial federal. No se designaban jueces en esta cantidad desde hace diez años.
Todos los futuros magistrados que llegaron hasta aquí en la etapa de selección lo hicieron porque aprobaron con suficiencia un examen técnico en el Consejo de la Magistratura, pasaron entrevistas personales, fueron votados en ese organismo por sus pares, por abogados, por diputados, por senadores y por académicos, y luego el Poder Ejecutivo los eligió de una terna. Algunos concursaban hace más de diez años para estos cargos.
En la lista —más allá de Michelli— sobresalen otros nombres que reafirman la idea de que los candidatos, ahora a tiro de decreto para ser jueces o fiscales, son del riñón del Poder Judicial, ya sea por ser hijos o esposas de magistrados o por haber tenido como jefes a algunos influyentes jueces.
El sociólogo Juan José Nardi expone en su etnografía La familia judicial que, más allá de que el Consejo de la Magistratura pretende nombrar jueces según sus méritos, el modelo se perpetúa porque los candidatos necesitan de padrinos, madrinas y lobbistas de la propia justicia o el Gobierno para llegar al cargo. Y esas lealtades perduran y explican las relaciones en el tiempo.
En la lista que aprobó el Senado está Emilio Rosatti, que se convertirá en juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe y es hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Su pliego fue enviado por el Ejecutivo y generó debate. Dos votos del kirchnerismo fueron en contra.
Otro ejemplo es el de Juan Andrés Moldes, cuyo pliego fue aprobado para ser fiscal de primera instancia en el fuero Penal Económico. Es hijo del fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, de ascendencia en la justicia federal y fallecido en 2024. Juan Andrés Moldes, hijo, concursó con éxito y está a un paso de convertirse en fiscal. Su padre se jactaba de no haber llegado a su cargo por esa vía. “Quédese tranquilo. Yo no llegué por concurso”, decía un cartel colocado en su escritorio.
Laureano Durán es otro de los candidatos con el pliego aprobado por el Senado para ser designado camarista en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en la Sala I. Es hijo del fallecido camarista federal Alberto Ramón Durán, fanático hincha de Gimnasia y Esgrima y con fluidos vínculos con el peronismo bonaerense de Julio Alak. Laureano Durán sigue los pasos de su padre.
También fue aprobado el pliego de Nicolás Pacilio para el Tribunal Oral Criminal N° 1. Se trata de un joven secretario de la Cámara Federal que es hijo de Antonio Pacilio, excamarista federal de La Plata.
Varios de los pliegos aprobados corresponden a cónyuges de magistrados que intervienen en causas de alto impacto político, como por ejemplo Ana María Cristina Juan, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga al presidente Javier Milei en la causa $LIBRA.
El pliego de Juan fue aprobado como jueza federal de primera instancia de Hurlingham. Ingresó a Comodoro Py hace tres décadas y es secretaria de la Sala I de la Cámara Federal desde 2018. Su designación fue de las más debatidas y aprobada por unanimidad.
En este capítulo también destaca el pliego de Yamile Susana Bernan como camarista de la Cámara del Crimen. Es la esposa de Diego Guerendiain, exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia cuando estaba al mando de Mariano Cúneo Libarona.
Guerendiain fue desplazado por diferencias con Sebastián Amerio, el entonces viceministro.
También fueron considerados para jueces y fiscales secretarios y excolaboradores directos de los jueces federales más importantes de Comodoro Py.
Así, María Julia Sosa, designada como futura jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, si Milei firma su decreto, es secretaria del juzgado del juez Julián Ercolini de Comodoro Py 2002.
El juez federal instruyó las causas de mayor perfil contra la expresidenta Cristina Kirchner: Vialidad, donde fue condenada, y Hotesur y Los Sauces. El kirchnerismo votó en contra de su designación. Fue aprobada con los votos del oficialismo y aliados.
También fue aprobado el pliego de Javier Matías Arzubi Calvo, quien se desempeña como juez del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Es exsecretario letrado del juzgado del juez federal Ariel Lijo. Milei intentó llevar a Lijo a la Corte y no logró los votos de los senadores.
El juzgado de Lijo lleva hoy la causa por presuntas irregularidades en la ANDIS y la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Es la tercera vez que Arzubi Calvo es propuesto para el cargo de juez y, finalmente ahora, su pliego fue aprobado por unanimidad.
Pablo Ezequiel Wilk tiene acuerdo del Senado para el Tribunal Oral Federal dos de La Plata y es secretario del juzgado federal de Luis Armella.
En el caso de Jésica Yael Sircovich, fue aprobado su pliego como jueza del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y es secretaria de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ivana Quinteros, histórica secretaria de la Cámara Federal porteña de Comodoro Py 2002, fue designada como jueza del Tribunal Oral Criminal 20.
La tanda de nombres incluyó a algunos magistrados con trayectorias políticas cercanas al macrismo, como Jorge Djivaris, ahora a punto de ser designado camarista en lo Comercial en la Sala B, quien fue subsecretario de Justicia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
Su postulación para la Sala B de la Cámara Comercial -que interviene en la causa vinculadas al concurso preventivo y quiebra de Correo Argentino S.A, generó una impugnación que lo acusaba falsamente de ser familiar del ministro Mahiques. El propio Djivaris desmintió el vínculo ante la Comisión de Acuerdos. La senadora Patricia Bullrich pidió que esa aclaración quedara en actas y fue aprobado por mayoría.
Santiago Vismara, con acuerdo del Senado como fiscal general ante los tribunales en lo criminal y correccional, fue fiscal designado por la procuradora Alejandra Gils Carbó. También fue firmante de la solicitada de Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales identificada con el kirchnerismo. Su inclusión en una tanda impulsada por La Libertad Avanza generó sorpresas y su pliego fue aprobado por unanimidad.
En apenas tres meses, Mahiques envió más de 150 pliegos en distintas tandas. La Comisión de Acuerdos del Senado trabajó a ritmo acelerado para otorgarles dictamen.
El pasado jueves 4 de junio lo logró, luego de tensión política, idas y venidas y una lista que primero era de 50 jueces y fiscales y luego llegó a los 74 incluyendo a Michelli y la cobertura de vacantes en Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Bariloche y Formosa.
Al menos seis de cada diez candidatos enviados por el Gobierno ya se desempeñaban dentro del Poder Judicial, en busca de ascensos o traslados a cargos de mayor jerarquía. Muy pocos casos provinieron de fuera del sistema, según calculó Chequeado.
Entre los candidatos hay un 69% de la Ciudad de Buenos Aires y un 31% de tribunales del interior del país.
En el interior, la distribución es muy desigual: casi la mitad del cupo provincial se lo lleva la propia provincia de Buenos Aires —La Plata, San Martín y Hurlingham suman 13 pliegos (el 17,6% del total), y 10 pliegos son para el resto del país. Incluyen las provincias de Santa Fe, Mendoza y Formosa, Neuquén, Salta, Río Negro y Entre Ríos..
Así Mendoza obtuvo dos designaciones: un defensor público, que es Carlos Agustín Parma, y un vocal de la Cámara Federal de Apelaciones.
Se trata de Sebastián Guillermo Soneira, exfuncionario de confianza del gobernador Alfredo Cornejo, aliado del Gobierno nacional. Soneira fue director de Personas Jurídicas y Cornejo apoyó activamente su postulación.
Fue designado originalmente por el gobernador Cornejo y permaneció en el cargo durante todo el mandato de Rodolfo Suarez. Al momento de su designación judicial, ejercía como fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal provincial, cargo que ocupaba desde finales de 2025.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza a la que ingresa Soneira es el tribunal de mayor relevancia en la provincia, pues allí se analizan casos de narcotráfico, delitos fiscales y conflictos de derechos humanos.
En Santa Fe fueron aprobados tres pliegos de jueces donde el gobernador Maximiliano Pullaro pujó por sus designaciones, en el contexto de la crisis de seguridad por el narcotráfico. Pullaro se reunió con el ministro Mahiques para gestionar la cobertura de vacantes en la Justicia federal de su provincia.
Además, en esa lista está el ahora posible juez Emilio Rosatti, propuesto para un tribunal federal de Juicio de Santa Fe, y Walter Alberto Rodríguez, con acuerdo para el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Santa Fe.
En Rafaela prosperó el pliego de Santiago Saux como juez federal con el que se cubre una vacante de seis años en un juzgado que controla el 30% del territorio provincial y la ruta del narcotráfico hacia el puerto de Rosario.
En Neuquén fue designado Pablo Antonio Matkovic como juez del Tribunal Federal de Juicio. El magistrado propuesto fue asesor de la ministra kirchnerista Nilda Garré y en 2017 presentó un hábeas corpus contra Patricia Bullrich por el allanamiento a una comunidad mapuche. También fue denunciante en el caso Lago Escondido. Se desempeña como defensor federal en Neuquén desde hace años. Su pliego fue incorporado por pedido del jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi.
En Salta fue aprobado el pliego de Diego Anzorreguy para el Juzgado Federal de Primera Instancia n.º 2; sin vínculos políticos, encabezó el orden de mérito del concurso.
Salta es gobernada por Gustavo Sáenz, un peronismo que mantiene relaciones de convivencia con el gobierno nacional.
En Bariloche se le dio acuerdo a Leandro Agustín Gómez Constenla como juez federal. Obtuvo el mayor puntaje en el concurso y el juzgado estaba vacante desde agosto de 2019.
En Formosa obtuvo el acuerdo el pliego de Gerardo Daniel Cacace como juez del Tribunal Federal de Juicio. Fue víctima de abusos del poder policial en Formosa bajo la gestión de Gildo Insfrán y su designación es casi una declaración antioficialista.
endogámico,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Tras el fallo de la Corte sobre la ley de tierras, Bullrich se desmarcó del Gobierno y reconoció que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei
En un nuevo gesto de diferenciación, Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, señaló este miércoles que el intento del Gobierno de eliminar los límites a la venta de tierras a extranjeros, iniciativa que cayó el mes pasado tras una fuerte presión política y callejera, fue “apresurado”, y que hoy podría costarles la caída del megadecreto 70/2023 de Javier Milei.
La exministra de Seguridad se expresó así luego de que la Corte Suprema dejara ayer sin efecto, en la práctica, los límites a la venta de tierras a extranjeros. El sorpresivo fallo restituyó la vigencia de un artículo del DNU 70/2023 de Javier Milei que derogaba la ley de tierras (26.737), vigente desde 2011.
Durante su camino legislativo, la pretensión de sancionar la extranjerización de tierras llevó a múltiples postergaciones del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el que estaba incluida y, finalmente, terminó con la eliminación del capítulo en cuestión.
“Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún esta en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, dijo Bullrich respecto de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Y agregó: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque sino vamos contra nuestros propios actos”. Se refirió así a errores no forzados del Gobierno, que la senadora suele señalar.
Incluso reconoció que aquella estrategia que consideró equivocada podría derivar hoy en un rechazo del megadecreto en su conjunto. “[El fallo] vino después que la ley [de tierras] no se pudo votar, así que es una posibilidad [que la oposición voltee el DNU]”, admitió, en diálogo con .
Durante las semanas más intensas del debate sobre el proyecto, la senadora negociaba los cambios para lograr el apoyo de los aliados del oficialismo, mientras el ministro planteaba objeciones a la redacción y las múltiples modificaciones al proyecto original.
El proyecto, ya sin el capítulo sobre tierras, logró en agosto la media sanción del Senado, pero aún espera ser tratado en Diputados.
Por estas horas, la oposición en Diputados busca forzar una sesión especial en contra del decreto 70/2023. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quorum, una mayoría simple −la mitad más uno de los presentes− para voltear el DNU, que ya fue rechazado por el Senado, en marzo de 2024. La intención de los bloques opositores es llamar a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el próximo 14.
¿Candidata en la Ciudad?
Al margen del desmarque del Gobierno, el último de una extensa lista que se fue ampliando en las últimas semanas, Bullrich no descartó la posibilidad de competir en las elecciones a jefe de gobierno porteño en 2027.
Durante su participación en un acto aniversario por la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, de cuya elaboración participó como convencional constituyente, la senadora dijo que tiene “toda la posibilidad y toda la capacidad” para postularse porque siempre ha tenido a cargo “áreas complejas”. “Podría ser”, indicó.
Sin embargo, advirtió que la decisión aún no está tomada, y en su entorno deslizan que “por ahora” prefiere competir a nivel nacional. “Donde la ponga la historia”, aclaran.
En las últimas semanas, la combinación de desmarques del oficialismo y declaraciones respecto de la importancia de que “el proyecto reelija” (sin alusiones a Milei) alimentó rumores sobre una posible ruptura.
Entre risas, hoy afirmó: “En el único lugar que me tienen que poner es en MasterChef [por el reality de cocina], aunque no me eligieron. Empezó el otro día”. Una broma con la que ya había esquivado las consultas sobre su rol en 2027.
Bullrich amagó con una candidatura en la Capital, distrito que representa en el Senado, a lo largo del año. A su vez, es la única libertaria que dice con firmeza que LLA y Pro deben sellar una alianza en la Ciudad. Los diálogos entre ambos espacios aún están “fríos” en Buenos Aires, reconocen ambas partes, mientras los legisladores violetas cuestionan la gestión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
Respecto de la administración del exintendente de Vicente López, la senadora dijo a que tiene “luces y sombras”. Valoró la política de ley y orden que impulsó Jorge Macri a partir de la derrota de Pro en la Ciudad en 2025, en la que quedó tercera después de LLA y el PJ: “Se ha encaminado en varios temas: el tema del orden, de las usurpaciones”.
Sin embargo, dijo que “faltan otras cosas” y cuestionó la prematura negociación “del contrato de la basura”. “Adelantar tanto una negociación me parece que tiene su lado oscuro”, remarcó.
De esa manera, la exministra se refirió al inminente inicio del proceso para renovar las concesiones de recolección de residuos en la Capital para el período 2028-2038.
Propuestas con sello porteño
Durante su intervención en el acto por el aniversario de 30 años de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, que organizaron entidades como el Consejo de la Magistratura porteño y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA) en la Facultad de Derecho de la UBA, Bullrich retomó una propuesta de 1996 para la Capital.
Planteó que entre los 60 legisladores porteños, 30 podrían ser elegidos por barrio, lo que les daría “un compromiso más ligado a un territorio” y a “una identidad”. Esa es una “deuda” que le quedó pendiente de aquella época, cuando también era diputada nacional.
También señaló la falta de autonomía de la Capital en algunos aspectos como “el servicio penitenciario, gran parte de la Justicia, el puerto de la ciudad de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia”.
“Es una deuda que se va logrando, pero algunas veces con pasos lentos. Es importante apurar estos pasos para que la Justicia complete su autonomía”, dijo. Este año, el Congreso y la Legislatura aprobaron la transferencia del fuero laboral nacional a la órbita porteña y avanzan sobre la transferencia de la justicia de menores y la jurisdicción sobre varios delitos a manos del Poder Judicial porteño.
A la vez, cuestionó que la Ciudad, por ejemplo, “quiera” manejar la Policía y no a los presos. “Tiene que ser un tango que se baile de a dos”, expresó. “Si no, uno tiene la policía, que es fácil porque le da seguridad y puede formar su policía, pero el producto de la policía que son los detenidos los tiene la Nación”, añadió.
El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad se realizó bajo la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, durante la presidencia de Mauricio Macri.
También consideró que el distrito debería “hacer cambios en su estructura porque no vale tener plata y gastarla porque sí”. Si tiene una mejor recaudación que otras provincias, debe intentar “transferir la mayor cantidad de recursos al privado y bajar impuestos”.
La senadora compartió el panel con Gustavo Vivo, Alberto Maques, María Elena Barbagelata y Raúl Garré, también convencionales constituyentes de la Ciudad.
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POLITICA
Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis por un pedido de secuestro de su auto que estaba sin efecto: le hicieron control de alcoholemia y lo dejaron seguir
Máximo Kirchner permaneció hoy durante unas dos horas al costado de la ruta en San Luis luego de que la Policía provincial lo interceptara cuando viajaba en su automóvil hacia San Juan y detectara un antiguo pedido de retención del vehículo vinculado con la causa Hotesur. La demora efectivamente existió, pero, según pudo saber Infobae, el procedimiento se originó en una orden judicial vieja que había quedado sin efecto y continuaba registrada en el sistema utilizado por los efectivos puntanos.
El incidente ocurrió este miércoles en el cruce de Justo Daract, en la provincia de San Luis. Máximo Kirchner viajaba en su propio auto rumbo a San Juan, donde tenía previsto desarrollar una agenda política, cuando fue detenido durante un control.
Al consultar los datos del vehículo, los policías encontraron una medida que se remontaba a la investigación de la causa Hotesur. A partir de esa información, resolvieron impedir momentáneamente que el diputado continuara el viaje hasta determinar si el requerimiento seguía vigente.
La orden que apareció en los registros es la misma que consta en un antiguo oficio judicial al que accedió Infobae y que había sido firmado por el juez federal Julián Ercolini.
El documento fue confeccionado en el marco del expediente 11.352/2014, caratulado “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ inf. Art. 303 del CP”, y estaba dirigido al jefe de la Gendarmería Nacional. Allí, Ercolini comunicaba que se había dispuesto “el SECUESTRO de los vehículos que se detallan en un cuadro que se adjunta al presente”.
La medida comprendía en aquel momento vehículos pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y un conjunto de personas y sociedades investigadas dentro del expediente.
El escrito establecía además cómo debían proceder las fuerzas de seguridad si localizaban alguno de esos bienes. “En caso de que alguno de ellos sea habido, deberá establecer consulta de inmediato con el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 8”, señalaba el oficio.
Y añadía: “La medida aquí comunicada deberá quedar anotada a exclusiva disposición del mencionado tribunal”.
Ese documento, sin embargo, reflejaba una situación procesal anterior. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, la medida que afectaba al automóvil en el que viajaba Máximo Kirchner ya había quedado sin efecto. El problema fue que la Policía de San Luis tenía en sus registros aquella resolución antigua y actuó inicialmente sobre la base de esa información.
Por eso, el episodio no terminó con el secuestro definitivo del vehículo ni con una detención del diputado nacional.
Mientras se intentaba aclarar la situación, Kirchner permaneció más de una hora esperando al costado de la ruta. La Policía puntana debía recibir la confirmación de la Justicia Federal de que la medida que figuraba en su sistema ya no se encontraba vigente.
Durante el procedimiento también le realizaron un control de alcoholemia. El resultado fue negativo. “Fue muy llamativo todo lo que pasó”, dijeron a Infobae en el entorno del dirigente que lidera la organización La Cámpora.
Una vez recibida la información judicial correspondiente y aclarada la situación del automóvil, Máximo Kirchner pudo continuar viaje con normalidad hacia San Juan.
En el entorno del ex presidente del Partido Justicialista bonaerense remarcaron que el vehículo es utilizado habitualmente por el diputado y que había circulado anteriormente sin inconvenientes por distintos puntos del país.
Mencionaron, entre otros antecedentes, viajes al conurbano bonaerense, La Rioja y Mar del Plata en los que no había surgido ningún impedimento relacionado con el automóvil.
La aclaración resulta relevante porque las primeras informaciones que circularon sobre el operativo presentaron el episodio como el secuestro de un vehículo relacionado con la investigación de Hotesur e incluso algunas versiones hablaron de una supuesta detención de Máximo Kirchner. Un medio puntano llegó a publicar que el legislador había sido “detenido”, aunque esa versión no coincide con la reconstrucción obtenida posteriormente sobre lo sucedido.
Lo que ocurrió, según pudo reconstruir Infobae, fue diferente: hubo una demora real, prolongada durante más de una hora, mientras la Policía comprobaba el estado de una disposición judicial que figuraba en sus registros. Pero la orden era antigua y había perdido vigencia.
La confusión ocurrió además un día después de otro procedimiento en San Luis en el que había sido localizada una camioneta alcanzada por un requerimiento judicial vinculado con la misma investigación. Esa sucesión de episodios contribuyó a que inicialmente se relacionara el caso de Máximo Kirchner con una medida judicial activa.
Hotesur es una de las investigaciones patrimoniales que involucraron a la familia Kirchner y que analizó operaciones comerciales vinculadas con sus empresas hoteleras y las relaciones económicas mantenidas con firmas del empresario Lázaro Báez. La causa atravesó distintas instancias judiciales durante más de una década, con resoluciones, medidas patrimoniales y cambios en la situación procesal de los acusados.
El expediente que aparece mencionado en el antiguo oficio de Ercolini no debe confundirse, además, con las medidas patrimoniales que actualmente tramitan en la causa Vialidad. Este mismo miércoles, el Tribunal Oral Federal N°2 concedió recursos para que Máximo y Florencia Kirchner recurran ante la Cámara Federal de Casación Penal decisiones vinculadas con bienes de Hotesur y Los Sauces en el proceso de ejecución de la condena contra Cristina Kirchner. Se trata de actuaciones judiciales distintas.
Después de que se resolviera el inconveniente en Justo Daract, Máximo Kirchner retomó la ruta y continuó hacia San Juan.
El viaje tenía un objetivo político. Para este jueves estaba prevista una reunión con el senador nacional y ex gobernador sanjuanino Sergio Uñac, de la que también participarían diputados y senadores. El encuentro forma parte de los contactos que mantiene el diputado en medio de la discusión interna del peronismo y de la agenda parlamentaria.
Así, un viaje que inicialmente debía transcurrir como otros realizados por Kirchner en los últimos meses terminó alterado durante cerca de dos horas por una alerta judicial desactualizada.
La clave del episodio quedó finalmente en la diferencia entre la existencia histórica de la orden y su vigencia actual. El oficio de Ercolini es auténtico y había ordenado expresamente el secuestro de una serie de vehículos dentro de la causa Hotesur. Pero, en el caso del automóvil en el que viajaba este miércoles Máximo Kirchner, esa disposición ya había sido dejada sin efecto.
La Policía de San Luis actuó sobre la base del viejo registro, mantuvo demorado al diputado mientras consultaba a la Justicia Federal y, una vez comprobada la situación procesal actual, permitió que siguiera viaje en el mismo vehículo hacia San Juan.
POLITICA
Tras el fallo de la Corte, Elisa Carrió reclamó a Diputados que rechace el DNU de extranjerización de tierras
La líder fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió este miércoles a la Cámara de Diputados que rechace el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras Rurales y dejó sin efecto los límites que esa norma establecía para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El reclamo se produjo un día después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había declarado la inconstitucionalidad de ese artículo.
“El DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados, de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo”, escribió en su cuenta de la red social X.
La dirigente de la Coalición Cívica sostuvo además que la medida constituye un “poder autoritario” que “afecta la soberanía e integridad territorial de la Nación Argentina” y responsabilizó por ello al Presidente y a los ministros que firmaron el decreto.
Y acusó: “Se los dije hace más de 20 años: vienen por el agua y la tierra. Ahora lo que viene es la Inteligencia Artificial (IA) y el agua dulce. Todos cómplices. Que Dios los perdone. Esto es el anarcocapitalismo. Son simples empleados a sueldo para la enajenación de la Nación Argentina. Última matriz de saqueo. O tomamos conciencia o estamos fritos”.
Qué decidió la Corte
La Corte Suprema revocó este martes la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que en diciembre de 2023 derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras. El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El máximo tribunal fundamentó su decisión en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había promovido la demanda, no estaba legitimado para iniciar esa acción y no existía un caso o controversia que habilitara la intervención judicial.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. La Corte Suprema revocó ese fallo este martes.
La Corte aclaró expresamente que su decisión no supone un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 ni implica una interferencia sobre las facultades del Congreso.
La consecuencia práctica del fallo es que volvió a quedar vigente el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras. De esta manera, quedaron sin efecto los límites que establecía esa norma para la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Ley 26.737 establecía, entre otras restricciones, que las tierras en manos de extranjeros no podían superar el 15% de la superficie de cada territorio nacional, provincial y departamental, y fijaba además un límite de 1000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo.
Críticas de la oposición
Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, diferentes diputados de la oposición criticaron la decisión del Máximo Tribunal de Justicia y lo calificaron como “vergonzoso” y “escandaloso”.
Uno de los primeros fue el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón, quien solicitó una sesión especial en la Cámara baja para tratar el tema. “Tras el fallo VERGONZOSO de la Corte Suprema es urgente que convoquemos a una sesión especial para Derogar el DNU 70/23″, dijo.
A su crítica se sumó el diputado izquierdista Nicolás del Caño: “Una institución monárquica como la Corte Suprema, integrada por solo ¡3 personas!, revierte lo que millones logramos en las calles el 6 de agosto (…) Parece que a los cortesanos no les llegó la información de que el admirador de Thatcher ahora se hizo ‘malvinero’. Una farsa de quienes saquean y entregan todo. Como hicimos contra el 2×1 en beneficio de los genocidas, tenemos que derrotarlos en las calles».
Por su parte, el diputado de Fuerza Patria Martín Soria expresó: “A meses de que el Pueblo y el Congreso dijeran NO a la ley de extranjerización del territorio de Milei, la Corte Suprema aparece para hacer lo que el gobierno no pudo. No quedan dudas, esta Corte está ocupada por empleados de los intereses extranjeros”.
También de la Coalición Cívica se manifestó el diputado Maximiliano Ferraro. “Mientras se lavan la cara con un proyecto de ley de “soberanía nacional”, van a extranjerizar la tierra estratégica de la Argentina sin límite alguno”, dijo y agregó: “La sociedad ya se expresó, y también lo hizo el Senado. Lo que no prosperó en el Congreso no pueden sostenerlo con un DNU. No lo podemos permitir. Tenemos que volver a salir todos a reclamar, pacíficamente, protección para la tierra y los recursos estratégicos de los argentinos. A nosotros, diputados y senadores, nos toca activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”.
que derogó la Ley de Tierras Rurales y dejó sin efecto los límites que esa norma establecía,“vergonzoso” y “escandaloso”,pic.twitter.com/jRZMUh39K4,September 29, 2026,Elisa Carrió,Coalición Cívica,Cámara de Diputados,Conforme a
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