Hubo tres hechos que cambiaron los movimientos de Máximo Kirchner en el tablero político de la Argentina. El primero fue la condena y la detención de su madre en San José 1111, donde está aislada de la vida de las mayorías hace poco más de un año. El segundo fue el final de su ciclo al frente del PJ Bonaerense. El tercero fue el veloz y profundo deterioro de su relación, y la de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof.

Ese encadenamiento de situaciones le abrió el camino a un mayor protagonismo en la discusión nacional del peronismo y en la organización política del kirchnerismo. Su discurso en Parque Lezama, cuando se conmemoró un año de la prisión de CFK, puede ser tomado como un quiebre en la lógica interna del mundo K. Ese día Kirchner terminó de erigirse como el líder de una línea del peronismo que tiene una jefa detenida y un jefe en la calle.

En las últimas semanas amontonó recorridas y actos en Entre Ríos, Santa Fe, Carmen de Areco y La Rioja, donde estuvo el fin de semana. En 48 horas tuvo tres actos y ocupó un rol protagónico en una cumbre de unidad armada por el gobernador riojano, Ricardo Quintela. Kirchner no está jugando la partida nacional como el jefe de La Cámpora, sino como líder del kirchnerismo y dueño de un poder real que le fue delegado por su madre, imposibilitada de ejercerlo libremente. Es un escalón más arriba que el de la conducción de la organización que fundó pasado el 2003.

Nacido en La Plata y criado en El Calafate, Kirchner construye la imagen de un dirigente nacional con el suficiente peso para ser candidato en la provincia de Buenos Aires el año que viene o para jugar en un cargo a nivel país. Casi ninguna candidatura se puede anticipar con tanto tiempo. Lo seguro es que el legislador va a estar parado en la línea de largada para ser una opción en cualquier rol que el kirchnerismo quiera pelear en la batalla electoral.

Con CFK presa e inhabilitada para competir por cargos públicos, el sector que ella lidera necesita construir un perfil que pueda representar la identidad cristinista en la cancha electoral. Hasta aquí, ese segundo nombre siempre ha sido Eduardo “Wado” de Pedro, pero la salida de Kirchner al territorio federal modifica ese orden y lo coloca como el nombre capaz de representar con claridad el sentir cristinista.

El último fin de semana, Kirchner absorbió gran parte del protagonismo de la cumbre peronista en La Rioja. La ausencia de Kicillof, que estaba invitado pero no quiso quedar entrampado en lo que consideraba que era una foto de unidad forzada, le dio mayor peso a sus apariciones. Quintela le brindó un lugar preponderante en los actos y después aseguró que la unidad para enfrentar a Milei tiene que ser total. Para eso necesita, sí o sí, que haya algún tipo de acuerdo entre el gobernador bonaerense y los Kirchner. Por ahora, ese anhelo del riojano es muy difícil de cumplir. La relación está muy desgastada y lo político está enredado con lo personal.

Durante sus discursos en el norte, Kirchner planteó, implícitamente, sus diferencias con el gobernador bonaerense, la necesidad de una discusión profunda en el peronismo sin que los cuestionados se ofendan y una postura definida de la fuerza política respecto a la renegociación de la deuda que un eventual gobierno peronista debería hacer con el FMI. Se mostró dispuesto a negociar, pero con el cuchillo entre los dientes. Si el año que viene hay unidad en el peronismo, nadie llegará al final sin rayas en la piel. Son las consecuencias de una discusión nacional que es cada vez más horizontal.

El vínculo con el Fondo es un tema central para el cristinismo. La semana pasada Kirchner presentó un proyecto que busca colocar al Congreso como un filtro ineludible para aprobar una operación crediticia impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa le fija un techo legal a la deuda externa e instruye al Poder Ejecutivo a exigirle al propio FMI una revisión del excedente que hoy carga el país. Es un tema que el legislador repite a menudo y está en la primera línea de temas a acordar. Sobre todo después del fracaso del Frente de Todos respecto a ese posicionamiento.

Para él y los dirigentes que lo rodean, la libertad de CFK es parte del proyecto político que se pone en discusión el año que viene. Y ahí residen gran parte de las diferencias con el resto de las vertientes, a las que no les interesa levantar con asiduidad el cartel de “Cristina Libre”. El sector K está apoyado sobre una postura que no negocia. Sin la ex presidenta libre, no hay legitimidad plena para un eventual gobierno peronista. En el resto de las tribus no creen que sea así, pero no confrontan. Cada cual atiende su juego.

“La proscripción no opera sobre una persona, opera sobre lo que muchos y muchas queremos votar”, dijo la semana pasada durante una entrevista con C5N. Sin CFK en condiciones reales de competir, el kirchnerismo debe moldear un nombre propio que pueda representar esas ideas con claridad y que sea una carta para cualquier negociación que asome en el futuro con el resto de las vertientes. Ese camino conduce al apellido Kirchner.

El legislador no habla de candidaturas, sino de un armado político que tenga un programa consistente con la línea que el kirchnerismo está dispuesto a negociar. Por eso cree que puede haber un debate con otras tribus sobre el contenido de la unidad, pero que ese consenso tiene un límite y son aquellos peronistas que apoyaron las políticas libertarias en el Congreso. El pragmatismo tiene condiciones.

Kirchner está teniendo cada vez más incidencia en los vínculos políticos y territoriales del ecosistema peronista. Es el representante de un espacio político que tiene una conductora con limitaciones muy marcadas para aceitar las negociaciones cruzadas entre los dirigentes y hacer crecer el clamor de sus seguidores, pero es también la cara más visible de la discusión política en la que se cruzan la calle con las redes sociales. El rostro de un esquema político vertical y que juega al límite dentro de la compleja reorganización del peronismo.

En los meses que le restan al año va a viajar a distintas provincias. Seguirá tallando un perfil con matices electorales y un rostro que adapta la conducción política de Cristina Kirchner a una realidad que a ella la supera. El soporte logístico de esas visitas seguirá siendo, como hasta ahora, La Cámpora. Son sus dirigentes los que arman la bajada al territorio. En esos menesteres estuvo inmiscuido este fin de semana Pablo “Tato” Giles, secretario de Organización de La Cámpora, que acompañó a Kirchner en La Rioja y que es uno de los dirigentes en ascenso dentro de la agrupación.

A su lado también estuvieron las dos caras de las puntas generacionales de La Cámpora. La actual secretaria general, Lucía Cámpora, y el senador “Wado” de Pedro, de la línea fundadora del espacio político. Cuando estuvo en María Teresa, Santa Fe, lo acompañó Florencia Carignano, cuando viajó a Entre Ríos, se encontró con Tomás Ledesma y, cuando estuvo en Carmen de Areco, lo esperó el intendente Iván Villagrán, que lo pidió como candidato a la presidencia de la nación. Los nombres de la agrupación que conduce son el nexo con las localidades a las que va y las caras reconocidas de una primera línea política que se ha ido modificando en el tiempo.

Kirchner va a viajar por distintas provincias como lo podría hacer CFK si estuviera libre. Va a suplir a su madre en ese aspecto y va a llevar el mensaje de ella a cada lugar que vaya. Va a mantener la idea de que tiene que ser la candidata del peronismo en el 2027. Pero si eso no ocurre, será él el que esté sentado en la mesa chica donde la voz de su madre tenga peso en la definición.

Tal vez sea candidato, tal vez no. Las circunstancias serán las que contextualicen la definición de ese armado que lideran junto a su madre. Mientras tanto, se constituirá al frente de un espacio que necesita una conducción terrenal y un rostro visible para discutir el entramado político y económico de un nuevo dispositivo electoral con eje en el peronismo.

Máximo Kirchner

Agosto comenzó con varios desafíos legislativos para La Libertad Avanza. En el Senado, el oficialismo busca retomar el debate por la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que llegó al recinto luego de sufrir 15 modificaciones en su dictamen. En Diputados, en tanto, avanzan los preparativos para iniciar el tratamiento de la reforma del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

Las diferencias entre el oficialismo y sus aliados quedaron expuestas durante la discusión del proyecto de propiedad privada, especialmente en el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros.

Hubo cambios propuestos por los aliados dialoguistas que aceptó la senadora Patricia Bullrich y este martes los anunciará junto a los senadores de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.

“Nos oponemos a la venta de tierras a extranjeros sin restricciones ni controles y no queremos incluir a inquilinos en desalojos exprés. De todo eso y varios ítems polémicos más trata el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que está en debate en el Senado”, señaló Carolina Moisés, senadora jujeña de Convicción Federal.

En la misma línea, Alejandra Vigo, senadora cordobesa de Provincias Unidas, afirmó: “Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros. Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción. La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado que sostienen incluso las economías más abiertas del mundo, las mismas que el gobierno nacional toma como referencia”.

La iniciativa, que también contempla desalojos exprés y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, llega al recinto con una última versión producto de las conversaciones que mantuvo la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

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El oficialismo espera contar con el respaldo de sus aliados del PRO, de la mayoría de los integrantes de la UCR y de distintos espacios provinciales. La sesión será presidida por el libertario Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo por un nuevo viaje al exterior del presidente Javier Milei.

Los debates en Diputados

La Cámara baja definió los giros a las comisiones para iniciar el tratamiento del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central anunciado por Javier Milei en cadena nacional.

La iniciativa será analizada por tres comisiones presididas por diputados libertarios: Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch; Legislación General, encabezada por Santiago Santurio; y Finanzas, presidida por el fueguino Santiago Pauli.

El plenario de las tres comisiones ya se fijó para este miércoles a las 15. Será una reunión informativa con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

Este martes, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reunirá a los jefes de bloques dialoguistas para definir la estrategia legislativa y establecer el cronograma de los plenarios de comisiones. El objetivo del oficialismo es obtener dictamen y llevar el proyecto al recinto durante las últimas semanas de agosto, con las fechas del 19 o el 26 como posibles alternativas.

Una de las primeras críticas sobre el funcionamiento del Banco Central fue expresada por Martín Menem: “El desastre que fue el Banco Central, manipulado por la política. Ha sido una constante meter la mano en el Banco Central. Con ese sistema de poner dinero en las manos de la gente llegamos al 57% de pobreza”, cuestionó el diputado.

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Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro planteó la necesidad de limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. “Cualquier gobierno, actual o futuro, podrá revertir estos cambios con la sola firma del Presidente y sus ministros, tal como se ha hecho antes para intervenir el Banco Central o disponer de sus reservas. Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”, sostuvo.

El proyecto impulsado por Milei busca establecer un régimen legal que garantice la independencia funcional y financiera del Banco Central, determine la preservación del valor de la moneda como su misión primaria y elimine los mecanismos de financiamiento monetario del sector público.

La reforma también apunta a revertir los cambios implementados en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner y bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad.

Además, la propuesta incluye el denominado “grillete fiscal”, una versión local del shutdown estadounidense, junto con reformas vinculadas al mercado de capitales y al mercado de seguros.

Inocencia Fiscal

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal fueron convocadas para este miércoles a las 10.30 con el objetivo de iniciar el debate sobre los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

La iniciativa contempla modificaciones vinculadas a la Modalidad Simplificada de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y a la prescripción tributaria.

El objetivo del Gobierno es incentivar la incorporación de más contribuyentes al sistema formal y promover el ingreso al circuito financiero de los denominados “dólares del colchón”, que, según estimaciones del equipo económico, alcanzan los 170.000 millones de dólares fuera del sistema.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló durante la presentación del proyecto que, aunque los depósitos en dólares del sistema financiero se encuentran en niveles récord cercanos a los 40.000 millones de dólares, existe una cantidad superior a cuatro veces ese monto en ahorros mantenidos fuera del circuito bancario.

La intención de La Libertad Avanza es aprobar esta norma durante las sesiones previstas para agosto. La iniciativa se convirtió en una de las prioridades de la Casa Rosada, ya que el 15 de septiembre ingresará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027.

debates, Congreso de la Nación, Javier Milei

El conflicto por la actividad aeroportuaria dio un paso más y este martes el Gobierno oficializó mediante un edicto la intimación a más de 500 trabajadores de servicios de practicaje y pilotaje del país a retomar sus actividades. La medida se publicó en Boletín Oficial en respuesta al paro por tiempo indeterminado que se inició tras un decreto de desregulación que modifica el régimen del servicio.

La decisión de los profesionales que guían a los barcos durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos afectó el comercio exterior, que quedó “totalmente paralizado”, según indicaron fuentes del caso a Infobae. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron.

En consecuencia, la Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó a 536 trabajadores de la rama a que retomen de manera inmediata la prestación, bajo advertencia de sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales. “En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina”, subrayó la PNA, “notifica e intima por este medio a los profesionales incluidos en el Anexo – documento que acompaña el texto oficial – a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”. Es esta última la decisión del Gobierno que puso en jaque la actividad y lleva la firma del presidente Javier Milei.

La medida fue impulsada por el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y reemplaza un régimen de practicaje vigente desde 1991. La nueva normativa crea un registro abierto de profesionales del practicaje bajo la administración de la Prefectura Naval, habilita a los usuarios a elegir libremente a sus prestadores y elimina las barreras de ingreso para nuevos profesionales. Además, le asigna a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obliga a publicar los precios del servicio para fomentar la competencia.

El decreto también suprime la segmentación geográfica que hasta ahora exigía cambiar de profesional durante un mismo trayecto, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos trabajadores y amplía los supuestos en los que ciertos buques quedan eximidos de contratar el servicio. A eso se suma la incorporación de mecanismos destinados a asegurar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.

El texto cita el artículo 190 del Código Penal, que establece penas de dos a ocho años de prisión para quien “a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave”, y el artículo 194, que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por agua”. La PNA argumentó que la interrupción del practicaje podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos, ya que se trata de un servicio público regulado por la Ley de Navegación.

Los profesionales del sector acordaron dejar de asistir a cualquier buque argentino o extranjero hasta que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue la norma. Esto repercute directamente en las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones en ríos, canales y puertos, una tarea obligatoria en buena parte de la navegación comercial por las características de la Hidrovía y los accesos portuarios del país.

Impacto de la medida de fuerza

Las consecuencias del paro se hicieron sentir de inmediato. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, al menos 140 buques quedaron pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, según alertó el Centro de Navegación (CNAV), la cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino. La entidad advirtió sobre pérdidas millonarias en divisas, incumplimiento de contratos y riesgo de que plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento. Varias operaciones ya programadas fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil.

La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas, con riesgo de dificultades en el abastecimiento de combustible. Los muelles afectados incluyen Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, terminales a través de las cuales se distribuye nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país.

Entre las operaciones suspendidas figura la del buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación era necesaria para tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro. La embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar.

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