La Fundación Pensar, el think tank del PRO, advirtió que la estabilización económica lograda por el Gobierno ya no alcanza para revertir el deterioro social acumulado, y que el principal desafío es lograr que ese crecimiento llegue a la mayoría de los argentinos.

El diagnóstico forma parte del informe mensual “Atrápame si puedes – Parte II”, en el que el exministro de Economía Hernán Lacunza advirtió que el camino elegido para llegar al destino tiene consecuencias que no pueden ignorarse.

La publicación sostiene que “la Argentina social quedó partida entre quienes ya sienten alivio, los que todavía esperan, aquellos que se adaptan como pueden y los que sienten que el ajuste les cayó directamente encima”. Y agrega que el endeudamiento de los hogares alcanzó su nivel máximo en 20 años, con tarjetas de crédito y préstamos personales que funcionan cada vez más como complemento del salario para cubrir gastos cotidianos.

En su columna titulada “Para llegar al destino, el camino importa”, Lacunza propuso que todo programa de desarrollo descansa sobre tres vértices interdependientes: el económico, el social y el político. Cuando los tres se alinean, sostiene, se construye un triángulo virtuoso donde la estabilidad y el empleo se refuerzan mutuamente y generan respaldo político. Cuando uno falla, el triángulo se vuelve vicioso. “Si el dinero no alcanza, menos votos, más fuga al dólar, más tasa, menos empleo. A todos nos suena”, señaló el exministro.

El economista, además, reconoció que el programa en curso logró bajar “la angustia del changuito” con 200% de inflación heredada y apuntó a encadenar dos años de crecimiento. Pero advirtió que los sectores productivos ganadores —agro, energía y minería— generan apenas 250.000 empleos directos, mientras que la industria manufacturera y la construcción, que son los sectores perdedores del modelo, emplean a casi 4 millones de trabajadores. El comercio urbano suma otros 4 millones adicionales.

Sobre el impacto en el empleo, Lacunza señaló que entre 2023 y 2025 el empleo total fue estable en cantidad pero no en calidad: se perdieron 310.000 asalariados formales, se sumaron 70.000 informales y 300.000 cuentapropistas independientes, con una caída del salario real del 3,5%. El exministro atribuyó parte de esa dinámica a cambios que considera inexorables —apertura comercial, reducción del Estado, cambio tecnológico— pero marcó otros que no lo son.

Entre estos últimos, apuntó a la casi duplicación del salario promedio en dólares, que pasó de USD 730 a USD 1.300 desde mediados de 2024. “¿Alguien puede pensar que la productividad aumentó 80% en dos años?”, se preguntó, y alertó que ese encarecimiento afecta la competitividad manufacturera y de la construcción, sector que perdió 60.000 puestos formales respecto de fines de 2023.

Sobre el ajuste del gasto público, precisó que “entre fines de 2023 y la primera mitad de 2026, los perceptores de asignación universal por hijo vieron duplicado su beneficio, pero los jubilados (con bono complementario) perciben 15% menos de haberes, los empleados públicos un 17% menos de salario real y los profesores universitarios un 26%”, escribe. La obra pública, añadió, se redujo 80% y se sitúa en mínimos históricos de 0,3% del PBI.

Lacunza reconoció que el ajuste era inevitable ante una herencia de 211% de inflación. “La ‘casta’ es un recurso retórico eficiente, pero inmune a la motosierra”, afirmó, y recordó que del otro lado de cada línea presupuestaria hay jubilados, maestros, médicos, policías y empleados públicos. “El que destruye el Estado y sus funciones es el que lo llena de ñoquis y corruptos, pero a la hora de sanear, la motosierra no distingue”, sentenció.

En su columna, Lacunza cerró con una advertencia de fondo: “Hemos asistido a demasiados intentos de desarrollo con mejor principio que final; que no se repita”.

El informe de la Fundación Pensar también incluyó un balance social del gobierno de Milei a cargo de la consultora Mora Jozami, quien sostuvo que “la economía muestra ganadores más claros que hace un año, pero la Argentina social sigue partida», y que “el gobierno logró construir una narrativa de orden, pero ahora necesita construir una experiencia de mejora”.

Escala el conflicto diplomático entre Argentina y Brasil tras la participación de Javier Milei en el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro y sus fuertes cuestionamientos al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La tensión también se trasladó al Congreso, donde distintos sectores de la oposición comenzaron a impulsar iniciativas de repudio y analizan medidas parlamentarias.

El libertario había definido el sábado a su par como “ladrón” y “presidiario”. El conflicto llegó al punto de que Brasil llamó a consulta a su embajador en Argentina, así como pidió explicaciones al embajador argentino en Brasilia.

Pese al receso invernal, la Cámara de Diputados se convirtió en una caja de resonancia de la crisis diplomática. Legisladores de todo el arco político, desde la UCR al peronismo se expresaron en contra. Incluso no descartan citar al canciller Pablo Quirno a la Comisión de Relaciones Exteriores o convocar a la Comisión del Mercosur para evaluar el impacto de la situación sobre el vínculo entre ambos países.

La Comisión del Mercosur está presidida por el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés, mientras que la Comisión de Relaciones Exteriores está encabezada por la libertaria Juliana Santillán.

Valdés mantendrá en los próximos días una reunión con el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y no descartó convocar a la comisión que preside para abordar el tema. “Un presidente dedicó su vida a unir pueblos, construir puentes y fortalecer la integración de América del Sur. El otro dedica cada día a sembrar odio y divisiones al insultar al presidente de un país hermano y principal socio comercial”, sostuvo Valdés al comparar las posturas de Javier Milei y Lula da Silva.

El pedido para citar a Pablo Quirno

El diputado socialista por Santa Fe Esteban Paulón solicitó la convocatoria del canciller Quirno a la Comisión de Relaciones Exteriores y presentó un proyecto de repudio contra las expresiones de Milei hacia Lula y las instituciones brasileñas.

El legislador argumentó que las declaraciones del Presidente “resultan incompatibles con el respeto que debe regir las relaciones entre Estados soberanos y constituyen una grave afectación de la investidura presidencial y de los intereses de la República Argentina”.

Además, afirmó: “Este proyecto pretende reafirmar un principio elemental de la política exterior de cualquier Estado: cuando una persona ejerce la Presidencia de la Nación, sus actos y declaraciones no pueden ser considerados exclusivamente como expresiones de carácter personal”. Y cerró: “El Presidente de la República representa al Estado argentino y, en consecuencia, sus palabras y acciones comprometen a nuestro país, afectan sus relaciones internacionales y pueden generar consecuencias concretas sobre los intereses nacionales”.

Los cuestionamientos de Unión por la Patria

Desde la bancada peronista, el excanciller Jorge Taiana presentó un proyecto de declaración para repudiar las expresiones de Milei, al considerar que “dañan las relaciones bilaterales y la política exterior argentina, por la manifiesta injerencia en asuntos internos de otro Estado, en violación de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”.

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Taiana agregó: “Además, rechazamos la participación de funcionarios de la Cancillería argentina en un acto de carácter político-partidario en el exterior, apartándose de sus obligaciones constitucionales. La afrenta y los agravios al gobierno de Brasil en su propio país ponen en riesgo los lazos históricos de hermandad y cooperación estratégica entre ambas Naciones”.

El Frente Renovador también cuestionó al Gobierno

Los diputados del Frente Renovador también se sumaron a las críticas. Sabrina Selva sostuvo que detrás de la relación bilateral “hay miles de PyMEs, empleos e industrias argentinas que dependen de nuestro principal socio comercial” y reclamó “recuperar el diálogo, el respeto y la sensatez”.

Por su parte, Diego Giuliano afirmó que “un Presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial”. Y advirtió que “cada pelea diplomática de Milei la terminan pagando nuestra industria, nuestras exportaciones y nuestros trabajadores”.

En la misma línea, Cecilia Moreau calificó como “inaceptables” los agravios del mandatario argentino contra Lula y recordó que “jamás en la historia un presidente argentino viajó a otro país para insultar públicamente a su mandatario”.

La carta de Marcela Pagano

La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, también cuestionó al Presidente mediante una nota en la que expresó “disculpas en nombre de los millones de argentinos que no insultan a sus hermanos”. “Brasil no nos soltó la mano en 1982, cuando estábamos solos frente a Inglaterra. No vamos a permitir que un exabrupto destruya 40 años de hermandad. Las naciones duran más que los gobiernos. Los pueblos, más que los agravios. Que la historia nos encuentre, como en Foz de Iguazú, del mismo lado del puente”, planteó la ex legisladora libertaria.

Las críticas desde la UCR

Los radicales críticos, agrupados en la bancada Provincias Unidas, también reclamaron que el Congreso debata la situación. El diputado bonaerense Pablo Juliano cuestionó el viaje presidencial y señaló: “Fue a apoyar a un candidato y abrió una nueva crisis diplomática con nuestro principal socio comercial. El mundo no es TikTok y un presidente no debe buscar ser viral en redes, sino asumir las responsabilidades de su cargo”.

A su vez, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, afirmó que “asistimos a un conflicto innecesario con nuestro principal socio comercial, porque detrás de cada palabra hay fábricas, PyMEs y puestos de trabajo argentinos”, y sostuvo que “el insulto al que piensa distinto nunca puede ser el camino para un Presidente”.

Desde el radicalismo recordaron que el expresidente Raúl Alfonsín y el entonces mandatario brasileño José Sarney firmaron en 1985 la Declaración de Foz de Iguazú, antecedente del Mercosur y del fortalecimiento de la relación bilateral. En ese marco, el exdiputado nacional Facundo Suárez Lastra calificó a Brasil como un “país hermano, vecino y muy querido”.

Las bancadas oficiales de la UCR en Diputados y el Senado, encabezadas por Pamela Verasay y Eduardo Vischi, respectivamente, no se pronunciaron sobre la controversia.

El Congreso permanecerá una semana más en receso. Para el 6 de agosto está prevista la reanudación, en el Senado, del cuarto intermedio de la sesión solicitada por el oficialismo para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, ese debate podría convertirse en el primer escenario legislativo en el que la oposición lleve al recinto los cuestionamientos por las declaraciones de Milei contra Lula da Silva.

Javier Milei, Lula Da Silva, Congreso

Pasada la convulsión que generó el caso Adorni, el Gobierno definió las tres claves con las que busca marcar la segunda mitad del año: avanzar en la sanción de la mayor cantidad posible de proyectos de ley enviados al Congreso, profundizar el operativo reelección de Javier Milei rumbo a 2027, ya lanzado, y fortalecer el vínculo con las provincias aliadas, según expresó a Infobae una fuente oficialista.

“Para el segundo semestre impera una lógica legislativa y la definición político-electoral previa a 2027. La mesa política tiene discusión en función del tema”, sintetizó un integrante de la mesa política para definir las prioridades del Poder Ejecutivo para los próximos meses.

La Casa Rosada ordena los planes para, tras el “reseteo” del Gabinete, como lo llaman, encontrar el equilibrio necesario que le permita cumplir con todos los objetivos trazados sin tener que declinar ninguno. “El desafío es ver cómo amalgamamos los intereses del partido con la política que implementaremos en el vínculo con los aliados”, se sinceró una voz oficial.

La hoja de ruta diseñada por la administración libertaria apuesta a avanzar en la aprobación de la mayor cantidad de leyes necesarias para dar lugar al “año más reformista de la historia”, que prometió el presidente Javier Milei el 1° de marzo en el marco de la Asamblea Legislativa. “Trabajamos en una agenda de reformas con el Presidente a la cabeza. Es un Gobierno que tiene la libido puesta ahí”, graficó un funcionario en tema.

Con el Congreso en pleno receso invernal, el Poder Ejecutivo tiene pendiente el envío de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en la que trabaja el propio Milei y que presentará el jueves en cadena nacional, pero además los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e Inocencia Fiscal II, un paquete de proyectos económicos y la tan ansiada reforma electoral, clave para consolidar los planes electorales, pero aún sin los apoyos suficientes.

En la búsqueda de los respaldos necesarios para la sanción de los proyectos previstos para este año figura el vínculo del oficialismo con las provincias, política que se sometió a profundos cambios en lo que va de la gestión. Si bien inicialmente las terminales violetas se mostraban reticentes a acordar con los representantes provinciales, con una nueva elección presidencial en el horizonte y en pos de concretar los deseos reeleccionistas del libertario, admiten la necesidad de entablar un diálogo más amplio.

En ese escenario, en Casa Rosada hablan de un esquema de 13 provincias aliadas, con las que mantienen permanente comunicación y con las que acordarán de diferente manera en función de las necesidades de cada territorio. “Hay una mayor vocación para acordar. El primer objetivo es la reelección de Milei y no con todas se tendrá el mismo criterio”, expresó un alfil violeta.

En Balcarce 50 identifican entre los aliados a Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco y San Luis. También suman a la Ciudad de Buenos Aires, distrito complejo, atravesado por la interna existente entre los primos Mauricio y Jorge Macri.

Pese a la voluntad expresa, aclaran que los entendimientos se materializarán de diversas formas y pueden ir desde compartir listas a habilitar únicamente la competencia legislativa. Tampoco descartan acordar términos de coexistencia pacífica en territorios liderados por gobiernos de otro signo político, pero de sintonía libertaria. “Los gobernadores están viendo que en sus provincias hay anuencias para hacer acuerdos”, celebró un funcionario que se muestra expectante por los cierres de listas que tendrán lugar en 2027.

No obstante, en el armado son cautelosos y evitan dar definiciones en torno a los posibles entendimientos que negociarán “provincia por provincia”, aunque admiten que las conversaciones se definirán en función de los apoyos legislativos que el oficialismo reciba en el Congreso Nacional. “Falta más de un año, no hay criterios definidos. Hacerlo sería un suicidio”, aclaró una fuente del sector a este medio.

A la tarea está abocada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, secundada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien recibe casi a diario a los mandatarios provinciales para escuchar sus reclamos, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, quienes cumplen un papel activo en el armado.

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