La geografía de la política nacional ha comenzado a alterarse sensiblemente después del estatismo (o los movimientos en el mismo lugar) que la centralidad y el predominio mileísta impusieron a los demás actores del sistema tras las elecciones legislativas de octubre pasado.

Los opositores cerriles, las fuerzas y dirigentes colaborativos, algunos aliados clave y hasta miembros del mileísmo han creído estar ante una ventana de oportunidad para salir de la quietud o se han visto compelidos a activarse para diferenciarse o marcar posiciones propias. Dos razones encontraron todos ellos como motores de un cambio de actitud, que hasta hace apenas algunos meses parecía inviable o impensable.

Por un lado, influyó la sucesión de escándalos sin solución de continuidad protagonizados durante 90 días por Manuel Adorni y potenciados por el blindaje que le ha brindado el Presidente.

Por otro lado, operó la recobrada euforia gubernamental, siempre magnificada por Javier Milei, ante buenos indicadores macroeconómicos o señales positivas provenientes de centros internacionales de toma de decisiones económicas, que choca abruptamente con complicadas realidades personales y sectoriales que padecen muchos argentinos, desde desocupados, asalariados formales e informales y cuentapropistas hasta empresarios de distintos rubros.

La mejora del 6% que experimentó este mes el Índice de Confianza del Consumidor, de la Universidad Torcuato Di Tella, difundido este jueves, solo reforzó posicionamientos, creencias y prejuicios: la eufórica reacción presidencial y la percepción de los críticos de que la realidad tiene más matices que el Gobierno niega.

El peronismo en sus diferentes versiones (kirchneristas, kicillofistas y no kirchneristas), el macrismo residual, el radicalismo y el libercambiemismo (encarnado en Patricia Bullrich, pero no reducido a ella) empezaron en este contexto a desperezarse, a hablarle a audiencias que hasta hace nada creían inexistentes y a establecer diálogos superestructurales para sondear posibles acuerdos y coincidencias. La dinámica excede a la dirigencia política e incluye a actores empresariales y sociales, quienes también entienden que hay un cambio de condiciones en el universo político, que nadie está capitalizando.

Las apariciones en medios y las visitas al interior que empezaron a hacer desde Mauricio Macri (ahora y de nuevo en pausa por el Mundial de Fútbol) hasta Máximo Kirchner y Axel Kicillof, pasando por la instalación en espacios no habituales de la diputa trotskista Myriam Bregman, se inscriben en esa lógica. Similar, aunque menos explícita, a la que reactiva el independentismo de Bullrich, a la que cortejan algunos miembros del establishment ahora desencantados, enojados o críticos de Milei, ya no solo por sus formas, que nunca digirieron, pero toleraban.

El punto en común de ese movimiento que se activó en diversos espacios políticos radica en un claro intento de diferenciación ante la hipoacusia aguda que muestra el Gobierno frente a las voces críticas, de malestar o de rechazo que surgen de la sociedad. Muy evidentemente, respecto de los gastos suntuarios y aumento patrimonial del jefe de Gabinete y sus fallidos intentos por aclararlos, que solo terminaron oscureciendo todo mucho más. Aunque no solo por eso.

También, parece calar cada vez más profundo en algunos sectores sociales y sectoriales la prolongación de penurias o esfuerzos sin perspectivas de mejoras a la vista. O, peor aún, con la semicerteza creciente de que la bonanza prometida podría no tocar a su puerta, al menos, en mucho más tiempo del que está dispuesto o en condiciones de soportar.

La sensación de gran parte de la sociedad es la de haber recibido de parte de Adorni (para peor, con el aval del Presidente) un insulto a su inteligencia, traducido por unanimidad en las consultas periodísticas, las redes sociales y los grupos sociales en la muy argentina frase “nos toma por boludos”. Nada que hiera más el orgullo de los compatriotas.

El AdorniGate abrió una fisura ética, política y emocional con el Gobierno. En especial, con el contrato político electoral establecido con una porción importante de sus votantes, que tenía por eje la inclusión de la moral como categoría política, en contraste con la dirigencia rechazada y a la que venía a reemplazar. Hipoacusia y disonancia cognitiva. O, más simple, sordera y contradicción entre lo prometido y lo hecho.

Hartazgo interno

Por eso, cada vez son más los funcionarios y legisladores oficialistas que dicen “esto no da para más, es una locura seguir así”, sin que quienes deben y pueden tomar la decisión (los hermanos Milei) los atiendan. La fraternidad gobernante preferiría escuchar las pocas voces que minimizan el problema y confían en que la Justicia y el Poder Legislativo no terminarán con la carrera política y burocrática del jefe de Gabinete.

Por eso, ayer, Patricia Bullrich, en su papel de representante del Gobierno en el Senado, subió otra vez el nivel de alerta. Advirtió que debe mantener inactiva la Cámara ya que está todo dado para que en la primera sesión que haya se vote la interpelación y la moción de censura de Adorni, sin necesidad de que se trate previamente el tema en comisión. En privado, también habría alertado que no es posible impedir muchas más sesiones del Congreso.

La advertencia causó preocupación, rechazo y nuevas disputas internas en el Gobierno. Preocupación por el tenor de la advertencia y la puesta en palabras de una situación adversa que prefieren que no se explicite. Rechazo porque consideran que abrió la puerta para un trámite expedito que debilitaría al Gobierno y, especialmente, al Presidente. Y disputas internas porque algunos oficialistas, entre los que estaría el ministro del Interior, Diego Santilli, consideran que fue una salida pública imprudente, ya que, a su juicio, el reglamento de la Cámara no habilitaría saltarse el paso previo.

“Es cierto que Manuel ya se llevó puesta la institución del jefe de Gabinete, pero no podemos habilitar que se lleven puesta la institucionalidad sin pasar por comisiones”, agregan en el bando crítico y estratégicamente reglamentarista del oficialismo.

De todas maneras, esos que buscan algún resquicio reglamentario lejos están de defender a Adorni y se lamentan por no ser escuchados y tener que dedicarse a “aguantar para que no se agrave la situación. Mientras no se puede avanzar con cosas importantes que están pendientes”, según admiten.

“Lo peor es que Javier y Karina prefieren escuchar a los que les dicen, sin ningún fundamento, que en el Congreso no están los votos para cargarse a Adorni y que la Justicia no va a procesar a un jefe de Gabinete, lo que dejaría al Presidente en ridículo. Pero no tienen idea. No se acuerdan o no saben que fue procesado un vicepresidente en ejercicio”, señala un funcionario con oficina en la Casa Rosada, en referencia a Amado Boudou, en un tiro por elevación a la falta de historia política de algunos de sus colegas con los que lidia a diario.

“No tienen idea de lo que dicen y prefieren no ver señales claras que están llegando de Comodoro Py, como que el fiscal [Guillermo) Marijuan solicitó la indagatoria de Francisco, el hermano de Manuel, por la mismo que él admitió haber hecho, que es falsear declaraciones juradas”, agrega otro importante colaborador presidencial, cuya preocupación, incomodidad e incredulidad no dejan de crecer. A Francisco Adorni el fiscal le imputó el delito de “omisión maliciosa o falsedad en declaraciones juradas patrimoniales”. El mismo por el que su colega Gerardo Pollicita podría adoptar, en breve, igual decisión respecto del jefe de Gabinete.

La falta de atención a esas alertas podría ser un hecho grave en varios sentidos. “Si tenemos que mantener el Congreso cerrado en defensa de Adorni y encima no escuchamos lo que está diciendo la sociedad que, en más de un 90% ya falló en su contra, nos estaremos comiendo gobernabilidad”, le habría advertido Bullrich a los hermanos Milei. Hasta ahora sin suerte.

Tal vez, el dúo gobernante debiera escuchar lo que explica un consultor que trabajó para el gobierno de Cambiemos y ahora suele aportar insumos a la gestión mileísta. “Un problema grave que tuvo Mauricio Macri es que algunos de los que lo habían votado en 2015 empezaron a sentir que había dejado de hablarles a ellos, que sus políticas y sus objetivos los dejaban afuera. En el caso de Milei el problema podría ser mayor si muchos de los que lo apoyaron sienten que no solo no les habla a ellos ni habla de ellos, sino que no los escucha. Aún cuando su núcleo duro sigue siendo fuerte y se ha estabilizado o recuperado su nivel de imagen”.

Para peor, el caso Adorni iluminó otras zonas opacas y, deliberadamente opacadas, del mileísmo en las que se cocinan y cocinaron negocios, beneficios personales o sectoriales, contratos, concesiones.

Esa conjunción de hechos, en la que conviven la herida profunda al contrato ético entre Milei y sus votantes y el malestar por el desempeño heterogéneo de la economía (por ser mesurados), están alterando el escenario político.

Opositores, aliados y dialoguistas por convicción o conveniencia, socios clave y oficialistas con vuelo propio encuentran motivos para cambiar de tácticas y estrategias.

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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves una reforma al Código Contravencional que endurece las penas para los “trapitos” y cuidacoches. La iniciativa, promovida por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y por la legisladora Pilar Ramírez, establece mayores sanciones, incorpora restricciones de acercamiento y apunta especialmente a las organizaciones que operan en eventos masivos.

“Si sos trapito, te meto preso”, celebró el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al sancionarse la ley. “Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”, añadió.

La norma modifica los artículos 91 y 92 de la Ley 1.472 y crea un esquema de penalidades más severo para quienes ofrezcan o presten servicios de estacionamiento, cuidado de vehículos o limpieza de vidrios sin autorización.

Entre los principales cambios, la ley fija penas de entre 10 y 30 días de arresto, trabajos de utilidad pública de 20 a 45 días o multas de hasta 7000 unidades fijas, equivalentes actualmente a $6.649.930.

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Además, los jueces podrán imponer la prohibición de concurrencia y la restricción de acercamiento a los lugares donde se haya cometido la contravención, con el objetivo de evitar que los infractores vuelvan a operar en las mismas zonas.

La legislación también incorpora agravantes. Si la conducta incluye intimidación, amenazas, aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad o cualquier otra circunstancia considerada especialmente grave, las sanciones podrán duplicarse.

Uno de los ejes centrales de la reforma apunta a las estructuras organizadas detrás de la actividad. En esos casos, los organizadores, coordinadores o jefes podrán recibir hasta 60 días de arresto y quedar inhabilitados para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales durante un plazo de hasta dos años.

Las penas aumentan aún más cuando la actividad se desarrolla en torno a eventos masivos, como recitales o partidos de fútbol. La ley establece que, si los hechos ocurren dentro de un radio de hasta 50 cuadras y entre las seis horas previas y las tres posteriores a la finalización del evento, los partícipes podrán recibir entre 15 y 50 días de arresto.

Para quienes tengan funciones de organización o coordinación, las sanciones previstas en esos contextos irán de 45 a 60 días de arresto.

Otro de los puntos incorporados es la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal instale oficinas móviles en las inmediaciones de los eventos para recibir denuncias de vecinos y automovilistas afectados.

La norma también contempla sanciones para clubes, instituciones u organizadores de espectáculos. Si se comprueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas a esas entidades en la actividad ilegal, podrán aplicarse multas de hasta 20.000 unidades fijas, equivalentes a $18.999.800, además de la clausura de instalaciones por un período de entre 30 y 90 días.

Por último, la ley mantiene la obligación de informar a los infractores sobre los programas de asistencia social disponibles en la Ciudad. Sin embargo, establece que quienes lideren o promuevan estas actividades podrán quedar excluidos de esos beneficios por un plazo de hasta dos años.

Legislatura porteña, trapitos, Multas

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